Referéndum presidencial en Francia

La Europa democrática se tienta la ropa a la espera del desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, incluso después de que las encuestas posteriores al debate de la noche del miércoles dieran una ventaja de entre 10 y 12 puntos a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Aunque se antoja muy improbable la victoria de la candidata de extrema derecha, portavoz de un populismo nacionalista y antieuropeo, la decepción de un electorado que ha fulminado el sistema tradicional de partidos de la Quinta República, por completo desprestigiado, justifica la incertidumbre y los temores hasta que el escrutinio proclame un vencedor o una vencedora. Un estado de intranquilidad emocional azora al establishment europeo, habida cuenta el efecto de contagio que podría tener en no pocos países de la Unión Europea el triunfo de Le Pen y la distorsión que provocaría en el consenso democrático de los Veintisiete.

Por eso está más que justificada la creencia de que la votación del domingo es en gran medida la celebración de varios referéndums en un uno: sobre el compromiso democrático, sobre el papel fundamental de Francia en Europa, sobre la respuesta europea a la guerra de Crimea, sobre el papel de la nueva izquierda, sobre la necesidad de sanear el pacto social y los resortes del Estado del bienestar, sobre, en suma, las reglas del juego que han pasado de generación en generación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en juego cierta hegemonía de la cultura política que permite asimilar a la idea de Europa la de un espacio multicultural que comparte una serie de convenciones no divisivas. Pero también está en juego la imperiosa necesidad de revisar y corregir los desajustes derivados de la globalización, de los flujos migratorios, de la emergencia climática, del agravamiento de las desigualdades y de la sensación de que el futuro puede ser sustancialmente peor que el pasado inmediato.

“La reelección de Macron es un preliminar democrático indispensable”, dice el filósofo francés Michaël Foessel. Y esta síntesis necesariamente incompleta de lo que está en juego resume, al mismo tiempo, una verdad fundamental: del resultado dependen la continuidad del pacto republicano, consustancial a la tradición política francesa, y la solvencia de las instituciones. Foessel confiesa en el semanario progresista L’Obs que la historia le impide confundir neoliberalismo y nacionalismo, y que es “a quienes no disponen de esta memoria histórica a quienes es preciso convencer de la actualidad del No pasarán”.

Es ese un ejercicio de realismo. Basta fijarse en los datos para aquilatar las dimensiones de la progresión de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años. En 2002, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 18% de sufragios frente a Jacques Chirac, llevado en volandas por la movilización general que cerró el paso al candidato del Frente Nacional. En 2017, Marine Le Pen consiguió el 34% de los votos frente a Emmanuel Macron, lo que representó una ganancia neta de más de un punto por año con relación al resultado cosechado por su padre. En la cita de este domingo, la encuesta que le es más favorable adjudica a Macron el 56% de los votos o, lo que es lo mismo, da a la candidata del Reagrupamiento Nacional el 44%, una ganancia neta de dos puntos por año a partir de 2017. Con el factor añadido de que se ha consolidado el apoyo transversal a Marine Le Pen, con caladeros de votos en los barrios burgueses de las grandes ciudades, en las banlieues zarandeadas por la crisis, en la Francia alejada de los centros de decisión y en los entornos sociales donde la tensión migratoria es innegable. Dicho con otras palabras, hay un progreso constante y constatable de la oferta ultraderechista, capaz incluso de captar votos en el zurrón de la izquierda que optó por Jean-Luc Mélenchon o de dejar en casa a una parte de sus seguidores, poseídos por reparos insalvables para acudir a votar por Macron.

