Trump multiplica su agresividad

El rifirrafe del presidente Donald Trump con un periodista de la CNN pocas horas después de confirmarse que los republicanos habían perdido la mayoría en la Cámara de Representes acaso sea la primera prueba del nerviosismo que se ha adueñado de la Casa Blanca. O puede que lo sea la destitución del fiscal general, Jeff Sessions, poco después de acabar el recuento, una decisión que no por esperada deja de ser significativa. O quizá la prueba del nueve del estado de ánimo del presidente sea su disposición a convertir la política en una guerra de posiciones, transformados el Senado y la Cámara de Representantes en dos trincheras desde las que disparar al adversario sin que ello reporte ganancias significativas para nadie.

El caso es que al vislumbrarse un bloqueo legislativo y los nervios de la Administración, la victoria demócrata en la Cámara baja cobra más relevancia. El enardecimiento de Trump, por el contrario, devalúa el triunfo republicano en el Senado a pesar del discurso de madrugada dirigido a sus simpatizantes, una arenga triunfal bastante alejada de la realidad. Estas midterm, como casi siempre, han servido para confirmar que, aunque las encuestas lo predecían, la asimetría del lance –el Senado sometió a elección 26 escaños demócratas y 9 republicanos– no sirve para aquilatar por completo el grado de desgaste en la andadura de Trump y, en cambio, permite aceptar el argumento demócrata de que ha empezado la remontada –hablar de ola azul, marea o cualquier otro símil es una exageración– porque la elección de la Cámara de Representantes es a escala nacional.

Puede que Trump retenga el grueso de sus electores de 2016, pero la alta participación, excepcional para unas midterm, revela que los demócratas, aun sin un líder para las presidenciales de 2020, han atraído voluntades en nuevos caladeros de jóvenes, mujeres y diferentes minorías hasta ahora ausentes de una elección sin el glamour político que supone apostar por alguien para que ocupe la Casa Blanca. Al mismo tiempo, queda en evidencia la debilidad de los demócratas al recurrir a la figura de Barack Obama en el sprint final de la campaña a falta de un rostro nuevo con títulos para correr la carrera presidencial dentro de dos años. Quizá los aspirantes a disputar el despacho a Trump hacen acopio de fuerzas para aparecer en el escenario a finales del año próximo, conscientes de que hacerlo antes de tiempo puede comportar un gran desgaste de imagen, pero mientras tanto el partido exhibe un doble perfil: el de su establishment tradicional, que sigue aturdido por la derrota de 2016 de Hillary Clinton, y el de una generación joven, con bastantes independientes surgidos extramuros de la organización, más o menos identificados con el espíritu de renovación programática, con pátina socialdemócrata, que es la que encarnó Bernie Sanders hace dos años.

Con independencia de tales factores, que se cocinan en el interior de los dos grandes partidos, el reequilibrio legislativo al controlar cada uno una Cámara del Congreso, consagra o hace más visible la división de una sociedad progresiva y gravemente fracturada por dos versiones incompatibles de Estados Unidos. Como ha escrito un editorialista, se da una división ideológica general, y muchas otras divisiones sectoriales: los estados urbanizados de las dos costas y aquellos en los que las sociedades rurales tienen un gran peso, los jóvenes frente a los mayores que temen la desfiguración del mundo que construyeron, la comunidad blanca frente a un mosaico de minorías –la negra o afroamericana, según se dice ahora, y la hispana en primer lugar–, los proteccionistas, opuestos a los defensores de la globalización sin trabas, y así sucesivamente.

En este panorama no cabe albergar la más mínima esperanza de que tengan cabida las soluciones bipartidistas, gobernar con los adversarios, de acuerdo con la solución explorada por Abraham Lincoln en la peor de las situaciones, o aplicar a los problemas soluciones intermedias, que a nadie satisfagan del todo, pero que tampoco a nadie le resulten ofensivas. Por el contrario, se vislumbra en el horizonte el propósito de los demócratas de someter a Trump a diferentes procedimientos de investigación en la Cámara de Representantes –por su hermetismo en materia fiscal, por el Rusiagate, por el conflicto de intereses entre negocios privados y gestión pública y por algún otro motivo que pueda surgir– y el del presidente de responder en el Senado con comisiones de investigación ad hoc para alterar el pulso al Partido Demócrata. La guerra de trincheras, se diría, que tiene mucho de charcutería política y muy poco de sentido de Estado.

En esta atmósfera viciada es improbable que los demócratas consideren abrir la caja de los truenos del impeachment. Aunque Richard Ben-Veniste y George Frampton, dos de los ayudantes de Leon Jaworski, fiscal especial para el caso Watergate, sostienen en The New York Times, que la investigación de aquel escándalo sentó un precedente en cuanto a la posibilidad de que el investigador remita directamente al Congreso pruebas incriminatorias, lo cierto es que el procedimiento en sí mismo obliga a los promotores de la destitución a configurar una mayoría cualificada en el Senado, algo que el Partido Demócrata está lejos de poder hacer. Esto es, la existencia de pruebas, salvo en situaciones de flagrante ruptura de la legalidad, como en el caso de Richard Nixon, que optó por dimitir, resultan ser un material sujeto a interpretación, sometido a los malabarismos de los fontaneros de los partidos y a la locuacidad de los oradores (Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 superaron la prueba con éxito).

