La investidura se pierde en reproches

El viaje hacia ninguna parte emprendido por el PSOE y Podemos culminó en el sonrojante intercambio de reproches de la fracasada investidura de Pedro Sánchez. En medio del estriptís integral salió a relucir el viejísimo debate de las diferentes izquierdas españolas acerca de cuál de ellas da cobijo a la verdadera alma de la izquierda, quién es de izquierdas y quién solo aparenta serlo. El empeño de Podemos de ser el guardián autoproclamado de las izquierdas y el del PSOE de consagrar su hegemonía en este territorio han empañado el debate y convertido la negociación en una lucha descarnada por el reparto del poder, en la pretensión de ambos partidos en neutralizar al otro, algo propio de adversarios encarnizados más que de presuntos aliados que busca de un Gobierno de coalición que primero había de ser de cooperación y que finalmente no fue nada.

El disenso no es ni nuevo ni diferente al vivido en muchas ocasiones anteriores desde la noche de los tiempos de la izquierda española, enfrascada en una interminable discusión sobre los méritos contraídos por cada parte para acreditar su condición de guía moral de la izquierda. La discusión, a menudo estéril y paralizante, se ha concretado en un exaltado cruce de descalificaciones, que han sumido en la decepción al electorado progresista, para el que los bizantinismos no hacen más que alimentar un compartido sentimiento de frustración así en el campo podemita como en el socialdemócrata. La pretensión de la dirección de Podemos de transformar el partido en el único legitimador posible de un programa de izquierdas, quizá mediante la formación de un Gobierno bis dentro del Gobierno, resulta tan fuera de lugar como la del PSOE de comportarse poco menos que como si hubiese cosechado la mayoría absoluta el 28 de abril.

Que los juegos de manos que han desembocado en un gran fiasco tengan una gravedad y consecuencias menores a la que tendrían si no existiese el paraguas cobijador de la UE no mejora el diagnóstico sobre la capacidad de liderazgo y compromiso de los estados mayores de los cuatro grandes partidos, presos de un ensimismamiento ciego y que apenas presta atención a los mensajes que llegan de la calle y de las urnas. En el caso de las fuerzas de izquierda, más incluso que en los dos grandes partidos de la derecha, la ocasión perdida es improbable que no tenga un elevado coste político, más para Podemos que para los socialistas a tenor de lo adelantado por las encuestas realizadas en pleno fragor de la batalla. El diagnóstico de Rubén Amón en El País es verosímil: “Iglesias creó Podemos e Iglesias ha decidido destruirlo”.

La afirmación de Antón Losada en eldiario.es es un recordatorio oportuno: “Cuando la izquierda no se entiende, la derecha gana. Es una ley inexorable de la política española. No admite excepciones y nunca deja de funcionar”. La demora en la formación de los gobiernos autonómicos de Murcia y de Madrid no ha pasado de ser una simulación provocada por Ciudadanos para que no parezca lo que realmente es el pacto de gobierno: un acuerdo a tres en el que Vox contamina cuanto toca. Sin mayor esfuerzo que los errores encadenados de la izquierda, los tres partidos de la derecha han transmitido una imagen –falsa, pero resultona– de capacidad de entendimiento que el PSOE y Podemos están lejos de poder exhibir frente a un electorado atónito que votó para que hubiese acuerdo, es decir, presupuesto, programas sociales, compromiso ecológico, feminismo, europeísmo sin reservas, gestión sosegada del caso catalán y otros ingredientes indispensables para no defraudar a una sociedad moderna que apenas sale de la crisis económica, pero necesita garantizar la pervivencia del Estado del bienestar.

En vez de discutir el programa largo y tendido, sin filtraciones ni codazos, sucedió lo que Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España, resume en muy pocas palabras: “No fue hasta cerca de 24 horas más tarde [de que PP y Ciudadanos reiteraran que no se abstendrían], en la víspera de la primera sesión de investidura, que las negociaciones entre el PSOE y Podemos empezaron seriamente. Apenas duraron una veintena de horas. Demasiado poco para dar con un acuerdo”. Reducir este fracaso en un suspenso en julio que cabe levantar en septiembre como intentan los malos estudiantes es una simplificación impropia: los resentimientos y las cuentas pendientes, la desconfianza mutua y la lucha por la hegemonía han aflorado con toda su crudeza.

