Todo escuece en Catalunya

 “No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres, las más veces, serán sin remedio; y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda”.

‘Don Quijote de la Mancha’. Segunda parte. Capítulo XLII

Cuando el Estado desenfunda la porra, todo cambia, sube la temperatura en la calle hasta alcanzar la del hierro fundido, aparecen los monstruos que produce el sueño de la razón (Francisco de Goya) y cobra vida el Duelo a garrotazos (Goya de nuevo). En esas estamos desde el domingo ominoso último: la arremetida contra los votantes de una votación sin valor, ilegal, acaso simbólica, la acometida contra votantes indefensos y pacíficos las más de las veces –todas las veces quizá– por orden de fundamentalistas de la aplicación de la ley hizo descarrilar el tren de la esperanza o de los buenos propósitos. Contra toda lógica, quienes deben garantizar la seguridad pública, incluso si hay urnas aunque las urnas no procedan, sembraron la inseguridad cuando no el pavor, en directo y a la vista de todo el mundo. Por ahí escuece la herida.

Es harto sabido que el Estado ostenta el monopolio de la fuerza, el recurso a la violencia en situaciones extremas, en especial cuando los ciudadanos se enfrentan a una situación que pone en jaque su seguridad, un derecho y no un privilegio, según abundante bibliografía. Pero este monopolio no es ilimitado como lo fueron en el pasado el de la sal o el del tabaco. Cuando se cruzan determinados límites que atañen a la proporcionalidad y a la oportunidad, el poder se deslegitima y las apelaciones al cumplimiento de la ley, a la preservación de la democracia y a otras solemnidades suenan a pretexto, a coartada o a encubrimiento del simple y escueto abuso de poder, una forma espuria de ejercerlo. Por ahí también escuece la herida.

Al convertir la política en una pelea entre machos alfa y sus coadjutores de ambos sexos, surge la gran duda: ¿la disputa es por la unidad del Estado, por la independencia de Catalunya, por la ley sin mácula, por la dignidad del Parlament o, menos románticamente, por el poder y los votos? Asalta la duda porque los partidos –todos los partidos, sin distinción ni reservas– echan cuentas sotto voce a ver si los palos de ayer, la tozudez de hoy y las incógnitas de mañana dan fruto en las urnas, proporcionan mayorías y abastecen de más poder a quienes creen tenerlo ahora en grado o cuantía insuficiente. Nadie afloja en la disputa permanente entre nacionalismos –de Alfonso Guerra a Oriol Junqueras; de Soraya Sáenz de Santamaría a Marta Rovira; de una parte y de la otra–, por futuros votos útiles y para afinar permanentemente el recuento de efectivos por si hay que pasar por las urnas. Por ahí se intensifica el escozor de la herida.

También escuece la herida cada vez que alguien sale por la televisión o recurre a las redes sociales para disparatar mientras se aleja más allá de la línea del horizonte la posibilidad de un acuerdo, de una conversación, de una transacción. Así se trate del portavoz de turno –cualquiera de ellos–, del jefe del Estado, de los presidentes en litigio o de otros renombrados actores de la crisis, cada palabra empeora la situación, acorta la distancia al precipicio. De hecho, el ambiente no ha dejado de emponzoñarse desde hace mucho tiempo, y aún más desde que asomaron las porras; cada día es peor que el anterior, cada declaración chirría más, es más hiriente y anima en igual medida la huelga general, las caceroladas vespertinas y el griterío de los tifosi diurnos: “¡A por ellos, oé!”, “¡que viva España!”, “¡que nos dejen actuar!”, etcétera, etcétera.