La sustitución de Jeff Sessions, denostado de forma reiterada e insólita por el presidente en varias ocasiones y dispuesto a colaborar con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga a Trump y a sus familiares más directos, revela la estrategia de blindaje, cuando no de obstrucción diseñada por la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Matthew Whitaker, el sucesor de Sessions, es un adversario declarado del trabajo de Mueller y un combatiente incansable de las iniciativas demócratas. No es solo que el presidente está dispuesto a resistir en todos los frentes, es que quiere insistir en su agresividad habitual para presentarse en 2020 ante su electorado como el político que nunca cambió por más que varias veces quisieron obligarle a ello. Que tal procedimiento sea útil para relajar la tensión social o para agravarla es harina de otro costal.

 

 

Fuego cruzado sobre Trump

La publicación en The New York Times de un artículo anónimo en el que un alto funcionario de la Casa Blanca cuenta el empeño de una parte del personal del Ala Oeste en diluir bastantes iniciativas del presidente Donald Trump, de forma especial aquellas que interesan las políticas exterior, de defensa y económica, no hace más que reforzar la imagen de conjunto de la presidencia que transmite el libro Fear (miedo), de Bob Woodward, próximo a publicarse. Atendiendo a la solvencia del diario y del veterano periodista de The Washington Post, solo cabe concluir que la situación que se da en el Despacho Oval es insólita o solo comparable con aquella otra que envolvió en una densa niebla envenenada el segundo mandato de Richard Nixon. La gran diferencia entre Nixon y Trump es que el primero fue un profesional de la política, conocedor de los códigos y los detalles de la guerra fría, y en cambio quien hoy ocupa el puente de mando muestra permanentemente un desconocimiento enciclopédico de asuntos cruciales sobre los que debe tomar decisiones.

Aunque no deja de ser una anormalidad la publicación de un artículo sin firma –una decisión que incluso puede considerarse discutible aunque el medio afirma conocer la identidad del autor–, su contenido es tan explícito y se aproxima de tal manera a revelaciones anteriores que es difícilmente impugnable como testimonio de una realidad demasiadas veces insinuada o descrita por otros autores. Las “decisiones imprudentes” a las que se refiere el alto funcionario confirman algunos detalles aportados por Michael Wolff en Fuego y furia, lleno de pirotecnia sensacionalista, y, desde luego, se antojan del todo consistentes con el minucioso trabajo de investigación de Woodward, el mismo que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate (junio de 1972-agosto de 1974). El twit del presidente en el que se pregunta si el prestigioso periodista es “un operativo demócrata” apenas sirve para contrarrestar el efecto que sobre la campaña de las elecciones midterm –a dos meses vista– puede tener el caudal de informaciones por lo menos preocupantes que degradan la imagen de Trump más allá de los límites de sus adeptos irreductibles (el 35% del electorado, según algunas encuestas).

“La lucha surrealista entre Trump y al menos algunos miembros de su propio equipo ha caracterizado su mandato desde el principio, pero se extendió a la opinión pública esta semana de una manera que plantea preguntas sobre la capacidad del presidente para gobernar y las responsabilidades y deberes de las personas que trabajan para él”, se afirma en The New York Times. Es tanto como decir que en la Casa Blanca se da una doble inconsistencia: la del presidente, carente de la formación y el carácter necesarios para desempeñar el cargo, y la de un equipo de colaboradores y asesores que cobija a no pocos expertos que disienten de Trump y porfían para evitar que se lleven a la práctica ideas descabelladas, inoportunas o altamente peligrosas para la seguridad nacional (un ataque preventivo contra Corea del Norte, una operación para asesinar a Bashar al Asad, la retirada del contingente desplegado en Corea del Sur y otros disparates supuestamente evitados por funcionarios civiles y militares de alta graduación).

Es improbable o poco creíble que lo desvelado esta última semana sea fruto de la inquina y el sentimiento de frustración de personas resentidas. Muchos de los nombres citados por Woodward en su libro son políticos experimentados, militantes del Partido Republicano o cercanos a él a quienes es casi imposible imaginar sometidos a la estrategia electoral del Partido Demócrata, y militares educados en el sometimiento a las decisiones del comandante en jefe. Si se ha quebrado ahora esta tradición, si se ha instalado en el Ala Oeste la creencia de que es necesario controlar al presidente –incluso neutralizarlo– si corre riesgos excesivos, poco meditados o sin fundamento, es a causa del desbarajuste, la tendencia de Trump a la sal gruesa y al desplante sistemático y la desorientación de los aliados, que cada vez con mayor frecuencia no dan crédito a cuanto procede de Washington.

Hay, al mismo tiempo, una creciente desconfianza en los salones del poder en relación con el conflicto de intereses entre el programa político de Trump y los objetivos financieros de un millonario de Manhattan con un currículum empresarial no siempre ejemplar y transparente. Pasó en Italia con Silvio Berlusconi, pasa ahora con Mauricio Macri en Argentina, sucede en Chile con Sebastián Piñera, pero en ningún lugar tiene el eco que en Estados Unidos, con la constante exhibición de opulencia que hace el presidente mientras se dispone a recortar cuando no eliminar los modestos programas sociales puestos en marcha por su predecesor. Y esa desconfianza es especialmente relevante en cuanto atañe a las relaciones de Estados Unidos con Rusia, de Trump con Vladimir Putin, tan opacas y poco convencionales, alarmantes en algunos momentos para cuantos piensan que el presidente debe ser alguien previsible, que no defraude a los aliados ni los debilite.

