Mohamed VI entra en acción

El giro de la diplomacia española en el conflicto del Sáhara, por no decir bandazo, suma un nuevo dato a tener en cuenta: la aparición de Mohamed VI en la gestión final de la crisis de confianza –enfado mayúsculo marroquí, cabe decir– a raíz de la presencia en España, abril del año pasado, de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado de covid. La invitación cursada por el rey de Marruecos a Pedro Sánchez para que acuda a Rabat en los próximos días y selle la reconciliación ha de servir para olvidar la provocación de palacio de enviar a la playa de Ceuta, mayo último, a miles de jóvenes e inducir una situación imposible, no resuelta del todo, con un flujo migratorio que fijó en la retina de la opinión pública imágenes ciertamente turbadoras. Pero ha de servir o debería servir –el modo potencial, tan necesario en estos casos– para dejar la seguridad de Ceuta y Melilla a salvo de manipulaciones desde el otro lado de sus respectivas fronteras, y para que los flujos migratorios con origen en Marruecos no sean terreno abonado para las mafias.

El caso es que el comportamiento de Mohamed VI y de su Gobierno es difícil de prever más allá de la gesticulación presente que ha permitido al rey asegurarse que es él quien fija el ritmo de los acontecimientos: enfado, crisis en Ceuta, retirada de la embajadora, visitas de enviados de Estados Unidos en Rabat, apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara, regreso a Madrid de la embajadora, visita de Pedro Sánchez a Rabat, y aquí paz y después gloria, con la brújula en manos de palacio. El caso es que la posición de Marruecos en el flanco sur de la OTAN se ha visto singularmente reforzada desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El caso es que, de iure, el Sáhara Occidental es un territorio por descolonizar y que, al mismo tiempo, la ONU carece de los resortes mínimos necesarios para que tenga algún efecto la labor de intermediación de Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara.

Ese marco de referencia se ha consolidado sin que nadie se haya preocupado en poner en antecedentes o prevenir al exilio saharaui en Tinduf, en ponerse en contacto con el Frente Polisario, que la Unión Africana considera el legítimo representante del pueblo saharaui. Atrás ha quedado la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación y la escandalosa negativa de Marruecos a aceptar la revisión del censo reclamada por la dirigencia saharaui a partir del hecho indiscutible de que la guerra y el exilio han falseado la composición del censo original de residentes en el Sáhara, sometido a una marroquinización intensiva a partir de la Marcha Verde y la subsiguiente evacuación española. Todo se ha olvidado, todo ha sido arrasado por la realpolitik y por las perentorias urgencias impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de la OTAN de liberar el flanco sur, más allá de los límites de la Alianza, de situaciones potencialmente inestables, y eso incluye mantener a Argelia alejada del influjo ruso, históricamente importante desde los tiempos de la Unión Soviética.

Es más que discutible que ese zurcido apresurado sea útil y eficaz. En primer lugar, porque el Frente Polisario no se siente obligado por nada de lo acordado y seguirá reclamando el referéndum, aun a costa de prolongar la condena del exilio en el desierto y de depender del enfoque que Argelia haga del caso en cada momento. En segundo lugar, porque Estados Unidos, España, Francia, Alemania y algún otro Estado de los que apoyan la autonomía carecen de influencia para cambiar la posición saharaui a fin de dar con un atajo para liquidar la crisis. En tercer lugar, porque décadas de penalidades han establecido un vínculo emocional muy especial entre la opinión pública española y la comunidad de Tinduf, y es imposible que una resolución destemplada del conflicto, sea cual sea el Gobierno que la apoye, no entrañe un coste político con un gran potencial divisivo en el seno de una sociedad abonada a la división y a las polarizaciones extremas.

En la práctica, lo que ha sucedido estos días es que el rey de Marruecos se ha procurado un falso mecanismo de legitimación del plan de autonomía para el Sáhara, pero tal cosa no lo hace ni más viable, ni más aceptable ni más resolutivo. La única legitimación posible, al menos en términos morales, es aquella que tenga en cuenta a los representantes de la comunidad saharaui y cuente con el respaldo de la comunidad internacional; cualquier otra desviación para resolver el crucigrama tendrá un carácter superestructural, de imposición a la fuerza de una solución ajena al sentir mayoritario de los saharauis y a la percepción que la opinión pública tiene del caso. Es posible que más temprano que tarde saque el Gobierno de Marruecos de su chistera una ley de autonomía del Sáhara, y aun sea capaz de instalar un Gobierno ad hoc, pero tal cosa, de darse, no cambiará sustancialmente los enunciados del problema, es posible incluso que los empeore.