“La posición de un hombre político se determina de esta manera: una tradición corregida por la razón”, declaró Manuel Azaña en las Cortes el 27 de mayo de 1932. Entre el 22 y el 25 de julio ha prevalecido la tradición –la capacidad infinita de la izquierda para no ponerse de acuerdo– y ha perecido la razón. La tradición indica que la pugna entre la herencia socialista y la herencia comunista han sido siempre dos realidades refractarias; la tradición reciente demuestra que en muchas ocasiones ha sido posible la alianza a escala local y autonómica, pero siempre se ha mantenido más o menos viva la disputa sobre a quién corresponde la guía espiritual de la izquierda; la tradición permitió, en fin, que sumara adeptos la prédica de Julio Anguita dedicada a la teoría de las dos orillas. Con gran éxito de crítica y público entre la derecha dirigida entonces por José María Aznar, cabe recordar.

Dicho todo lo cual es obligado subrayar que el espectáculo continúa y el único desenlace aceptable es que de aquí a finales de septiembre el único candidato posible para obtener la confianza del Congreso logre desatascar la situación. Otear el horizonte y fijar la mirada en otro objetivo –legislativas en noviembre– sería tanto como demostrar una incapacidad absoluta, poco menos que enfermiza, para asumir las reglas del juego propias de una coalición, según las cuales nadie pierde del todo y nadie sale vencedor absoluto: a lo máximo que puede aspirarse en estos casos es a un win-win limitado. Convocar elecciones podría tener consecuencias inesperadas en un ambiente de pesimismo o escepticismo generalizado, propenso a la abstención, a un resultado imprevisible. Demasiadas veces han sido requeridos los ciudadanos desde 2015 para que indiquen cómo y por quiénes quieren ser gobernados como para hacerlo de nuevo; el recurso a las urnas, de producirse, sería la confirmación de un fracaso clamoroso de los partidos, en general, y de la izquierda, en particular.

Sánchez e Iglesias se atascan

La complejidad o confusión que envuelve las gestiones de Pedro Sánchez para ahormar una mayoría que le respalde, la larguísima comedia de enredo –quizá un triste espectáculo– para concluir el reparto de cargos en la UE, la pelea más o menos soterrada en Italia entre los dos partidos que la gobiernan –la Liga y el Movimiento 5 Estrellas–, el procedente belga no tan lejano –año y medio de un Gobierno en funciones mientras flamencos y valones veían la mejor forma de repartirse el pastel– y el embrollo de la derecha española –Ciudadanos y Vox, en un grito–, estos casos y otros ponen de relieve la dificultad de encaje de proyectos políticos diferentes, de configurar alianzas o coaliciones con amplio respaldo popular. No hay referencias reseñables para una saludable cultura de la coalición, salvo en el caso de Alemania, donde con chirridos y tensiones frecuentes, pero también con eficacia, las grandes coaliciones han sacado partido de la prueba, a veces con un elevadísimo coste personal (Martin Schulz sabe bastante de ello).

En términos generales, el bipartidismo perfecto (Estados Unidos) o relativamente perfecto (Reino Unido) es más manejable y configura mayorías sin grandes dificultades. No hay en Estados Unidos necesidad de coaliciones y nunca ha tenido éxito la pretensión de formar Gobierno con una presencia significativa de políticos del partido rival del presidente: lo intentó Barack Obama al inicio de su primer mandato, y se remitió al proyecto de Abraham Lincoln durante la guerra civil de incorporar al Gabinete representantes de sus adversarios, sin mayores resultados reseñables. Tampoco es frecuente en el Reino Unido, donde la alternancia de conservadores y laboristas ha marginado a los liberales, salvo en el periodo 2010-2015, cuando David Cameron completó con ellos la mayoría en Westminster mediante un pacto con Nick Clegg.

