Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

Erdogan corta la línea

Las elecciones municipales que se celebran este domingo en Turquía tienen mucho de ceremonia de paso, de prueba de fuego para el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, cabeza visible de un experimento de islamismo moderado que emite señales de fatiga o de miedo al futuro. Si las manifestaciones en la plaza Taksim de Estambul, en junio del año pasado, alarmaron a muchos de cuantos hasta entonces creyeron que el modelo turco podía ser una referencia para todo el orbe musulmán, la decisión del primer ministro de bloquear Twitter, mentidero rugiente de los casos de corrupción en los que está directamente implicada la familia Erdogan, y Youtube ha dejado al descubierto la propensión del régimen a ejercer un autoritarismo destemplado. Si en junio Erdogan colgó a las redes sociales la etiqueta de “amenazas para la sociedad”, ahora es él quien se comporta como una amenaza cierta para unas herramientas consideradas el paradigma de la libertad de expresión en la aldea global. Con el añadido de que un tribunal declaró el miércoles ilegal el bloqueo de Twitter, ha apremiado al Gobierno para que lo levante y se ha reproducido la vieja trifulca entre los jueces, adscritos a la tradición laica, y el ideario islamista.

El escritor Mustafá Akyol teme que Erdogan aguarde a que acabe el escrutinio de las municipales para desencadenar una purga contra sus oponentes de características mccarthystas a partir de un leitmotiv que resume así: “La guerra contra el Estado paralelo –aquellas personas e instituciones que no le apoyan– es en el presente la segunda guerra de liberación de Turquía”. El temor de Akyol tiene que ver con la “arrogancia extrema” de Erdogan, mencionada por otro escritor, Orhan Pamuk, nobel de Literatura y genuino representante de la tradición y el pensamiento laico en la Turquía que se siente heredera y depositaria del legado de Mustafá Kemal Ataturk.

Fethullah Gülen se ha convertido en el gran adversario exterior de Recep Tayyip Erdogan.

Solo esa arrogancia irreflexiva exhibida por una estructura de poder amenazada explica la absurda pretensión del primer ministro de poner puertas al campo, que otra cosa no es su decisión de bloquear Twitter y Youtube y, quizá en el futuro, de hacer lo propio con Facebook. Cualquier usuario de internet mínimamente informado sabe que las barreras anunciadas son extraordinariamente vulnerables –en las calles de las principales ciudades turcas hay carteles en los que se explica cómo evitar el bloqueo–, salvo que el Gobierno decida encarar una operación a gran escala para aislar por completo la red de telecomunicaciones del país. En cualquier caso, y sin haber llegado aún a tal extremo, lo que ha hecho Erdogan es dejar al descubierto su escaso compromiso con la preservación de los valores democráticos –incluidos la libertad de expresión y el libre examen–, cuyo menoscabo sitúa en la senda de la sospecha al gobernante que los vulnera.

El pretexto al que ha recurrido el primer ministro turco responde al más elemental de los manuales seguidos desde siempre por los autócratas cuando deben afrontar una crisis que les afecta personal y directamente, como el rosario de episodios de corrupción, bastante bien documentados por la prensa internacional, que sitian a Erdogan. Se trata de una conspiración contra él, sostiene el interesado, contra su Gobierno, su partido y su familia; hay detrás de todo un adversario político exterior –Fethullah Gülen–, que mueve los hilos desde el exilio voluntario en Estados Unidos; los añorantes del pasado –de la república laica–, añade, quieren aprovechar la ocasión para lograr desbancarle con malas artes después de no haberlo conseguido en las urnas. La simplificación del caso es tan rudimentaria que, incluso si hay algo de verdad en cuanto denuncia Erdogan, prevalece la impresión de que el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) ha preferido la huida hacia adelante al realismo para sanear el Gobierno y su entorno. Algo de verdad hay en la porfía permanente desde las sombras de una oposición condenada a una larga travesía del desierto, algo de verdad hay también en los movimientos sigilosos de Gülen para disputar a Erdogan el liderazgo del islamismo político mediante la movilización de los afectos al hizmet (actividad altruista para el bien común), pero al presentarse todo como una batalla decisiva en la que solo el AKP es capaz de hacerse eco de las necesidades de la nación, el experimento islamista se acerca peligrosamente a un populismo vociferante con rasgos totalitarios que, por lo demás, no tiene mayor interés en esclarecer quiénes son los corruptos y qué dimensiones tiene la trama corrupta puesta al descubierto.