En un artículo publicado en 1994 por el escritor marroquí de expresión francesa Tahar Ben Jelloun, este recordaba, desde su convicción de que el Sáhara Occidental debe ser parte integrante de Marruecos, que Mohamed Boudiaf, el único presidente argelino que creyó factible llegar a un acuerdo con sus vecinos, incluido un pacto sobre el futuro del Sáhara, murió asesinado en circunstancias nunca esclarecidas al poco de regresar de su exilio en Rabat. Fuese o no la muerte de Boudiaf fruto de una conspiración urdida en el seno del Frente de Liberación Nacional, el partido que logró la independencia de Argelia, para mantener viva la política de confrontación con Marruecos, el recuerdo de aquel lejano episodio (29 de junio de 1992) ilustra hasta qué punto el emponzoñamiento del conflicto del Sáhara es una constante histórica, de parecida manera a cómo lo es en la arena de Tinduf el desencanto ante un futuro desesperanzado, tan incierto desde hace décadas.

 

La UE se persona en Ceuta

La europeización de la crisis diplomática desencadenada por Marruecos en la raya de Ceuta, playa del Tarajal, confiere rasgos definitivamente nuevos a la siempre compleja relación entre Madrid y Rabat. Nada de lo sucedido en Ceuta es demasiado nuevo, todo remite a la pretensión marroquí de dar por zanjado el caso del Sáhara Occidental, de alentar el irredentismo a propósito de las ciudades españolas en el norte de África, y al muy especial vínculo de Marruecos con Estados Unidos, en el que la Realpolitik prevalece desde hace decenios por encima de cualquier otra consideración. Lo único realmente novedoso, y acaso determinante, es la implicación de la Unión Europea en la defensa inviolable de su frontera sur, de la que Ceuta y Melilla forman parte; lo más reseñable es que los Veintisiete no se han andado con subterfugios a la hora de secundar la posición de España en una situación en extremo delicada y en defender, a la luz del derecho internacional, la integridad territorial y el principio de soberanía.

Es improbable que eso redunde en una atenuación de la tendencia marroquí a utilizar cualquier pretexto para avivar las brasas, siquiera sea para consumo interno y movilización de unos ciudadanos exhaustos a causa de la crisis económica, ahora, o para alcanzar en el futuro cualquier otro objetivo. Pero sí es posible que la reacción europea ante el desafío marroquí sea fruto de lo aprendido de los errores cometidos en la gestión de los flujos migratorios, en especial a partir de 2016, cuando la solución turca del problema no hizo más que someter a la UE a chantaje permanente, a la utilización por Recep Tayyip Erdogan de los más de tres millones de personas alojadas en campos de refugiados en Asia Menor. Y en cualquier caso, es más que posible que la salida al paso del atropello perpetrado por el Gobierno marroquí active la revisión del dispositivo Frontex y del sistema de control y acogida de migrantes en suelo europeo, tan insuficiente.

De darse de una manera continuada y sistemática ese cambio de actitud en Europa, cabe suponer que quizá Marruecos deje de ser el instigador de crisis encadenadas, fundamentadas en un nacionalismo cuya intensidad regulan palacio y el Gobierno de turno, que en la práctica son poco menos que lo mismo en el difuso reparto del poder asentado por la tradición en la cultura política marroquí. Tanto pesan en la movilización de recursos emocionales el Gobierno en la sombra conocido como majzén –el entorno del rey Mohamed VI , la corte si se quiere–, un conglomerado de intereses económicos y complicidades políticas, como el Gobierno visible, encabezado ahora por Saadeddine Othmani, del Partido Justicia y Desarrollo (islamista moderado), muy vinculado y bien acogido por el majzén.

Si hasta la fecha se ha cumplido el vaticinio del periodista Ignacio Cembrero sobre el empeoramiento de la situación en Ceuta, quizá ahora tengan una oportunidad la prudencia y la sensatez. Incluso sin que cambie el engarce especial de Estados Unidos con Marruecos, fruto de una decisión geoestratégica relacionada con el sistema de seguridad diseñado por el Pentágono para el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo sur. Ni desaparecerá la pretensión marroquí de que la comunidad internacional legitime su soberanía sobre el Sáhara Occidental ni renunciará a reclamar de vez en cuando Ceuta y Melilla, pero quizá desista el entramado político rabatí de dramatizar, como ha hecho estos días, dos asuntos en los que está lejos de ser depositario de la razón histórica.

