El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.