Mohamed VI entra en acción

El giro de la diplomacia española en el conflicto del Sáhara, por no decir bandazo, suma un nuevo dato a tener en cuenta: la aparición de Mohamed VI en la gestión final de la crisis de confianza –enfado mayúsculo marroquí, cabe decir– a raíz de la presencia en España, abril del año pasado, de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado de covid. La invitación cursada por el rey de Marruecos a Pedro Sánchez para que acuda a Rabat en los próximos días y selle la reconciliación ha de servir para olvidar la provocación de palacio de enviar a la playa de Ceuta, mayo último, a miles de jóvenes e inducir una situación imposible, no resuelta del todo, con un flujo migratorio que fijó en la retina de la opinión pública imágenes ciertamente turbadoras. Pero ha de servir o debería servir –el modo potencial, tan necesario en estos casos– para dejar la seguridad de Ceuta y Melilla a salvo de manipulaciones desde el otro lado de sus respectivas fronteras, y para que los flujos migratorios con origen en Marruecos no sean terreno abonado para las mafias.

El caso es que el comportamiento de Mohamed VI y de su Gobierno es difícil de prever más allá de la gesticulación presente que ha permitido al rey asegurarse que es él quien fija el ritmo de los acontecimientos: enfado, crisis en Ceuta, retirada de la embajadora, visitas de enviados de Estados Unidos en Rabat, apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara, regreso a Madrid de la embajadora, visita de Pedro Sánchez a Rabat, y aquí paz y después gloria, con la brújula en manos de palacio. El caso es que la posición de Marruecos en el flanco sur de la OTAN se ha visto singularmente reforzada desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El caso es que, de iure, el Sáhara Occidental es un territorio por descolonizar y que, al mismo tiempo, la ONU carece de los resortes mínimos necesarios para que tenga algún efecto la labor de intermediación de Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara.

Ese marco de referencia se ha consolidado sin que nadie se haya preocupado en poner en antecedentes o prevenir al exilio saharaui en Tinduf, en ponerse en contacto con el Frente Polisario, que la Unión Africana considera el legítimo representante del pueblo saharaui. Atrás ha quedado la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación y la escandalosa negativa de Marruecos a aceptar la revisión del censo reclamada por la dirigencia saharaui a partir del hecho indiscutible de que la guerra y el exilio han falseado la composición del censo original de residentes en el Sáhara, sometido a una marroquinización intensiva a partir de la Marcha Verde y la subsiguiente evacuación española. Todo se ha olvidado, todo ha sido arrasado por la realpolitik y por las perentorias urgencias impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de la OTAN de liberar el flanco sur, más allá de los límites de la Alianza, de situaciones potencialmente inestables, y eso incluye mantener a Argelia alejada del influjo ruso, históricamente importante desde los tiempos de la Unión Soviética.

Es más que discutible que ese zurcido apresurado sea útil y eficaz. En primer lugar, porque el Frente Polisario no se siente obligado por nada de lo acordado y seguirá reclamando el referéndum, aun a costa de prolongar la condena del exilio en el desierto y de depender del enfoque que Argelia haga del caso en cada momento. En segundo lugar, porque Estados Unidos, España, Francia, Alemania y algún otro Estado de los que apoyan la autonomía carecen de influencia para cambiar la posición saharaui a fin de dar con un atajo para liquidar la crisis. En tercer lugar, porque décadas de penalidades han establecido un vínculo emocional muy especial entre la opinión pública española y la comunidad de Tinduf, y es imposible que una resolución destemplada del conflicto, sea cual sea el Gobierno que la apoye, no entrañe un coste político con un gran potencial divisivo en el seno de una sociedad abonada a la división y a las polarizaciones extremas.

En la práctica, lo que ha sucedido estos días es que el rey de Marruecos se ha procurado un falso mecanismo de legitimación del plan de autonomía para el Sáhara, pero tal cosa no lo hace ni más viable, ni más aceptable ni más resolutivo. La única legitimación posible, al menos en términos morales, es aquella que tenga en cuenta a los representantes de la comunidad saharaui y cuente con el respaldo de la comunidad internacional; cualquier otra desviación para resolver el crucigrama tendrá un carácter superestructural, de imposición a la fuerza de una solución ajena al sentir mayoritario de los saharauis y a la percepción que la opinión pública tiene del caso. Es posible que más temprano que tarde saque el Gobierno de Marruecos de su chistera una ley de autonomía del Sáhara, y aun sea capaz de instalar un Gobierno ad hoc, pero tal cosa, de darse, no cambiará sustancialmente los enunciados del problema, es posible incluso que los empeore.

