Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

El ‘impeachment’ entra en campaña

El procedimiento de impeachment en el Senado de Estados Unidos se ha puesto en marcha con la seguridad para Donald Trump de que la mayoría republicana de la Cámara evitará la destitución y con la incógnita del desgaste político que puede llevar aparejado el trámite en año electoral. Instalado en una montaña rusa en la que se alternan para la presidencia las buenas y las malas noticias, la batalla del Senado entraña el riesgo de que desnude las artes de la Administración y, en tal caso, proyecte una imagen poco defendible de la Casa Blanca, aunque en las redes sociales porfíe el presidente en los ataques a sus enemigos. Si la sucesión de acontecimientos en Irán durante un par de semanas se vinculó con frecuencia a la necesidad de Trump de desviar la atención del impeachment, las decisiones que a partir del próximo martes tome el Gobierno serán difícilmente separables del desarrollo de las sesiones en el Senado.

Para la analista de The New York Times Michelle Goldberg, activar la confrontación con Irán fue “un movimiento natural para un presidente con problemas”, y la reacción iraní de “restablecer la disuasión frente a Estados Unidos” también lo fue. Detrás de esta escalada se movió la necesidad de contrarrestar los efectos del pliego de cargos contra Trump concretado por la Cámara de Representantes y el deseo del régimen de los ayatolás de dar satisfacción a los duros y reforzar la figura de Alí Jamenei, el líder espiritual de la república islámica. Y con estos precedentes, es bastante intranquilizadora la posibilidad de que la Casa Blanca opte por una estrategia agresiva en todas direcciones ante nuevas informaciones potencialmente inculpatorias con origen en la Oficina de Control del Gobierno, en unas declaraciones del abogado Lev Parnas, exsocio de Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, y en la posible declaración en el Senado de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump que dejó el puesto enfrentado con el Despacho Oval.

En los tres casos, la solvencia probatoria va mucho más allá de los dos cargos que la Cámara de Representantes ha llevado al Senado: abuso de poder y obstrucción de la investigación abierta. El informe de la Oficina de Control del Gobierno sostiene lisa y llanamente que el presidente actuó de forma ilegal al bloquear por motivos políticos, que no técnicos, 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania aprobados por el Congreso. Lev Parnas afirma que Trump estaba al corriente –quizá fue el inductor– de las presiones de Giuliani a las autoridades ucranianas. John Bolton puede dar detalles de los manejos políticos de la presidencia que muy pocos pueden aportar a la causa.

En ningún caso, salvo gigantesca sorpresa, cuanto se sustancie en el Senado cambiará el voto republicano, pero acaso lleve a Trump a dejar pelos en la gatera, a defraudar a electores del segmento menos ultramontano del republicanismo que, como hacía el fallecido John McCain, anteponen una idea básica de la decencia al blindaje de la figura del presidente. Todos los medios informativos solventes dan por descontado que el desarrollo de la causa en el Senado influirá en la campaña electoral, y específicamente en las primarias demócratas que empezarán en Iowa el próximo mes. Los tres principales aspirantes a ser el contrincante de Trump el 3 de noviembre –Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden– no dejarán pasar la ocasión de degradar la figura del presidente ni renunciarán a resaltar su disposición a transgredir todas las convenciones políticas.

Resulta más difícil de vislumbrar cuál puede ser la estrategia defensiva del presidente, más allá del consabido recurso a las redes sociales. ¿Un endurecimiento en la segunda fase de la negociación con China? ¿Una vuelta de tuerca más en la crisis con Irán? ¿La imposición de aranceles a las importaciones procedentes de los países europeos que subvencionan Airbus? ¿Alguna medida no incluida en el catálogo de objetivos conocidos de Trump? Son ilimitadas las posibilidades a su alcance para endurecer la campaña, arremeter contra la acusación tramitada por los demócratas y desviar la atención del impeachment. Pero algunos estrategas políticos advierten de que una excesiva desmesura puede volverse contra Trump y tener un efecto no deseado por él en algunos de los estados en los que en 2016 ganó por un puñado de votos, que fueron finalmente los que le dieron la presidencia a pesar de perder en votos populares.

El hilo argumental seguido por la Casa Blanca –se trata de una caza de brujas, el impeachment es una farsa y otros por el estilo– está agotado, en especial si las nuevas pruebas de las que habla Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, tienen la consistencia que se presume. Salir victorioso de la votación final del impeachment no significa salir sin rasguños ante una opinión pública extremadamente dividida y enfrentada, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia que neutralice los daños que eventualmente puede sufrir la presidencia a partir del próximo martes. Y esta estrategia de nuevo cuño será seguramente más eficaz para garantizar la reelección si se vincula a asuntos de política interior y no a aventuras exteriores, que por lo general tienen poco peso en las campañas electorales.

Donald Trump tiene garantizado el voto ultraconservador sea cual sea el desempeño de la presidencia de aquí a noviembre, pero debe asegurarse la victoria en los llamados swing states (estados oscilantes), de comportamiento imprevisible y muy sensibles a los cambios de humor político. Para varios analistas, depende de detalles menores la fidelidad de los votantes en algunos de estos estados –los que tienen un sector primario importante, los que el cambio de modelo de producción industrial ha dañado, los menos inclinados a apoyar aventuras exteriores–, apegados a problemas locales, pero insensibles a los datos macroeconómicos, por buenos que estos sean, y a cuanto va más allá de la estabilidad en la vida cotidiana. La derrota de Hillary Clinton en 2016 se debió en parte a la dificultad de la candidata demócrata para conectar con este tipo de sociedades en las que la simplificación de la política, una técnica que Trump domina, es el primer requisito para lograr la victoria.

Todo lo dicho no debe inducir a pensar que el impeachment será la tumba de Trump aunque los senadores republicanos le salven de la destitución. En primer lugar, porque todos los presidentes que aspira a la reelección disponen de un abanico de recursos que, aunque no garantizan la victoria –muchas son las excepciones–, suelen facilitarla. En segundo lugar, porque la capacidad de movilización política de Trump a través de las redes sociales y de golpes de efecto calculados está fuera de toda duda. En última instancia, porque mientras el Partido Demócrata carezca de un aspirante indiscutible, y faltan meses que tal cosa suceda, la competencia entre candidatos diluirá en parte la efectividad de la oposición al presidente y, en cambio, él podrá concentrar su campaña en explotar las contradicciones que aflorarán en el bando demócrata… Pero siempre es posible que surja la sorpresa.