Como ha escrito Yves Thréard en Le Figaro, la política francesa ha pasado en medio siglo de dividir al electorado en apoyo de programas políticos manifiestamente diferenciados a gestionar el grado de rechazo de los candidatos. “El desamor, por no decir la detestación, que inspiran los responsables políticos hoy es tal que se vota sobre todo para levantar un muro de contención antes que por convicción”, sostiene Thréard. En la memoria colectiva de los electores más veteranos pervive el recuerdo de la altura política del debate de 1974, que ganó Valéry Giscard d’Estaing –“usted no tiene el monopolio del corazón”– a François Mitterrand y del de 1981, en el que se intercambiaron los papeles de vencedor y vencido; en la memoria del electorado más joven prevalecen las arremetidas desbocadas de Marine Le Pen en el debate de 2017, y la determinación de Emmanuel Macron en el del miércoles para poner en evidencia las contradicciones irresolubles del programa de su adversaria, abanderada de un nacionalismo radicalmente excluyente.

Quizá sea cierta la opinión de Jean Daniel, recordada en El País el último domingo: “Emmanuel Macron es un fenómeno inclasificable. Cada vez que nos hacemos una idea de él, nos equivocamos”. Acaso sea un político líquido que se adapta al envase sin mayores reparos y prejuicios, pero es, sin duda y al mismo tiempo, quien transmite la sensación de que es el depositario de la Francia indispensable para el progreso del proyecto político europeo frente a la trasnochada idea de la Europa de las naciones invocada por Le Pen (de las patrias, podía haber dicho). No hay en el discurso de Macron un engarce ideológico concreto, pero sí un compromiso democrático reseñable, sea en el plano interno o en el europeo. De ahí que resulte más incomprensible en orden a preservar los valores democráticos el cuidado que se ha dado Mélenchon en no pedir específicamente el voto para la reelección del presidente, porque una vez el sistema clásico de partidos ha saltado por los aires, y mientras no se consolide otro, la ambigüedad de la nueva izquierda no hace más que alimentar las expectativas de la extrema derecha a lomos del sectarismo, de la simplificación de los problemas y del aprovechamiento sin escrúpulos de las líneas de fractura que descoyuntan la cohesión social. Como dijo el politólogo Maurice Duverger durante la campaña de unas elecciones europeas, la degeneración del sistema siempre es posible.

 

Gran Hermano de última generación

“Doce años después de los atentados del 11 de septiembre, la cuestión sigue siendo encontrar un equilibrio entre seguridad nacional, libertades públicas y derecho a la información”. Ese es el quid de la cuestión una vez más, formulado en la edición del martes del diario progresista francés Le Monde por su directora, Natalie Nougayrède. Ese es el meollo del asunto llevado otra vez al primer plano de la reflexión periodística y académica, política y social, después de que el periódico revelara una operación masiva de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que acumuló metadatos de 70,3 millones de comunicaciones telefónicas realizadas en Francia entre el 10 de diciembre del 2012 y el 8 de enero del 2013. No se trata de quebrar el funcionamiento de los servicios encargados de garantizar razonablemente la seguridad colectiva de los ciudadanos, sino de fijar límites para preservar la vida privada. Se trata, en suma, de dar a conocer prácticas que “permiten leer en nuestras vidas, nuestros contactos y nuestras opiniones como en un libro abierto”, escribe Nougayrède con acierto.

Los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos para desprestigiar a Edward Snowden, artífice de las revelaciones, a quien presenta como un traidor que debilita la seguridad nacional, no afectan al fondo del asunto: la consideración de sospechosos habituales aplicada a millones de personas en países aliados, incluidos presidentes y primeros ministros –35 líderes mundiales, según el diario británico The Guardian–, cargos electos, empresarios y legiones de ciudadanos cuya única característica común es ser usuarios de las redes de telecomunicaciones. Tampoco afecta al nudo de la trama el hecho de que Snowden haya encontrado cobijo en Rusia, con rasgos cada vez más acusados de Estado mafioso, ni el desmentido del general James Clapper, director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, que considera falsos los datos publicados por Le Monde, sin que, por lo demás, nadie haya dado crédito a sus palabras. Porque Clapper y, con él, aquello que se conoce como comunidad de inteligencia se sienten legitimados por la amenaza terrorista y por una cierta tradición nacional, aunque sean los aliados de la OTAN, Brasil, México y algún otro país amigo los escenarios del espionaje masivo.

