Trump, lastrado por la sospecha

“Las normas democráticas han sido y siguen siendo violadas, y cualquiera que rehúse reconocer esta realidad es en efecto cómplice de la degradación de nuestra república”, sostiene el nobel de Economía Paul Krugman en un artículo publicado por The New York Times con el expresivo título La elección corrompida. ¿A qué se refiere Krugman? A la movilización de hackers rusos que interfirieron en la campaña electoral en favor o apoyo de Donald Trump, un caso de deslegitimación moral agrandado con el extraño comportamiento del FBI, que diez días antes de la elección insinuó que podía disponer de nuevas pruebas que inculpaban a Hillary Clinton, pruebas que finalmente resultaron ser inexistentes. Conclusión: “El resultado fue ilegítimo de manera significativa: el ganador fue rechazado por el público y ganó el Colegio Electoral solo gracias a la intervención extranjera y al comportamiento burdo, inapropiado y partidista de los organismos nacionales de seguridad”, escribe Krugman.

Acaso sea este el artículo más duro dedicado a Trump desde su victoria del 8 de noviembre, y en él se aborda un factor primordial de la praxis política en democracia: la distinción o diferencia entre lo legal y lo legítimo. No hay en el triunfo de Trump asomo de manipulación de las papeletas o adulteración de los recuentos más allá de los inevitables errores mecánicos en un proceso en el que participan decenas y decenas de millones de ciudadanos. Pero hay demasiados datos que inducen a pensar, incluso a afirmar, que el presidente electo llegará al Despacho Oval por el tortuoso camino de la manipulación de la opinión pública trazado a la vez por una potencia extranjera y por una parte de la comunidad de inteligencia, inequívocamente decantada hacia el candidato republicano.

El nombramiento de Rex Tillerson, presidente de Exxon-Mobil y en muy buena relación con Vladimir Putin, induce a pensar que nada es casual en esta historia de interferencias en un proceso electoral que es el que entraña más consecuencias a escala planetaria. Mientras el Gobierno ruso apoya la condena al martirio decretada por el presidente de Siria, Bashar al Asad, para los habitantes de Alepo, ni una sola voz ni un solo gesto sale de la torre Trump, cuartel general del presidente electo. Nadie dice nada en el universo trumpiano para pedir que se detenga la carnicería, y la situación no es esta por respeto a la iniciativa diplomática de la Administración de Barack Obama –creerlo sería de una ingenuidad inexcusable–, sino porque Trump se dispone a cambiar por completo el marco de referencia de Estados Unidos en el mundo. Sin sopesar ni por un instante que con una diferencia de bastante más de dos millones de votos a favor de Hillary Clinton puede sostenerse sin equivocación que la mayoría en Estados Unidos se opone al giro que barrunta.

Otra vez lo legal y lo legítimo: el Colegio Electoral está legitimado para dar la presidencia a Trump, pero él no lo está para soslayar en qué condiciones se produjo la victoria y a quién votaron más ciudadanos el 8 de noviembre. Hay demasiadas sospechas de injerencias extraelectorales en el éxito de Trump como para aceptar que el único parámetro que debe tenerse en cuenta es aquel que se ciñe escrupulosamente a lo que establecen la Constitución y las leyes. De hacerlo, se alimenta la desconfianza en el sistema y el enconamiento del debate político entre bandos antagónicos.

Sin recurrir necesariamente a la propensión apocalíptica de Noam Chomsky o a un posible “fascismo amistoso”, vaticinado por Bertram Gross en 1980, la comunidad académica, el mundo de la cultura, las sociedades urbanas de las dos costas y la juventud ilustrada de Estados Unidos participan con preocupación en este doble debate: el de la legitimidad moral y el de los riesgos de fractura social. Las referencias que llegan de Europa son alarmantes: el populismo nacionalista, excluyente y xenófobo está ahí para disputar la hegemonía política a la tradición liberal, a las sociedades abiertas sustentadas en el pluralismo político, la diversidad y el respeto a la autonomía de los individuos. Y este trasfondo preocupa tanto o más que la victoria misma de Trump porque fija un rumbo que pretende contener el mestizaje cultural, la economía global y el multilateralismo, realidades todas ellas llenas de problemas, pero preferibles al sectarismo, el proteccionismo y un aislacionismo de geometría variable (business is business).

Al mismo tiempo, se antoja inquietante el papel desempeñado por las nuevas plataformas de comunicación, que quizá sean también de desinformación. La posverdad reina en las redes sociales, y el fact checking (comprobación de los hechos o de los datos) practicado por algunos medios tiene un impacto modesto en medio del ruido imperante en la aldea global. Hay ahí también un factor de deslegitimación o de manipulación a gran escala, una violación de las reglas del juego, que cada día está más presente en las campañas electorales y que en la de Estados Unidos fue moneda corriente. De la misma manera, la simplificación en el enunciado de los problemas, un rasgo tan característico de Trump, alarma a cuantos creen que las recetas milagrosas llevan directamente al fracaso y a la frustración a muchos de cuantos creyeron que el candidato republicano acudía al rescate de la clase media blanca, empobrecida por el impacto en los tejidos industrial y de servicios de la crisis económica del 2007-2008 y sucesivos años.

Cuando opina Joseph Stiglitz, otro nobel de Economía, que el programa de Trump no se sostiene y es un retroceso, lo hace a la luz de las cifras de crecimiento de Estados Unidos durante el último cuatrienio, de la reducción del paro, a un paso del pleno empleo, y del saneamiento del sistema financiero. Que Stiglitz esté o no en lo cierto solo el tiempo lo confirmará, en cambio parece inexcusable que Trump abra la puerta, como pide el ilustre economista, a políticas bipartidistas que serenen los ánimos dentro y fuera de Estados Unidos. Son demasiados los elementos concordantes que permiten afirmar que la gran superpotencia sigue siéndolo, pero no es la hiperpotencia que siguió al hundimiento de la Unión Soviética, sino otra necesitada del concurso de terceros para contrarrestar la competencia de sus adversarios históricos o recién llegados.

La agitación en los medios informativos liberales no es una pose, sino el reflejo de un clima social exacerbado por las pasiones políticas y los tics autoritarios o despectivos de Trump, por la sospecha cada vez más verosímil de que ocupará el poder lastrado por las dudas morales que suscita su triunfo. El anuncio de Barack Obama a un mes escaso de dejar la presidencia de que la intromisión de Rusia en la campaña no quedará sin respuesta no hace más que calentar el ambiente, pero acaso sea su determinación de esclarecer y responder a lo sucedido el último servicio que puede prestar a una sociedad dividida entre los aturdidos por el resultado del 8 de noviembre y los entusiasmados con la derrota de Clinton, dos versiones irreconciliables de Estados Unidos.

Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.