Cuantos en algún momento han vislumbrado en el papel futuro del islamismo político algo remotamente parecido a la función desempeñada por la democracia cristiana en Europa después de la segunda guerra mundial, sienten hoy que el modelo turco emite señales preocupantes. Y, al hacerlo, ratifica en sus convicciones a quienes estiman que entre la tradición islámica y el Estado moderno se alza la barrera invisible del integrismo, que interfiere en la vida privada de los individuos e imposibilita la neutralidad del Estado en materia religiosa, moral, jurídica, de ordenamiento del espacio público. Se trata seguramente de una conclusión precipitada, sesgada incluso, porque abundan los intelectuales musulmanes que la desmienten todos los días en la teoría y en la práctica, pero cuando la vía pública se enciende con la protesta y el Estado responde con la represión o con el bloqueo de las redes sociales, todos los relatos de la situación tienen cabida, también aquellos no exentos de prejuicios y tópicos alimentados desde antiguo por la escuela orientalista.

El escritor Orhan Pamuk atribuye a Recep Tayyip Erdogan una “arrogancia extrema” en su forma de gobernar.

Salvo que las autoridades turcas corrijan el tiro o que las elecciones municipales castiguen al AKP, crezca el descontento en segmentos importantes de la población y se haga inevitable un adelanto de las legislativas, Turquía corre el riesgo de perder una gran ocasión para asumir el papel de potencia hegemónica en el Mediterráneo oriental por ausencia de contrincantes. Con Egipto construyendo un régimen autoritario bajo custodia militar y con el erario exhausto, el único Estado de la zona con peso demográfico, económico y estratégico es Turquía, pero para ser una potencia regional, y no solo un socio de la OTAN en la región, precisa tener estabilidad política, normalidad institucional y fiabilidad exterior. Hoy no reúne ninguna de estas tres condiciones a pesar de su dinamismo económico y de la presión de la bolsa de Estambul para que más temprano que tarde se suavice la relación con Israel: no es posible la estabilidad con la oposición en ascuas; no es posible la normalidad institucional cuando el presidente del país, Abdullah Gül, disiente de las medidas adoptadas por Erdogan para silenciar los altavoces que procura la red, y no hay forma de proyectar una imagen fiable sin estabilidad y sin normalidad institucional.

Aun en el caso de que se cumpla la previsión del profesor Zeynep Tufekci –la victoria del AKP en las municipales–, no se corregirá el debilitamiento de la influencia de Turquía entre sus vecinos. Cuenta Tufekci que, paradoja de las paradojas, la misma clase media que hace un año pidió a sus hijos que le enseñara a utilizar Twitter para dar a conocer la protesta en la plaza Taksim, y que hoy se indigna con el bloqueo, puede decantarse una vez más por los candidatos del AKP en el último momento, un poco porque Erdogan ganó fama de buen gestor cuando fue alcalde de Estambul y otro poco a causa de la dispersión de mensajes de la oposición laica. Pero un gesto in extremis de tales características no es suficiente para contrarrestar el desgaste sufrido por el Gobierno turco ante la opinión pública internacional, incluidas la Unión Europea y Estados Unidos.

La misma pregunta que el 6 de julio del año pasado formulaba Murat Yetkin en las páginas del diario estambulí Hurriyet, de centro izquierda, a raíz del golpe de Estado que depuso en Egipto al presidente Mohamed Mursi, es extrapolable a la situación de hoy en Turquía: “¿Nos hallamos ante el final del islamismo moderado?” Después de la intervención de los generales en Egipto y del atrincheramiento de Erdogan, ¿hay que concluir que solo el islamismo político bajo vigilancia, caso de Marruecos, se atiene al compromiso de modernizar el Estado y renuncia a poner en marcha una islamización a destajo? Puede que las respuestas tajantes no tengan sentido y sí, en cambio, aquellas que se remiten a un dato determinante: es demasiado pronto para sacar conclusiones acerca de la capacidad del islamismo político de gobernar sin alarmar en Turquía y en otros lugares.    

