Acercamientos y recalentamiento del ‘procés’

El último episodio del procés, el de los mensajes difundidos en un chat por jueces de perfil presumiblemente conservador, no hace más que avivar el fuego, enardecer la controversia y dañar la imagen global de unos funcionarios públicos que más parecen adscritos a las pasiones de la política y los políticos que a la tantas veces invocada fría ecuanimidad de quienes tienen por misión aplicar la ley a quienes la infringen. Las informaciones de eldiario.es y elmon.cat confirman, además, la división tajante dentro de la carrera judicial –críticas dirigidas a las organizaciones de orientación progresista: Jueces para la Democracia y Ágora Judicial– entre lo que bien cabe calificar de togas airadas y cuantos manifiestan su preocupación frente a lo que entienden que se trata de una minoría –el chat tiene más de 5.000 usuarios– que expresa “un pensamiento tan ofensivo”.

En pleno calendario recordatorio de los sucesos de hace un año, de aquella sucesión de jornadas alejadas de todas las convenciones políticas conocidas, los mensajes divulgados contribuyen a agrandar las dificultades para sistematizar la crisis y acotar el terreno de juego. Si cada día surgen nuevos factores de inestabilidad o desconcierto que modifican lo hasta entonces sabido, engordan los respectivos memoriales de agravios y enriquecen las arengas de los hiperventilados a ambos lados de la divisoria, mal puede serenarse el debate, la negociación o los acercamientos en curso.

De nada vale apelar a la consabida recomendación de que no debe confundirse la parte –los autores de los mensajes– con el todo –los integrantes de la carrera judicial– cuando toda ocasión es buena para desacreditar al adversario, haya o no motivos suficientes para hacerlo. Resulta por lo demás ingenuo dar pábulo a la creencia de que las opiniones contenidas en los mensajes no recogen el sentir de una parte de la judicatura, defraudada con la suerte corrida por las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena y asaeteada por las críticas movilizadoras del independentismo catalán más un conglomerado de voces de diferentes izquierdas.

El desaparecido Butros Butros-Ghali, viejo zorro de la política, sostenía que para iniciar una negociación con futuro hay que dejar a un lado cuanto sucede a partir del momento en que se empieza a hablar, porque toda negociación, decía, tiene siempre enemigos que se oponen a ella. Pero en el procés no se ha llegado a este punto, sino más bien a una terra ignota en la que cada día surge una nueva trampa para osos, un exabrupto ofensivo, una convicción desmadrada o cualquier otro ingrediente que llena de riesgos la exploración para hablar y acordar. Lo mismo vale bloquear una moción en el Congreso para negociar con el Gobierno de acuerdo con la ley –victoria del independentismo fundamentalista– que asegurar la presencia de la Generalitat en la Comisión de Financiación Autonómica –triunfo del nacionalismo posibilista– para alterar los biorritmos: cada parte se frota las manos o se rasga las vestiduras según los casos, el momento, las mayorías y la política de las emociones en la vía pública.

En este terreno abonado a la simplificación de los argumentos, los populismos de nuevo cuño (quizá no tan nuevo) fundamentan su discurso a voces y creen que pueden erosionar de una sola tacada la imagen del Gobierno y la facción más realista del independentismo. Las piezas a cobrar son Pedro Sánchez, con las encuestas de cara, y la voluntad electoral de la España alarmada por el desafío catalán al orden constitucional, y ahí vale todo o poco menos, llenas las tribunas de exaltados que piden la vuelta al 155 y su aplicación sine díe mientras la ANC, Òmniun Cultural, los CDR, la CUP y un variado tutti fruti de siglas reclama la república exprés en medio de un mar de lazos amarillos.

Estos jueces del chat, con su recurso a adjetivos hirientes y consideraciones más propias de los excesos verbales de una sobremesa que del ilustre colectivo al que pertenecen, han rendido un impagable servicio a los exaltados adscritos al cuanto peor mejor. Lo dejado por escrito por estas señorías vale lo mismo para un roto que para un descosido, es tan útil a los que se mudaron a Bélgica hará pronto un año como a los que creen que la defensa de la unidad ha quedado en manos de los jueces, y cualquier alternativa no es más que blandenguería posmoderna. Ahí están las cuatro exigencias hechas por Quim Torra a renglón seguido de la publicación de los mensajes de los jueces y los aplausos de la derecha para confirmar que en este laberinto de pasiones todo el mundo es capaz de sacar tajada de cualquier situación. Y aun así resulta poco realista suponer que el tropiezo puede cercenar los movimientos de aproximación o de tanteo entre Madrid y Barcelona, que existen y tienen en un grito al independentismo sin fisuras y al nacionalismo español.