Tal cambio es preciso para evitar que asuntos de tan poco peso como la hospitalización en Logroño del líder saharaui Brahim Ghali den pie a situaciones de enorme gravedad y alienten la demagogia de la extrema derecha española, movilizada para el caso poco menos que para reclamar la militarización de un conflicto desencadenado por el oportunismo irreflexivo de Marruecos y concretado en la llegada a la playa ceutí de unas 8.000 personas, muchas de ella menores de edad, procedentes de entornos de una vulnerabilidad y pobreza extremas. El espectáculo ofrecido por los voceros ultras, deudores de la peor tradición africanista española, con Santiago Abascal al mando de las operaciones, no es más que la explotación oportunista de la exaltación nacionalista marroquí; una vez más se echa mano de la política de las emociones para difundir una imagen distorsionada de la naturaleza y dimensiones de la crisis. El recurso a la palabra invasión para describir el desarrollo de los acontecimientos expresa el afán de atribuir a los hechos un carácter apocalíptico que nunca tuvieron.

Es igualmente precisa la maduración del sentido de Estado en los escaños del Congreso. Resulta por lo menos chocante que los gobiernos de los 27 países de la UE hablen con un solo timbre de voz para responder a Marruecos y que, al mismo tiempo, el Partido Popular toque a rebato en el Congreso y descalifique al Gobierno en este asunto. Qué duda cabe de que todo es mejorable, pero cuando el problema es de la naturaleza del ceutí, la única posición defendible es apoyar a quienes deben afrontarlo en primera estancia. Hacer lo contrario es acogerse a un indefendible oportunismo –de nuevo la misma palabra– como si no hubiera mañana para analizar y criticar lo hecho hoy; el cometido de la oposición no es arremeter contra todo, todos los días, como si la razón estuviera inequívocamente de su parte por el simple hecho de ser oposición.

Una vez se supere la crisis –queda un largo trecho por recorrer–, nada será como antes en la relación con Marruecos y, por tal razón, conviene que el sentido de Estado inspire en España los discursos y saque provecho de la complicidad europea. Ya que la miseria envolvente en Marruecos parece condenada a prolongarse por mucho tiempo, no puede descartarse su utilización futura en los mismos términos que ahora, y entonces, antes que hablar de invasión y de torpedear al Gobierno, sea cual sea este, habrá que distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Es lo mínimo exigible para evitar que el peso del apoyo europeo se malgaste en charcutería política de bajísima calidad.

Violencia, encubrimiento y populismo

La violencia, el encubrimiento y el populismo se adueñan de la política con suma facilidad. Envuelto todo en una extraña virtud denominada patriotismo, que forma parte de la ideología espontánea y del imaginario colectivo, aunque no se sabe muy bien si detrás de ella se esconde el espíritu limpio de quienes se sacrifican en nombre del interés colectivo o la silueta desdibujada de una herramienta multiusos que lo mismo vale para un roto que para un descosido. “Sería delito actuar con una política de ojos cerrados en nombre del patriotismo”, afirma Iñaki Gabilondo al analizar las explicaciones oficiales relativa a la tragedia de Ceuta. Pero de los relatos emitidos por el Gobierno, el director general de la Guardia Civil, testigos presenciales, la oposición y diferentes medios de comunicación es fácil deducir que los 15 cadáveres devueltos por el mar obligan a mucho más que a salir en defensa del honor patrio.

Así se llega a la situación muy poco honorable de que, puesto que entre la versión del primer responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, media un mundo, es preciso recurrir a las imágenes sin editar –reténgase el matiz– para aclarar cuándo y en qué condiciones agentes de la Guardia Civil recibieron la orden de disparar pelotas de goma cuando unos inmigrantes braceaban frente a la playa de El Tarajal, a metros de la valla que separa el municipio de Ceuta de territorio marroquí. El adelanto de estas cintas que reclama todo el mundo permite deducir que los inmigrantes se hallaban en una situación límite, nadando en las frías aguas de febrero, y cualquier otra consideración, se remita a la ley o a razones de Estado, se antoja una obscenidad. Mucho más cuando un cargo electo como Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, se permite ironías del peor gusto para justificar lo injustificable.