Esta fue la fórmula o la referencia española desde la transición: un bipartidismo imperfecto, pero útil, en el que fueron posibles varias mayorías absolutas de la derecha y de la socialdemocracia, pero también muchos gobiernos en minoría, pero claramente por delante del segundo clasificado, que se ejercitaron en la geometría variable. Eso se acabó porque ahora hay cuatro partidos que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros, y aun hay un quinto, Vox, que perturba la complicidad entre el PP y Ciudadanos y, de momento, ha capturado el voto de una parte de los electores de extrema derecha que hasta la fecha optaban por las listas populares. Como escribe Alba Sidera en el digital CTXT, referido a los ultras italianos, seguramente las organizaciones de perfil progresista caen reiteradamente en el mismo error: “Considerar que en la extrema derecha y en el neofascismo no hay cabezas pensantes”. “Las hay –añade–, y saben detectar los puntos débiles de sus adversarios”.

Si así son las cosas en el campo de la derecha, ¿también lo son en el de la izquierda? ¿Ha descubierto Podemos el punto débil del PSOE, a pesar de que la última encuesta del CIS dice todo lo contrario? O bien, ¿el PSOE da por buenos los vaticinios y ve en Podemos un caballo perdedor, montado por un jinete que, sin proclamarlo, cree llegada la hora de resucitar la teoría de las dos orillas de la izquierda –Julio Anguita–, que tan útil fue a José María Aznar? La diferencia radica en que el mantra de Anguita era “programa, programa, programa” y el de Pablo Iglesias es “ministros, ministros, ministros”. Algo perfectamente legítimo, pero acaso poco realista habida cuenta del desgaste electoral sufrido por Unidas Podemos en las dos últimas convocatorias. Desde luego, el PSOE necesita a Podemos para salir del bloqueo, pero es aún más importante –ambos partidos lo olvidan–, que el país necesita un Gobierno.

Puede decirse que lo necesita de forma acuciante para disponer de un Presupuesto, para ocuparse del procès sin estridencias y para atender la variedad de problemas sociales que requieren tomar decisiones con una mayoría suficiente en el Congreso. Que la democracia española no ha desarrollado una cultura de la coalición es tan cierto como que llegó la hora de que pongan manos a la obra quienes se ven obligados a hacerlo. Apostar por celebrar elecciones de nuevo en noviembre significa prolongar la interinidad hasta final de año y, en cierta medida, desautorizar a un electorado que el 28 de abril dijo claramente: “Pónganse de acuerdo y pacten”.

El filósofo Lev Shestov (1866-1938) fue del todo categórico al firmar que “la necesidad, sea racional o irracional, sigue siendo necesidad”. El Gobierno de coalición o de cooperación, la aparición en el futuro equipo de Sánchez de nombres bendecidos por Iglesias o cualquier otro encaje de bolillos es preferible, por necesario, a abrir de nuevo la puerta de entrada al laberinto electoral. La añoranza de las mayorías absolutas y de las mayorías cualificadas es comprensible, pero es del todo estéril por no decir paralizante. Tampoco hay alternativa a la complicidad de las izquierdas: el revoltijo de las derechas, de ser mayoría, no garantizaría el andar sereno que requiere una sociedad moderna, desarrollada y, en consecuencia, tan llena de contradicciones, empeñado Vox en atrasar el reloj de la historia cuanto más mejor.

“El fracaso de la política es tratar de quedar bien siempre con todos”, opinaba François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años (1981-1995). El pacto que se requiere para salir del atolladero no puede quedar bien con todo el mundo porque requiere aceptar dolorosas renuncias y asumir algunas exigencias ajenas por ambas partes, pero ese es uno de los significados de la máxima según la cual la política es el arte de lo posible. Si la sesión de investidura que empieza el 22 se cierra sin resultados, habrá que concluir que todo el mundo hizo mal su trabajo, que todo el mundo quiso quedar bien con todos o mejor, con los suyos, y careció de liderazgo moral para hacer de la necesidad virtud y desbloquear la situación.