Los lesionados y contusionados del último domingo erosionan la legitimidad de quienes se encuentran en el puente de mando del Estado, convertidos en defensores de lo indefendible: el recurso a la porra. Al mismo tiempo, con una contumacia digna de mejor causa, los profetas de la independencia insisten en consumar la profecía y desoyen a cuantos ven en la DUI una peligroso paso en falso, la pérdida acelerada del capital político acumulado mediante el impacto emocional causado por los guardias, el helicóptero en la vertical de la plaza de Catalunya y la difusión de los porrazos por todos los medios y redes. Y ese doble juego de deslegitimaciones y proclamas independentistas hace cundir la alarma en los circuitos del dinero –bancos, grandes empresas, los sindicatos mayoritarios, otros actores sociales–, y se repite a todas horas la misma pregunta: ¿quién puede desactivar los pilotos automáticos de dos naves en rumbo de colisión? Por ahí también escuece la herida o debiera escocer.

El Gobierno de Mariano Rajoy cree tener a su favor la correlación de fuerzas en España y el de Carles Puigdemont entiende que las urnas han confirmado la hegemonía social de los suyos en Catalunya, aunque la consulta reuniera todas las imperfecciones imaginables en una consulta insuficiente. Son dos puntos de partida francamente débiles incluso en el improbable caso de que fueran objetivamente mesurables mediante un exhaustivo trabajo de campo. Su debilidad se desprende de la decisión de ambos bandos de tirar por la calle de en medio a sabiendas de que, a cada paso que dan, ciegan una ruta hacia una negociación política sin apriorismos. Por ahí escuece asimismo la herida.

Cada vez que alguien del Gobierno dice que les han obligado a hacer lo que no querían hacer –la policía en acción– y alguien del Govern o de su mayoría parlamentaria reconoce que han hecho lo que han hecho –el irregular y proceloso camino hacia la independencia– porque no les dejaron alternativa (legal, se sobrentiende), se zarandea la consistencia moral de lo hecho hasta ahora. Si alguien no quiere hacer algo por razones de orden moral –un poder del Estado, un gobernante, un colectivo, un ciudadano cualquiera–, no lo hace; si alguien reconoce que hizo lo que no quería hacer, admite implícitamente que lo que hizo estuvo mal. Ni hace falta ser un independentista de manual para concluir que lo ejecutado hasta ahora por el Gobierno es de todo punto criticable ni es preciso ser un españolista sin fisuras para deducir que la praxis política del Govern es manifiestamente mejorable. Más escozor en la herida abierta.

Creyeron a ambos lados de la divisoria que su comportamiento, las motivaciones de su conducta política, les iban a granjear aliados de peso. Esperó el president Puigdemont un gesto de la Unión Europea que fortaleciera su posición en el tablero y confió Rajoy en que, al actuar en nombre de la defensa de la Constitución y de la democracia, nadie le pidiera explicaciones. Ninguna de estas dos suposiciones se concretó de forma explícita. Las palabras de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, no neutralizaron la incomodidad europea frente a las imágenes del domingo; la misma incomodidad no aminoró la oposición de los europeos a una declaración de independencia que violenta los fundamentos constitucionales del Estado de derecho, de un actor político de primer orden en el puzle de la UE. Escozores compartidos que no arreglan nada.

Lo único que se ha concretado de forma expresa y sin ambages es la estampida del dinero, las oscilaciones de la bolsa y las señales que emite la prima de riesgo. Aquí no hay escozores, aquí rige la lógica de las finanzas, el confort dentro del entramado europeo y las dificultades previsibles fuera de él. Aquí prevalecen ante todo las cuentas de resultados, el euro, el sistema bancario europeo, la libre circulación de bienes y capitales –la de personas, no tanto–, y esa primacía quizá desatasque más que las políticas de balcón, que los redactores de discursos al servicio de causas antagónicas, que los llamados argumentarios y que la brega de la fiscalía y de los jueces cuando se esfuma la política. ¡Ah, el dinero! Acaso sea en última instancia el agente que obligue a suturar algunas heridas, aunque se mantenga por mucho tiempo el escozor bajo la epidermis, puede que para siempre.