Por más que Carles Puigdemont pida a los catalanes afectos a su causa que “se planten” –poco antes declaró que la independencia será para dentro de 20 o 30 años– y que el president Torra, auxiliado por la ANC y Òmnium, haya convertido el primer aniversario del 20-S en un alegato contra el sistema judicial (una multitud frente a la Conselleria de Economia), solo una componenda presentable y defendible puede sacar al convoy de la vía muerta en el que quedó aparcado después del choque de trenes. Si no fuera así, carecerían de sentido el bloqueo del Parlament, que sigue cerrado por el desacuerdo entre independentistas, las palabras de Josep Borrell y Meritxell Batet lamentando las prisiones preventivas, tan inconvenientes para lograr que baje el souflé, y tantas declaraciones solemnes que luego no se traducen en nada, pero que alimentan la política del balcón tan diferente siempre a lo que se cuece entre bambalinas.

Pedro Sánchez dirige la catarsis

Las contradicciones son uno de los motores de la historia y la suma de voluntades tan heterogéneas como las que han descabalgado al PP del Gobierno es la última prueba de que tal afirmación se ajusta a la realidad. Con independencia de la naturaleza del casus belli que desencadenó la moción de censura, la confluencia de intereses que ha llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa debería mover a los populares a buscar una respuesta convincente a la pregunta formulada por el secretario general del PSOE durante el debate: ¿por qué nadie quiere ser compañero de viaje del PP en una situación de crisis extrema? Una respuesta que ineludiblemente debe incluir el reconocimiento de los errores cometidos –la pestilencia de la corrupción, en primer lugar– y la sensación de hartazgo a causa del precio social pagado por la salida de la crisis económica y no restituido a los millones de perjudicados.

La obstinación del PP en desentenderse de la primera de las sentencias del caso Gürtel, como si el partido pudiese salir indemne de los efectos políticos de su contenido, ha desencadenado un terremoto político sin precedentes que ha reunido a una veintena de partidos detrás del PSOE. Pero quizá sin el capital de espinosos asuntos pendientes acumulados por el Gobierno y el partido que lo sostenía, empezando por el damero territorial (Catalunya), el acopio de apoyos hubiese sido menor o menos virulento; acaso los síntomas de desgaste no hubiesen llevado a tan variopinto mosaico de opiniones a dar por bueno el final del Gobierno del PP y las contradicciones habrían impedido tal desenlace. Tampoco es seguro que Ciudadanos se hubiese lanzado a la piscina sin comprobar antes si estaba llena o no si la reacción del PP, conocida la sentencia, hubiese sido otra, por ejemplo mediante la dimisión de Mariano Rajoy.

Lo cierto es que el PP no recurrió a ninguno de los resortes defensivos hipotéticamente eficaces para contrarrestar o asumir la sentencia como problema propio. No recurrir a la moción de censura en tal situación habría sido poco menos que poner sordina a la estridencia del fallo, encubrir su alcance y transmitir la imagen de que los políticos profesionales se afanaban en proteger un particular corralito de intereses y complicidades cruzadas. Era necesario un ejercicio de ventilación democrática del Parlamento y de exigencia de responsabilidades para evitar la deshonra del encubrimiento por inacción, para neutralizar la sensación de que entre ellos –los integrantes del establishment político– todo pasteleo es posible.

Cuantos se rasgan las vestiduras hoy en razón de la formación de un Gobierno sostenido por un partido que no ganó las elecciones callan siempre que en las legislativas no se vota al presidente del Gobierno, sino antes bien a un partido, y que salvo en los casos de mayoría absoluta, la formación de mayorías parlamentarias no tiene por qué atender al principio de que el partido más votado es aquel que debe encabezar el Ejecutivo. Quienes desde la tribuna del Congreso, en las tertulias organizadas por RTVE y en otros barrios sostuvieron y sostienen que los españoles quisieron en 2016 que el PP fuese el partido más votado, como si tal cosa impidiera gobernar al PSOE, habrían de repasar en algún manual los fundamentos de la democracia parlamentaria, tan sencillos y convenientes: quien arma una mayoría tiene derecho a gobernar, a intentarlo al menos, sin asomo de duda democrática.

