Bielorrusia chantajea a la UE

La situación provocada por el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, en la frontera con Polonia no solo refleja la catadura moral del inductor de la crisis y de su protector, Vladimir Putin, sino que afecta a la cohesión interna de la Unión Europea, atrapada entre la necesidad de actuar en defensa de uno de sus socios, que, a su vez, mantiene vivo un disenso fundamental en la aplicación de los tratados al no reconocer la primacía de la legislación europea sobre la nacional. Hay en la acción emprendida por Lukashenko el propósito de responder a las bravas a las sanciones impuestas por Bruselas al régimen bielorruso y en el acompañamiento de Putin se manifiesta la decisión de presionar a los Veintisiete cuanto más, mejor. Y hay también la necesidad del Kremlin de mantener el estatus de gran potencia mediante su capacidad de dañar a quienes tiene por adversarios –aunque al mismo tiempo son sus clientes, consumen gas ruso–, una necesidad perentoria para encubrir una doble realidad: la desastrosa situación económica del país y la no menos desastrosa lucha contra la pandemia.

En la crisis humanitaria provocada por el tándem Lukashenko-Putin o viceversa, las consideraciones morales no tienen cabida. Las condiciones en las que sobreviven al borde de la frontera con Polonia varios miles de personas en el gélido noviembre de la región no forman parte de las preocupaciones de quienes han decidido manipular en beneficio propio a comunidades extremadamente vulnerables. El recurso al tráfico de seres humanos, un saneado negocio para mafias de todo el mundo, resulta doblemente abyecto cuando detrás de él se hallan gobernantes dispuestos a cualquier cosa.

Tales consideraciones no deben ocultar el hecho de que la Unión Europea ha sido poco diligente en la previsión de la crisis en curso. El politólogo polaco Slawomir Sierakowski advirtió el pasado agosto que a raíz de la caótica evacuación de Afganistán por Estados Unidos y sus aliados, Lukashenko había encontrado una forma de presionar a la UE con la exportación de refugiados a la frontera con Polonia. “Desde principios de año, más de 4.000 refugiados han llegado a Lituania, 50 veces más que en 2020, afectando a las comunidades locales y molestando a la opinión pública nacional –escribió Sierakowski el 31 de agosto–. Ante tal afluencia, Lituania y Letonia han declarado el estado de emergencia. Ahora Polonia, donde ya ha habido varios cientos de intentos de obligar a los refugiados a cruzar la frontera, se une a ellos. Los refugiados, confundidos, perdidos y hambrientos, están siendo capturados en ciudades fronterizas y devueltos por la fuerza al lado bielorruso. Aunque estas devoluciones van en contra de la Convención de Ginebra, los países de la UE se han acogido cada vez más a esa práctica”.

La paradoja es que la impericia europea para afrontar el problema a las primeras de cambio puede, a la larga, rescatar al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, de un laberinto sin salida a causa de su disenso con las autoridades de la UE. Puesto que el problema ftonterizo urge más que la resolución que finalmente redacte el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la prevalencia del derecho comunitario, el Gobierno de Varsovia puede pensar, no sin fundamento, que el desenlace del conflicto jurisdiccional quedará en agua de borrajas, aunque en un principio la opinión más difundida en la UE fuese que Bruselas no podía ceder y, llegado el caso, debía bloquear los fondos destinados a Polonia. De momento, los socios europeos se ven en la obligación ineludible de salir en defensa de uno de ellos ante el desafío bielorruso, que puede hacerse extensivo a las fronteras de Lituania y de Letonia.

Al mismo tiempo, los grandes medios ponen el parche antes que la herida y avisan del error que supondría, a raíz de la crisis fronteriza, dar por amortizada la rebelión polaca en materia judicial. En teoría, es lógico pensar que tanto daña la cohesión comunitaria la posición polaca cuando no acata las resoluciones del TJUE como la dañaría la inacción ante el propósito bielorruso de enviar contingentes de refugiados al otro lado de la frontera. En la práctica, todo es más complejo porque hay demasiados socios, empezando por Hungría, que apoyan la rebelión jurídica de Polonia, siquiera sea con la boca pequeña, y en cambio no se ha alzado una sola voz en busca de una alternativa a las devoluciones en caliente.

