La UE sale al paso del soberanismo

“Si quiere saber qué alimenta el fenómeno actual de los catalanes, que exigen su propio referendo sobre la independencia, remítase a la doctrina Clinton: ‘Es la economía, estúpido’”. Así ve el caso catalán y, por extensión, el escocés, el editorialista del diario digital The Scottish Times, defensor de la causa soberanista, al analizar la razón última de la movilización en curso. Claro que alude a la lengua como seña de identidad de primer orden, pero concentra el análisis en el agravio fiscal, el empobrecimiento de las clases medias y el paro juvenil desbocado para responder a los porqués del momento, a ese ovillo en el que se entrecruzan las simplificaciones partidistas con la crisis de los partidos, el oportunismo populista con el sectarismo ideológico y la radicalización de posiciones antagónicas, viscerales, que llenan el debate de ruido.

En el seminario Formació de nous estats al món del segle XXI?, organizado esta semana en Barcelona por el Centre d’Estudis Històrics Internacionals, se habló bastante de economía porque no hay forma de rehuir la materia, de no situarla en el centro del debate y de no atenerse a tres datos esenciales: la economía catalana funciona en relación permanente con la española y con la de la UE, la pertenencia a la UE es fundamental para el futuro económico de Catalunya y el euro es la divisa irrenunciable. En ese campo no hay sitio para el nacionalismo romántico, la remisión a una hipotética edad de oro situada en algún lugar de un pasado remoto y la construcción de un relato idealizado de las razones que asisten a los soberanistas. Caben, eso sí, datos, cifras, tratados, leyes y compromisos políticos. Y, para pasar de los ejercicios teóricos a la política de las cosas, se precisa llevar el balón al suelo y jugar al pie, que es tanto como renunciar a los malabarismos, dar por inevitables ciertas contradicciones, controlar los excesos verbales y garatizar la isegoría (igualdad en el derecho a hacer uso de la palabra), reclamada recientemente por el profesor Manuel Cruz en nombre de la higiene democrática.

La ira como parte de la tradición europea, según la discutida y discutible aproximación del alemán Peter Sloterdijk, marca una dirección estéril, prepolítica, y la simplificación de los problemas, también. Es mejor ser sistemático, como lo fueron en el seminario los profesores Joan Vintró y Carles Boix, que desarrollaron puntos de vista sujetos a controversia, pero con fundamentos técnicos, que caer en la lógica facilona de las analogías y las comparaciones. Entre estas, dos aparecen con frecuencia para explicar qué cabría hacer en la eventualidad de que no fuese posible un ingreso de Catalunya en la UE sin grandes preámbulos. La primera hace referencia a que sería posible imitar el camino emprendido por Kosovo, negociar una asociación, que permite soslayar el requisito de la aprobación por unanimidad de cualquier nueva adhesión (artículo 49 del Tratado de la Unión Europea). La segunda sirve para recordar que Montenegro dispone del euro sin formar parte del Eurogrupo (se omite siempre el dato importantísimo de que Montenegro está excluido del gobierno y de la gestión del euro).

El PIB de Catalunya es 62 veces mayor que el de Montenegro y 41 veces mayor que el de Kosovo.

El PIB de Catalunya es 62,4 veces mayor que el de Montenegro y 41,4 veces mayor que el de Kosovo.

En ambos casos se elude el dato más importante: las dimensiones de las economías kosovar y montenegrina permiten adoptar estas soluciones de excepción –y, por excepcionales, no aplicables a otras situaciones–, pero la envergadura de la economía catalana (véase el cuadro comparativo) obliga a excluir el cataplasma como tratamiento de emergencia. No es posible establecer analogías entre el problema catalán y los parches balcánicos, entre un tejido económico y social consolidado, con una compleja red de intereses, y otras realidades diminutas y en construcción, por describirlas de formar contenida. Hay, además, un factor político ineludible: una Catalunya independiente sería la parte desgajada de un socio de la UE; los estados balcánicos son creaciones ex novo surgidas de la descomposición de Yugoslavia.

A mayor abundamiento, la proliferación de portavoces de la UE con diferentes responsabilidades y coloraciones ideológicas no deja lugar a dudas: la independencia conlleva la salida de la UE, que no la expulsión, puesto que Catalunya no forma parte del club como entidad diferenciada de España y, por lo tanto, su ingreso formó parte del de España en 1986 y no obedeció a un tratado de adhesión específico. El último en despejar dudas ha sido Hannes Swoboda, presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo: ha dicho que Catalunya no puede “crear nuevos conflictos y esperar que todo el mundo la acepte en la UE”. No es el “jamais, jamais, jamais”, dicho por un político socialista francés a principios de año en una foro restringido, ni el “never during my life”, pronunciado en la misma época y en parecidas condiciones por un funcionario alemán, asimismo socialista, pero es una buena vara de medir si se relaciona además con la posibilidad de que Martin Schulz, socialdemócrata alemán, se convierta en presidente de la Comisión Europea a la vuelta de unos meses.