Las señales que emite el entorno ciegamente fiel a Trump, que incluye a una de sus hijas y al marido de esta, no hace más que alimentar las sospechas de que en la cúspide del Estado se cruzan a todas horas los planes de un hombre de negocios, los objetivos de un gobernante ultraconservador y la falta de preparación de este para aceptar que no puede arramblar con todas las reglas y servidumbres del statu quo sin quebrantar el sistema de pesas y medidas heredado. Como escribió en su día Walter Lippmann, “la prueba final de un líder es que deja tras de sí en otros hombres la convicción y la voluntad de seguir adelante”, algo que está lejos de las posibilidades de Trump, siempre agresivo con las reglas escritas y no escritas de la política, la opinión de los entendidos y los instrumentos de la crítica (la prensa, en primer lugar). Cada vez que alguien intenta blindar la figura del presidente –el juez Brett Kavanaugh, elegido por Trump para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, el último de ellos– no hace más que erosionarla y recalentar el clima de sospecha generalizada.

Indira A. R. Lakshmanan, una comentarista del diario The Boston Globe, resume el momento en muy pocas palabras: “Si incluso la mitad de las historias que describen a Trump como no apto para el cargo son verdaderas, es la historia de terror de no ficción del año. Un escenario aún más aterrador es que todas las historias sean verdaderas”. El artículo se titula Crazytown [ciudad loca], USA: por fin hemos coronado la cima Trump, un recurso a la ironía que en nada reduce la sensación experimentada a menudo de que el inquilino de la Casa Blanca es un presidente peligroso.

Trump o el desbarajuste como sistema

La destitución de Rex Tillerson refuerza la sensación de desbarajuste o improvisación en la Casa Blanca y subraya al mismo tiempo la inconsistencia de los nombramientos hechos por Donald Trump al ocupar la presidencia. Los medios liberales o simplemente ecuánimes entienden que el final de la carrera política de Tillerson obedece a la determinación presidencial de apoyarse solo en el círculo de leales que comparten con él el eslogan América primero por encima de cualquier otra consideración (The New York Times) y, al mismo tiempo o como resultado inmediato, pone en riesgo algunos de los pilares de la estabilidad internacional: el acuerdo nuclear con Irán (Politico.com), el precario sistema de equilibrios en Oriente Próximo y la colaboración con los aliados. Mientras los analistas, las publicaciones y las televisiones que arropan a Trump transpiran entusiasmo, una parte del Partido Republicano teme que en noviembre las elecciones castiguen la ejecutoria del presidente, no exenta de frivolidad.

Se dice que los nombramientos posteriores al 20 de enero del año pasado pretendieron satisfacer las expectativas de los diferentes sectores del republicanismo, desde la extrema derecha surgida del caldo de cultivo del Tea Party al ala conservadora más convencional e influyente durante décadas. Acaso fue una operación de maquillaje para poner en marcha la maquinaria, pero enseguida afloró la incomodidad de Trump con cuantos discreparon de su pensamiento. En poco más de un año, el presidente ha prescindido de una veintena de colaboradores de primer orden, sometidos a un enfoque enteramente personalista e imprevisible de los asuntos públicos, donde siempre han pesado más las opiniones de su hija Ivanka, una especie de primera dama bis al lado de Melania, y de Jared Kushner, marido de Ivanka y tanto o más conservador que el presidente. A pesar de su inexperiencia política, de los escándalos reales o supuestos que le persiguen desde el principio, Trump se ha rodeado de un limitadísimo equipo de fieles, dispuestos a poner en práctica un programa sin conexión argumental con sus predecesores.

Quizá sea cierto que nunca pensó el candidato republicano que ganaría las elecciones de noviembre del 2016, como afirma Michael Wolff en Fuego y furia, pero una vez lograda la victoria adecuó la tarea a su perfil egocéntrico, propio de un empresario acostumbrado a tambalearse en la cima, rehacerse y volver a empezar, y así varias veces en el transcurso de su dilatada biografía. Todas las reorganizaciones, destituciones, controversias con sus asesores y colaboradores se deben a la propensión presidencial a cambiar el paso sobre la marcha cuantas veces haga falta con tal de que prevalezca su propósito de desarmar parte sustancial de la herencia recibida de los últimos presidentes, especialmente de Barack Obama, obsesión permanente de la ultraderecha estadounidense.

Cuando un semanario tan conservador como The Weekly Standard describe el despido de Tillerson de forma especialmente rotunda, cabe suponer que el modus operandi del presidente incomoda incluso a sus alentadores de primera hora: “El despido del secretario de Estado, Rex Tillerson, fue un ejemplo de libro de texto sobre el enfoque de Donald Trump respecto a las decisiones de personal: abrupto, humillante y ejecutado desde una distancia segura”. Esta distancia de seguridad fue la cuenta personal de Trump en Twitter, el mismo canal por el que avanzó el nombre del sustituto, Mike Pompeo, un halcón obsesionado con Irán, y de la sucesora de este al frente de la CIA, Gina Haspel, una exagente de la casa partidaria de la tortura, tan parecida en sus rasgos esenciales a alguno de los personajes de la película La noche más oscura; personajes entregados a aplicar los llamados eufemísticamente “interrogatorios reforzados”, promovidos por la Administración de George W. Bush después del 11-S.

Una vez más, los acontecimientos dan la razón al escritor Richard Ford. Para él, la mayor diferencia entre Obama y Trump es que el primero se tomó la presidencia en serio, en actitud reflexiva, y el segundo cree poder manejarla según sus designios, sin utilizar el gran angular que requiere una ocupación tan compleja. Frente al compromiso internacional de combatir el cambio climático, con China y la Unión Europea al frente, el presidente invoca la necesidad de reactivar la industria para encubrir que sus inquietudes medioambientales tienden a cero; frente a la libertad de comercio promovida por la OMC, se remite a la necesidad de proteger a los productores estadounidenses de la competencia exterior; frente al compromiso iraní de aparcar el programa nuclear, se remite a una idea preconcebida: que el acuerdo de Obama con los ayatolás es el peor de todos los tratos posibles, aunque la información recogida sobre el terreno desmiente el aserto. Y así con todo: de la posesión de armas a la efervescencia supremacista; de la reforma sanitaria, denostada todos los días, a la construcción de una muralla en la frontera con México.

