La CIA banaliza la tortura

Nada de lo puesto al descubierto por el informe del Senado hecho público el martes se refiere a situaciones impensadas, no sabidas o no intuidas, como ha resaltado en un editorial el diario progresista francés Le Monde, pero lo peor, como ha señalado con no menos amargura el mismo medio, es que el comportamiento inmoral de la CIA en la etiquetada como lucha o guerra contra el terrorismo ha banalizado la tortura, la ha incorporado al paisaje cotidiano más o menos presentido por los ciudadanos. De la misma manera que la banalidad del mal –la vesania nazi– fue una expresión forjada por la pensadora Hannah Arendt en el libro Eichmann en Jerusalén, las excusas o argumentos servidos por la CIA y sus defensores para justificar cuanto de oprobioso e injustificable hay en la tortura, abundan en esa otra banalización, no menos ominosa, no menos escandalosa, que abre un abismo profundo, insalvable, entre la moral y el recurso a cualquier cosa con tal de alcanzar los resultados apetecidos.

Una vez más, detrás de las explicaciones más o menos inconsistentes de John Brennan, director de la CIA, de la plana mayor de la Casa Blanca de George W. Bush y de los republicanos de hoy, de los que se han hecho con la mayoría en las dos cámaras del Congreso, detrás de esa apresurada construcción de una tramoya justificativa, alienta la idea aborrecible de que el fin justifica los medios, por deleznables que estos sean. Y ni siquiera ese planteamiento meramente utilitarista es, en puridad, aplicable al caso, porque del informe elaborado por los senadores demócratas se desprende que la tortura no evitó o conjuró ninguna acción terrorista, ataque o cualquier otro acontecimiento que pusiera en peligro la seguridad de Estados Unidos. Aunque el exvicepresidente Richard Cheney diga que volvería a hacer lo mismo, esto es, volvería a dar su apoyo a los “interrogatorios reforzados” –para la mayoría, torturas–, que estima cumplieron con las metas fijadas, la verdad es que en nada ayudaron a mejorar la seguridad y si, en cambio, sirvieron para hacer más pestilente el hedor que asciende de las alcantarillas del Estado.

Del “nivel de depravación insoportable” al que se refirió el jueves The New York Times forman parte no solo los funcionarios de la CIA que perpetraron las fechorías y quienes las autorizaron o consintieron, sino quienes hoy se esfuerzan en justificarlas. Un gobierno que toma la decisión de renegar de sus principios –al menos se le suponen– es un peligro cierto para la preservación de los valores democráticos, de aquellos que deben quedar siempre a salvo, a pesar de que bajo los escombros del 11-S quedaron sepultados los cuerpos de 2.992 inocentes. “La fuerza de una democracia se juzga por su capacidad para no renegar de sus principios en nombre de la seguridad nacional, esto es, aceptar la dosis de inseguridad que implica el respeto a los antedichos principios”, se ha escrito en las páginas de Le Monde, y ese es un compromiso inexcusable. Porque, si no lo es, se cumple uno de los postulados de la utopía reaccionaria, acaso una distopía –más seguridad a cambio de menos libertad–, pero se inflige un daño irreparable a la cultura política democrática.

Ni siquiera la tragedia de los atentados del 11-S autoriza que a quienes los planearon, encubrieron o protegieron se les apliquen unos parámetros legales diferentes, se los envíe a cárceles secretas y se los ultraje a todas horas. Lo mismo cabe decir de los combatientes del régimen talibán que entre octubre y diciembre de 2012 fueron enemigos de Estados Unidos en el campo de batalla de Afganistán. No solo porque la legitimidad moral de aquella guerra fue y sigue siendo más que discutible, sino porque la democracia se sustenta en valores incompatibles con procedimientos execrables, y es esta una incompatibilidad fundamental, esencial, que señala el límite entre los digno y lo indigno.

