Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.

El juicio entra en campaña

Al cruzarse las consignas de Waterloo en la tramitación del Presupuesto, tumbarlo y llevar sin remisión a las elecciones legislativas del 28 de abril el desarrollo de las sesiones en el Tribunal Supremo alimenta como nunca la política de las emociones, el entusiasmo del neofranquismo –Vox– en la cresta de la ola, la esperanza de la derecha desmelenada –el PP– de volver a pisar la Moncloa a la mayor brevedad y la vocación funámbula de Ciudadanos (pasar la maroma sin red de acuerdo con el modelo ensayado en Andalucía). El tono del manifiesto de la plaza de Colón, el último domingo en Madrid, el de la declaración de Oriol Junqueras ante los jueces y el del presidente Pedro Sánchez al anunciar la cita con las urnas enmarcan el libreto de la representación político- judicial durante más de dos meses. Antes de depositar la papeleta, los electores deberán soportar la acidez extrema de una campaña a cara de perro con abundancia de datos falsos al estilo del antedicho manifiesto, apelaciones a derechos inalienables articuladas por los agitprop del procés y el recordatorio permanente desde el Gobierno de las bondades de un Presupuesto neutralizado por varias derechas y el independentismo exaltado.

Todo ello simultaneado con la proliferación de tertulias en todas partes para analizar qué sucedió y qué no sucedió en Catalunya durante el otoño de 2017, divididas las opiniones entre quienes defienden que todo se hizo pacíficamente en nombre de una idea extrema e indiscutible de democracia y quienes estiman que se desencadenó poco menos que el Armagedón. Lo que lleva forzosamente a la intromisión de la campaña en el juicio mediante la diversificación de las declaraciones de los encausados, técnicas unas, políticas otras, de los acusadores y de los defensores. Se percibió el jueves en las respuestas de Junqueras y de Joaquim Forn y se dejará notar las próximas semanas, conforme avancen a un tiempo el juicio y la campaña, y cuanto se diga en la sala se interprete a la luz de los focos de la elección inminente.

También se personarán en la campaña la división en el PSOE y en el independentismo, que encubrirán los asesores de imagen con los consabidos mítines y discursos para los convencidos, porque el fundamentalismo nacionalista no es patrimonio exclusivo de uno de los bandos y mucho de ello habrá hasta el 28 de abril. Cuando la expresidenta andaluza Susana Díaz reconoció que en su campaña acaso debió hablar más de Catalunya y menos de Andalucía se atuvo a la verdad: los nacionalismos se alimentan mutuamente y así el catalán estimula al español, y este al catalán en igual o mayor medida hasta nadie sabe cuándo.

Que este panorama pueda alterar el pulso de los ciudadanos es harina de otro costal. En cierto sentido, la crisis catalana ha alcanzado un cierto grado de normalización y salvo episodios esporádicos y las apelaciones a los símbolos desde ambos lados de la divisoria, ha adquirido la naturaleza de las dolencias crónicas: hay que vivir con ellas y las pastillas no las curan, pero las hacen llevaderas. Puede haber alguna huelga llamada de país –sea cual sea el significado de tal etiqueta–, pueden llamar la atención algunos mensajes desaforados, puede que el Govern incremente su ineficacia y pasividad funcionales, pero nada sustancialmente diferente sentirá la calle de lo sentido hasta ahora. Este es el destino inevitable de las crisis que, a fuerza de prolongarse, pasan a formar del paisaje sin alterarlo en demasía hasta que por fin alguien se empeña en solucionarlas (lo intenta al menos).

Así ha sucedido durante los ocho meses transcurridos entre la moción de censura y la caída de los Presupuestos: pareció que sí, que era el momento del pacto, pero llegada la hora de la verdad Quim Torra esgrimió los 21 puntos de su programa para la autodeterminación, la tripleta derechista de Andalucía puso el grito en el cielo, el Gobierno presentó unos presupuestos indiscutiblemente atentos a las urgencias de los más vulnerables o desprotegidos, pero volvió la autodeterminación a ocupar el escenario y se acabó lo que se daba después de la concentración de Madrid, suficiente por ruidosa e insuficiente por poco numerosa. Vivido todo sin que la derecha haya pedido excusas por acusar reiteradamente al Gobierno de haber hecho concesiones al soberanismo movilizado, concesiones que el abrupto final de la legislatura ha demostrado que nunca existieron. A no ser que inducir el diálogo sea una peligrosa concesión (parece que no).

Para el independentismo en campaña será por lo menos complicado justificar su opción de llevarse por delante los presupuestos y la continuidad del Gobierno, deberá demostrar que ni en Waterloo ni en su delegación de la plaza de Sant Jaume todo se rige por el principio de cuanto peor, mejor. Como si poner en suerte la continuidad del PSOE en el Gobierno persiguiera quedarse sin interlocutor mediante una victoria de la derecha y el neofranquismo (extrema derecha) y, de esta forma, sembrar en parte de la sociedad catalana una dosis suplementaria de frustración para engordar las filas independentistas. ¿Quién sabe si todo es fruto de este arriesgado cálculo para alimentar el victimismo o resultado de un déficit crónico de realismo? ¿Quién sabe si en algún recodo del camino de Waterloo a Barcelona o viceversa dejó de analizar el independentismo las condiciones objetivas y la correlación de fuerzas? Son dos conceptos fundamentales para decidir si es posible imponerse o es necesario el pacto, algo siempre preferible a empeorar la situación, porque es muy posible que cuanto peor, peor.