Sede de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

En el nicho ecológico de Clapper no tienen cabida las preguntas tantas veces formulada por moralistas y pensadores acerca de la bondad o no de un comportamiento. “¿Cómo podemos estar seguros de que una acción es justa?”, plantea el filósofo Isaiah Berlin en el ensayo ¿Existe aún la teoría política? En el delicado discurso del pensamiento de Berlin no hay sitio para una respuesta categórica, inequívoca, sino más bien para una reflexión matizada por las dudas que asoman a casa paso. “Descubrimos que no estamos seguros de lo que debemos hacer para aclarar nuestras mentes –escribió Berlin–, buscar la verdad, aceptar o rechazar respuestas anteriores a estas preguntas”.

El único enfoque posible en el mundo del espionaje, en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, es el que se desprende del principio según el cual el fin justifica los medios. Sin apenas matices, lo que realmente cuenta no son los métodos, sino el resultado final obtenido a través de procedimientos que unas veces son honorables y otras, deleznables. Los regates en corto de la Administración de George W. Bush para justificar el recurso a la tortura en nombre de la seguridad constituyen una prueba bastante conocida de esa doctrina. A partir de ahí es relativamente fácil llegar a la conclusión de que el entramado institucional y legal de las democracias no es garantía suficiente para ponernos a salvo de la barbarie. Al contrario que en el pensamiento de Immanuel Kant, para quien la seguridad es “una cláusula mínima de protección que permite al sujeto experimentar la libertad”, de acuerdo con la síntesis de Michaël Foessel, los gestores de los servicios de espionaje entienden que para que ciudadanos libres experimenten la seguridad, deben aceptar un recorte de su libertad. La seguridad entendida como un derecho se convierte así en un valor conquistado por el que debe pagarse un precio.

En la atmósfera ideológica de Estados Unidos flota siempre, además, el legado de Leo Strauss (1899-1973) y sus discípulos, radicalmente convencidos de dos realidades: en primer lugar, “el liberalismo occidental conduce al nihilismo”, en expresión de uno de sus seguidores, el profesor Harvey Mansfield, de la Universidad de Harvard; en segundo lugar, Estados Unidos tiene el destino único de combatir a las fuerzas del mal en todo el mundo. En la Ley Patriótica, aprobada después de los atentados del 11-S, y en la utopía reaccionaria –otra vez, más seguridad a cambio de menos libertad–, defendida por los neocon, alienta la convicción de que la responsabilidad de una misión universal que cumplir justifica comportamientos bastante alejados de la lealtad entre estados aliados, la transparencia democrática y los sistemas de control institucional. Pero en los segmentos más tradicionales de la sociedad estadounidense, el pensamiento de Strauss no incomoda y en el mundo del espionaje y los servicios secretos proporciona elementos de convicción útiles para manejarlos ante la opinión pública.

Una de las grandes sorpresas es que el descubrimiento de un Gran Hermano de última generación que trabaja a toda máquina se haya producido durante la presidencia de un liberal pragmático, pero liberal al fin, como Barack Obama, el inquilino de la Casa Blanca que mejor ha caído a los europeos desde los días de John F. Kennedy. Aunque si se presta atención al comportamiento de la comunidad de inteligencia desde el final de la segunda guerra mundial, se llega fácilmente a la conclusión de que Estados Unidos, con independencia de la coloración ideológica de cada presidente, nunca ha dejado de husmear en la vida y comportamientos de los europeos por más aliados que sean. La diferencia es que ahora dispone de herramientas de las que antes carecía y cuenta con la colaboración entregada de los gigantes de las nuevas tecnologías, según pone de relieve un esquema por demás clarificador publicado por Le Monde.