 

 

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Reparto de refugiados en la UE

La solidaridad por cuotas a la que se ha referido el diario progresista francés Libération al dar cuenta de la propuesta elaborada por Bruselas para hacer frente al drama de los refugiados deja al descubierto, con un punto de maliciosa ironía, el enfoque que la Unión Europea da a un problema que la desborda, la incomoda y la divide, pero que debe encarar de forma ineludible para no abundar en la impresión de que han impuesto su criterio los partidarios de la Europa balneario, de la Europa fortaleza y de la Europa encerrada en sí misma. Los flujos migratorios irregulares, las guerras, la pobreza y la porfía de las mafias que trafican con seres humanos han llevado hasta las puertas de la prosperidad europea la realidad que se vive al otro del Mediterráneo, a unas pocas millas de nuestras costas, donde la única salida es huir y dejar atrás el pasado. Al mismo tiempo, la presión migratoria se ha transformado en un arma política rentable en las contiendas electorales de sociedades asustadas y envejecidas, que no entienden el futuro que vislumbran o que reciben mensajes manipulados con descaro por organizaciones políticas depositarias de toscos nacionalismos xenófobos: así UKIP en el Reino Unido (cuatro millones de votos en las elecciones legislativas del día 7), el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia y otras etiquetas de parecido tenor.

Algo debe hacer Europa cuando el mar es, a la vez, tumba de muchos que no logran llegar a ella y autopista para muchos más que tocan tierra en Italia, Malta y Grecia. Algo debió haber hecho hace bastante tiempo Europa y no lo hizo, como reconoce implícitamente Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo: “Si cojo mis discursos de hace 20 años y les pongo fecha de hoy, podría mantenerlos perfectamente”. Algo más de lo hecho debió hacer Europa cuando las sucesivas crisis de las pateras y de los cayucos hicieron del estrecho de Gibraltar el pasadizo más utilizado para llegar a ella desde África, cuando Libia era un territorio poco menos que inaccesible para las mafias y no había guerra en Siria. Mucho quedó por hacer cuando los estados de la UE decidieron recortar la partida destinada a controlar el trasiego de seres humanos, y hoy vuelve a situarse el debate en el campo de los costes económicos y políticos del reparto de refugiados, así los llegados a la UE como los procedentes de terceros países, aunque todo se revista con giros del lenguaje que persiguen encubrir tal enfoque.

Cuando la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifiesta que es prioritario llegar a acuerdos con los países de origen, elude el hecho de que algunos de estos países –Libia, Somalia– son pocos menos que un nombre en un mapa, sumergidos en un caos permanente donde el Estado se ha esfumado y el futuro está en manos de una variedad inabarcable de actores políticos, y otros –Siria es el ejemplo más notable– están sometidos a la arbitrariedad de gobernantes al margen de todas las convenciones políticas. El planteamiento de la vicepresidenta es quizá inatacable desde la lógica institucional –a España le tocaría el 9,1% de los refugiados si se aprueba el proyecto de la Comisión–, pero queda muy lejos de cualquier análisis de la realidad que se vive en los países de origen. Ni es posible comprometer a gobernante libio alguno en el control efectivo de las costas desde la que parten personas de todas partes de África hacia Europa ni hay nadie en Somalia preocupado en contener la diáspora en un país desquiciado. Ni hay noticia de que alguien en Eritrea intente retener a la población que huye de la miseria ni tampoco la hay en Etiopía, y aún menos en los países del Sahel, sometidos a la triple plaga del caudillismo, la intervención extranjera y la presión del yihadismo, por no hablar de la fuga permanente con destino al norte de ciudadanos procedentes de países subsaharianos.

Portada de ‘El Periódico’ deljueves, 14 de mayo.