El empeño de la senadora Dianne Feinstein de sacar adelante el informe, y aun hacer pública una parte, hay que entenderlo, pues, como un servicio cívico, aunque coincidan en el episodio razones de conveniencia política, pues los republicanos ejercerán pronto de mayoría en el Senado y, como es sabido, son partidarios de guardar todo el asunto bajo la alfombra en nombre de la seguridad nacional. Es, asimismo, el primer paso, y quizá el último, para sanear a la CIA, purgarla si se quiere, de acuerdo con el verbo utilizado por el senador demócrata Mark Udall, y para someterla a un más estrecho control. “El problema fundamental aquí es no solo qué sucedió, sino la resistencia continua de la dirección de esta agencia a la vigilancia básica”, según el senador Martin Heinrich, demócrata, que puso el dedo en la llaga al subrayar la pretensión de la CIA de disponer de una libertad de movimientos que, dicho en pocas palabras, la libere del escrutinio público y de la fiscalización institucional a través del Congreso.

Incluso aceptando la idea expresada por el presidente Barack Obama de que no se llevará a nadie ante el juez, si la difusión del informe no entraña costes políticos para nadie, la banalización de la tortura se habrá consumado por segunda vez. Que el presidente se sienta ahora prisionero de su iniciativa del 2009, cuando ordenó acabar con las técnicas autorizadas a la CIA por la Administración que le precedió e indirectamente indujo la elaboración del informe ahora conocido, no deja de ser algo que va con el cargo. Era más que previsible que, según fuera el resultado de la investigación, saltaran las alarmas. Pero para la salud democrática de Estados Unidos es preciso restablecer el principio de que la seguridad colectiva debe ser respetuosa con el Estado de derecho. En caso contrario, se impondrá una vez más la idea, no ya dentro de las instituciones, sino en la opinión pública, según la cual solo importa el fin perseguido.

Nadie pone en duda que la seguridad es un derecho de los ciudadanos que debe garantizar razonablemente el Estado, pero, como afirma en su blog el analista Dan Froomkin, puesto que la función de la CIA es proporcionar información fiable, sienta un mal precedente –en realidad, lo ha sentado muchas veces– al recurrir a mentiras para defenderse ahora o, en el pasado, para recurrir a métodos obscenos so pretexto de su utilidad. La información contenida en el informe del Senado no es un episodio de la teleserie Homeland, muy verosímil, ni la reconstrucción dramatizada de la operación que dio con la guarida de Osama bin LadenLa noche más oscura, muy cercana a la realidad presumible–, sino que maneja información solvente, de primera mano, comprobada por quienes, en ningún caso, cabe considerar adversarios de la comunidad de inteligencia. Y si algún dato se aleja de la verdad histórica, debe seguramente achacarse a la propia CIA, celosa custodia de la información de que dispone y de sus métodos para obtenerla, aunque quienes la piden sean senadores.

Muchas veces se ha recurrido a la expresión un estado dentro del Estado para referirse a la opacidad y a la libertad de movimientos de agencias de información y de seguridad como la CIA. Cuantos han utilizado esta terminología han sido considerados con frecuencia radicales poco informados de las necesidades últimas del Estado, pero cuando se llega a conocer la realidad de 119 hombres sometidos a una variada gama de vejaciones y torturas, encubierto todo por retorcidas interpretaciones del derecho internacional –la Convención de Ginebra aplicable a los presos de guerra, por ejemplo– y la consagración de la seguridad como un valor absoluto por encima de cualquier otro, entonces la expresión un estado dentro del Estado cobra todo su sentido. A partir de ese momento se entiende por qué es posible que la propia CIA espiara a los senadores encargados de elaborar el informe (luego se disculpó, qué remedio, y prometió que no volvería a suceder). Ese poder de facto, en la sombra, fuera de control, es tan peligroso como la inseguridad misma que se pretende combatir con prácticas irregulares porque convierte a los ciudadanos en posibles víctimas de la arbitrariedad de quienes, en nombre de la seguridad, vulneran las leyes establecidas para garantizarla. ¿Es imaginable mayor contradicción?