 

Acercamientos y recalentamiento del ‘procés’

El último episodio del procés, el de los mensajes difundidos en un chat por jueces de perfil presumiblemente conservador, no hace más que avivar el fuego, enardecer la controversia y dañar la imagen global de unos funcionarios públicos que más parecen adscritos a las pasiones de la política y los políticos que a la tantas veces invocada fría ecuanimidad de quienes tienen por misión aplicar la ley a quienes la infringen. Las informaciones de eldiario.es y elmon.cat confirman, además, la división tajante dentro de la carrera judicial –críticas dirigidas a las organizaciones de orientación progresista: Jueces para la Democracia y Ágora Judicial– entre lo que bien cabe calificar de togas airadas y cuantos manifiestan su preocupación frente a lo que entienden que se trata de una minoría –el chat tiene más de 5.000 usuarios– que expresa “un pensamiento tan ofensivo”.

En pleno calendario recordatorio de los sucesos de hace un año, de aquella sucesión de jornadas alejadas de todas las convenciones políticas conocidas, los mensajes divulgados contribuyen a agrandar las dificultades para sistematizar la crisis y acotar el terreno de juego. Si cada día surgen nuevos factores de inestabilidad o desconcierto que modifican lo hasta entonces sabido, engordan los respectivos memoriales de agravios y enriquecen las arengas de los hiperventilados a ambos lados de la divisoria, mal puede serenarse el debate, la negociación o los acercamientos en curso.

De nada vale apelar a la consabida recomendación de que no debe confundirse la parte –los autores de los mensajes– con el todo –los integrantes de la carrera judicial– cuando toda ocasión es buena para desacreditar al adversario, haya o no motivos suficientes para hacerlo. Resulta por lo demás ingenuo dar pábulo a la creencia de que las opiniones contenidas en los mensajes no recogen el sentir de una parte de la judicatura, defraudada con la suerte corrida por las euroórdenes del magistrado Pablo Llarena y asaeteada por las críticas movilizadoras del independentismo catalán más un conglomerado de voces de diferentes izquierdas.

El desaparecido Butros Butros-Ghali, viejo zorro de la política, sostenía que para iniciar una negociación con futuro hay que dejar a un lado cuanto sucede a partir del momento en que se empieza a hablar, porque toda negociación, decía, tiene siempre enemigos que se oponen a ella. Pero en el procés no se ha llegado a este punto, sino más bien a una terra ignota en la que cada día surge una nueva trampa para osos, un exabrupto ofensivo, una convicción desmadrada o cualquier otro ingrediente que llena de riesgos la exploración para hablar y acordar. Lo mismo vale bloquear una moción en el Congreso para negociar con el Gobierno de acuerdo con la ley –victoria del independentismo fundamentalista– que asegurar la presencia de la Generalitat en la Comisión de Financiación Autonómica –triunfo del nacionalismo posibilista– para alterar los biorritmos: cada parte se frota las manos o se rasga las vestiduras según los casos, el momento, las mayorías y la política de las emociones en la vía pública.

En este terreno abonado a la simplificación de los argumentos, los populismos de nuevo cuño (quizá no tan nuevo) fundamentan su discurso a voces y creen que pueden erosionar de una sola tacada la imagen del Gobierno y la facción más realista del independentismo. Las piezas a cobrar son Pedro Sánchez, con las encuestas de cara, y la voluntad electoral de la España alarmada por el desafío catalán al orden constitucional, y ahí vale todo o poco menos, llenas las tribunas de exaltados que piden la vuelta al 155 y su aplicación sine díe mientras la ANC, Òmniun Cultural, los CDR, la CUP y un variado tutti fruti de siglas reclama la república exprés en medio de un mar de lazos amarillos.

Estos jueces del chat, con su recurso a adjetivos hirientes y consideraciones más propias de los excesos verbales de una sobremesa que del ilustre colectivo al que pertenecen, han rendido un impagable servicio a los exaltados adscritos al cuanto peor mejor. Lo dejado por escrito por estas señorías vale lo mismo para un roto que para un descosido, es tan útil a los que se mudaron a Bélgica hará pronto un año como a los que creen que la defensa de la unidad ha quedado en manos de los jueces, y cualquier alternativa no es más que blandenguería posmoderna. Ahí están las cuatro exigencias hechas por Quim Torra a renglón seguido de la publicación de los mensajes de los jueces y los aplausos de la derecha para confirmar que en este laberinto de pasiones todo el mundo es capaz de sacar tajada de cualquier situación. Y aun así resulta poco realista suponer que el tropiezo puede cercenar los movimientos de aproximación o de tanteo entre Madrid y Barcelona, que existen y tienen en un grito al independentismo sin fisuras y al nacionalismo español.

Por más que Carles Puigdemont pida a los catalanes afectos a su causa que “se planten” –poco antes declaró que la independencia será para dentro de 20 o 30 años– y que el president Torra, auxiliado por la ANC y Òmnium, haya convertido el primer aniversario del 20-S en un alegato contra el sistema judicial (una multitud frente a la Conselleria de Economia), solo una componenda presentable y defendible puede sacar al convoy de la vía muerta en el que quedó aparcado después del choque de trenes. Si no fuera así, carecerían de sentido el bloqueo del Parlament, que sigue cerrado por el desacuerdo entre independentistas, las palabras de Josep Borrell y Meritxell Batet lamentando las prisiones preventivas, tan inconvenientes para lograr que baje el souflé, y tantas declaraciones solemnes que luego no se traducen en nada, pero que alimentan la política del balcón tan diferente siempre a lo que se cuece entre bambalinas.