La campaña adultera el lenguaje

El lenguaje es la primera víctima de la precampaña, de la campaña y de cuanto se dijo y difundió antes de ambas. En la refriega que precede a la cita del 28 de abril las palabras han adquirido significados sobrevenidos, la confusión se ha instalado en el diccionario ad hoc para el combate y no hay forma de saber si cuanto se dice es anfibológico, polisémico o un rosario de falsedades engarzado por los estrategas de los partidos. Más que nunca son útiles y necesarios los fact-checking (comprobación de hechos) para un mayor esclarecimiento de las discusiones en curso, para desactivar las políticas de balcón, para poner al descubierto el vuelo rasante de la charcutería política y la manipulación de las emociones. Hoy es más urgente que nunca dejar en evidencia a los profesionales del pim-pam-pum preelectoral.

Los ejemplos a mano son ilimitados. Sale Pablo Casado y acusa a los medios de difundir una fake news (noticia falsa) a propósito de su anuncio –Onda Cero, el medio emisor– de que bajará el salario mínimo a 850 euros –el Gobierno de Pedro Sánchez lo puso en 900–, algo que no solo lo entendieron así los radioyentes, como se decía antes, sino los televidentes y aun los lectores de periódicos, muchos menos que antes, pero no tan pocos como para no estar en condiciones de confirmar a coro que dijo Casado lo que dijo. Hay, claro, algo no conocido: qué entiende el líder del PP por fake news, qué le contaron o explicaron en el famoso posgrado de Aravaca –cuatro días– acerca de qué cabe considerar una falsa noticia; cuál es, en fin, su apego a la realidad alternativa, tan puesta en boga por la Casa Blanca de Donald Trump. Esto es, Casado dijo lo que dijo, aunque quizá no quiso decirlo o pensaba decirlo en otro momento, o sus asistentes estimaban oportuno mantener oculto el dato para no alarmar a posibles votantes, pero el caso es que lo dijo. Un lío que ha puesto en un grito con sordina al PP centrista, descabalgado por el discípulo de José María Aznar.

Va luego o quizá antes Santiago Abascal y anuncia que mediado el siglo la mitad de los franceses serán musulmanes. Aparecen enseguida demógrafos y sociólogos prestigiosos que manejan estadísticas fiables y modelos matemáticos solventes, y aseguran que a lo sumo será el 18% de la población francesa la adscrita al islam. Un cálculo fruto del análisis, pero también un futurible para cuya confirmación hay que esperar treinta años y sujeto, como todo futurible, a variables imprevisibles e impredecibles que a la vuelta de tres décadas pueden haber convertido a los habitantes de Francia en descreídos contumaces o en feligreses de una religión de diseño o a la carta. En todo caso, el vaticinio de Abascal es un disparate sin fundamento cuya meta es fomentar una islamofobia zafia y cada día más difundida en Europa.

Está luego el conglomerado independentista catalán con sus presos políticos aplicado a los políticos presos y sus exiliados para referirse al huidizo Carles Puigdemont y demás instalados en Waterloo, periferia de Bruselas. Se trata de una apropiación del lenguaje muy anterior a la campaña, una acentuación o subrayado del drama político mediante la utilización de conceptos que adquirieron un valor muy preciso desde el final de la guerra civil y hasta la transición; un intento de equiparar el perfil vesánico de la dictadura con el presente. Es, en fin, un ejercicio permanente de historia comparada, como si los derrotados de 1939 y los enjuiciados de 2019 fuesen víctimas de lo mismo; como si el 1-O y fechas subsiguientes no hubiese sucedido nada o lo sucedido fuese perfectamente legítimo, ajustado a derecho y respetuoso con quienes transitan fuera del independentismo, y quien no lo vea así, insisten, no es demócrata.