Si el PP no tuviera mayoría absoluta, es muy posible que por lo menos el director general de la Guardia Civil hubiese dimitido hace días. Como disfruta de mayoría, las imágenes hablarán y luego… seguramente cada partido se reafirmará en sus puntos de vista, desmintiendo el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque fiarlo todo a las imágenes, a las grabaciones sin editar, entraña riesgos ciertos como es muy sabido desde que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, hubo de entregar sus famosas cintas después de intentar una larga cambiada –zanjar el asunto con una transcripción resumida de las mismas– en respuesta a los requerimientos de quienes investigaron el caso Watergate. En realidad, las explicaciones dadas por Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, suenan a transcripción resumida; las de Fernández Díaz parecen una aproximación más precisa a la verdad, pero las grabaciones sin editar cabe presumir que son más de fiar.

¿Por qué tienen un valor superior? Porque en la ceremonia de la confusión oficiada por el Gobierno se ha pretendido defender el honor de la Guardia Civil, cuando lo que en verdad se ha perseguido es encubrir la responsabilidad política de quienes impartieron las órdenes. En un gesto típico de muchos gobiernos, el equipo de Mariano Rajoy ha desviado la sustancia de las críticas: van dirigidas a él, pero las presenta como una impugnación de la Guardia Civil. Por cierto, sin que Rajoy haya ocupado ni medio minuto en dar las explicaciones que se supone debe cuando 15 seres humanos han perdido la vida en circunstancias más que opacas. De forma que todo queda pendiente de lo que digan las imágenes correspondientes al 6 de febrero en la playa de El Tarajal.

También forma parte de la ceremonia de la confusión desacreditar los comentarios de la comisaria de Asuntos de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, so pretexto de que Bruselas no hace todo lo que debiera para controlar la frontera sur de Europa. Lo que no dicen cuantos arremeten contra Malmström es que la despreocupación de la UE tiene más que ver con la interferencia de los gobiernos –no los de España e Italia, claro, que son los directamente afectados por los problemas de la emigración– que con la falta de compromiso de la Comisión de la que la comisaria forma parte. No hay duda de que el coste material y político de la frontera sur de la UE debe ser un asunto que deben abordar y financiar los estados miembros a través del presupuesto comunitario, y no lo hacen o lo hacen solo de forma insuficiente, pero de eso a utilizar este argumento para encubrir el esclarecimiento de responsabilidades en El Tarajal media también un mundo. Dicho de otra forma: es obligación de la UE pedir explicaciones, aunque esto incomode al Gobierno.

El comportamiento de los agentes en la playa ceutí puede resumirse como un recurso a la violencia inapropiado e innecesario. “La actuación de la Guardia Civil es imposible de defender”, escribe en su blog el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero esa imposibilidad manifiesta es el resultado de órdenes concretas dadas por personas concretas. Ahí no tienen cabida ni el patriotismo ni los excesos verbales de alguien como el senador socialista Marcelino Iglesias, que se refirió a “personas que murieron tiroteadas en el mar”. La explotación política de los dramas humanos es siempre repulsiva, excede las obligaciones de cualquier oposición de controlar al Gobierno y, lo que es peor, debilita a quienes trabajan para que se esclarezca lo sucedido sin dar tres cuartos al pregonero antes de disponer de todos los datos.

Los datos precisos para realizar un diagnóstico definitivo incluye analizar la gestión que Marruecos hace de los flujos migratorios. En septiembre del año pasado, el rey Mohamed VI encargó al Gobierno de Abdelilá Benkirán la elaboración de un programa político global para hacer frente a la inmigración procedente de los países subsaharianos, que se ha cuadruplicado, según palacio. En teoría, la Administración marroquí colabora en el control de fronteras, pero la concentración de ciudadanos de diferentes países en el monte Gurugú, la reiteración de los asaltos a la valla de Melilla y la tensión en la periferia de Ceuta obligan a formular esta pregunta: ¿el compromiso marroquí es sin reservas o el grifo migratorio se abre y se cierra según conviene a cada momento y situación? E incluso resulta obligado dudar de la eficacia marroquí en el control y represión de las mafias que trafican con seres humanos que no tienen nada que perder y cuyo único objetivo es llegar a Europa.

Despejar estas incógnitas atañe tanto a la política exterior española como a la comunitaria, pero, es preciso repetirlo, las carencias o la despreocupación de la UE no pueden encubrir cuanto de inapropiado se ha hecho. Insistir en ello es algo más que un mayúsculo error político. Un enfoque simplemente decoroso del drama de El Tarajal debería llevar al Gobierno a dilucidar responsabilidades antes de que los vídeos aclaren lo sucedido, si es que lo hacen. Sin envolverse en la bandera mediante una verborrea que, por repetida hasta la saciedad durante los últimos días, resulta aún más sospechosa por su semejanza con un descarnado discurso populista.