Turquía y Egipto se atascan, Irán avanza

Turquía, Egipto e Irán ocupan los puestos 53, 114 y 144 en el Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente publica Transparencia Internacional desde 1995. Los tres países compiten por subrayar su condición de potencias regionales en un área que se desangra en Siria y que cobija el conflicto palestino-israelí, que se remonta a 1947. Hasta la fecha se prestó poca atención a estos datos inquietantes, pero desde el pasado verano se han sucedido los cambios en los biorritmos de los tres estados, y hoy, al empezar el 2014, se dan una serie de circunstancias nuevas que parten de una paradoja: el menos transparente de los actores en pugna, Irán, es el que más deprisa mejora su estatus internacional mediante la negociación de su programa nuclear, mientras que el teóricamente más asentado en las convenciones internacionales, Turquía, parece haber perdido algo más que el rumbo a causa de una epidemia de casos de corrupción que llegan hasta la sala de estar del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

En medio se encuentra Egipto, sometido a la corrección castrense de su primavera desde que la plaza Tahrir aplaudió el 3 julio que los generales se hicieran cargo de la situación. La resurrección del mubarakismo sin Hosni Mubarak, posible como en el pasado por la contribución a la causa de una parte de los políticos civiles, no deja de ser otra paradoja, una más, porque fue el laicismo sin uniforme el que puso el grito en el cielo a causa del programa emprendido por el islamista Mohamed Mursi, y es hoy el que teme que todo vuelva a su estado primigenio, con la política en los cuarteles. Es decir, con la política reducida a un instrumento de corrupción a gran escala que, desde hace décadas, ha hecho de los centuriones los grandes gestores de la economía y de la relación de Egipto con Israel, sin que los partidos puedan dar su opinión.

El caso es que la estabilidad de la región depende entre otros factores de que el triángulo turco-egipcio-iraní responda a un sistema equilibrado de relaciones. El profesor Fadi Hakura, del think tank independiente británico Chatham House, afirma: “A pesar de que crecen los desafíos para la posición regional de Turquía, el hecho de ser miembro de la OTAN y su situación geoestratégica le aseguran no ser ignorada en Oriente Próximo”. La frase es aplicable a Egipto e Irán, con sus propios desafíos regionales  y con los riesgos inherentes a entramados institucionales en los que pesan tanto o más las relaciones personales que las leyes.

Lo que sucede en Egipto de forma singularmente relevante es que, además, forma parte de la lucha sectaria entre el mundo suní, que se atiene a los designios de los petrodólares saudís, y el mundo chií, agrupado detrás del programa nuclear iraní. Las finanzas públicas egipcias se encuentran técnicamente en quiebra y han sido los petrodólares los que han evitado que, a la caída de Mursi, siguiera la ruina del Estado. El precio para evitarlo ha sido sumarse a lo que el especialista Fanar Haddad reputa guerra sectaria, a la que se han acogido las monarquías del Golfo “como parte de un esfuerzo de propaganda para salvar sus tronos”. Salvarlos, se entiende, de la capacidad de impregnación de las primaveras árabes, que obligaron al petroislam a ponerse en guardia.

Esa disputa confesional, muy presente en la agenda política iraquí, no debiera ser trascendente en Turquía, ajena al conflicto. Pero allí han llegado a las primeras páginas de los periódicos las miserias de un poder venal, entregado a la corrupción, y la incapacidad del primer ministro de escuchar a sus adversarios políticos en el Parlamento y en la calle. Si el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco) dejó jirones de su prestigio en las jornadas de junio en la plaza Taksim, y si la actitud de Erdogan dio pie a abrigar toda clase de reservas acerca de su compromiso con los usos democráticos, hoy no hay duda sobre la incapacidad del poder para aceptar que hace falta sanear los cimientos del edificio. Mientras la lira turca se hunde en la bolsa de Estambul –su cotización ha caído más de un 20% en once meses–, Erdogan habla de una “conspiración internacional para hundir a su Gobierno”, pero el análisis del Financial Times resulta bastante más convincente: los inversores extranjeros están preocupados porque el Gobierno “ha tratado de aumentar el control sobre las autoridades judiciales” para detener la investigación por corrupción y temen por la seguridad jurídica de sus negocios.