La posición española y los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son, por lo demás, excesivamente originales. Son, eso sí, bastante más contenidos que los del Reino Unido: la ministra del Interior, Theresa May, es simplemente partidaria de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, un procedimiento alejado de toda inquietud humanitaria que ni siquiera se justifica con la contaminación por el UKIP de la política británica. Suponer a estas alturas, como hace el Gobierno de David Cameron, que la articulación de mecanismos de acogida tendrá un efecto llamada –“solo servirá para fomentar que la gente arriesgue sus vidas”, dice May– es soslayar adrede las causas de los flujos migratorios, eludir los datos esenciales del problema: no hace falta estimular el viaje a Europa con medidas como las propuestas por la Comisión Europea porque está ahí, inamovible, la necesidad de huir de según qué lugares en busca de seguridad y de futuro.

No es este un fenómeno nuevo, extraño y característico de nuestros días. Más bien todo lo contrario: forman parte de la historia de Europa los movimientos migratorios, en ocasiones de una intensidad superior a la del presente, con destino a América, y, en el siglo XX, son una constante los desplazamientos forzados de población a causa de las guerras (el exilio republicano español), de las persecuciones (las comunidades judías en Europa central y oriental) y de la ruina económica que siguió al final de la segunda guerra mundial. Esa cicatería de muchos estados es un ejercicio de negación de la propia historia de Europa, que si hoy es tierra de llegada de multitudes desposeídas antes lo fue de salida de generaciones condenadas a la nada; esa proclama dramatizada por Theresa May sobre el provecho que las mafias sacan de la inmigración irregular es poco más que una cortina de humo para que no se perciba que, lisa y llanamente, es partidaria de cerrar el acceso a la UE bajo siete llaves sean cuales sean las consecuencias que de ello se deriven.

En todo caso, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa y la cláusula de exención que se incluyó en él, no se verán afectados por el eventual reparto de refugiados. Algo que plantea una vez más la viabilidad conceptual de una unión política que los conservadores británicos ven con desconfianza desde los tiempos de Margaret Thatcher, que los laboristas sobrellevan como un proyecto en el que se sienten incómodos y que una parte no determinada pero muy significativa de la opinión pública inglesa observa como una disolución de la identidad insular en el minestrone de nacionalidades del continente. Agravado todo con los nuevos flujos migratorios que presagian un cambio progresivo del perfil cultural de Europa, de su composición social y de su identidad colectiva, pues las antenas parabólicas y la sociedad digital garantizan a cuantos emigraron una relación afectiva en directo con sus lugares de origen.

La fotografía de portada de EL PERIÓDICO del jueves (españoles en el sur de Francia, 1939) es un buen recordatorio de qué significa ser refugiado, por encima incluso de la definición que figura en la convención aprobada por la ONU en 1951. Como ha dicho el papa Francisco, “emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad”, sometidos al juego de la conveniencia política, siempre cambiante. El refugiado es alguien desvalido, extremadamente vulnerable, perseguido o marginado por razones muy diversas que requiere la ayuda de alguien para salir del pozo. Que esa ayuda tiene un precio es indudable, que esa precio hay que pagarlo si queremos mirarnos al espejo sin vergüenza todos los días, también. Dejar a su suerte a quienes nada tienen, y alguien persigue u hostiga, es una forma extrema de egoísmo que lleva directamente a un peligroso relativismo moral.

La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.

 

 

 

El PP opta por la ‘omertà’

“Sin partidos políticos, el funcionamiento de la representación policía, es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es imposible”.

(‘Instituciones políticas y derecho constitucional’, Maurice Duverger, 1970)

Los partidos pillados en falta que se obstinan en guardar silencio y confían en que el tiempo todo lo curará suelen acabar pagando lo que en buena ley les toca más cuarto y mitad. Salvo enjuagues inconfesables con el poder judicial, esa es una regla no escrita de la democracia, pero que se repite con machacona insistencia en los regímenes de opinión pública desde tiempo inmemorial. Por idéntica razón, la reacción del PP de aislar a Mariano Rajoy y blindarlo para que no tenga que dar explicaciones en el Parlamento es un error táctico de manual porque concede a Luis Bárcenas el privilegio de fijar los ritmos. Aunque María Dolores de Cospedal sostenga en público que “las mentiras no se documentan”, los documentos originales publicados por el diario El Mundo y a disposición del juez Pablo Ruz son lo más parecido a armas de destrucción masiva (el Financial Times ha aludido a una bomba atómica).