La izquierda participa con parecido entusiasmo en la adulteración del lenguaje, necesitado Podemos de contener la sangría de votos que vaticinan las encuestas, urgido el PSOE por la captura de votantes de Podemos defraudados con Pablo Iglesias, con el galimatías morado que ha desgajado a una parte del partido, y aplicados en cuerpo y alma los socialistas en la tarea de dividir el voto de la derecha, en presentar a Vox como el contaminante del conservadurismo español. El experimento andaluz, con el tripartito de facto PP-Cs-Vox, el neofranquismo al acecho y las encuestas esperanzadoras justifican tal deriva en la campaña de la izquierda, pero la insistencia en anunciar que viene el lobo no hace otra cosa que agrandar la campaña de la extrema derecha. Según se ve, la izquierda no ha sacado ninguna enseñanza práctica del precedente de Estados Unidos, donde la insistencia en las acometidas contra Trump en 2016 fue un factor multiplicador de la campaña del acometido. Tampoco aquí se salva el lenguaje del falseamiento, la adulteración de los significados y el encubrimiento de la realidad mediante reiteradas exageraciones.

La maduración de una sociedad acostumbrada a votar, el hartazgo de muchos ciudadanos por el cruce de acusaciones indescifrables o deformantes, no cuenta, según se ve, para los seleccionadores de palabras encubridoras de la realidad. Cuando alguien se atreve a ocultar bajo la etiqueta de “policía patriótica” lo que no es más que una policía política o sectaria, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, queda abierta la veda para todo clase de despropósitos o desquiciamientos en la comunicación política. Nada hay más antidemocrático y antipatriótico que una policía que husmea fuera de lo establecido por las leyes –la policía es un cuerpo civil de funcionarios armados que deben ocuparse de la seguridad colectiva y debe ser exquisitamente neutral–, pero el poder de la palabra es enorme.

Dijo Mahatma Gandhi: “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino”. Añadió Umberto Eco muchísimos años más tarde: “El populismo mediático significa apelar a las personas directamente a través de los medios. Un político que puede dominar los medios puede moldear los asuntos políticos fuera del Parlamento e incluso eliminar la mediación del Parlamento”. Así se adentra la campaña en el territorio de la desmesura y del exabrupto, sin que a los electores les quede más opción que el escepticismo o la incredulidad, estados de ánimo ambos que no hacen más que alejar a los ciudadanos del compromiso político y de las instituciones democráticas.

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

Las dos orillas otra vez

Está de vuelta la vieja teoría o soflama de las dos orillas de la izquierda mediante la discusión habida en Vistalegre 2, tan antigua (la discusión, no Vistalegre). Aquello que surgió de la estrategia diseñada en su día por Julio Anguita ha reaparecido en la asamblea de Podemos y ha arrasado con otras hipótesis de trabajo, en especial la de comunicar las dos orillas con alguien a horcajadas –un pie en cada orilla–, Íñigo Errejón, un suponer. Esa determinación de ahora, que todo lo supedita a la victoria en las urnas –improbable–, renuncia al posibilismo y pretende consagrar como un acierto ante la opinión pública el voto de Podemos contra la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de aquel momento, la convocatoria de nuevas elecciones, la pérdida de un millón de sufragios del conglomerado Unidos Podemos (27 de junio de 2016) y el asentamiento en la Moncloa de Mariano Rajoy.

Ese Retorno al pasado obliga a contar, como en la película de Jacques Tourneur, qué sucedió no hace tanto. Dicho sucintamente: los gobiernos de José María Aznar contaron con el inestimable apoyo indirecto –en diferido, diría María Dolores de Cospedal– de una de las orillas, la dirigida por Anguita, frente a la socialdemócrata, identificada por este, es posible afirmar, como el adversario a batir, a fagocitar o a debilitar. El éxito fue arrollador: en las elecciones del 2000, el PSOE perdió 16 diputados (se quedó en 125) y un millón y medio de votos menos con relación a 1996, no todos desaparecidos a causa de la doctrina orillista; Izquierda Unida se quedó sin 13 diputados y obtuvo solo 8 para una pérdida de 1,4 millones de votos, y el PP logró la mayoría absoluta (10,3 millones de votos y 183 diputados). La marea alta de los conservadores invadió las dos orillas sin mayores problemas ante la desorientación de los votantes de izquierda, sin distinción de orillas la mayoría de las veces.