De igual manera, cuantos defienden que la única salida honorable era convocar elecciones se escudan con frecuencia en el perfil de fracasado en las urnas y conflictivo en su partido que acompaña a Pedro Sánchez. Al adentrarse por este sendero, olvidan que el interesado ha dado muestras de una capacidad de supervivencia política fuera de toda duda, de tal manera que aquel que dejó el acta de diputado para no verse obligado a abstenerse en la última investidura de Mariano Rajoy, ganó unas primarias en el PSOE con el aparato en contra y ha regresado al Congreso para sentarse en el banco azul después de concertar por lo menos una vez una mayoría ad hoc multicolor. Ciertamente, la legislatura está a un paso del agotamiento, pero las prisas de Ciudadanos por acudir a las urnas, espoleado por las encuestas y envuelto en la bandera de un nacionalismo a la antigua usanza, ha condenado al partido a sostener un discurso identitario tan perturbador como muchos de los oídos en Catalunya al socaire del procés.

Para el otro partido de la derecha española, la tensión territorial es el resorte que pone en marcha el taxímetro de los votos. En consecuencia, toda aproximación política al problema catalán es una malísima noticia, porque corre el riesgo de que a medio plazo dé resultado, se concrete en alguna forma de pacto que deje el discurso de Albert Rivera sin acomodo, fuera de la realidad, con menos público del que ahora tiene. La aplicación del artículo 155 y su propuesta de mantenerlo después de la formación de un Govern viable ha tenido tal rentabilidad en las encuestas que cualquier cambio en la gestión de la crisis catalana, por pequeño que sea, puede dañar sus expectativas.

La coalición en minoría y de facto entre el PSOE y Podemos ha roto el esquema de Ciudadanos sin que, por lo demás, quepa deducir del discurso de Pablo Iglesias y del abrazo final con Sánchez la consistencia de tal alianza. Este Podemos del jueves y del viernes es bastante diferente de aquel otro que hablaba de la casta, del que se opuso a un Gobierno en minoría de los socialistas con Ciudadanos y del que presentó una moción de censura hace un año. La complejidad de la política y la arriesgada apuesta de estos días han llevado al partido a moderar el discurso radical y el programa máximo con dosis de realismo –comerse el presupuesto con patatas, dijo Iglesias–, con la necesidad de lograr que encajen todas las piezas en una organización que está lejos de ser un partido homogéneo. Pero, al mismo tiempo, la certidumbre que tiene Podemos de que uno de los caladeros en los debe pescar es en el de los votantes socialistas obliga a preguntarse cuánta vida útil puede tener su entendimiento o colaboración con el PSOE.

El sistema político español explora así en terreno desconocido y se suma a otros experimentos en curso en Europa obligados por la fragmentación electoral, la existencia de parlamentos sin mayorías claras, el desafío populista y la extrema derecha renacida. Por primera vez en 40 años ocupará el Gobierno un partido en manifiesta minoría, con una mesa del Congreso controlada por sus adversarios y con mayoría absoluta de estos en el Senado. Será el PSOE un partido empeñado en un proyecto de regeneración del Estado y de sus instituciones, pero obligado a gestionar una geometría variable llena de aristas, con su propio lastre de juicios en los que deben sustanciarse presuntos casos de corrupción. Nada será fácil en esa catarsis que desembocará en unas elecciones anticipadas aún sin fecha y de resultado imprevisible porque Sánchez se ha convertido en un líder visible.

Las dos orillas otra vez

Está de vuelta la vieja teoría o soflama de las dos orillas de la izquierda mediante la discusión habida en Vistalegre 2, tan antigua (la discusión, no Vistalegre). Aquello que surgió de la estrategia diseñada en su día por Julio Anguita ha reaparecido en la asamblea de Podemos y ha arrasado con otras hipótesis de trabajo, en especial la de comunicar las dos orillas con alguien a horcajadas –un pie en cada orilla–, Íñigo Errejón, un suponer. Esa determinación de ahora, que todo lo supedita a la victoria en las urnas –improbable–, renuncia al posibilismo y pretende consagrar como un acierto ante la opinión pública el voto de Podemos contra la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de aquel momento, la convocatoria de nuevas elecciones, la pérdida de un millón de sufragios del conglomerado Unidos Podemos (27 de junio de 2016) y el asentamiento en la Moncloa de Mariano Rajoy.

