Violencia, encubrimiento y populismo

La violencia, el encubrimiento y el populismo se adueñan de la política con suma facilidad. Envuelto todo en una extraña virtud denominada patriotismo, que forma parte de la ideología espontánea y del imaginario colectivo, aunque no se sabe muy bien si detrás de ella se esconde el espíritu limpio de quienes se sacrifican en nombre del interés colectivo o la silueta desdibujada de una herramienta multiusos que lo mismo vale para un roto que para un descosido. “Sería delito actuar con una política de ojos cerrados en nombre del patriotismo”, afirma Iñaki Gabilondo al analizar las explicaciones oficiales relativa a la tragedia de Ceuta. Pero de los relatos emitidos por el Gobierno, el director general de la Guardia Civil, testigos presenciales, la oposición y diferentes medios de comunicación es fácil deducir que los 15 cadáveres devueltos por el mar obligan a mucho más que a salir en defensa del honor patrio.

Así se llega a la situación muy poco honorable de que, puesto que entre la versión del primer responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, media un mundo, es preciso recurrir a las imágenes sin editar –reténgase el matiz– para aclarar cuándo y en qué condiciones agentes de la Guardia Civil recibieron la orden de disparar pelotas de goma cuando unos inmigrantes braceaban frente a la playa de El Tarajal, a metros de la valla que separa el municipio de Ceuta de territorio marroquí. El adelanto de estas cintas que reclama todo el mundo permite deducir que los inmigrantes se hallaban en una situación límite, nadando en las frías aguas de febrero, y cualquier otra consideración, se remita a la ley o a razones de Estado, se antoja una obscenidad. Mucho más cuando un cargo electo como Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, se permite ironías del peor gusto para justificar lo injustificable.

Si el PP no tuviera mayoría absoluta, es muy posible que por lo menos el director general de la Guardia Civil hubiese dimitido hace días. Como disfruta de mayoría, las imágenes hablarán y luego… seguramente cada partido se reafirmará en sus puntos de vista, desmintiendo el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque fiarlo todo a las imágenes, a las grabaciones sin editar, entraña riesgos ciertos como es muy sabido desde que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, hubo de entregar sus famosas cintas después de intentar una larga cambiada –zanjar el asunto con una transcripción resumida de las mismas– en respuesta a los requerimientos de quienes investigaron el caso Watergate. En realidad, las explicaciones dadas por Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, suenan a transcripción resumida; las de Fernández Díaz parecen una aproximación más precisa a la verdad, pero las grabaciones sin editar cabe presumir que son más de fiar.

¿Por qué tienen un valor superior? Porque en la ceremonia de la confusión oficiada por el Gobierno se ha pretendido defender el honor de la Guardia Civil, cuando lo que en verdad se ha perseguido es encubrir la responsabilidad política de quienes impartieron las órdenes. En un gesto típico de muchos gobiernos, el equipo de Mariano Rajoy ha desviado la sustancia de las críticas: van dirigidas a él, pero las presenta como una impugnación de la Guardia Civil. Por cierto, sin que Rajoy haya ocupado ni medio minuto en dar las explicaciones que se supone debe cuando 15 seres humanos han perdido la vida en circunstancias más que opacas. De forma que todo queda pendiente de lo que digan las imágenes correspondientes al 6 de febrero en la playa de El Tarajal.

También forma parte de la ceremonia de la confusión desacreditar los comentarios de la comisaria de Asuntos de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, so pretexto de que Bruselas no hace todo lo que debiera para controlar la frontera sur de Europa. Lo que no dicen cuantos arremeten contra Malmström es que la despreocupación de la UE tiene más que ver con la interferencia de los gobiernos –no los de España e Italia, claro, que son los directamente afectados por los problemas de la emigración– que con la falta de compromiso de la Comisión de la que la comisaria forma parte. No hay duda de que el coste material y político de la frontera sur de la UE debe ser un asunto que deben abordar y financiar los estados miembros a través del presupuesto comunitario, y no lo hacen o lo hacen solo de forma insuficiente, pero de eso a utilizar este argumento para encubrir el esclarecimiento de responsabilidades en El Tarajal media también un mundo. Dicho de otra forma: es obligación de la UE pedir explicaciones, aunque esto incomode al Gobierno.

El comportamiento de los agentes en la playa ceutí puede resumirse como un recurso a la violencia inapropiado e innecesario. “La actuación de la Guardia Civil es imposible de defender”, escribe en su blog el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero esa imposibilidad manifiesta es el resultado de órdenes concretas dadas por personas concretas. Ahí no tienen cabida ni el patriotismo ni los excesos verbales de alguien como el senador socialista Marcelino Iglesias, que se refirió a “personas que murieron tiroteadas en el mar”. La explotación política de los dramas humanos es siempre repulsiva, excede las obligaciones de cualquier oposición de controlar al Gobierno y, lo que es peor, debilita a quienes trabajan para que se esclarezca lo sucedido sin dar tres cuartos al pregonero antes de disponer de todos los datos.

Los datos precisos para realizar un diagnóstico definitivo incluye analizar la gestión que Marruecos hace de los flujos migratorios. En septiembre del año pasado, el rey Mohamed VI encargó al Gobierno de Abdelilá Benkirán la elaboración de un programa político global para hacer frente a la inmigración procedente de los países subsaharianos, que se ha cuadruplicado, según palacio. En teoría, la Administración marroquí colabora en el control de fronteras, pero la concentración de ciudadanos de diferentes países en el monte Gurugú, la reiteración de los asaltos a la valla de Melilla y la tensión en la periferia de Ceuta obligan a formular esta pregunta: ¿el compromiso marroquí es sin reservas o el grifo migratorio se abre y se cierra según conviene a cada momento y situación? E incluso resulta obligado dudar de la eficacia marroquí en el control y represión de las mafias que trafican con seres humanos que no tienen nada que perder y cuyo único objetivo es llegar a Europa.

Despejar estas incógnitas atañe tanto a la política exterior española como a la comunitaria, pero, es preciso repetirlo, las carencias o la despreocupación de la UE no pueden encubrir cuanto de inapropiado se ha hecho. Insistir en ello es algo más que un mayúsculo error político. Un enfoque simplemente decoroso del drama de El Tarajal debería llevar al Gobierno a dilucidar responsabilidades antes de que los vídeos aclaren lo sucedido, si es que lo hacen. Sin envolverse en la bandera mediante una verborrea que, por repetida hasta la saciedad durante los últimos días, resulta aún más sospechosa por su semejanza con un descarnado discurso populista.