Es sorprendente que alguien como Rajoy, tan propenso a invocar el sentido común, no haya llegado a la conclusión de que es de sentido común dar explicaciones cuando, lisa y llanamente, el extesorero del partido afirma con papeles que pagó sobresueldos a él y a otros. Que algunos tertulianos en el Canal 24 h de TVE defiendan la posición del presidente del Gobierno, so pretexto de que en febrero se explicó y no hay novedades, solo demuestra que con esos amigos no hacen falta enemigos, porque cambios sí los ha habido: se ha pasado de las fotocopias publicadas por El País a los originales; se ha pasado de no disponer de la contabilidad del PP de 1990 a 1994 a estar colgada en la red, Anonymous mediante; se ha pasado del todo es mentira “salvo algunas cosas” a billetes de curso legal en cajas de puros, gestionadas por Bárcenas y dirigidas a significados dirigentes del PP.

El parecer de Jesús Maraña en infolibre.es está más apegado a la realidad del momento que los partidarios de la omertà (ley del silencio siciliana): “Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves”. Así de simple, sencillo y sensato. A no ser que vivamos en una democracia de ínfima calidad, en cuyo caso Maraña da doblemente en el clavo con ese otro juicio igualmente simple, sencillo y sensato: “Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo.

Ante las sombras de sospecha cada vez mayores de que desde Rosendo Naseiro hasta nuestros días el PP se ha financiado de forma irregular a través de donaciones opacas, ante la más que verosímil proliferación de sobres para redondear el sueldo de altos cargos, ante el chantaje amenazante que se ejerce desde una celda de la cárcel de Soto del Real sobre el gran partido de la derecha española, la ley del silencio es la peor de todas las alternativas. El silencio no hace más que alimentar las dudas acerca de la libertad de movimientos del presidente del Gobierno y sus colaboradores más próximos, pendientes de que alguien como Garganta Profunda en el caso Watergate diga a otro alguien que siga el rastro del dinero para dejar al descubierto el gran guiñol. Si a causa de unas fiestas celebradas en un ambiente orgiástico se acusó a Silvio Berlusconi de arriesgar la seguridad del Estado, ¿qué decir cuando la atmósfera se enrarece con el intercambio de favores y dinero?

Ni siquiera la debilidad de la oposición, con su propia porquería en la trastienda –eres, palaues, iteuves y otras lindezas–, permite dar con un solo gramo de lógica democrática en esa opción por el silencio. El sistema de partidos surgido de la transición está en riesgo, no solo por lo que vaticinan las encuestas. El riesgo obedece a que el más importante de todos ellos, porque es el que sustenta al Gobierno, calla o confunde, mientras a cada poco surge un portavoz ad hoc que recuerda que los presuntos delitos han prescrito –una cosa es que hayan prescrito y otra, que no se hayan cometido–, y aquí paz y después gloria. El riesgo, en fin, es que el bipartidismo imperfecto salte por los aires porque deje de ser una herramienta útil para garantizar la normalidad institucional en un país sometido a las servidumbres y debilidades de una crisis económica atroz y varios litigios territoriales –de estructura del Estado– cada día más retorcidamente complejos.

Hay precedentes sobrados de procesos político-judiciales que, como una riada, se llevaron por delante cuanto encontraron a su paso. El caso Manos Limpias en Italia es el más conocido y cercano, pero la quiebra del bipartidismo venezolano, con todas las diferencias que se quieran subrayar, no es mala fuente de inspiración para sopesar hasta qué punto la incuria de los estados mayores de los partidos puede poner toda la arquitectura institucional de un Estado en el disparadero de una crisis ingobernables. En Italia y en Venezuela, como ahora aquí, los partidos se entregaron a un intercambio estéril de invectivas mientras se pudría la situación; cada formación creyó estar en disposición de ejercer el monopolio de la ética, pero la soberbia de los moralistas no pudo detener la rotundidad de los hechos, la deserción de los votantes hacia otras siglas y el escepticismo generalizado.

