Vigilias ruidosas

A saber si se ha dado el salto de la política de las emociones a los fundamentalismos obsesivos que nublan el juicio y arrinconan la razón, el caso es que en las vigilias tormentosas de la campaña electoral que se avecina, previsiblemente ruidosa, se han adueñado del puente de mando los fabricantes de frases rotundas, que suministran a  los líderes políticos para que las suelten a diestro y siniestro. Nadie está dispuesto a bajar la pelota a ras de suelo –que alguien la baje gritaba Alfredo Di Stefano cuando el balón circulaba cerca de las nubes– o eso parece antes de que se abran las urnas el día 27 y Catalunya pase por ellas en medio de un clima entre confuso y estrambótico, propenso a los excesos verbales, a la demagogia y a despreciar la realidad. Las voces sensatas son inaudibles a causa del griterío y cuando alguna de ellas trata de abordar el asunto con solvencia académica es inmediatamente sometida al arbitraje destemplado de las redes sociales –a favor y en contra–, canchas ideales para que el ruido sea aún mayor.

De todo esto hay muestras sobradas en los periódicos, las radios, las televisiones, las webs y demás circuitos de la aldea global, y es de temer que el guirigay tendrá un crescendo a la medida del momento a partir de la tarde del día 11, cuando la Meridiana hará las veces de aplausómetro del independentismo o del procés. Si se toma como referencia el ambiente en las postrimerías de agosto, quedan pocas esperanzas de que se serenen los estrategas de campaña, los tribunos, los presuntos agraviados de cada bando y otras categorías de agitadores presentes en la contienda. Pásese revista a lo sucedido en un suspiro:

Jordi Sánchez dice que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y debería negociar su ingreso desde cero, pero enseguida rectifica y matizan, él y su entorno, que no fue bien interpretado, que no quiso decir lo que dijo, aunque lo dijo.

Felipe González publica en El País una carta dirigida al electorado catalán y velozmente sale al quite Josep Antoni Duran Lleida con otra carta en el mismo diario. Cada uno ellos cosecha los parabienes y las críticas esperadas (el proceso no admite sorpresas).

-La Guardia Civil asoma por domicilios de Convergència y aledaños en búsqueda afanosa del 3% y la dirección del partido ve en ello una maniobra política, electoralista, de utilización de las instituciones con fines inconfesables.

-El Gobierno anuncia que tramitará una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que este tenga capacidad sancionadora. El propósito es que la reforma quede aprobada el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, por si es preciso aplicar cirugía de urgencia al proceso o contra el proceso. La oposición se lleva las manos a la cabeza y los victimistas ponen en marcha el victimismo.

Artur Mas comparece en el Parlament para explicar por qué anticipa las elecciones y para dar explicaciones por el 3%, y no encuentra mejor línea de defensa que acusar a otros partidos, no dice cuáles, de haber cobrado de Teyco (se antoja una variable ad hoc de la vieja táctica y tú más).

Salvo una milagrosa rectificación colectiva no prevista en el guion, con estos moldes es de esperar que, ya ahora, los autores de los argumentarios –¡qué palabro!– de todos los partidos, coaliciones y candidaturas hayan puesto manos a la obra para presentarse como vencedores la noche del 27, solos o en compañía de terceros, sea cual sea el resultado. Sobra decir que no todos pueden ganar, menos cuando unos se dan por satisfechos con tener mayoría de escaños, otros exigen que solo la mayoría de votos otorgue la victoria, y aun hay quienes entienden que, salga lo que salga, no quedará otra que negociar una salida airosa en la que imperen la prudencia y la razón. Pero la tentación de cantar victoria será tan poderosa que cuesta imaginar que alguien reconozca haber perdido.