Las incógnitas planteadas en junio por el islamismo moderado turco se han agrandado. El presunto espejo en el que deben mirarse otras experiencias similares, presentes o futuras, devuelve la imagen elocuente de una estructura de poder sin capacidad de regeneración, encerrada en sus propias convicciones y condicionada por una red de intereses opacos. Que sus competidores regionales exhiban una opacidad aún mayor, fruto de economías fuera de todo control independiente, no es ningún consuelo para cuantos pensaban que de los equilibrios turcos entre religión y Estado podía surgir una tercera vía con capacidad de transformarse en un poder arbitral, no árabe y no contaminado por las debilidades estructurales del mundo árabe y del litigio histórico entre sunís y chiís en el golfo Pérsico.

En sentido contrario, la teocracia iraní hace tiempo que dejó de ser una referencia o fuente de inspiración. Occidente dio por amortizado hace tiempo el fundamentalismo religioso de los ayatolás y, después de la desorientación inicial y la política de sanciones desencadenada por el programa nuclear promovido por los clérigos, ha dado con un interlocutor –el presidente Hasán Rohani– dispuesto a sacar el máximo partido de la situación. Dicho de otra forma: los acuerdos del 24 de noviembre relativos al programa nuclear iraní y la aplicación concreta de los mismos, pactada por Irán con el G5+1 al acabar el 2013, no entrañan ninguna transformación del régimen, sino la incorporación de este a la comunidad internacional sin levantar sospechas o, al menos, sin alarmar como lo hizo hasta fecha reciente. A eso se le puede llarmar política de supervivencia. Nadie piensa que Rohani, salido de las filas del sistema, es un reformista empeñado en cambiar la textura de la república islámica, sino que más bien se ve en él al posibilista dispuesto a mejorar la economía de su país –aumento de las exportaciones del petróleo– y a desempeñar el papel de actor regional necesario tanto en Líbano como en Siria, por más que Israel ve las cosas de forma muy diferente.

Así es como Irán ha transferido a Turquía y Egipto, a pesar del apoyo de Estados Unidos a los generales, el papel de potencias regionales inciertas. No es que se hayan desvanecido por ensalmo las incertidumbres que acompañan la praxis política de los ayatolás, es que estos han aceptado las reglas del juego para tener acceso a los 100.000 millones de dólares en cuentas iranís congeladas en bancos extranjeros y para reactivar los ingresos del petróleo, que hoy son solo la mitad de los posibles a causa de las sanciones impuestas por la comunidad internacional, según cálculos bastante certeros hechos por el diario conservador británico The Times. Los líderes iranís han aceptado la tozuda realidad: solo sometiendo su programa nuclear a tutela internacional podrán recuperar la cartera de clientes perdida durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad, que tanto ha dañado el desarrollo de la economía iraní y, quizá, el apego de una parte de la sociedad urbana a los dictados del líder espiritual Alí Jamenei.

¿Qué reglas del juego están dispuestos a aceptar Erdogan en Turquía y el general Abdul Fatá al Sisi en Egipto para recuperar la confianza internacional en sus peripecias personales. No es suficiente que las encuestas otorguen al primer ministro turco una intención de voto por encima del 45% ni que un coro de civiles sometidos al bastón de mando de Al Sisi anuncie la buena nueva del restablecimiento de la democracia al día siguiente del referendo constitucional del 14 y 15 de enero. Porque en ambos casos prevalece y prevalecerá la sensación de inestabilidad, de divorcio entre las plazas que reivindicaron la modernización y la neutralidad del Estado y los despachos, donde se desarrolla una estrategia destinada a asegurar la permanencia en el poder de quienes ahora lo tienen, cueste lo que cueste.

La ‘primavera’ egipcia viste uniforme

Si alguien puso alguna vez en duda que es el Ejército el que dicta las normas en Egipto, con primavera o sin ella, los acontecimientos que se desarrollaron entre la tarde del lunes y la del miércoles deben haber convencido a los más incrédulos. El Ejército es la columna vertebral del Estado, la única institución con una capacidad ilimitada de intervención política, prestigiada a través de la herencia de Gamal Abdel Naser, del apoyo por omisión prestado a la caída de Honsi Mubarak y del apoyo activo ahora a cuantos reclamaban la liquidación de la presidencia de Mohamed Mursi. La capacidad de los generales de ajustarse a situaciones cambiantes y extremadamente volátiles, de mostrar su mejor rostro en los peores momentos, de aparecer ante la opinión pública como los hermeneutas cabales de las reivindicaciones populares, los colocan por encima de las contingencias de la lucha partidista y de la crisis social.