Aunque le echaron de la Casa Blanca hace unos meses, las decisiones que toma Trump revelan que sigue en vigor una de las máximas más conocidas de Steve Bannon, publicista de extrema derecha y estratega de cabecera del presidente hasta que decidió prescindir de él. La lucha hoy no es entre derecha e izquierda, sino entre nacionalistas y globalizadores, dice Bannon en cuanto tiene ocasión, y esta idea tan simple, propia de un populismo esquemático, impregna todas las decisiones del Despacho Oval, incluso cuando los versados en diferentes materias avisan de que se perpetrará un disparate, así sea reconociendo la capitalidad de Jerusalén mediante el traslado allí de la Embajada de Estados Unidos en Israel o imponiendo gravámenes a las importaciones de acero y aluminio. Es poco menos que imposible encontrar en la historia de la presidencia del país un primer año más desconcertante y errático, incluso entre aquellos inquilinos de la Casa Blanca que han pasado a los anales como ejemplos de lo que nunca debió suceder (Herbert Hoover, Richard Nixon y George W. Bush, tres de ellos).

Gary Younge, uno de los editores del periódico progresista británico The Guardian, no se ha andado por las ramas al describir la línea de conducta seguida por Trump y sus allegados: “La venalidad es tan barroca, la vulgaridad tan ostentosa, las inconsistencias tan severas, la incompetencia tan épica y las mentiras tan descaradas, que te deja sin palabras”. Cree Young que la presidencia se desmorona, pero junto a esta impresión de naturaleza política se manifiesta todos los días otra realidad: la mayoría de los votantes de Trump están encantados con los alardes presidenciales, y movilizaciones como las de los estudiantes contra la permisividad en la tenencia de armas les parecen inspiradas por un espíritu radical o, peor aún, por el contagio de socialistas europeos (no se citan nombres ni procedencia).

Puede que sea verdad que se asiste a un desmoronamiento de la presidencia, es cierto que el índice de popularidad de Trump al cumplir su primer año de mandato era insólitamente bajo, pero mientras siga disfrutando del colchón de adeptos detectado por las encuestas, tiene muchas posibilidades de salir airoso de la prueba electoral de noviembre. En una sociedad tan radicalmente dividida como la estadounidense, más importa conservar los votantes captados que andar a la trabajosa búsqueda del consenso nacional, siempre tan indeterminado y volátil, que Obama persiguió con escasa fortuna. Y Trump, carente de otras virtudes, tiene la de resistir a los adversarios detrás de un muro infranqueable de seguidores que juzgan necesario demoler las convenciones políticas que se olvidaron de ellos. En este tablero juega el presidente la partida.

 

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.

 

Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

La galopada de Trump alarma

Conforme avanzan las primarias en Estados Unidos crece el desconcierto en la dirección del Partido Republicano, que observa con estupor cómo la única alternativa verosímil a las extravagancias ultraderechistas de Donald Trump es el programa rematadamente ultraderechista de Ted Cruz. Si en otro tiempo Marco Rubio hubiese parecido una rareza en la tradición política republicana, hoy es el único aspirante que cuenta con el apoyo del aparato, pero, al mismo tiempo, es quien peor lo tiene ante sus contrincantes, compendio variopinto de demagogia, populismo y propuestas hirientes para demasiadas minorías. Cada día son más las voces republicanas que reclaman frenar a Trump con la promoción de un candidato que, en el momento de la convención, lo aparte de la carrera, pero es improbable que, en tal situación, renunciara el empresario a seguir adelante, a disputar la presidencia, aunque fuera a costa de dividir el voto conservador.

Los republicanos corren un gran riesgo al buscar atajos para neutralizar el desenlace de las primarias hasta el momento. Trump no tiene rival y ha sido capaz de movilizar a segmentos de población dañados por la crisis, que ven en las nuevas realidades sociales –inmigración, ascenso de las minorías no blancas, ampliación de la sanidad pública y otros rasgos del presente– la causa de sus males cuando las estadísticas indican que el país ha superado el descalabro económico y el paro anda por el 5%. Pero el riesgo no es menor para los republicanos si aceptan resignados el triunfo de Trump y ponen a su disposición la maquinaria del partido para llegar a noviembre y disputar la Casa Blanca al Partido Demócrata. Y no es menor porque, si sucede lo que prevén las encuestas más depuradas, que Trump es seguro perdedor frente a Hillary Clinton, el núcleo dirigente republicano resultará profundamente dañado, muchos de sus prohombres tenderán a abandonar la nave y dejarán el camino expedito a una combinación poco menos que heteróclita de neocons, teóricos del Tea Party, libertarios ultra, fundamentalistas cristianos y otros especímenes de difícil catalogación.

El profesor de la Universidad de Berkeley Robert Reich ha colgado esta semana en su blog un artículo dedicado a Trump con el muy significativo título de El fascista americano. Confiesa Reich que hasta la fecha se había resistido a utilizar la palabra fascista para referirse al aspirante republicano, pero entiende que “finalmente ha alcanzado un punto en el que el paralelismo entre su campaña presidencial y los fascistas de la primera mitad del siglo XX –figuras espeluznantes como Benito Mussolini, Josef Stalin, Adolf Hitler, Oswald Mosley y Francisco Franco– es demasiado evidente para pasarlo por alto”. La causa principal no es que haya citado a Mussolini o haya invitado a sus seguidores a levantar el brazo derecho de forma “escalofriantemente similar” al saludo nazi, sigue el autor, sino que, como los líderes fascistas del pasado, “Trump ha concentrado su campaña en el odio de los trabajadores blancos que durante años han perdido seguridad económica y son presa fácil para demagogos que buscan levantar su propio poder utilizando a otros como chivo expiatorio”.