La gesticulación europea ante todo esto no deja de ser una señal elocuente de impotencia. La pasividad o la sumisión ante el comportamiento de la NSA, roto episódicamente por los casos de espionaje en Francia, por la sospecha de que el móvil de Angela Merkel ha sido intervenido y de que, en fin, raro es el Estado europeo que no ha sido sometido a vigilancia –España también como cabe deducir de la decisión de Mariano Rajoy de citar al embajador  de Estados Unidos–, no hace más que corroborar la sujeción de la Unión Europea a una estrategia militar y política, la norteamericana, que no controla y en la que participa demasiado a menudo de forma harto simbólica. En los planes diseñados por la Casa Blanca, los departamentos de Estado y Defensa y las agencias federales de seguridad, es secundaria la aportación conceptual y práctica de Europa. Frente al multilateralismo diplomático y la colaboración con los aliados, tantas veces defendidos por Obama, se impone la realidad de una política de seguridad en la que los europeos son objeto de espionaje.

Las deliberaciones del Consejo Europeo de esta semana reflejan quizá un disgusto momentáneo, pero están lejos de forzar una alteración de los planes estadounidenses. La concomitancia del complejo tecnológico estadounidense con la Administración, que hace posible un rastreo sin fronteras, pone el control del espacio virtual, al menos en Occidente, en manos de Estados Unidos de forma casi exclusiva, erosiona el principio de igualdad y respeto entre aliados y confirma que los intereses del complejo militar-industrial, auxiliado por las nuevas tecnologías, se mantienen por encima de las urnas y los designios de los gobernantes. En realidad, puede que la libertad de tráfico y circulación en la red sea el mejor de los útiles para controlar las pulsiones de los usuarios –es decir, de todos–, porque en la medida en que se sepa cuáles son sus rutas de navegación, sus interlocutores telefónicos, sus amigos en Facebook o el contenido de sus mensajes en el correo electrónico, más detallado será el perfil del que dispondrán los servicios de información. He aquí la gran paradoja posible: libertad de movimientos para espiarnos mejor.

 

 

La seguridad fija la agenda

“El siglo XX no fue solo el de las grandes carnicerías humanas, sino también el del fanatismo y la estupidez ideológica que las incitaron”, ha escrito estos días Mario Vargas Llosa. A saber si la escuela del siglo pasado arraigó de tal manera en la mentalidad colectiva que el presente sigue sumido en el sectarismo ideológico, la supremacía de los comisarios políticos y la proliferación de estructuras opacas destinadas a controlar a los ciudadanos y a domeñar su voluntad mediante una mixtificación permanente de los hechos. Ahí está para enturbiarlos la diaria invocación a la seguridad, permanentemente amenazada, aunque las amenazas se desdibujan con harta frecuencia y en su lugar aparece la pugna por la consolidación de espacios de poder, de control de los recursos y de supremacía estratégica.

Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa: “El siglo XX no fue solo el de las grandes carnicerías humanas, sino también el del fanatismo y la estupidez ideológica que las incitaron”.

La seguridad se ha convertido en una herramienta multiuso que para todo vale. El recurso al espionaje, tan viejo como el Estado mismo, es un deporte universal que hace sonrojar a los reunidos en el G-8; la guerra de Siria se interpreta en términos de seguridad en la región, aunque los muertos pueden superar los 100.000; la victoria de Hasán Rohani en la elección presidencial de Irán se analiza a la luz de las doctrinas de seguridad en boga; la posibilidad de que Estados Unidos negocie con los talibanes en Doha, capital de Catar, se sopesa asimismo en términos de seguridad, y es de parecido tenor la justificación de Barack Obama para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) husmee en la red. La gran paradoja es que las referencias permanentes a la seguridad transmiten una sensación de inseguridad global cada vez mayor y la seguridad preventiva se asemeja cada día más a los ojos de un Dios soberbio que todo lo ve.

