Uvalde, la pesadilla de siempre

El estupor por la muerte de 19 niños y dos maestras en la escuela elemental Robb de Uvalde (Texas), abatidos por un joven de 18 años armado con un fusil de asalto no parece ser suficiente para que algo cambie en la nociva permisividad para la posesión de armas en Estados Unidos. Cada vez que se produce una carnicería vuelve a ser objeto de debate la necesidad de acotar tal derecho, pero el poderoso lobi de fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle saca del archivo la Segunda Enmienda, que data de 1791. Como si se tratara de un dogma de fe, el país más conservador y retardatario moviliza a los cargos electos del Partido Republicano para impedir que todo siga como hasta ahora y, contra el más elemental sentido común, los voceros dispuestos a hacer lo que sea para dejar las cosas como están tienen la desfachatez de asegurar que las armas en manos de particulares aumentan la seguridad de las familias.

Ni siquiera la proximidad de dos matanzas de las dimensiones de las habidas en un supermercado de Buffalo (Nueva York), hace menos de dos semanas, desencadenada por un supremacista blanco, ni la de Uvalde sirve para que el frente de rechazo de cualquier modificación acepte reflexionar. Todo es fruto, sin duda, de la división tajante de la Unión, enfrentada consigo mismo y con la historia a causa de los cambios en el tejido social y de la multiculturalidad, que no hace más que reafirmar en sus más íntimas y añejas convicciones a cuantos en el centro y el sur del país creen llegada la hora de volver a los orígenes. Mientras el reputado analista de The New York Times Nicholas Kristof se pregunta de qué forma es posible reducir los tiroteos, al mismo tiempo que los editorialistas de The Washington Post abren un interrogante enorme sobre cuál es la razón de que después de tantos tiroteos masivos se sigan formulando las mismas preguntas, al fiscal general del estado de Texas no se le ocurre otra estupidez que reclamar que se adiestre a los docentes en el uso de las armas para proteger a sus alumnos.

En ese ambiente viciado que soslaya la realidad de los dramas encadenados por una sociedad dolorida, resulta especialmente venenoso que la Asociación Nacional del Rifle mantenga la convocatoria de este fin de semana en Houston (Texas), a solo cuatro horas en coche de Uvalde, y que a ella asistan el expresidente Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Ted Cruz, senador por el mismo estado del Partido Republicano. Hay en su participación en la conferencia algo de intrínsecamente perverso y dañino, de menosprecio de lo sucedido, de desafío a la decencia y a la moral colectiva. El resumen de ese estado de cosas lo ha resumido el diario francés Le Monde en una sola frase: “Las familias de las víctimas deben contentarse con las plegarias de los cargos electos, que no las escatiman”. Y esa utilización de los sentimientos religiosos en medio de la tragedia, sin otro propósito que no entrar en el fondo del asunto o desvirtuarlo, hace aún más indecente el comportamiento republicano.

La periodista Charlotte Kilpatrick ha publicado en el semanario británico The New Statesman un análisis cuyo título es por demás ilustrativo: El tóxico simbolismo emocional de las armas en América. En él hace una primera constatación: “Quienes se sienten más dotados de poder por las armas son los hombres blancos aislados, temerosos de perder su lugar en la sociedad”. Muchos de estos hombres viven en condiciones de precariedad económica, según recoge de un estudio elaborado en 2017 por la Universidad de Baylor, y cabe incluirlos en la minoría del 3% de la población, propietaria del 50% de todas las armas en manos privadas -casi 400 millones-, de acuerdo con un trabajo conjunto de 2016 de las universidades de Harvard y de Northwestern. Con una particularidad muy reseñable: mientras en 1994 el 46% justificaba la necesidad de poseer armas en razones de seguridad, en 2016 lo hacía el 76%, una subida de 30 puntos en 22 años.

Es así como Estados Unidos sufre una epidemia de efectos a menudo mortales, atrapado en la herencia de una enmienda de hace más de dos siglos, pensada por aquel entonces para que los pioneros que se adentraban en tierras desconocidas pudieran disponer de medios de defensa propios y, de paso, aligerar el gasto federal en material militar mediante la existencia de milicias populares. Nada hay menos cierto que presentar la adopción de mecanismos de control de las armas como el recorte de un derecho fundamental: la sociedad del presente es tan diferente a la del siglo XVIII que si quizá entonces pudo ser el derecho a la autodefensa un atributo necesario para ciudadanos desprotegidos, hoy es con sangrante frecuencia una amenaza para la comunidad. Lo que hay en realidad detrás de ese debate sin desenlace sobre la posesión de armas es la protección de un gran negocio que cuenta con la complicidad republicana por las sustanciosas donaciones de los fabricantes a los candidatos del partido.

De tal manera que, como escribe Kilpatrick, el bloqueo “se percibe como si Estados Unidos estuviera atrapado en un bucle, una pesadilla surrealista de dolor, indignación e impotencia en la que nada cambiará jamás”. Las armas han dejado de ser simples objetos y han adquirido “un simbolismo casi religioso que muchos sectores de la derecha creen que es todo lo que los protege de la victimización a manos de una élite liberal decidida a que los hombres blancos pierdan su lugar dominante en la sociedad”, explica la articulista. Ocurre, sin embargo, que esa percepción quizá es dominante o está muy extendida en la llamada América profunda, pero es poco perceptible en los grandes núcleos urbanos, en los centros financieros y tecnológicos, en el mundo académico y en la industria cultural y del ocio.

En ese bucle en el que se suceden las muertes y las iniciativas condenadas al fracaso para controlar la venta y uso de las armas se concreta, como en otros muchos campos, la realidad de una sociedad irremediablemente dividida en dos bloques más o menos iguales como los dos hemisferios de un mismo cerebro. Con la particularidad de que los integrantes de ambos bandos corren los mismos riesgos frente a la proliferación de las armas y la permisividad intocable. Estados Unidos es un “país atrapado en esa locura”, como afirma Le Monde, en esa vulnerabilidad consentida por quienes, pudiendo atenuarla, prefieren escudarse en la defensa irrestricta de un derecho individual y, en cambio, corren a cancelar o limitar otros (el del aborto, el último de ellos en riesgo). Algo típico de la extrema derecha, en auge en todas partes.

 

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.