Ese Retorno al pasado obliga a contar, como en la película de Jacques Tourneur, qué sucedió no hace tanto. Dicho sucintamente: los gobiernos de José María Aznar contaron con el inestimable apoyo indirecto –en diferido, diría María Dolores de Cospedal– de una de las orillas, la dirigida por Anguita, frente a la socialdemócrata, identificada por este, es posible afirmar, como el adversario a batir, a fagocitar o a debilitar. El éxito fue arrollador: en las elecciones del 2000, el PSOE perdió 16 diputados (se quedó en 125) y un millón y medio de votos menos con relación a 1996, no todos desaparecidos a causa de la doctrina orillista; Izquierda Unida se quedó sin 13 diputados y obtuvo solo 8 para una pérdida de 1,4 millones de votos, y el PP logró la mayoría absoluta (10,3 millones de votos y 183 diputados). La marea alta de los conservadores invadió las dos orillas sin mayores problemas ante la desorientación de los votantes de izquierda, sin distinción de orillas la mayoría de las veces.

A saber si la desorientación se mantiene o se ha abierto desde la orilla de Podemos una fase de esclarecimiento. De momento, se ha entrado en un periodo que reproduce, con otros actores, una división clásica en el bando de la izquierda heredera de la tradición política de los partidos comunistas, bien conocida en España a raíz del proceso de liquidación, política por lo menos, del PCE y del PSUC. La misma fragmentación desencadenada en Italia por la transformación del PCI, el más esclarecido e influyente de los pecés de Occidente, y en Francia, por la miniaturización del PCF y la aparición de nuevas siglas de futuro incierto. Favorecido todo en el presente por los efectos sociales de la crisis económica, la propensión de la familia socialdemócrata a plegarse a las recetas conservadoras y la aparición de terceras o cuartas vías de emergencia, de naturaleza populista, a ratos victoriosas (en Grecia, Syriza, atrapada en un laberinto de contradicciones).

En una situación de minorías enfrentadas –la aprobación del presupuesto, tan dificultosa–, con un Gobierno en minoría ejerciendo de facto con enorme desparpajo una hegemonía cultural–véanse los Telediarios, la composición de las tertulias en TVE y las entregas de Informe Semanal, tan analizadas por Ferran Monegal, entre otros fenómenos– que poco tiene que ver con los resultados de junio, y con la función catártica de los tribunales –corrupción, independentismo y otras complicaciones–, la apelación genérica a la movilización contrasta con la realidad: una izquierda sociológica dividida entre la desilusión, el escepticismo y el comportamiento de bastantes de sus líderes, no solo los de Podemos. Hacer política a ratos en el Congreso a ratos en la calle (Pablo Iglesias, en la tarima) o denostar la orilla opuesta (se hace en ambos sentidos) se antoja lejos de la lógica aspiración del votante progresista medio de contar de nuevo con certidumbres razonables.

¿Alguien en la izquierda emite señales de renovación y compromiso para alcanzar objetivos concretos? Ni Podemos, dispuesto más que nunca a disputar el espacio político al PSOE a toda costa, ni el PSOE, condenado a la larga interinidad de una gestora y que ve en Podemos su mayor adversario, están en disposición de poner remedio a la desorientación. La idea de Antonio Gramsci de forjar alianzas que contrarresten el modelo cultural hegemónico vive muy malos días, ensombrecido por la pugna para una hipotética aunque improbable hegemonía en las urnas, según todas las encuestas. Cuando la disputa no es por lograr la victoria, sino por quedar segundo en el mejor de los casos, o se opta por sumar fuerzas o se instala en el ánimo el complejo de Poulidor, aquel ciclista francés que anduvo siempre a rueda de Anquetil, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ganó el Tour.

Si en la confrontación por la segunda plaza se abunda en la simplificación de los problemas, es posible que se logre retener a los convencidos, pero es dudoso que se atraiga nuevos efectivos a la causa, según atestiguan las oscilaciones de voto entre diciembre del 2015 y junio del 2016. “Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero”, ha escrito Daniel Innerarity, y algún papel se ha reservado a la simplificación en la nueva versión de las dos orillas. Porque la aparente lejanía entre una y otra obedece más al discurso reiterativo de los líderes que a la percepción de bastantes votantes, siempre muchos más que los militantes.