En un artículo publicado en 1994 por el escritor marroquí de expresión francesa Tahar Ben Jelloun, este recordaba, desde su convicción de que el Sáhara Occidental debe ser parte integrante de Marruecos, que Mohamed Boudiaf, el único presidente argelino que creyó factible llegar a un acuerdo con sus vecinos, incluido un pacto sobre el futuro del Sáhara, murió asesinado en circunstancias nunca esclarecidas al poco de regresar de su exilio en Rabat. Fuese o no la muerte de Boudiaf fruto de una conspiración urdida en el seno del Frente de Liberación Nacional, el partido que logró la independencia de Argelia, para mantener viva la política de confrontación con Marruecos, el recuerdo de aquel lejano episodio (29 de junio de 1992) ilustra hasta qué punto el emponzoñamiento del conflicto del Sáhara es una constante histórica, de parecida manera a cómo lo es en la arena de Tinduf el desencanto ante un futuro desesperanzado, tan incierto desde hace décadas.

 

Una tregua bombardeada

La degollina de Alepo certifica la debilidad de la gestión política de la guerra en Siria a partir de la aprobación en diciembre de 2015 de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos frutos más visibles hasta la fecha han sido la tregua acordada a finales de febrero y las negociaciones iniciadas en Ginebra entre el Gobierno y la oposición. El único resultado tangible de las conversaciones es que han sobrevivido a toda clase de vacilaciones y zozobras; los bombardeos de la última semana amenazan con sepultar el alto el fuego aunque el pretexto para martirizar Alepo es acabar con los focos de resistencia terrorista que cobija y que alimentan la guerra. Al sumar la atmósfera de Ginebra a la matanza en curso, una más, se adueña de los análisis la idea expresada por diferentes integrantes del Alto Comité de Negociaciones, que engloba a la oposición y varios grupos armados apoyados por Occidente, Arabia Saudí, Catar y Turquía: el desarrollo de los acontecimientos en Ginebra depende de las acciones sobre el terreno en Siria. Dicho de otra forma: el riesgo de que sucumban las negociaciones es hoy mayor que nunca.

Como ha manifestado Basma Kodmani, uno de los delegados de la oposición desplazado a Ginebra, la continuidad del diálogo “depende de cuanto pasa sobre el terreno y del mando que controlan rusos y estadounidenses” a distancia, o según conviene a la barroca complejidad de las desavenencias entre la Casa Blanca y del Kremlin. Para Vladimir Putin, salvar el régimen de Bashar al Asad es el objetivo principal y el combate contra el Estado Islámico es secundario, al menos por el momento; para Barack Obama, lo que más importa es acabar con el califato e insertar a Siria en el dispositivo general de seguridad de Oriente Próximo. Para el presidente de Rusia, nada es más importante que asegurarse un papel relevante en la región; para el de Estados Unidos, en año electoral, toda muestra de debilidad se convierte en un arma que carga el diablo y pone en manos de los republicanos, singularmente del imprevisible Donald Trump, promotor exaltado de un incremento del presupuesto de defensa para disponer de una force de frappe amedrentadora en cualquier lugar y circunstancia.

De acuerdo con la descripción de Dmitri Trenin, del Carnegie Moscow Center, Rusia actúa en Siria para restaurar su papel de gran potencia en la región,  condición que perdió cuando el último presidente de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov, se retiró del escenario al comienzo de la primera guerra del Golfo. Además, sostiene Trenin, la política de Putin persigue otros objetivos menos llamativos, pero no menos importantes: contener y disminuir la presión del islamismo radical; apoyar a regímenes y fuerzas aliadas en la región; asentar el despliegue militar en y alrededor de la región; ampliar la presencia militar rusa en los mercados de armas, nuclear, de gas, de petróleo y de alimentos de Oriente Próximo; atraer a inversores de los países del Golfo y concertar con los grandes productores del Pérsico una política de precios sostenible en los mercados energéticos. En suma, el objetivo ruso es consolidarse como un interlocutor ineludible de igual manera a como Estados Unidos lo es, con la diferencia de que Obama intenta ahorrarse el coste económico y político de otra guerra.