El editorial de The New York Times de dos días antes del golpe de Estado era concluyente: “(Mursi) utilizó las elecciones para monopolizar el poder, denigrar a los adversarios y solidificar los vínculos con la línea dura islamista”. Incluso admitiendo que puede haber una sobrecarga emocional en ese juicio, lo cierto es que no solo en Occidente, sino en las filas de la oposición laica arraigó la idea de que las tres victorias electorales de los Hermanos Musulmanes, las legislativas, las presidenciales y el referendo constitucional, habían sido el punto de apoyo de la palanca manejada por el presidente Mursi para desnaturalizar los objetivos y anhelos de la movilización que acabó con la autocracia de Mubarak. Un medio tan comedido como Al Ahram, el diario árabe de mayor difusión, se sumó a la tesis de los excesos del poder y alimentó las pasiones desatadas.

Al Sisi

El ministro de Defensa, Abdul Fatá al Sisi (centro) anuncia la noche del miércoles la destitución del presidente Mohamed Mursi. El primero por la izquierda es Mohamed el Baradei, líder de la oposición laica, y el segundo por la izquierda es Mahmud Badr, líder del movimiento Tamarrud. El segundo por la derecha es el papa copto Tawadros II, y el tercero por la derecha es el gran jeque de Al Azhar, Ahmed el Tayeb.

Pero lo cierto es que Mursi llegó a la presidencia del país en unas elecciones limpias y ha caído a causa de un golpe de Estado que viola las reglas de la democracia. Al salir de los cuarteles y asumir el papel de garantes de las reclamaciones de la calle, los militares han actuado como una institución por encima de la ley, del control civil de sus actos, de la soberanía popular y de la confrontación política entre iguales. Han acudido a la tradición para rescatar la figura del príncipe justo que se atiene a la ideología espontánea de la comunidad, interpreta sus deseos y se pone a su servicio, aunque cuando se trata de una institución que gestiona no menos del 40% de la economía del país, más parece que lo que realmente hace es poner sus intereses a buen recaudo. En cuanto a su compromiso democrático, hacen innecesario todo comentario la detención de los líderes más destacados de los Hermanos Musulmanes y del Partido Libertad y Justicia, brazo político de la Hermandad, las órdenes de arresto y el cierre de canales de televisión, además del confinamiento de Mursi en dependencias oficiales.

Dicho de forma muy resumida: el Egipto descontento que se hartó de la incapacidad de la cofradía para ofrecer resultados y, en cambio, abundó en un sectarismo destemplado, se ha echado en brazos del Ejército sin mayores garantías de que los uniformados respeten el pluralismo, la división de poderes y la libertad de prensa, acepten unas elecciones sin excluir ninguna sigla y, por último, vuelvan a los cuarteles y aparquen los tanques. En la mitología nacional de ese Egipto movilizado ha pesado más la tradición militarista que el recuerdo de la degradación sufrida por el Estado bajo la autocracia de Mubarak; el nacionalismo con galones naserista ha conquistado la calle más que otras consideraciones. Y en esa operación llena de riesgos se han subido al carro del disgusto popular personajes como Mohamed el Baradei y Amr Musa que, en otras circunstancias, hubiesen tenido poco que decir y si ahora se les escucha es porque el frente laico ha sido incapaz de consolidar nuevas figuras políticas a través de la unidad de acción.

A decir verdad, la unidad de acción del bloque opositor que se enfrentó a Mursi es poco menos que una entelequia. El tótum revolútum de laicos, liberales, naseristas, paniaguados de la dictadura de Mubarak, jerarcas coptos y clérigos de la mezquita de Al Azhar lo es todo menos el caldo de cultivo adecuado para construir un frente civil razonablemente sólido frente a los uniformados, acostumbrados a redactar el orden del día sin consultar a nadie. Antes bien, ese mosaico con piezas de todos los tamaños y colores tiene todas las trazas de acoger discursos incompatibles, más adecuados para alimentar la fractura social que para promover la unidad de acción. Una fractura social condenada a agravar los efectos de otra, delimitada después del golpe de Estado, que enfrenta a los partidarios de la Hermandad con quienes depusieron al presidente Mursi.