El análisis de Reich puede parecer tocado por los excesos verbales, pero se trata de un intelectual solvente, especialista en políticas públicas, miembro de un claustro de prestigio y que transmite en gran medida las inquietudes de los liberales estadounidenses, una franja ideológica bastante transversal y que no puede atribuirse solo al universo del Partido Demócrata. Hay demasiados indicios para pensar que la jerga y las actitudes de Trump son solo una pose; la crispación sonriente del candidato induce a considerar que sus andanadas no son fuegos de artificio, sino que realmente pretende demoler algunos de los pilares sociales de un país muy complejo que hace ocho años, cuando arreciaba la crisis económica y la clase media se tambaleaba, llevó a la Casa Blanca a Barack Obama, un reformista moderado… y negro. Porque el éxito de Trump no puede deslindarse del color biológico de Obama, además del político, y de la suposición –mera suposición– de que una victoria de Hillary Clinton será más de lo mismo, aunque la piel sea blanca.

La movilización de latinos que pueden solicitar la ciudadanía estadounidense y votar en noviembre si antes se la conceden, recogida por The New York Times, es una señal elocuente de la alarma provocada por Trump, pero también de la fractura política cada vez más profunda entre dos versiones diametralmente opuestas de Estados Unidos. Dos frases recogidas por el periódico de labios de una residente de ascendencia mexicana son por demás significativas: “Quiero votar para que no gane Trump” y “no nos gusta”. Es decir que importa poco quién sea el candidato demócrata, lo único que cuenta es que el republicano salga derrotado; da lo mismo que el adversario de Trump sea Hillary Clinton o Bernie Sanders, aunque sus perfiles políticos son muy diferentes y las posibilidades republicanas, al parecer, serían mayores si, contra todo pronóstico, el senador por Vermont se impusiera a la exsecretaria de Estado.

El último debate entre demócratas ha puesto de manifiesto la distancia ideológica entre los dos aspirantes y, al mismo tiempo, ha hecho aflorar cierto nerviosismo en el campo de Clinton, que no esperaba de Sanders tal capacidad de resistencia y de sumar delegados. El dato significativo de que durante las 24 horas siguientes a su triunfo en el estado de Michigan recaudó cinco millones de dólares en donaciones a través de internet no hace más que subrayar que, si no hay partido, sí habrá al menos, cuando empiece la convención, la necesidad de que Clinton asuma alguna forma de compromiso político para recoger capítulos del programa de Sanders y atraerse así a quienes a él votan ahora y pudieran tener la tentación de abstenerse, llegado el 8 de noviembre, al no reconocerse en la candidata a ocupar la Casa Blanca, asociada siempre a la élite financiera de Wall Street.

No hay en el bando demócrata la misma tensión ambiental que en el republicano, pero el paseo militar de Hillary Clinton que se presumía no hace tanto tiempo no se ha confirmado durante estos dos primeros meses de primarias. No hay en la dirección demócrata la preocupación palpable, permanente, de los barones republicanos, pero no puede disimular su deseo de que se confirme cuanto antes la victoria de la exprimera dama para poner en marcha la operación destinada a ahuyentar de las urnas a una parte del electorado conservador que nunca votará demócrata, pero que entre apoyar a Trump y quedarse en casa, puede preferir esto último, aunque sea a costa de dar la victoria a la candidata rival. A la hora de la verdad, quizá no será esta una reacción muy extendida, pero puede producirse si la oratoria del multimillonario sigue por los mismos derroteros desabridos de hasta la fecha.

Tales cábalas parten del convencimiento de que en una sociedad educada en la democracia, el comportamiento de Trump rompe el vínculo tradicional de un segmento de electores con la militancia o la simple simpatía por un partido. El profesor Reich sostiene: “Los ataques verbales incendiarios de Trump contra los inmigrantes mexicanos y los musulmanes, incluso su resistencia a distanciarse de David Duke y del Ku Klux Klan, siguen el viejo guion fascista”. Pero ¿qué sucedería si, en la práctica, la fractura social y la división política, las dimensiones de la América blanca que se siente agraviada, fuesen mayores de lo recogido en sondeos y estadísticas? Todo vaticinio es arriesgado. Lo único cierto es que ha pasado a mejor vida la sólida coalición conservadora forjada por Ronald Reagan hace casi 40 años, y los republicanos experimentan su mayor crisis de identidad y cohesión interna desde los aciagos días de la dimisión de Richard Nixon. Noviembre queda demasiado lejos para predecir si esto ayuda o debilita a Trump en su galopada.

 

El PP opta por la ‘omertà’

“Sin partidos políticos, el funcionamiento de la representación policía, es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es imposible”.

(‘Instituciones políticas y derecho constitucional’, Maurice Duverger, 1970)

Los partidos pillados en falta que se obstinan en guardar silencio y confían en que el tiempo todo lo curará suelen acabar pagando lo que en buena ley les toca más cuarto y mitad. Salvo enjuagues inconfesables con el poder judicial, esa es una regla no escrita de la democracia, pero que se repite con machacona insistencia en los regímenes de opinión pública desde tiempo inmemorial. Por idéntica razón, la reacción del PP de aislar a Mariano Rajoy y blindarlo para que no tenga que dar explicaciones en el Parlamento es un error táctico de manual porque concede a Luis Bárcenas el privilegio de fijar los ritmos. Aunque María Dolores de Cospedal sostenga en público que “las mentiras no se documentan”, los documentos originales publicados por el diario El Mundo y a disposición del juez Pablo Ruz son lo más parecido a armas de destrucción masiva (el Financial Times ha aludido a una bomba atómica).