El informe En defensa de un internet abierto, mundial, seguro y resistente, elaborado por encargo del think tank Council on Foreign Relations por un grupo de expertos entre los que figura John D. Negroponte, un diplomático estadounidense formado en la CIA, concluye: “Hay amenazas que viajan a través de internet y amenazas para internet. El ciberespacio es ahora una arena para la competición estratégica entre los estados, y un creciente número de actores –estados y no estados– utiliza internet en conflictos, espionaje y crimen. Las sociedades son cada día más vulnerables a las intromisiones en energía, transporte, comunicaciones y otras infraestructuras esenciales que están conectadas a través de la red de ordenadores”. Pero en la conclusión no se menciona que las intromisiones alcanzan al control sobre el uso que de la red hacen ciudadanos de todo el mundo y, por esa razón, la amenaza no se limita a la competencia entre adversario, como puede deducirse del informe: la diplomacia ha hecho muy poco para conciliar el punto de vista de quienes opinan que la gestión de internet debe estar en manos privadas y la de aquellos que “quieren un papel más fuerte para los estados en el gobierno del ciberespacio bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones”.

Foessel

Portada del libro ‘Estado de vigilancia’, del filósofo francés Michaël Foessel, editado en el 2011.

Hay una diferencia fundamental entre la propuesta de reducción de armas estratégicas hecha en Berlín por Obama para mejorar la seguridad colectiva y ese otro reino de las sombras que ejecuta las intromisiones en la red, los ataques cibernéticos y el escudriñamiento de los ordenadores: la necesidad de empequeñecer los arsenales nucleares remite a una realidad tangible; el funcionamiento de los mecanismos de seguridad a través de la utilización del ciberespacio traslada el debate a un mundo inaprensible al que todos debemos someternos. Los cálculos sobre seguridad aplicados a los conflictos calientes o a las zonas de roce entre contrincantes son cada día mayores porque se mantiene una inestabilidad subyacente con puntos de atención concretos en el hemisferio norte que van de Libia a Corea del Norte, de Turquía a Pakistán, de China a Estados Unidos y viceversa, de Siria a Afganistán y del golfo Pérsico a todos los mercados energéticos. Y ese panorama de desequilibrios de largo alcance se ve agravado por la imposibilidad material de establecer unas reglas del juego en el control del ciberespacio aceptadas por el grueso de la comunidad internacional: “Un gran acuerdo que incluya cuanto atañe a los productores de contenidos y a los innovadores tecnológicos es igualmente improbable –afirman los autores del informe citado más arriba–, así como entre democracias liberales y Estados autoritarios”.

Para los contribuyentes, que con sus impuestos costean los aparatos de seguridad, resultan literalmente incomprensibles la guerra en el ciberespacio y las artes de los espías que se enseñorean de la red. Pero hoy es del todo insuficiente reducir las complejidades de las relaciones internacionales y de la gestión de los conflictos al lenguaje convencional anterior a la revolución telemática. En el análisis de Paul D. Miller, exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sobre el futuro que se vislumbra en Afganistán, las referencias incluyen “la estabilidad de Pakistán y la seguridad de sus armas nucleares”, la necesidad de controlar a los talibanes y evitar una guerra civil en Afganistán, la obligación de combatir el tráfico de drogas y de neutralizar la influencia de Irán; toda la exposición está destinada a explicar por qué su país debe mantener su presencia en el corazón de Asia, y para ello recurre a un léxico que es familiar al lector no iniciado.

Rohani

Hassán Rohani, presidente electo de Irán: “No tenemos más opción que la moderación”.

Por el contrario, las sutilezas de los memorandos acerca de cómo debe encararse la guerra preventiva contra los grupos terroristas asociados al conflicto afgano, redactados por especialistas de la CIA, la NSA y otras agencias federales de seguridad de Estados Unidos, escapan por completo a la lógica de los ciudadanos. Aunque, paradójicamente, son las excursiones de los espías por la red –con el espionaje militar en primer lugar– las que más afectan a los usuarios sin que estos lo sepan, porque son esas prácticas las que hacen saltar por los aires el derecho a la privacidad y vulneran la libertad de expresión al someter a control generalizado el contenido de las comunicaciones.