El fragor de la discusión en el seno de los partidos con varias almas obedece en gran medida a esa realidad cada día más concreta, a la certidumbre de que la independencia abre incógnitas que van mucho más allá de la política de las emociones, la Via Catalana y el género épico. Mientras los partidos sin nada que perder en el debate y mucho que ganar en las urnas se entregan a una alocada carrera de propuestas encaminadas a sacar pecho –Rosa Díez y su Unión Progreso y Democracia, por ejemplo–, los socialistas afrontan la realidad de las divergencias entre el alma catalanista (PSC) y la española (PSOE), agitados por la elocuencia hiriente de Alfonso Guerra, y en CiU el alma nacionalista moderada teme que el partido enfile el camino de secesión sin posibilidad de dar marcha atrás. “La radicalización de CiU puede inquietar a una parte –no mayoritaria, pero sí sustancial– de su electorado”, ha escrito Joan Tapia.

Hannes Swoboda (izquierda) y Martín Schulz, presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo y presidente de la Cámara, respectivamente.

Solo un replanteamiento de las relaciones Catalunya-España que excluya la independencia permite abordar el problema sin poner en duda la continuidad de Catalunya en la UE. Puede que para el sector mayoritario del soberanismo movilizado, que propende a un planteamiento binario del problema –independencia sí-independencia no–, el establecimiento de un nuevo marco de referencia dentro de España sea una alternativa inaceptable. Pero cualquier otra alternativa entraña empezar de cero con la UE, negociar el tratado de adhesión, algo que sería de una gran simplicidad técnica, pero también de una gran dificultad política, y, por último, ir en busca de la unanimidad de los estados, en principio impensable, incluso si, como algunos especialistas defienden, los procesos de separación de España y de negociación con la UE se desarrollaran de forma simultánea.

Lleva razón el profesor Alain G. Gagnon, de la Universidad de Quebec en Montreal, al considerar que “el café para todos ya no puede funcionar, es una injusticia”. La solución federal, dice Gagnon, “si no resuelve el problema, por lo menos sirve para aprender a vivir juntos”. “El problema es –añade– cómo vivir juntos sin desaparecer”. Se refiere a cómo preservar la identidad, pero el resultado federalizante, que no federal, de la Constitución española de 1978, necesitada de reforma, lleva a pensar que el riesgo de desaparición se contrarresta mediante la consagración –ahora insuficiente– de la diversidad y la disponibilidad de recursos suficientes. El federalismo ha sido un modelo cohesionador y diferenciador al mismo tiempo, puesto en práctica en lugares muy distintos y distantes, en estados monolingües y plurilingües, entendido aquí y allá como una fórmula que plantea con frecuencia conflictos funcionales, pero es eficaz y garantiza una praxis política con una gran exigencia democrática.

Entonces ¿a qué obedece la oposición a la reforma constitucional para convertir el modelo federalizante de 1978 en otro nítidamente federal? Quizá la respuesta está en el planteamiento nacionalista flamenco, resumido por Joan Vintró: “Los partidos flamencos se plantean un debilitamiento progresivo del Estado belga”, una alternativa cuya consecuencia final puede ser la independencia, pero que no incorpora un planteamiento independentista a priori. Frente al federalismo cohesionador surge así el fantasma del federalismo disgregador, y de ahí nacen muchos recelos: de la misma manera que la autonomía ha sido una estación intermedia, el federalismo también puede serlo, con este nombre o cualquier otro, piensan los adversarios de reformar la Constitución y alumbrar un nuevo pacto político.

El juego de presunciones de futuro y recelos del presente alimenta la creencia en una parte relevante de la opinión pública catalana de que cualquier planteamiento no independentista es inviable a causa de la cerrazón del Estado. En la lógica soberanista, el pacto fiscal tuvo su momento –muy breve–, pero ha quedado superado por la realidad de las multitudes en movimiento, y toda fórmula intermedia –tercera vía o como se llame– entre seguir como hasta ahora o certificar el divorcio no es más que una componenda que queda muy lejos del futuro deseado. Pero surge entonces la realidad de la UE, de las exigencias de la UE, de las declaraciones de muchos de sus responsables, se serenan los ánimos unos días y luego, vuelta a empezar, salpimentado todo con conflictos de protocolo, azuzados por ambas partes, propios de una comedia de enredo representada en un escenario batido por el viento solano de la crisis económica. Sin esa hecatombe abrasadora que ha entrado en su sexto año sin señales de mejora más allá de los datos macroeconómicos, puede que la tormenta de emociones tuviese efectos menos devastadores y hubiese más espacio para la política entendida como el arte de pactar. Y puede también que la obsesión por decidir y la aversión a debatir, invocadas por Manuel Cruz, sumaran menos adeptos de los que ahora agavillan.