A saber si la desorientación se mantiene o se ha abierto desde la orilla de Podemos una fase de esclarecimiento. De momento, se ha entrado en un periodo que reproduce, con otros actores, una división clásica en el bando de la izquierda heredera de la tradición política de los partidos comunistas, bien conocida en España a raíz del proceso de liquidación, política por lo menos, del PCE y del PSUC. La misma fragmentación desencadenada en Italia por la transformación del PCI, el más esclarecido e influyente de los pecés de Occidente, y en Francia, por la miniaturización del PCF y la aparición de nuevas siglas de futuro incierto. Favorecido todo en el presente por los efectos sociales de la crisis económica, la propensión de la familia socialdemócrata a plegarse a las recetas conservadoras y la aparición de terceras o cuartas vías de emergencia, de naturaleza populista, a ratos victoriosas (en Grecia, Syriza, atrapada en un laberinto de contradicciones).

En una situación de minorías enfrentadas –la aprobación del presupuesto, tan dificultosa–, con un Gobierno en minoría ejerciendo de facto con enorme desparpajo una hegemonía cultural–véanse los Telediarios, la composición de las tertulias en TVE y las entregas de Informe Semanal, tan analizadas por Ferran Monegal, entre otros fenómenos– que poco tiene que ver con los resultados de junio, y con la función catártica de los tribunales –corrupción, independentismo y otras complicaciones–, la apelación genérica a la movilización contrasta con la realidad: una izquierda sociológica dividida entre la desilusión, el escepticismo y el comportamiento de bastantes de sus líderes, no solo los de Podemos. Hacer política a ratos en el Congreso a ratos en la calle (Pablo Iglesias, en la tarima) o denostar la orilla opuesta (se hace en ambos sentidos) se antoja lejos de la lógica aspiración del votante progresista medio de contar de nuevo con certidumbres razonables.

¿Alguien en la izquierda emite señales de renovación y compromiso para alcanzar objetivos concretos? Ni Podemos, dispuesto más que nunca a disputar el espacio político al PSOE a toda costa, ni el PSOE, condenado a la larga interinidad de una gestora y que ve en Podemos su mayor adversario, están en disposición de poner remedio a la desorientación. La idea de Antonio Gramsci de forjar alianzas que contrarresten el modelo cultural hegemónico vive muy malos días, ensombrecido por la pugna para una hipotética aunque improbable hegemonía en las urnas, según todas las encuestas. Cuando la disputa no es por lograr la victoria, sino por quedar segundo en el mejor de los casos, o se opta por sumar fuerzas o se instala en el ánimo el complejo de Poulidor, aquel ciclista francés que anduvo siempre a rueda de Anquetil, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ganó el Tour.

Si en la confrontación por la segunda plaza se abunda en la simplificación de los problemas, es posible que se logre retener a los convencidos, pero es dudoso que se atraiga nuevos efectivos a la causa, según atestiguan las oscilaciones de voto entre diciembre del 2015 y junio del 2016. “Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero”, ha escrito Daniel Innerarity, y algún papel se ha reservado a la simplificación en la nueva versión de las dos orillas. Porque la aparente lejanía entre una y otra obedece más al discurso reiterativo de los líderes que a la percepción de bastantes votantes, siempre muchos más que los militantes.

En el mismo artículo afirma Innerarity que quien osa desarrollar una aproximación argumentada a problemas complejos tiene las de perder “frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador”. No es el caso solo de Podemos, pero este partido ha sucumbido a la tentación de levantar una barrera infranqueable entre nosotros y ellos, y ha llevado al establishment del PSOE a sentirse legitimado para presentar como una herejía cualquier forma de acercamiento a la orilla podemista (Susana Díaz, en la tribuna de oradores). Algo seguramente útil para desactivar a quienes siguieron a Pedro Sánchez en su experiencia al frente del partido después de las elecciones del 2015 y hoy le siguen en su brega por regresar al puente de mando, pero insuficiente para recomponer la red de complicidades sociales que en su día distinguió al PSOE.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente”, dijo en 1981 Enrico Berlinguer, secretario general del PCI. ¿Cómo corregir esa tendencia degenerativa del papel de los partidos? No es esta una pregunta que afecte solo o principalmente a la izquierda, pero en un periodo de retroceso de las fuerzas progresistas, un cambio de hábitos es casi una necesidad acuciante para sobrevivir, para abandonar el papel secundario a que parecen condenados, más con dos orillas que con una, según es posible deducir del presente y de la progresión de las utopías regresivas en todas partes.