Egipto. DatosEn la concreción del combinado ideológico que ha aceptado que el Ejército marque el paso, la debilidad está garantizada, que es tanto como decir que la iniciativa de los militares también lo está. Se trata de un mal presagio para encarar las jornadas que se avecinan y para hacer frente a una reforma de la economía que ha de tener un indudable coste político. Es un punto de partida desconcertantemente insuficiente para cohesionar el próximo Gobierno y fijar un programa de mínimos en el que deben figurar la crisis de subsistencias, la degradación de los servicios y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un préstamo de 4.800 millones de dólares que evite la quiebra del Estado y la suspensión de pagos. Es decir, es de temer que se ponga de relieve la inconsistencia de la oposición a Mursi y el generalato se presente como aún más imprescindible para encauzar el futuro en cuanto se pase del aplauso a los blindados y los fuegos artificiales en la plaza de Tahrir a la gestión del día a día.

¿O es que cuantos se sentaron a ambos lados de la tribuna desde la que el general Abdul Fatá al Sisi anunció la consumación del golpe están dispuestos a sufrir el desgaste de las condiciones que impondrá el FMI para poner un parche a la economía? ¿Acaso alguien cree que es posible lograr un préstamo sin recortar drásticamente las subvenciones de algunos artículos de primera necesidad? ¿Puede pensarse que los reunidos por Al Sisi están dispuestos a pedir a los militares que renuncien a una parte sustancial de los sectores de la economía que gestionan para aliviar las estrecheces de una población golpeada por un rápido proceso de empobrecimiento? ¿Cabe pensar que el presidente Adli Mansur, nombrado por los generales, se sumará a una estrategia siquiera sea de deliberación que ponga en duda los intereses de estos?

Se cumple así en todos sus extremos el vaticinio contenido en el informe entregado al Congreso de Estados Unidos por el analista Jeremy M. Sharp el 6 diciembre del 2012: “Si no alcanzan un compromiso las facciones políticas enfrentadas, la legitimidad de la transición de Egipto se pondrá permanentemente en cuestión, creando una atmósfera de inestabilidad para un futuro imprevisible”. Lo confirma el relato del fracaso histórico de los islamistas publicado en Le Monde por Benjamin Barthe, tan cierto como el horizonte de incertidumbres que sigue al fracaso a causa de la dispersión de mensajes en bandos irreconciliables, a imagen y semejanza de lo pronosticado por Sharp. Porque se trata de bloques políticos con muy poca cintura y aún menos experiencia, enzarzados en una pelea, mientras el Ejército ha pasado de tutelar la transición a dirigirla. “Después de la primavera árabe y el invierno islamista, ¿es el turno del verano pretoriano?”, se pregunta Christophe Ayad.

Sea cual sea la nueva estación, el hecho de que el primer presidente civil de Egipto haya durado un año en el cargo induce a pensar que aguardan al país días de climatología rigurosa que repercutirán en otras latitudes del paisaje árabe, en el engarce de intereses en Oriente Próximo y, de forma general, en la comunidad árabe-musulmana. Algo se ha roto entre las concentraciones de la plaza de Taksim, en Istambul, y la caída de Mursi en Egipto. En el primer caso, porque se desvanecieron muchas de las esperanzas depositadas en la experiencia posibilista del islamismo político en Turquía, un país musulmán, pero no árabe, en cuanto Recep Tayyip Erdogan recurrió a la mano dura y liquidó su imagen de islamista contenido, digno de ser referencia para otros. En el segundo caso, porque Egipto es el Estado árabe más influyente, el más poblado, el de mayor proyección exterior, que es depositario de un legado histórico y cultural inigualable… y es limítrofe con Israel, con quien suscribió un tratado de paz.

Algo se ha roto en las primaveras árabes al pasar en un mínimo de tiempo de las reivindicaciones poco menos que revolucionarias del movimiento Tamarrud en la plaza Tahrir al desfile de los centuriones ante una multitud que los aclamaba. Y la tibieza de la comunidad internacional ante lo sucedido, con  Estados Unidos y la Unión Europea en primer lugar, no hace más que confirmar que prefiere una democracia restringida, sometida a vigilancia, antes que una transición larga, con momentos complicados, avances y retrocesos, crisis y vacilaciones. Otra cosa es que eso sea posible dos años y medio después de la caída de Mubarak y de la desinhibición de la calle árabe.

