Puigdemont, en plena escapada

La última salida de pata de banco de Junts ha consolidado una situación paradójica: una parte de la oposición del Govern de la Generalitat forma parte del susodicho Govern, y no hay remedio ni factor de corrección a la vista que acabe con tal anormalidad política. Cualquier otra coalición en cualquier otro lugar no superaría la prueba. Esto es, después de la delegación propuesta el martes por Junts y de la reunión de la mesa de diálogo habida el miércoles, la coalición se rompería y cada parte acudiría en busca de nuevos aliados para gobernar o para perseverar en su oposición, pero en el caso catalán tal cosa no sucede: el president Pere Aragonés informó el jueves al vicepresidente ausente de la mesa, Jordi Puigneró, de Junts, mientras Elsa Artadi y Jordi Turull, asimismo de Junts, desacreditaban cuanto podían la reunión del día anterior, en la que no comparecieron porque el mismo Aragonés informante no aceptó la representación que propuso el partido.

Decir que la mano de Waterloo es muy larga es decir poco. Es insuficiente decir que Carles Puigdemont cree a pies juntillas que cuanto peor, mejor. Decir que el gusto por la extravagancia se ha adueñado del escenario es simplificar la realidad. Decir, como lo hace Ferran Pedret (PSC) que a la coalición no le queda “otro remedio que continuar porque es muy elevado el coste de explicar a sus votantes que la independencia no es posible”, recoge solo una parte de las razones que han llevado a esa inusual pelea en la que los contendientes no aspiran a derrotar al adversario, sino a debilitarlo para tenerlo a merced de sus designios. Desde el bando de ERC, para seguir por la senda posibilista de la Realpolitik sin tener siempre el moscón detrás de la oreja; desde el universo enardecido de Junts, para recuperar la presidencia que, creen, es de su exclusiva propiedad y disfrute desde los días del pujolismo gobernante.

Es fácil descubrir en todo eso una disputa sin cuartel por la hegemonía política y cultural, por mantener la primacía en el reparto del poder y consagrar la idea de que el camino hacia la independencia solo puede ser de naturaleza insurreccional –unilateral, se dice– mientras sean otros quienes fijen el rumbo (ese es el punto de partida de Junts). Luego, cuando se restablezca la normalidad –disponer de la presidencia– ya se verá si no queda otra que instalarse en el posibilismo, habida cuenta las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas, tan útiles y a tener en cuenta para no estrellarse contra el muro infranqueable de la realidad.

En plena escapada, que no al final de la escapada, y a mayor abundamiento en la huida hacia adelante, al orbe puigdemontiano le vale cualquier cosa para seguir en la brecha, menos que la mesa de diálogo se traduzca en algo efectivo, constatable y contable, que saque la cuestión catalana de la vía muerta, de esa tierra yerma que lo mismo vale para que las empresas catalanas de referencia lleven sus sedes sociales a plazas seguras que para que la inversión en el aeropuerto de Barcelona quede para quién sabe cuándo. Cualquier pretexto es útil para exaltar la confrontación, para alentarla y ampliarla, aunque lo cierto sea que la mitad del censo, por lo menos, no experimenta tal enconamiento en la vida cotidiana, en la relación con su entorno inmediato. Laura Borràs, presidenta del Parlament, exhibe gran maestría para dar con motivos para encadenar arremetidas.

Decía Josep Tarradellas que todo es admisible en política menos hacer el ridículo. La frase se recuerda con frecuencia, especialmente en estos días de comportamientos tan poco convencionales. Presentar la mesa del miércoles como una reunión de partidos –PSOE y ERC– y no de gobiernos bordea el ridículo; considerar como sobrevenida la legitimidad de Aragonés y auténtica la de Puigdemont, también lo es; es desmesurado creer que todo sacrificio futuro será poco si se alcanza la independencia. Esta última convicción es un rasgo específico de los nacionalismos: si hay que elegir entre la nación y la gente, no hay duda, la nación es lo que realmente importe. Por el contrario, mentes esclarecidas como la de George Steiner desvelaron en su día que la preferencia por la nación no es más que una añagaza: “La muerte de Sócrates pesa más que la supervivencia de Atenas”, escribió.

En las soflamas independentistas exaltadas hay mucho de este poso nacionalista, de la tendencia a soslayar el cálculo de costes. Hay en ello un riesgo grande porque siempre es peligroso tirarse a la piscina sin comprobar si en ella hay agua y si esta es suficiente. Es peligroso agarrase a la bandera y entrañan cierto peligro cuantos están dispuestos a hacerlo, a poner en marcha operaciones divisivas, ajenas a los grandes consensos, que ni son clara y específicamente mayoritarias en Catalunya ni cuentan con el menor respaldo en Europa. Hay poca agua en la piscina para tocar a rebato; hay demasiado en juego para no salir del laberinto y adentrarse por la senda del pacto. Ni siquiera es necesario reconocer en público que se acabó el procés; basta con ajustar los comportamientos al hecho de que efectivamente dio sus últimas bocanadas al dictar el Gobierno los indultos.

Decía el egipcio Butros Butros Ghali que lo más reseñable de los pactos es su existencia. Por encima incluso de su cumplimiento, porque comprometen siempre a dos o más partes en situaciones que, por lo común, son de complejidad extrema para los implicados. El pacto es el compromiso, el punto de encuentro que a nadie satisface del todo, pero permite dar con una salida honorable. Para llegar a un pacto, las partes deben renunciar de antemano a ejercer el enojoso y pueril papel de Pepito Grillo, de guardián de las esencias, de depositario de la verdad y la justicia universales, de guardaespaldas del programa máximo.

Una soleada mañana de la primavera de 2015 desayunaba Alfredo Pérez Rubalcaba en la terracita de la cafetería del Centro de Cultura Contemporània de Barcelona antes de participar en un debate sobre una alternativa federalista para España. Había dejado el veterano político socialista los salones del poder y había vuelto a la docencia universitaria; nada le obligaba a emitir diagnósticos políticamente correctos. El periodista Carles Pastor y yo mismo le preguntamos por la atmósfera que se respiraba en Catalunya, y él fue categórico: “La salida está en Europa, cada vez con menos fronteras y más integrada”. Luego se explayó en consideraciones sobre el porqué de la utilidad de la idea europea para salir del atolladero. Seis años después cabe añadir que fuera de Europa y de los estados europeos hace un frío polar; dentro, hay días de todo –bonancibles unos, tormentosos otros–, pero se mantiene la aspiración de la cesión de soberanías o de las soberanías compartidas, de la construcción de una identidad cultural mestiza. No es la Arcadia feliz, pero es más atrayente que los viejos mitos de la nación irredenta que son solo eso, mitos.

Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.