Una crisis de identidad

La crisis que despedaza al PSOE y pone al más veterano partido español en la senda del caos obedece a muy variados factores, entre ellos la crisis de identidad de la socialdemocracia europea, que se remonta a los albores de la globalización como santo y seña de la economía occidental. Desde aquel entonces, comienzos de los 80, todos los cambios ocurridos –creación del Sistema Monetario Europeo, desaparición de la Unión Soviética, unificación de Alemania, ampliación de la UE y respuesta a la crisis de 2008, entre otros– han empequeñecido la alternativa socialdemócrata, sometida a un posibilismo de bajos vuelos y resignada a aceptar las reglas impuestas por la charcutería política y el reparto del poder más allá de las urnas. Si alguna vez la hegemonía cultural tuvo perfil socialdemócrata, y esto es mucho suponer, hace tiempo que pasó a manos del pensamiento conservador más retardatario y menos comprometido en el combate contra la desigualdad social, y la pelea en curso en las filas del PSOE no es ajena a esa desfiguración socialdemócrata, aunque los personalismos pesen lo suyo y hayan marginado la discusión ideológica.

François Mitterrand declaró en febrero de 1983: “Estoy dividido entre dos ambiciones: la de la construcción europea y la de la justicia social. El Sistema Monetario Europeo es necesario para lograr la primera y limita mi libertad para la segunda”. En la práctica, la construcción europea, tal como se enfocó en los años siguientes, hizo poco menos que inviable todo reformismo que obligara a replantearla. Decir “no, por ahí no” en nombre de los equilibrios sociales se hizo cada vez más difícil, y la socialdemocracia se alejó sin pausa de su legado histórico, aquel que después de la segunda guerra mundial le otorgó el papel de contrapeso del pensamiento conservador y le permitió ser un factor determinante en la reconstrucción de Europa junto con la democracia cristiana. Así mutó el ADN de los partidos socialdemócratas hasta aparecer como partidos social-liberales, cada vez más liberales y menos sociales, cada vez más sorprendentemente transmutados en parte inseparable y muy poco distinguible del resto del establishment europeo.

Es una ingenuidad suponer que el PSOE vivió al margen de esta lógica. La hegemonía cultural del pensamiento conservador también afectó a su deriva ideológica, en 34 años pasó de 202 diputados (octubre de 1982) a 85 (junio de 2016) y careció de capacidad de respuesta frente a la aparición de movimientos políticos nuevos, surgidos en medio de la crisis social, el empobrecimiento de las clases medias y las exigencias abusivas de Bruselas para corregir desequilibrios económicos estructurales casi endémicos. Mientras el sistema financiero jaleó la cirugía de hierro practicada por el PP, la contención socialista produjo una legión de defraudados, así se pasó del equilibrio social como objetivo a los desequilibrios sociales como sistema –leer a Thomas Piketty es poco menos que imprescindible–, y de ahí a la aparición de Podemos, mezcla heteróclita de corrientes políticas de izquierda –no todas radicales, por mucho que se diga– en situación de resucitar la vieja teoría de las dos orillas (de la izquierda, claro).

Quienes gasten buena memoria recordarán que este de las dos orillas fue el gran invento o juego de manos de Julio Anguita, que resultó del todo beneficioso para los gobiernos de José María Aznar y desorientó a una parte de los votantes tributarios de la cultura política comunista en sus muchas y muy variadas acepciones. Porque aquella teoría de las dos orillas llevaba implícita al erosión del PSOE a cambio de un crecimiento siempre modesto de la izquierda de la socialdemocracia, insuficiente en todo caso para alarmar a los conservadores. Puede que en el fondo de la teoría de las dos orillas alentara el recuerdo de aquel crucigrama francés llamado Programa Común, pilotado por Mitterrand, que le permitió llegar a la presidencia y devastó al Partido Comunista; quizá la teoría de las dos orillas fuera un apósito, un parche para contener una hemorragia: el lento proceso de jibarización del poscomunismo.