Sucede así que la crisis fronteriza en Polonia sienta de nuevo a la UE ante el espejo de sus dudas y debilidades, con Lukashenko y Putin como grandes instigadores. Quizá sea demasiado aventurado colegir de todo ello que Morawiecki saldrá reforzado del envite, pero resulta menos arriesgado pensar que en todo caso no saldrá debilitado. Es asimismo exagerado pensar que los europeos han caído en una trampa para elefantes, pero no parece desmesurado advertir en la situación lo más parecido a una calle sin salida honorable. Entre otras razones porque de las tres medidas sugeridas por el periódico Le Monde para parar los pies al dictador bielorruso, solo la imposición de nuevas sanciones depende en exclusiva de la voluntad de los Veintisiete, Las otras dos, llevar la crisis a la ONU y visitar a los gobernantes de los países de origen para que dejen de ser cómplices de ese tráfico humano, son poco menos que inviables: jamás consentirá Rusia en el Consejo de Seguridad una resolución condenatoria de Bielorrusia y resulta inimaginable que se presten a algo semejante a un diálogo con fines de estricta decencia humanitaria las autoridades sirias o afganas, por citar solo dos de las concernidas.

En el emponzoñamiento del caso, como en tantos otros del pasado, se cumple la máxima según la cual un contrincante no es débil hasta que consigues debilitarlo. Pero Aleksandr Lukashenko no está solo y, además, dispone de un arma política de última generación con el invierno a las puertas: la espita del gas que llega de Rusia. La amenaza de cortar el suministro ya ha sido cursada, Vladimir Putin ha remitido a Angela Merkel a su aliado para que trate con él el asunto, y la poco convencional gestión de la poco convencional economía rusa autoriza a temer comportamientos abruptos. A esa llamada guerra híbrida le cuadra más el calificativo de chantaje a la luz del día.

La rebelión polaca se envenena

El encaje de Polonia en la Unión Europea se complica y lleva camino de abrir un choque institucional entre Comisión y Parlamento, no por la primacía del derecho comunitario sobre los derechos nacionales, que no discute ninguna de las dos instancias, sino por los términos de la reacción frente a  la rebeldía o revisionismo polaco. La demanda que prepara la Eurocámara contra la Comisión por la no aplicación del principo de condicionalidad incluido en el reglamento para la ejecución del presupuesto en el periodo 2021-2027, que prevé la suspensión de los pagos debidos a los países que amenazan el Estado de derecho, enrarece la atmósfera política en Bruselas y otorga un margen de maniobra a Varsovia del que no debería haber disfrutado. Porque la lentitud en el salto del apercibimiento a Polonia, hecho por la presidenta Ursula von del Leyen, a la concreción de medidas entraña demasiados riesgos innecesarios y puede dañar la cohesión de la Unión Europea en un asunto capital: la igualdad de los ciudadanos ante la ley sin excepciones.

Un artículo publicado en el periódico Le Monde por el profesor Thierry Chopin, de la Universidad Católica de Lille, se ve en la necesidad de recordar que la UE “no es una simple alianza entre estados soberanos que se consideran con libertad para sustraerse a los compromisos suscritos con sus socios”. Pareciera que el recordatorio es innecesario, pero lo hace preciso la posición polaca y la contención extrema de la Comisión a la hora de gestionar la crisis. Al igual que esa otra referencia al contenido de los tratados: “Los estados miembros de la UE se hallan en el seno de una unión de derecho y están obligados a respetar los compromisos jurídicos que han suscrito, sea en el marco de los tratados o de la producción o la aplicación del derecho derivado”. Una aplicación que garantizan los mecanismos jurisdiccionales, como recuerda el profesor Chopin.