Hartazgo por el autoritarismo de Erdogan

La concentración de la plaza Taksim de Estambul pone a prueba la ductilidad del primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, y, por extensión, del islamismo moderado, que lleva más de una década en el poder. La propagación de la protesta a las grandes ciudades de Turquía, la escenografía, semejante a la de los días del gran cambio en las primaveras árabes, y el choque entre una sociedad descontenta y un poder omnipresente inducen a sacar conclusiones precipitadas sobre la naturaleza de un movimiento acéfalo y genuinamente diferente al que se alzó contra los autócratas en Túnez, Egipto, Libia, Yemen y otros paisajes de la geografía árabe. Entre las diferencias, no es un dato menor que Erdogan cuenta sus comparecencias en las urnas por victorias y el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas turcas) se ha convertido en referencia ineludible del islam político, dispuesto a acatar las reglas básicas de la democracia.

Mustafá Kemal

Mustafá Kemal Ataturk (1881-1938), padre de la Turquía moderna.

Desde la liquidación de la monarquía, la sociedad turca se debate entre la tradición y la república laica, entre la ideología espontánea heredada del sultanato y la secularización promovida por Mustafá Kemal Ataturk y custodiada hasta anteayer por el Ejército, entre la división de poderes y la intromisión de la religión en la política. A horcajadas entre Europa y Asia, la sociedad urbana se ha adaptado al cambio, pero el mundo rural ha mantenido los preceptos islámicos como el factor determinante de la vida cotidiana. Así se ha mantenido la controversia entre el Estado secular y la unidad entre política y religión, consustancial al orbe musulmán. Con el añadido de que Erdogan encabeza un experimento en el que han de tener cabida forzosamente los partidarios del Estado laico, salvo riesgo manifiesto de que se consume una fractura social.

A partir de ahí, de esa dualidad llena de complejidades, poco importa cuál es el pretexto para la protesta y cuáles son las razones esgrimidas por el poder para recurrir a los gases lacrimógenos. Como ha escrito el periodista Mahir Zeymalov en Today’s Zaman, diario turco editado en inglés, “Erdogan comprende que unos cuantos árboles no pueden ser el motivo que hay detrás de la escalada de protestas”, pero, al mismo tiempo, se resiste a aceptar que su forma de entender el poder sea la causa primera de cuanto sucede. El atropello de talar unos cuantos árboles en el parque de Gezi para construir un centro comercial da para desencadenar una repulsa ciudadana con objetivos limitados, pero no para encender un país y movilizar a medios de comunicación de todo el mundo. En cambio, el hartazgo por el autoritarismo de Erdogan sí da sentido a la ocupación de la plaza Taksim.

Turquía. EconomíaMientras una parte importante del AKP y el propio presidente del país, Abdullah Gül, parecen entender que el reformismo islamista descansa sobre un pacto entre sectores sociales que hoy debe renovarse, Erdogan da la impresión de haberse despegado de la realidad y no acepta que las contradicciones propias de una comunidad joven y dinámica incorporan indefectiblemente tensiones sociales. En el caso turco, se traducen en la distancia entre el colchón de votantes que mantienen a Erdogan en el poder, procedentes en gran medida del campo, de las ciudades medianas y pequeñas y del interior de Anatolia, y los actores del milagro económico turco, instalados en las grandes ciudades y deseosos de adoptar los comportamientos de un capitalismo desarrollado. Esa dualidad tiene una significativa traducción en cifras: el 45% de la población activa trabaja en el sector primario, pero produce el 30% de la riqueza del país; el 55% restante está empleada en la industria y los servicios y produce el 70% de la renta nacional, garantiza el grueso de los ingresos en divisas y es el imán que atrae la inversión exterior.

Cuando Zeymalov titula su artículo El final de la ‘primavera’ turca, transmite a la opinión pública un doble mensaje: que ha dejado de ser posible el reformismo islamista sin tensiones y que Erdogan ha revelado su verdadera naturaleza política. Ambas posibilidades parecen verosímiles y algunas voces autorizadas entienden que, salvo rectificación del Gobierno, el riesgo es que se enquiste el descontento social. Al menos, eso se desprende de la preocupación expresada por personajes como Fethullah Gülen, un intelectual y erudito musulmán que la revista estadounidense Foreign Policy incluye en la lista de los cien pensadores más influyentes a escala mundial. “Compartimos la culpa” por los disturbios, ha declarado Gülen, que ve más peligro en subestimar la protesta que en escuchar a los concentrados.