La percepción del conflicto que tiene la opinión pública europea es sustancialmente diferente al que manejan rusos y estadounidenses. La capacidad de actuación del Estado Islámico en suelo europeo a través de una red muy dinámica de militantes dispuestos a inmolarse, la presencia de los refugiados en el Egeo, y de allí al corazón del continente, y el efecto que todo ello tiene en las políticas nacionales sitúa la neutralización de los yihadistas en el centro del debate. Pero tal operación es inseparable de una implicación decidida en la guerra –qué hay que hacer, en qué condiciones, en cuánto tiempo, etcétera–, y ahí las sociedades europeas se muestran reticentes. Y aunque cada día son más las voces que consideran ineficaz el combate contra el islamismo en armas si se afronta solo como un problema de seguridad, las iniciativas relacionadas con la presencia activa en Siria son tan modestas o más que aquellas necesarias para actuar en un entramado económico que es de facto un criadero de muyahidines, en Europa y en el orbe musulmán.

Salvo en la coordinación cada vez más estrecha de la comunidad de inteligencia europea y en el almacenamiento de refugiados en Turquía, sigue en pie la pregunta de Henry Kissinger: ¿qué número hay que marcar para conocer la posición de Europa? En la laberíntica guerra siria, en la que coinciden en el campo de batalla los generales de un régimen vesánico, diferentes islamismo políticos, musulmanes deseosos de construir un Estado laico, profetas del Apocalipsis, los socios de Al Qaeda (Al Nusra) y los combatientes del califato, las actitudes contemplativas son clamorosamente estériles, y las reacciones viscerales o emocionales –la de François Hollande después del 13 de noviembre, por ejemplo– apenas sirven para modificar el curso general de los acontecimientos; puede que ni siquiera sean útiles para tranquilizar a sociedades asustadas. El poder blando europeo es un valor en sí mismo, pero solo es eficaz cuando se fundamenta en la unidad de acción, algo que está lejos de haber logrado la Unión Europea después de más de cinco años de guerra en Siria.

La carnicería en un hospital de Médicos sin Fronteras y en una clínica deslegitima a quienes ordenaron el bombardeo, invalida toda justificación y pone en evidencia una vez más la textura moral del régimen sirio, pero es improbable que las imágenes de la tragedia y el testimonio de las víctimas modifiquen el comportamiento de las partes implicadas en la crisis y sus asociados. Por el momento, no hay una alternativa a la guerra y al sectarismo que contente a los aliados respectivos del Gobierno sirio y de las oposiciones, representantes de un variopinto espectro ideológico. El propósito alentado en febrero por Staffan de Mistura, mediador de las Naciones Unidas, para celebrar en 18 meses unas elecciones sometidas a control o tutela internacional estuvo tan cargado de buenas intenciones como falto de realismo. Como dijo en su momento Kofi Annan, ninguna de las partes está dispuesta a salir con heridas visibles de un proceso en el que, además de la presencia inevitable de Bashar al Asad o de sus herederos, apoyados por Rusia, tendrían algo que decir y defender Irán, China, Turquía, la Unión Europea y, desde luego, Estados Unidos, directamente o a través de sus respectivos socios en las trincheras. Aquella idea angelical de las elecciones que todo debían curarlo se antoja una utopía; es ilusorio creer que bandos irreconciliables pueden aceptar el dictamen de las urnas, puestas en medio de los cascotes humeantes de la guerra civil.

El escritor sirio Basel al Awadat ha descrito la falta de resultados en el foro de Ginebra con una frialdad muy precisa: “Rusia siguió apoyando la posición del régimen [sirio] y comenzó a decantarse por otras oposiciones. Además, hizo propuestas para sustituir a la principal delegación negociadora de la oposición por otra que incluya a otros opositores menos extremistas y más próximos a la visión del régimen. Mientras tanto, este seguía violando la tregua y bombardeando las ciudades que apoyan a la oposición. Estados Unidos, por su parte, se limitó a contemplar lo que sucedía sin reaccionar en señal de apoyo a la oposición, e incluso el enviado de la ONU para Siria y encargado de la supervisión de las negociaciones, Staffan de Mistura, se tomó a la ligera la decisión de la oposición de abandonar las negociaciones, que lo calificó de ‘show diplomático’, y confirmó que las negociaciones seguirían su curso con quienes estuvieran presentes”. Diríase que se impusieron las actitudes políticamente correctas, aquellas del todo previsibles, sin que fuesen alteradas ni por un momento por la hecatombe de Alepo. Hay demasiado en juego, según parece, para que alguien ose romper las perversas reglas de un juego que puede llegar a considerar la guerra un mal menor.