A Obama le recuerdan a Nixon

La maldición del segundo mandato persigue con saña a los presidentes de Estados Unidos. Lograda la reelección, el partido al que pertenecen acoge los primeros codazos entre quienes piensan sucederle, sobre todo si el vicepresidente no ha dado señales de aspirar a la Casa Blanca, el partido en la oposición se dedica a sacar el mayor rédito posible de las torpezas del presidente y, en general, Washington considera al reelegido una figura amortizada. Así se encuentra hoy Barack Obama, con varios líos políticos entre manos, la necesidad acuciante de desembarazarse de todos ellos y el recuerdo de varios gates sobrevolando el Despacho Oval: el Watergate, el Irangate, el caso Lewinsky, la posguerra de Bush y demás material histórico de infausta memoria. Este es el sino del reelegido: andar un largo trecho hasta la puerta de salida sorteando los empujones de quienes en un futuro no muy lejano anhelarán su puesto.

“Nixon actuó como supuso que cualquiera lo haría”, ha escrito Amy Davidson en su blog de The New Yorker. “La gente tiene que saber si su presidente es un criminal. Y bueno, yo no soy un ladrón”, hubo de responder un Obama acuciado por los problemas a un periodista que le recordó a Richard Nixon, a aquel escándalo que dejó al descubierto lo peor de la política. Así están las cosas al principio de un segundo mandato que, en principio, debería beneficiarse de la desorientación de la facción liberal del Partido Republicano, de la recuperación de la economía y de la fama de primero de la clase que acompaña a Obama allá adonde va. Pero en una semana han aparecido en escena la intromisión en el historial de llamadas de la agencia de noticias Associated Press (AP), el celo especial de Hacienda para olisquear las cuentas de los grupos del Tea Party y las dudas relativas al papel del Departamento de Estado en el asalto al Consulado de Estados Unidos en Bengasi, que costó la vida al embajador en Libia, y el cielo se ha oscurecido como en los peores días de temporal.

Escándalos EEUUEl presidente ha podido salvar razonablemente bien las críticas furibundas por el episodio de Bengasi al hacerse públicos los correos electrónicos enviados desde Washington, que desmienten las informaciones difundidas por la cadena de televisión ABC y el semanario The Weekly Standard sobre la imprevisión de Hillary Clinton, pero en los otros dos casus belli se encuentra atrapado Obama entre la solvencia de sus protestas y los excesos de varios altos funcionarios de su Administración, incluido el fiscal general del Estado (ministro de Justicia), Eric Holder. En el caso del celo escrutador en el universo del Tea Party, porque la dimisión de Steven Miller, director del Internal Revenue Service (IRS), nombre de la Agencia Tributaria de Estados Unidos, está lejos de haber cerrado el escándalo de la inspección discriminatoria; en el caso de AP, la invocación con la boca pequeña de la seguridad nacional para justificar la intromisión en el trabajo de los periodistas suena a algo tan antiguo, desgastado e injustificable que carece de credibilidad.

El comportamiento del IRS, aunque ahora se diga que no obedeció a motivos políticos, causa bochorno por su naturaleza sectaria. Que Obama califique de inexcusable el comportamiento del equipo de Miller tiene un valor relativo, aunque finalmente se confirme que la investigación de las declaraciones de impuestos de organizaciones muy conservadoras, pero perfectamente legales, fue la decisión de alguien que quiso ser más papista que el Papa. Y ese valor relativo obedece al hecho de que los mecanismos de control interno de la Administración no han funcionado como es debido porque no han sido capaces de atajar comportamientos desordenados. Eso si no se descubre alguna implicación de rango superior –los medios con mejores fuentes pondrán manos a la obra– que empeore las cosas. Y en este supuesto no habrá forma de invocar la seguridad nacional para justificar lo que no tiene un pase.

En todo caso, recurrir a las servidumbres de la seguridad nacional en una sociedad adulta, sometida a engaños escandalosos como el de las armas de destrucción masiva, resulta cada día menos eficaz, más indecente incluso. David Bromwich, un profesor de Literatura de la Universidad de Yale, sostiene que las referencias a la seguridad nacional hechas por algunos funcionarios del Gobierno, después de conocerse que habían accedido al historial de llamadas de unos 100 periodistas de AP, responden al perfil de un Estado paternalista que se relaciona con los ciudadanos como si fueran niños. “El paternalismo es la ideología propia de un Gobierno que trata a los gobernados como niños –escribe Bromwich–. El deber de un padre hacia su hijo es, por encima de todo, protegerlo y garantizar su seguridad. De forma parecida, el deber del Estado paternal es custodiar la vida y la seguridad, la salud y la prosperidad del pueblo”. Siguiendo con el símil, el articulista se refiere a que a veces los niños hacen preguntas acerca de asuntos que quedan fuera de su comprensión, y así también el Gobierno considera que solo él está en condiciones de medir el riesgo inherente a algunos asuntos hurtados al conocimiento de la sociedad.