Es sorprendente que alguien como Rajoy, tan propenso a invocar el sentido común, no haya llegado a la conclusión de que es de sentido común dar explicaciones cuando, lisa y llanamente, el extesorero del partido afirma con papeles que pagó sobresueldos a él y a otros. Que algunos tertulianos en el Canal 24 h de TVE defiendan la posición del presidente del Gobierno, so pretexto de que en febrero se explicó y no hay novedades, solo demuestra que con esos amigos no hacen falta enemigos, porque cambios sí los ha habido: se ha pasado de las fotocopias publicadas por El País a los originales; se ha pasado de no disponer de la contabilidad del PP de 1990 a 1994 a estar colgada en la red, Anonymous mediante; se ha pasado del todo es mentira “salvo algunas cosas” a billetes de curso legal en cajas de puros, gestionadas por Bárcenas y dirigidas a significados dirigentes del PP.

El parecer de Jesús Maraña en infolibre.es está más apegado a la realidad del momento que los partidarios de la omertà (ley del silencio siciliana): “Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves”. Así de simple, sencillo y sensato. A no ser que vivamos en una democracia de ínfima calidad, en cuyo caso Maraña da doblemente en el clavo con ese otro juicio igualmente simple, sencillo y sensato: “Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo.

Ante las sombras de sospecha cada vez mayores de que desde Rosendo Naseiro hasta nuestros días el PP se ha financiado de forma irregular a través de donaciones opacas, ante la más que verosímil proliferación de sobres para redondear el sueldo de altos cargos, ante el chantaje amenazante que se ejerce desde una celda de la cárcel de Soto del Real sobre el gran partido de la derecha española, la ley del silencio es la peor de todas las alternativas. El silencio no hace más que alimentar las dudas acerca de la libertad de movimientos del presidente del Gobierno y sus colaboradores más próximos, pendientes de que alguien como Garganta Profunda en el caso Watergate diga a otro alguien que siga el rastro del dinero para dejar al descubierto el gran guiñol. Si a causa de unas fiestas celebradas en un ambiente orgiástico se acusó a Silvio Berlusconi de arriesgar la seguridad del Estado, ¿qué decir cuando la atmósfera se enrarece con el intercambio de favores y dinero?

Ni siquiera la debilidad de la oposición, con su propia porquería en la trastienda –eres, palaues, iteuves y otras lindezas–, permite dar con un solo gramo de lógica democrática en esa opción por el silencio. El sistema de partidos surgido de la transición está en riesgo, no solo por lo que vaticinan las encuestas. El riesgo obedece a que el más importante de todos ellos, porque es el que sustenta al Gobierno, calla o confunde, mientras a cada poco surge un portavoz ad hoc que recuerda que los presuntos delitos han prescrito –una cosa es que hayan prescrito y otra, que no se hayan cometido–, y aquí paz y después gloria. El riesgo, en fin, es que el bipartidismo imperfecto salte por los aires porque deje de ser una herramienta útil para garantizar la normalidad institucional en un país sometido a las servidumbres y debilidades de una crisis económica atroz y varios litigios territoriales –de estructura del Estado– cada día más retorcidamente complejos.

Hay precedentes sobrados de procesos político-judiciales que, como una riada, se llevaron por delante cuanto encontraron a su paso. El caso Manos Limpias en Italia es el más conocido y cercano, pero la quiebra del bipartidismo venezolano, con todas las diferencias que se quieran subrayar, no es mala fuente de inspiración para sopesar hasta qué punto la incuria de los estados mayores de los partidos puede poner toda la arquitectura institucional de un Estado en el disparadero de una crisis ingobernables. En Italia y en Venezuela, como ahora aquí, los partidos se entregaron a un intercambio estéril de invectivas mientras se pudría la situación; cada formación creyó estar en disposición de ejercer el monopolio de la ética, pero la soberbia de los moralistas no pudo detener la rotundidad de los hechos, la deserción de los votantes hacia otras siglas y el escepticismo generalizado.

Cuando una periodista tan identificada con la derecha-derecha se expresa en los términos que lo hizo el jueves Isabel San Sebastián en las páginas de Abc, es que la gravedad de la situación no está muy lejos de lo dicho hasta ahora. “Cualquier extorsionador es, por definición, un ser de naturaleza infame, lo cual no invalida necesariamente la veracidad de sus afirmaciones –ha escrito San Sebastián–. La gente así no muta de la noche a la mañana y el extesorero de la calle Génova trabajó para el partido durante más de dos décadas. ¿Nadie se dio cuenta del tipo de persona que les llevaba las cuentas o le asignaron esa función precisamente por su carencia de escrúpulos? ¿Les ha pillado por sorpresa esta actuación del antiguo senador cántabro o ya apuntaba maneras y por eso prescindió Cospedal de sus servicios (aunque siguiera pagándole un generoso estipendio) cuando se hizo cargo de la secretaría general? Estaría muy bien que ella lo explicara con el detalle que merece la dignidad de los once millones de votantes que hace apenas año y medio depositaron su confianza en las siglas que representa”.