Cuando una periodista tan identificada con la derecha-derecha se expresa en los términos que lo hizo el jueves Isabel San Sebastián en las páginas de Abc, es que la gravedad de la situación no está muy lejos de lo dicho hasta ahora. “Cualquier extorsionador es, por definición, un ser de naturaleza infame, lo cual no invalida necesariamente la veracidad de sus afirmaciones –ha escrito San Sebastián–. La gente así no muta de la noche a la mañana y el extesorero de la calle Génova trabajó para el partido durante más de dos décadas. ¿Nadie se dio cuenta del tipo de persona que les llevaba las cuentas o le asignaron esa función precisamente por su carencia de escrúpulos? ¿Les ha pillado por sorpresa esta actuación del antiguo senador cántabro o ya apuntaba maneras y por eso prescindió Cospedal de sus servicios (aunque siguiera pagándole un generoso estipendio) cuando se hizo cargo de la secretaría general? Estaría muy bien que ella lo explicara con el detalle que merece la dignidad de los once millones de votantes que hace apenas año y medio depositaron su confianza en las siglas que representa”.

Lo peor no es que “el ridículo que estamos haciendo en Europa no tiene precedentes”, como afirma en elplural.com el abogado Fernando Silva, porque sí hay precedentes, lo peor es que la simulación y el pago diferido a Bárcenas, de los que en su momento dio cuenta De Cospedal durante una comparecencia balbuciente y confusa, parecen ahora pecata minuta al lado del festival de cuentas en Suiza, pagos encubiertos, contabilidades B y el link entre los famosos papeles del extesorero y la no menos famosa trama Gürtel. Aunque el PP es muy reacio a ejercitarse en la memoria histórica, debería por una vez practicarla y ponerse al día, explorar en las hemerotecas y dar con los desmentidos proporcionados por el entorno del presidente Richard Nixon: el montaje se vino abajo en dos años y Nixon dejó la Casa Blanca sumido en el deshonor.

El tiempo que ha ganado el PP en la diputación permanente del Congreso para que Rajoy no tenga que subir a la tribuna de la Cámara durante los dos próximos meses está lejos de ser un triunfo de la estrategia parlamentaria. Antes bien, se antoja una muestra de debilidad que da sentido a la ausencia de la oposición de la comisión que debe dar forma a la ley de transparencia. ¿Cómo se puede hablar de transparencia, siquiera sea en términos jurídicos, cuando la orden impartida por el PP ha sido apagar la luz así caigan chuzos de punta? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando los presumibles afectados por un escándalo político inabarcable no sueltan prenda y se remiten a cuanto se derive de las actuaciones judiciales en curso? La oposición no es un coro de espíritus puros, como ha quedado dicho antes, pero discutir la ley de transparencia en esas condiciones hubiese sido una mascarada.

Añádase a todo eso el espectáculo de la lucha por el poder desencadenada en el PP para sumar a las preguntas anteriores esa otra: ¿cuánto pueden dar de sí las costuras del sistema antes de rasgarse? La periodista Rosa María Artal describe el campo de batalla en eldiario.es: “Un Rajoy cementado a su roca –que resistirá hasta el final– se enfrenta a quienes postulan a Esperanza Aguirre como sustituta. (…) Gallardón maniobra por su cuenta, apoyado por Aznar. Sáenz de Santamaría y Cospedal –enfrentadas en la carrera– moviendo sus equipos”. No es muy difícil aceptar que la disposición de los contendientes se asemeja mucho a la de ese relato, como si todos ellos entendieran que pueden salir victoriosos del sórdido episodio. Como si de la omertà más la pugna en los despachos pudiera surgir, contra todo pronóstico, algo nuevo y decente.