Pablo Iglesias ha vuelto a las dos orillas o algo parecido, aunque sin mencionarlo o darle nombre. Su abrazo emocionado a Anguita (13 de mayo) pareció confirmarlo después de que el exlíder de Izquierda Unida declarara que Podemos había logrado lo que él siempre persiguió. Hay en todo ello riesgo de absorción, de debilitamiento del PSOE al pasar los votantes de una orilla a otra, decepcionados con la respuesta socialdemócrata a la crisis, descontentos con esa adecuación a los aspectos más lacerantes de la resolución o salida de la crisis. Y en este punto se entienden los recelos de los barones y aún su oposición a pergeñar un pacto con Podemos de estabilidad más que dudosa y rentabilidad política desconocida.

Lo que resulta por lo menos discutible, y lleva directamente a buscar explicaciones en el desfallecimiento de la socialdemocracia europea, de su identidad política, es la insistencia de las baronías en facilitar la investidura de Mariano Rajoy en nombre de una difusa, profusa y confusa responsabilidad política o razón de Estado, un pretexto tan socorrido que merece aplicársele la irónica sentencia surgida de la pluma de Miguel de Cervantes: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (la del Estado). Como si fuese más responsable y razonable dar facilidades al PP mediante la abstención para que pueda formar Gobierno que atender a los argumentos de Pedro Sánchez hasta llegar a la situación presente, con el secretario general atrincherado en su despacho, la vieja guardia en un grito y la militancia y los votantes –siempre menguantes– preguntándose qué está sucediendo, cómo es posible que se haya impuesto la táctica de la derecha –esperar a que el tiempo pudra la situación– hasta dejar al partido exhausto.

No hay peor ni más dañino fuego que el fuego amigo, y este se dispara a discreción o mediante ocultamiento en la sede socialista desde bastante antes de que Sánchez encadenara errores hasta aparecer como un líder obstinado y parapetado en el puente de mando. Hay tanto ruido en esta insólita crisis, tantos personalismos envueltos en la bandera –debiera decirse acaso las banderas, sumadas al suceso las de varias autonomías–, que no hay forma de deslindar las preocupaciones legítimas por la gobernabilidad de la reyerta interna por el poder, reducido a su mínima expresión el debate de las ideas. Pero esta historia de despropósitos no debiera extrañar a nadie porque, como ha quedado dicho, la hegemonía cultural –de cultura política– la ostenta la derecha y la socialdemocracia busca sin encontrar. Véase la desnaturalización del Partido Socialista en Francia, sometido a la ducha escocesa de Manuel Valls –un día el Estado lo es todo y al día siguiente lo es el mercado– y a las divagaciones de François Hollande, véase la sujeción de la socialdemocracia alemana a la receta de Angela Merkel o esa enigmática apuesta del laborismo británico por Jeremy Corbyn, tan propia del comportamiento errático del partido; véase todo, quizá, bajo la luz de una identidad desdibujada por la Realpolitik en su significado menos tolerable.

“Esta extraña época no solo ha conformado a las élites y a los hombres de Estado, sino que, además, se dotó de un cuerpo doctrinal que postulaba el inmovilismo”, escribió Alain Minc en La nueva Edad Media. El libro fue publicado en Francia en 1993, y la frase remite a las reglas de la guerra fría y del equilibrio nuclear, pero puede aplicarse al presente, al inmovilismo que atenaza a la izquierda clásica, la socialdemocracia forma parte de ella, frente a la lógica innegociable de la globalización, de la salida de la crisis mediante la austeridad como receta única y asimismo innegociable. Muchas de las debilidades del PSOE que han aflorado en ese terremoto por el poder que zarandea al partido son de estricta obediencia española, pero otras, bastantes, proceden de una pregunta sin respuesta en el espacio socialdemócrata europeo: ¿adónde vamos? No sería mal comienzo que los nietos de Willy Brandt sometieran a reflexión esta frase suya: “Estamos contra los cínicos que oprimen a sociedades enteras”.

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.