Lo peor no es que “el ridículo que estamos haciendo en Europa no tiene precedentes”, como afirma en elplural.com el abogado Fernando Silva, porque sí hay precedentes, lo peor es que la simulación y el pago diferido a Bárcenas, de los que en su momento dio cuenta De Cospedal durante una comparecencia balbuciente y confusa, parecen ahora pecata minuta al lado del festival de cuentas en Suiza, pagos encubiertos, contabilidades B y el link entre los famosos papeles del extesorero y la no menos famosa trama Gürtel. Aunque el PP es muy reacio a ejercitarse en la memoria histórica, debería por una vez practicarla y ponerse al día, explorar en las hemerotecas y dar con los desmentidos proporcionados por el entorno del presidente Richard Nixon: el montaje se vino abajo en dos años y Nixon dejó la Casa Blanca sumido en el deshonor.

El tiempo que ha ganado el PP en la diputación permanente del Congreso para que Rajoy no tenga que subir a la tribuna de la Cámara durante los dos próximos meses está lejos de ser un triunfo de la estrategia parlamentaria. Antes bien, se antoja una muestra de debilidad que da sentido a la ausencia de la oposición de la comisión que debe dar forma a la ley de transparencia. ¿Cómo se puede hablar de transparencia, siquiera sea en términos jurídicos, cuando la orden impartida por el PP ha sido apagar la luz así caigan chuzos de punta? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando los presumibles afectados por un escándalo político inabarcable no sueltan prenda y se remiten a cuanto se derive de las actuaciones judiciales en curso? La oposición no es un coro de espíritus puros, como ha quedado dicho antes, pero discutir la ley de transparencia en esas condiciones hubiese sido una mascarada.

Añádase a todo eso el espectáculo de la lucha por el poder desencadenada en el PP para sumar a las preguntas anteriores esa otra: ¿cuánto pueden dar de sí las costuras del sistema antes de rasgarse? La periodista Rosa María Artal describe el campo de batalla en eldiario.es: “Un Rajoy cementado a su roca –que resistirá hasta el final– se enfrenta a quienes postulan a Esperanza Aguirre como sustituta. (…) Gallardón maniobra por su cuenta, apoyado por Aznar. Sáenz de Santamaría y Cospedal –enfrentadas en la carrera– moviendo sus equipos”. No es muy difícil aceptar que la disposición de los contendientes se asemeja mucho a la de ese relato, como si todos ellos entendieran que pueden salir victoriosos del sórdido episodio. Como si de la omertà más la pugna en los despachos pudiera surgir, contra todo pronóstico, algo nuevo y decente.

A Obama le recuerdan a Nixon

La maldición del segundo mandato persigue con saña a los presidentes de Estados Unidos. Lograda la reelección, el partido al que pertenecen acoge los primeros codazos entre quienes piensan sucederle, sobre todo si el vicepresidente no ha dado señales de aspirar a la Casa Blanca, el partido en la oposición se dedica a sacar el mayor rédito posible de las torpezas del presidente y, en general, Washington considera al reelegido una figura amortizada. Así se encuentra hoy Barack Obama, con varios líos políticos entre manos, la necesidad acuciante de desembarazarse de todos ellos y el recuerdo de varios gates sobrevolando el Despacho Oval: el Watergate, el Irangate, el caso Lewinsky, la posguerra de Bush y demás material histórico de infausta memoria. Este es el sino del reelegido: andar un largo trecho hasta la puerta de salida sorteando los empujones de quienes en un futuro no muy lejano anhelarán su puesto.

“Nixon actuó como supuso que cualquiera lo haría”, ha escrito Amy Davidson en su blog de The New Yorker. “La gente tiene que saber si su presidente es un criminal. Y bueno, yo no soy un ladrón”, hubo de responder un Obama acuciado por los problemas a un periodista que le recordó a Richard Nixon, a aquel escándalo que dejó al descubierto lo peor de la política. Así están las cosas al principio de un segundo mandato que, en principio, debería beneficiarse de la desorientación de la facción liberal del Partido Republicano, de la recuperación de la economía y de la fama de primero de la clase que acompaña a Obama allá adonde va. Pero en una semana han aparecido en escena la intromisión en el historial de llamadas de la agencia de noticias Associated Press (AP), el celo especial de Hacienda para olisquear las cuentas de los grupos del Tea Party y las dudas relativas al papel del Departamento de Estado en el asalto al Consulado de Estados Unidos en Bengasi, que costó la vida al embajador en Libia, y el cielo se ha oscurecido como en los peores días de temporal.

Escándalos EEUUEl presidente ha podido salvar razonablemente bien las críticas furibundas por el episodio de Bengasi al hacerse públicos los correos electrónicos enviados desde Washington, que desmienten las informaciones difundidas por la cadena de televisión ABC y el semanario The Weekly Standard sobre la imprevisión de Hillary Clinton, pero en los otros dos casus belli se encuentra atrapado Obama entre la solvencia de sus protestas y los excesos de varios altos funcionarios de su Administración, incluido el fiscal general del Estado (ministro de Justicia), Eric Holder. En el caso del celo escrutador en el universo del Tea Party, porque la dimisión de Steven Miller, director del Internal Revenue Service (IRS), nombre de la Agencia Tributaria de Estados Unidos, está lejos de haber cerrado el escándalo de la inspección discriminatoria; en el caso de AP, la invocación con la boca pequeña de la seguridad nacional para justificar la intromisión en el trabajo de los periodistas suena a algo tan antiguo, desgastado e injustificable que carece de credibilidad.