En el mismo artículo afirma Innerarity que quien osa desarrollar una aproximación argumentada a problemas complejos tiene las de perder “frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador”. No es el caso solo de Podemos, pero este partido ha sucumbido a la tentación de levantar una barrera infranqueable entre nosotros y ellos, y ha llevado al establishment del PSOE a sentirse legitimado para presentar como una herejía cualquier forma de acercamiento a la orilla podemista (Susana Díaz, en la tribuna de oradores). Algo seguramente útil para desactivar a quienes siguieron a Pedro Sánchez en su experiencia al frente del partido después de las elecciones del 2015 y hoy le siguen en su brega por regresar al puente de mando, pero insuficiente para recomponer la red de complicidades sociales que en su día distinguió al PSOE.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente”, dijo en 1981 Enrico Berlinguer, secretario general del PCI. ¿Cómo corregir esa tendencia degenerativa del papel de los partidos? No es esta una pregunta que afecte solo o principalmente a la izquierda, pero en un periodo de retroceso de las fuerzas progresistas, un cambio de hábitos es casi una necesidad acuciante para sobrevivir, para abandonar el papel secundario a que parecen condenados, más con dos orillas que con una, según es posible deducir del presente y de la progresión de las utopías regresivas en todas partes.

Una crisis de identidad

La crisis que despedaza al PSOE y pone al más veterano partido español en la senda del caos obedece a muy variados factores, entre ellos la crisis de identidad de la socialdemocracia europea, que se remonta a los albores de la globalización como santo y seña de la economía occidental. Desde aquel entonces, comienzos de los 80, todos los cambios ocurridos –creación del Sistema Monetario Europeo, desaparición de la Unión Soviética, unificación de Alemania, ampliación de la UE y respuesta a la crisis de 2008, entre otros– han empequeñecido la alternativa socialdemócrata, sometida a un posibilismo de bajos vuelos y resignada a aceptar las reglas impuestas por la charcutería política y el reparto del poder más allá de las urnas. Si alguna vez la hegemonía cultural tuvo perfil socialdemócrata, y esto es mucho suponer, hace tiempo que pasó a manos del pensamiento conservador más retardatario y menos comprometido en el combate contra la desigualdad social, y la pelea en curso en las filas del PSOE no es ajena a esa desfiguración socialdemócrata, aunque los personalismos pesen lo suyo y hayan marginado la discusión ideológica.

François Mitterrand declaró en febrero de 1983: “Estoy dividido entre dos ambiciones: la de la construcción europea y la de la justicia social. El Sistema Monetario Europeo es necesario para lograr la primera y limita mi libertad para la segunda”. En la práctica, la construcción europea, tal como se enfocó en los años siguientes, hizo poco menos que inviable todo reformismo que obligara a replantearla. Decir “no, por ahí no” en nombre de los equilibrios sociales se hizo cada vez más difícil, y la socialdemocracia se alejó sin pausa de su legado histórico, aquel que después de la segunda guerra mundial le otorgó el papel de contrapeso del pensamiento conservador y le permitió ser un factor determinante en la reconstrucción de Europa junto con la democracia cristiana. Así mutó el ADN de los partidos socialdemócratas hasta aparecer como partidos social-liberales, cada vez más liberales y menos sociales, cada vez más sorprendentemente transmutados en parte inseparable y muy poco distinguible del resto del establishment europeo.

Es una ingenuidad suponer que el PSOE vivió al margen de esta lógica. La hegemonía cultural del pensamiento conservador también afectó a su deriva ideológica, en 34 años pasó de 202 diputados (octubre de 1982) a 85 (junio de 2016) y careció de capacidad de respuesta frente a la aparición de movimientos políticos nuevos, surgidos en medio de la crisis social, el empobrecimiento de las clases medias y las exigencias abusivas de Bruselas para corregir desequilibrios económicos estructurales casi endémicos. Mientras el sistema financiero jaleó la cirugía de hierro practicada por el PP, la contención socialista produjo una legión de defraudados, así se pasó del equilibrio social como objetivo a los desequilibrios sociales como sistema –leer a Thomas Piketty es poco menos que imprescindible–, y de ahí a la aparición de Podemos, mezcla heteróclita de corrientes políticas de izquierda –no todas radicales, por mucho que se diga– en situación de resucitar la vieja teoría de las dos orillas (de la izquierda, claro).