Detrás de la ironía del profesor se agita la crítica a la estrategia seguida por el equipo de Obama para cortar las filtraciones que entiende afectan a la seguridad nacional, sobre todo a partir de los despachos difundidos por Wikileaks, que dejaron al descubierto el aparato digestivo del Departamento de Estado. Una estrategia que es, según Bromwich, una prolongación de la diseñada por el vicepresidente Dick Cheney durante la Administración de George W. Bush: “La continuidad desde el 2001 al 2013 explica algunas otras cosas. El secretismo extremo que prevalece en y alrededor de la Casa Blanca de Obama fue en sí mismo un secreto hasta recientemente, silenciado por una prensa dócil esperanzada en recibir un mejor trato en el futuro”.

¿La referencia a la prensa apunta a la presunta sumisión al poder de los medios liberales? ¿El secretismo remite, sin mencionarla, a la corte de sombras de Nixon? ¿Hasta qué punto el secreto en nombre de la seguridad es compatible con los derechos de los ciudadanos? Porque, en última instancia, “¿podría ser cierto que los americanos están mejor en la medida en que conocen las condiciones reales de vida?”, se pregunta Bromwich al final del artículo. Todas esas preguntas resultan inquietantes y pueden formularse en el seno de todas las sociedades democráticas, sometidas a criterios de seguridad colectiva que obedecen tanto a razones confesables como a supuestos indefendibles. Entre estos últimos figura el recurso a recordar, como hace el politólogo Bob Cesca, que la Administración que precedió a la de Obama también hocicó en las cuentas del campo demócrata y se inmiscuyó en la labor de la prensa. El recordatorio tiene efectos demoledores porque por ese camino se puede llegar a la conclusión de que la opacidad es una condición intrínseca al poder a la que se acoge disciplinadamente el liberal y reformista Obama lo mismo que su antecesor, conservador hasta el último detalle.

Resulta inquietante la conclusión de Peter Baker en The New York Times, cuya cercanía al presidente es indiscutible: “Obama puede tener razón en algunas de las cosas que no puede hacer, pero también ha tenido problemas últimamente para presentar una visión de lo que puede hacer”. En el fondo subyace la eterna pregunta que formulan los electores en cualquier democracia: ¿qué utilización hacen los gobernantes del poder y de qué margen de maniobra disponen para sobreponerse a las tramas de intereses creados, las grandes superestructuras cuya existencia se prolonga en el tiempo más allá de los cambios en el Gobierno, los cambios en los programas y los deseos de los ciudadanos? Si a eso se añade que la autonomía de los medios (caso AP), la igualdad fiscal (caso IRS) y la seguridad exterior (caso Bengasi), pilares de Estados Unidos desde los primeros días de la nación, han resultado dañados casi al mismo tiempo, se entiende que Obama tenga que afrontar una primavera tormentosa.

Si el presidente no diluye los problemas mediante una rápida recuperación de su imagen pública, el camino de aquí a las elecciones de noviembre del 2014 puede ser muchísimo más duro de lo que podía prever. Los republicanos saben que, a falta de mejores argumentos, la figura de un presidente debilitado le priva de influencia en el Congreso, siembra la duda en su partido y desgasta a los posibles candidatos demócratas a sucederle antes de que den el primer mitin. Y esto último puede provocar la quiebra de la sintonía entre el presidente y el partido cuando, más allá de lo que recojan las encuestas, se extienda por Washington la impresión de que el desgaste de Obama puede reflejarse en las urnas, como explica el politólogo Jonathan Bernstein en The Washington Post. Barack Obama es un hombre culto, un político experimentado y un orador brillante, pero no es un líder inmune a las flaquezas y servidumbres derivadas de la complejidad del poder que encarna. Se ha extinguido el resplandor de la victoria histórica de un senador negro en noviembre del 2008 y se impone la realidad del coste diario del poder.

Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.