El comportamiento del IRS, aunque ahora se diga que no obedeció a motivos políticos, causa bochorno por su naturaleza sectaria. Que Obama califique de inexcusable el comportamiento del equipo de Miller tiene un valor relativo, aunque finalmente se confirme que la investigación de las declaraciones de impuestos de organizaciones muy conservadoras, pero perfectamente legales, fue la decisión de alguien que quiso ser más papista que el Papa. Y ese valor relativo obedece al hecho de que los mecanismos de control interno de la Administración no han funcionado como es debido porque no han sido capaces de atajar comportamientos desordenados. Eso si no se descubre alguna implicación de rango superior –los medios con mejores fuentes pondrán manos a la obra– que empeore las cosas. Y en este supuesto no habrá forma de invocar la seguridad nacional para justificar lo que no tiene un pase.

En todo caso, recurrir a las servidumbres de la seguridad nacional en una sociedad adulta, sometida a engaños escandalosos como el de las armas de destrucción masiva, resulta cada día menos eficaz, más indecente incluso. David Bromwich, un profesor de Literatura de la Universidad de Yale, sostiene que las referencias a la seguridad nacional hechas por algunos funcionarios del Gobierno, después de conocerse que habían accedido al historial de llamadas de unos 100 periodistas de AP, responden al perfil de un Estado paternalista que se relaciona con los ciudadanos como si fueran niños. “El paternalismo es la ideología propia de un Gobierno que trata a los gobernados como niños –escribe Bromwich–. El deber de un padre hacia su hijo es, por encima de todo, protegerlo y garantizar su seguridad. De forma parecida, el deber del Estado paternal es custodiar la vida y la seguridad, la salud y la prosperidad del pueblo”. Siguiendo con el símil, el articulista se refiere a que a veces los niños hacen preguntas acerca de asuntos que quedan fuera de su comprensión, y así también el Gobierno considera que solo él está en condiciones de medir el riesgo inherente a algunos asuntos hurtados al conocimiento de la sociedad.

Detrás de la ironía del profesor se agita la crítica a la estrategia seguida por el equipo de Obama para cortar las filtraciones que entiende afectan a la seguridad nacional, sobre todo a partir de los despachos difundidos por Wikileaks, que dejaron al descubierto el aparato digestivo del Departamento de Estado. Una estrategia que es, según Bromwich, una prolongación de la diseñada por el vicepresidente Dick Cheney durante la Administración de George W. Bush: “La continuidad desde el 2001 al 2013 explica algunas otras cosas. El secretismo extremo que prevalece en y alrededor de la Casa Blanca de Obama fue en sí mismo un secreto hasta recientemente, silenciado por una prensa dócil esperanzada en recibir un mejor trato en el futuro”.

¿La referencia a la prensa apunta a la presunta sumisión al poder de los medios liberales? ¿El secretismo remite, sin mencionarla, a la corte de sombras de Nixon? ¿Hasta qué punto el secreto en nombre de la seguridad es compatible con los derechos de los ciudadanos? Porque, en última instancia, “¿podría ser cierto que los americanos están mejor en la medida en que conocen las condiciones reales de vida?”, se pregunta Bromwich al final del artículo. Todas esas preguntas resultan inquietantes y pueden formularse en el seno de todas las sociedades democráticas, sometidas a criterios de seguridad colectiva que obedecen tanto a razones confesables como a supuestos indefendibles. Entre estos últimos figura el recurso a recordar, como hace el politólogo Bob Cesca, que la Administración que precedió a la de Obama también hocicó en las cuentas del campo demócrata y se inmiscuyó en la labor de la prensa. El recordatorio tiene efectos demoledores porque por ese camino se puede llegar a la conclusión de que la opacidad es una condición intrínseca al poder a la que se acoge disciplinadamente el liberal y reformista Obama lo mismo que su antecesor, conservador hasta el último detalle.

Resulta inquietante la conclusión de Peter Baker en The New York Times, cuya cercanía al presidente es indiscutible: “Obama puede tener razón en algunas de las cosas que no puede hacer, pero también ha tenido problemas últimamente para presentar una visión de lo que puede hacer”. En el fondo subyace la eterna pregunta que formulan los electores en cualquier democracia: ¿qué utilización hacen los gobernantes del poder y de qué margen de maniobra disponen para sobreponerse a las tramas de intereses creados, las grandes superestructuras cuya existencia se prolonga en el tiempo más allá de los cambios en el Gobierno, los cambios en los programas y los deseos de los ciudadanos? Si a eso se añade que la autonomía de los medios (caso AP), la igualdad fiscal (caso IRS) y la seguridad exterior (caso Bengasi), pilares de Estados Unidos desde los primeros días de la nación, han resultado dañados casi al mismo tiempo, se entiende que Obama tenga que afrontar una primavera tormentosa.

Si el presidente no diluye los problemas mediante una rápida recuperación de su imagen pública, el camino de aquí a las elecciones de noviembre del 2014 puede ser muchísimo más duro de lo que podía prever. Los republicanos saben que, a falta de mejores argumentos, la figura de un presidente debilitado le priva de influencia en el Congreso, siembra la duda en su partido y desgasta a los posibles candidatos demócratas a sucederle antes de que den el primer mitin. Y esto último puede provocar la quiebra de la sintonía entre el presidente y el partido cuando, más allá de lo que recojan las encuestas, se extienda por Washington la impresión de que el desgaste de Obama puede reflejarse en las urnas, como explica el politólogo Jonathan Bernstein en The Washington Post. Barack Obama es un hombre culto, un político experimentado y un orador brillante, pero no es un líder inmune a las flaquezas y servidumbres derivadas de la complejidad del poder que encarna. Se ha extinguido el resplandor de la victoria histórica de un senador negro en noviembre del 2008 y se impone la realidad del coste diario del poder.