El artículo está en sintonía con la inmensa mayoría de juristas: la UE se apoya en “un orden jurídico propio cuya autonomía con relación al derecho nacional ha sido sólidamente establecida”. No solo eso, sino que las resoluciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han hecho uso de su autonomía para proteger los derechos fundamentales, distintivos de las democracias y erosionados con cierta regularidad por el Gobierno polaco, secundado en su disenso por el de Hungría.

No hay mucho más que discutir y, si lo hay o acepta Bruselas que lo haya, se correrá grave riesgo porque equivaldrá a aceptar que es posible relativizar el cumplimiento de los compromisos emanados del tratado de adhesión suscrito en su idea por Polonia. O quizá si haya que ampliar el análisis de fondo de la crisis si se atiende a la conclusión a la que llega Sławomir Sierakowski, fundador y director de la publicación polaca de talante progresista Krytika Polityczna: “Es difícil decir qué hará el Gobierno ahora. Se ha atrincherado en la sentencia del Tribunal Constitucional, privándose del dinero que necesita para apuntalar sus posibilidades en las elecciones de 2023. Es cada vez más posible que el PiS [Ley y Justicia] esté dispuesto a sacrificar no solo los fondos de la UE, sino incluso la pertenencia de Polonia a la UE solo para aferrarse al poder”.

Hasta ahora, el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha descartado el Polexit, pero nadie se atreve a desechar por completo esa posibilidad. Hay varios factores que inducen a pensar que el anclaje de Polonia en la UE no tiene vuelta de hoja: el 90% de la población es partidaria de seguir en el club; las arcas del Estado han recibido desde 2004 más de 200.000 millones de euros de los fondos de cohesión y tienen pendientes otros 160.000 millones de aquí a 2027 si el Gobierno deja de hacer juegos de manos con las atribuciones de la justicia europea. Pero ha quedado en el aire la opinión emitida por Adam Glapinski, presidente del Banco Nacional de Polonia: “Nos las arreglaremos muy bien sin los fondos de la UE”. Si se trata solo de un desplante, malo; si es una opinión con sólidos apoyos políticos, peor.

Lo cierto es que la UE está obligada a hacer compatibles dos objetivos esenciales: preservar el Estado de derecho y evitar que el Brexit sume imitadores. ¿Es una versión de la cuadratura del círculo a escala política? Qué duda cabe de que cualquier asomo de concesión de la UE abrirá las puertas a futuras presiones de otros estados en los que flaqueen las convicciones europeístas y ocasionalmente se puedan sentir perjudicados en el ámbito jurídico o competencial, pero no es menos cierto que resulta harto difícil imaginar una rectificación conciliadora procedente de Varsovia. La parte que transija en corregir su comportamiento emitirá inevitablemente señales de debilidad ante la opinión pública, algo especialmente dañino para el Gobierno polaco que teme las elecciones de 2023 y la competencia de Donald Tusk, un europeísta sin reservas que fue presidente del Consejo.

Cualquiera que sea la solución del crucigrama, alguien exhibirá heridas visibles porque no existe una salida win-win y es imposible preservar la cohesión europea si de la proliferación de líderes iliberales resulta también una multiplicación futura de vínculos a la carta en el seno de la UE. El funcionamiento de los Veintisiete como estados comprometidos en una doble construcción económica y política de la Europa del futuro no puede sustentarse en una revisión permanente de las obligaciones y deberes derivados de los tratados de adhesión. Y desde luego, es inasumible la delimitación a gusto del consumidor del Estado de derecho, de la autonomía de los ciudadanos, de las competencias de los tribunales y de los límites del poder político. Hay demasiado en juego para que la rebelión polaca siente un precedente, pero el tiempo discurre a favor de los rebeldes a cada día que pasa sin desenlace.