Quienes gasten buena memoria recordarán que este de las dos orillas fue el gran invento o juego de manos de Julio Anguita, que resultó del todo beneficioso para los gobiernos de José María Aznar y desorientó a una parte de los votantes tributarios de la cultura política comunista en sus muchas y muy variadas acepciones. Porque aquella teoría de las dos orillas llevaba implícita al erosión del PSOE a cambio de un crecimiento siempre modesto de la izquierda de la socialdemocracia, insuficiente en todo caso para alarmar a los conservadores. Puede que en el fondo de la teoría de las dos orillas alentara el recuerdo de aquel crucigrama francés llamado Programa Común, pilotado por Mitterrand, que le permitió llegar a la presidencia y devastó al Partido Comunista; quizá la teoría de las dos orillas fuera un apósito, un parche para contener una hemorragia: el lento proceso de jibarización del poscomunismo.

Pablo Iglesias ha vuelto a las dos orillas o algo parecido, aunque sin mencionarlo o darle nombre. Su abrazo emocionado a Anguita (13 de mayo) pareció confirmarlo después de que el exlíder de Izquierda Unida declarara que Podemos había logrado lo que él siempre persiguió. Hay en todo ello riesgo de absorción, de debilitamiento del PSOE al pasar los votantes de una orilla a otra, decepcionados con la respuesta socialdemócrata a la crisis, descontentos con esa adecuación a los aspectos más lacerantes de la resolución o salida de la crisis. Y en este punto se entienden los recelos de los barones y aún su oposición a pergeñar un pacto con Podemos de estabilidad más que dudosa y rentabilidad política desconocida.

Lo que resulta por lo menos discutible, y lleva directamente a buscar explicaciones en el desfallecimiento de la socialdemocracia europea, de su identidad política, es la insistencia de las baronías en facilitar la investidura de Mariano Rajoy en nombre de una difusa, profusa y confusa responsabilidad política o razón de Estado, un pretexto tan socorrido que merece aplicársele la irónica sentencia surgida de la pluma de Miguel de Cervantes: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (la del Estado). Como si fuese más responsable y razonable dar facilidades al PP mediante la abstención para que pueda formar Gobierno que atender a los argumentos de Pedro Sánchez hasta llegar a la situación presente, con el secretario general atrincherado en su despacho, la vieja guardia en un grito y la militancia y los votantes –siempre menguantes– preguntándose qué está sucediendo, cómo es posible que se haya impuesto la táctica de la derecha –esperar a que el tiempo pudra la situación– hasta dejar al partido exhausto.

No hay peor ni más dañino fuego que el fuego amigo, y este se dispara a discreción o mediante ocultamiento en la sede socialista desde bastante antes de que Sánchez encadenara errores hasta aparecer como un líder obstinado y parapetado en el puente de mando. Hay tanto ruido en esta insólita crisis, tantos personalismos envueltos en la bandera –debiera decirse acaso las banderas, sumadas al suceso las de varias autonomías–, que no hay forma de deslindar las preocupaciones legítimas por la gobernabilidad de la reyerta interna por el poder, reducido a su mínima expresión el debate de las ideas. Pero esta historia de despropósitos no debiera extrañar a nadie porque, como ha quedado dicho, la hegemonía cultural –de cultura política– la ostenta la derecha y la socialdemocracia busca sin encontrar. Véase la desnaturalización del Partido Socialista en Francia, sometido a la ducha escocesa de Manuel Valls –un día el Estado lo es todo y al día siguiente lo es el mercado– y a las divagaciones de François Hollande, véase la sujeción de la socialdemocracia alemana a la receta de Angela Merkel o esa enigmática apuesta del laborismo británico por Jeremy Corbyn, tan propia del comportamiento errático del partido; véase todo, quizá, bajo la luz de una identidad desdibujada por la Realpolitik en su significado menos tolerable.

“Esta extraña época no solo ha conformado a las élites y a los hombres de Estado, sino que, además, se dotó de un cuerpo doctrinal que postulaba el inmovilismo”, escribió Alain Minc en La nueva Edad Media. El libro fue publicado en Francia en 1993, y la frase remite a las reglas de la guerra fría y del equilibrio nuclear, pero puede aplicarse al presente, al inmovilismo que atenaza a la izquierda clásica, la socialdemocracia forma parte de ella, frente a la lógica innegociable de la globalización, de la salida de la crisis mediante la austeridad como receta única y asimismo innegociable. Muchas de las debilidades del PSOE que han aflorado en ese terremoto por el poder que zarandea al partido son de estricta obediencia española, pero otras, bastantes, proceden de una pregunta sin respuesta en el espacio socialdemócrata europeo: ¿adónde vamos? No sería mal comienzo que los nietos de Willy Brandt sometieran a reflexión esta frase suya: “Estamos contra los cínicos que oprimen a sociedades enteras”.

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.