O puede que no. Puede que la multiplicación de declaraciones en la Unión Europea de aquí al 27 sea más efectiva que cualquier otro mecanismo de rectificación imaginable. El significado de las palabras de Angela Merkel en Berlín al final de la visita de Mariano Rajoy no admite dudas: Europa entiende que los estados-nación son los actores políticos de la Unión y todo cambio debe atenerse a la ley. Puede gustar más o menos, ser más o menos justo y aceptable, pero así están las cosas. Colegir de lo dicho por la cancillera que no está en contra “de lo que supone el 27-S” (Neus Munté) es una falta de realismo que bordea la manipulación. Lo dicho por Merkel ni es ambiguo ni confuso, sino un gesto político cuyo significado no da pie a barrocas interpretaciones. Ni puede medirse con el mismo rasero que la alarma expresada por la patronal Foment del Treball ni puede atenderse con la misma actitud con que se acoge el diagnóstico de un jurista tan experimentado y prestigioso como Jean-Claude Piris: “Desde el punto de vista de los dirigentes de muchos estados miembros, como Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, etcétera, nadie va a defender esa posición [la de los promotores del proceso], sería tanto como arriesgarse a abrir la puerta a un posible contagio y provocar problemas políticos internos, por no hablar de los estados que se han negado a reconocer a Kosovo por razones parecidas (Chipre, Grecia, Rumanía, Eslovaquia)”. Y la declaración de Merkel no se puede aquilatar de igual forma que otras porque no es un dictamen técnico, sino un compromiso político público y sin reservas de la gobernante más poderosa de la Unión Europea, que influye en todos los ámbitos de la organización para bien y para mal (pregúntese a los griegos).

Sería tranquilizador que los argumentos de autoridad puestos a disposición del electorado fueran los que se desprenden de solventes trabajos académicos y sería asimismo un tributo a la serenidad que se fuese respetuoso con el significado de las palabras. Pero al prevalecer la propaganda política y la simplificación de conceptos, resulta más eficaz o ilustrativo para el debate en curso una frase de Merkel que el libro de Josep Borrell y Joan Llorach, que induce a reflexionar sobre Las cuentas y los cuentos de la independencia, o El llarg procés, la esclarecedora digresión histórica de Jordi Amat. Cuando unas elecciones autonómicas como las del día 27 mutan en plebiscitarias o Xavier García Albiol, que no es diputado, se presenta en el Congreso de acompañante de Rafael Hernando en el momento de presentar el proyecto de reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional, es que la veda de la mixtificación se ha levantado oficialmente y, en ese trance, entrar en detalles es menos efectivo que la escueta sintaxis de Angela Merkel.

Si alguien creyó alguna vez que un gran Estado de la Unión Europea podía ser desairado por algún otro gran Estado, o frecuenta poco Bruselas o cree con una fe inasequible al desaliento que cuenta con recursos suficientes para superar todos los obstáculos sin sufrir grave daño. Lo primero es un error de escala fácilmente remediable; lo segundo es un caso de autosuficiencia injustificable. Todos los juegos de manos destinados a presentar la continuidad de Catalunya en la Unión Europea como algo remediable y a bajo coste están tan alejados de la realidad como la creencia del Gobierno de que tiene un cheque en blanco para utilizar la Constitución como un arma arrojadiza contra algo que, como señalan las encuestas y se verá en la Meridiana, moviliza a una multitud (el último sondeo del CEO otorga un 42% al independentismo).

Al final, quizá todo se reduce a dos nacionalismos antagónicos, el catalán y el español, que han llegado a la infeliz conclusión de que cuanto más enconamiento más votos –cuánto peor, mejor, en la escuela clásica–, así en el 27-S como en el domingo de diciembre que se celebren las elecciones legislativas españolas. En medio, en tierra de nadie, quedan los estupefactos, los equidistantes, los sorprendidos y los hartos por esa disparatada transformación de la política en un diálogo de sordos, en un entremés o en un sainete, en un tan estéril como aparatoso intercambio de declaraciones a cual más altisonante o desdeñosa con el rival. Diríase que, sin darnos cuenta, hemos pasado del golpe de Estado permanente, que François Mitterrand atribuyó al general Charles de Gaulle, al disparate diario, que nadie se atribuye, pero que asoma por todas partes acompañado de los peores presagios.

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.