En Estado de vigilancia, publicado en el 2011, el filósofo francés Michaël Foessel desarrolla dos conceptos que se complementan:

  1. Todo sucede como si, aun conservando un sentido político, la seguridad viniera a resumir el conjunto de las expectativas que se puede albergar de forma legítima respecto al Estado.
  2. Los pensadores modernos de la política elevan el deseo de seguridad al rango de “primer motor” de la institución política.

Cuando oradores tan distintos y distantes como Barack Obama, Mahmud Ahmadineyad –y su sucesor, Hasán Rohani– colocan la seguridad en el centro de todos los discursos parecen empeñados en dar la razón a Foessel sin necesidad de que el auditorio deba recurrir a la política ficción de películas como Minority report, relato inquietante de una sociedad técnicamente capacitada para anticipar el futuro y que dispone de una policía dedicada a detener a los delincuentes antes de que delincan. O quizá ya llegó ese día en Guantánamo, donde siguen encerrados hombres a los que Estados Unidos considera peligrosos para su seguridad, aunque no se ha formado causa contra ellos porque no se les ha podido probar la comisión de acto criminal alguno.

NSA

Cuartel general de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Fort Meade (Maryland).

Por razones diferentes y no intercambiables, en el seno de un Estado democrático liberal con más de dos siglos de vida y en una República teocrática muy alejada de un régimen de garantías, tanto Obama como Ahmadineyad recurren a la seguridad para reforzar la legitimidad de sus actos en territorios cuyo acceso probablemente debieran tener restringido. En un caso, porque la Constitución consagra la libertad de opinar, moverse y relacionarse de los individuos; en el otro, porque el programa nuclear enfrenta a Irán con la comunidad internacional y acrecienta la inseguridad de sus vecinos. Que las opiniones públicas de Estados Unidos e Irán se manifiesten fundamentalmente de acuerdo con el comportamiento de sus gobernantes, siquiera sea porque han interiorizado las servidumbres del paradigma securitario, no reduce el alto coste que en materia de libertad pagan las sociedades que aceptan la seguridad como primera referencia.

En el análisis que de la elección de Rohani publicó Thomas Erdbrink en The New York Times, resultó inevitable la referencia al plus de legitimidad para el líder supremo, Alí Jamenei: “Si la elección fue una victoria para los reformistas y los votantes de la clase media, sirvió también a los objetivos conservadores del líder supremo, restaurando con una pátina de legitimidad al Estado teocrático, proporcionando una válvula de seguridad a un público angustiado por años de problemas económicos y aislamiento, y permitiendo el regreso de un clérigo a la presidencia”. Un religioso surgido del aparato del régimen –fue el primer responsable de la negociación del programa nuclear– cuya divisa es esta: “No tenemos más opción que la moderación”. Eso incluye cambiar la orientación del programa nuclear, dar garantías a la comunidad internacional y configurar una nueva política de seguridad. En este sentido, los especialistas Christophe Ayad y Serge Michel son categóricos: “Los electores han rechazado la intransigencia del régimen con el dosier nuclear, que ha conducido a Irán al borde de la quiebra”.

“En el momento en que se hace razonable, el miedo adquiere el estatus de pasión política. La banalidad securitaria se funda sobre esta equivalencia entre un miedo que busca la tranquilidad y un Estado que responde a esta exigencia con los medios de la soberanía”, sostiene Michaël Foessel. Pero ¿existe realmente una sensación generalizada de miedo o más bien son los estados los que alimentan el miedo y acto seguido se afanan en neutralizarlo? ¿Se trata de una de tantas profecías confirmada por los mismos que la formularon? ¿Responde el despliegue de seguridad a una exigencia de los ciudadanos o a una necesidad de las estructuras de poder de los estados? Si así fuese, ¿el Gran Hermano sería algo más que la pesadilla lúcida de un escritor? No hay forma de saberlo.