“Esa actitud insensible refleja claramente la inclinación del Gobierno hacia el autoritarismo”, manifiesta el novel de literatura Orhan Pamuk, defensor del Estado neutral y el Gobierno laico, en un artículo publicado en el diario turco Milliyet, de centroizquierda, y en la revista estadounidense The New Yorker, de orientación liberal. Justamente, para tranquilizar a cuantos comparten la opinión de Pamuk, el viceprimer ministro Huseyn Celik ha querido construir aprisa y corriendo una imagen de comprensión hacia los manifestantes, pero en las capas profundas de la protesta prevalece la idea de que no es posible regresar a casa sin que el Gobierno se comprometa a parar la máquina de la islamización. La tendencia del AKP a ocupar todo el espacio político admite pocas dudas, el Gobierno encaja cada día peor las críticas –hay 70 periodistas en la cárcel, ominoso récord mundial– y la ocupación por la religión del espacio público es un hecho. En resumen, la sociedad laica cree que todas las alarmas están justificadas.

Taksim

Ceyda Sungur (de rojo), que recibe una descarga de gas lacrimógeno en la plaza Taksim, se ha convertido en símbolo de la protesta.

¿Cómo se ha fraguado esa situación? La causa más transversal es la presión de Erdogan sobre la herencia laica, pero hay otros dos factores que han llevado al primer ministro a radicalizarse: la convicción de que el ingreso en la UE ha dejado de ser un objetivo prioritario y la voluntad de asentar a Turquía como potencia regional, aprovechando que Egipto transita por la inestabilidad política y la crisis económica subsiguientes a su primavera. Para Occidente, los riesgos son menores porque Turquía es socio de la OTAN y el Gobierno de Erdogan no pone en duda el significado y los compromisos que entraña pertenecer a la organización, todo lo cual permite a Erdogan mostrar su verdadero código genético, mientras que hasta hace muy poco estaba obligado a proyectar una imagen menos rígida para no alarmar a Europa y hacer negocios con Israel.

Acaso la mayor ventaja con la que cuenta Erdogan es que los partidos que le disputan la supremacía electoral “sufren una crisis de identidad tan profunda como la que padecen partidos similares en la toda la cuenca del Mediterráneo”, escribe el profesor Francisco Veiga en la web de Eurasian Hub. Eso explica en parte la ausencia de una dirección coordinada de la protesta, la función movilizadora de las redes sociales sin líderes visibles –como sucedió en Túnez y Egipto en el 2011– y la desorientación de los partidos y sindicatos tradicionales, pero no justifica en ningún caso la soberbia del primer ministro. Sí se entiende, por el contrario, a la luz de la convicción de los asesores de Erdogan de que la intensidad de la protesta no supone un cambio sustancial en la intención de voto, tal como destaca Veiga.

Esa masa de votantes inasequible al debate social, apegada a la tradición y al mensaje de las mezquitas es un capital político formidable porque contrarresta el dinamismo de una sociedad multiforme, adscrita a diferentes corrientes ideológicas y con frecuencia refractaria a las urnas. En una parte importante de la clase media urbana se conserva el recuerdo de la ineficacia y la pelea de gallos que muchas veces caracterizó la pugna entre los partidos laicos, y la articulación de un gran partido o coalición de partidos que se oponga al AKP es una empresa llena de dificultades y recelos. Por eso la protesta estambulí plantea tantas incógnitas como el comportamiento del Gobierno en el doble plano interior y exterior. Y, de paso, abre un gran interrogante en cuanto atañe a la consideración del AKP como la referencia ineludible en la que pueden inspirarse los partidos islamistas que, con desigual fortuna, gobiernan en Marruecos, Túnez y Egipto. Mientras, otra gran pregunta sobrevuela el mundo musulmán: ¿hasta qué punto los partidos islamistas moderados están dispuestos a aceptar que el pacto político entre adversarios es un requisito de la democracia?