La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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Bloqueo ultra al presupuesto europeo

La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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La democracia suma adversarios

Todo cuanto pueda pensarse y decirse del comportamiento de Donald Trump después de consumarse su derrota es inseparable del clima de impugnación de los procesos democráticos pautados. El enroque del presidente de Estados Unidos degrada el sistema en igual o parecida medida que la sucesión de presidentes en Perú entre el griterío y la represión en la calle, el sectarismo encubierto de los gobernantes en tantos lugares, el chantaje de Hungría y Polonia a la Unión Europea y un sinfín de focos infecciosos cuya pretensión es reducir el pluralismo político, el sufragio universal y la división de poderes a poco más que una formalidad o coartada para sus designios. Si Trump es el gran oficiante de esa nueva iglesia política –quizá no tan nueva–, la multiplicación de monaguillos le asegura un largo y a saber si próspero futuro, aunque sus efectos sean ruinosos.

El espectáculo ofrecido por las diferentes derechas representadas en el Congreso a raíz de la aprobación de la llamada ley Celaá –gritos de ¡libertad!, ¡libertad! a pleno pulmón– forma parte de ese oficio de tinieblas en el que la adulteración de los hechos corre parejo con el propósito de deslegitimar a voces el derecho a gobernar conquistado en las urnas. Entre la algarabía en el Parlamento y la última conferencia de prensa de Rudolph Giuliani para tachar de fraude y manipulación la victoria de Joe Biden no hay mayor diferencia en el objetivo perseguido de desacreditar al adversario, convertido en enemigo; las demás distancias son meramente físicas, idiomáticas y de paisaje. El punto de mira se fija en el mismo blanco: dejar sin efecto cuanto se deriva de un resultado electoral mediante la concreción de una versión sin fundamento de cuanto acontece.

“Incluso si Trump pierde, lo que parece probable, su marca distintiva de populismo divisivo conservará una potente fuerza en la política americana”, ha escrito un analista estadounidense. Como sucede con la emergencia climática, la contaminación no cesará aunque el agente contaminante se ponga en evidencia. Es improbable que las cajas destempladas de Alejandro Hernández en el Parlamento andaluz hagan mella en las convicciones de los votantes de Vox; es altamente improbable que el autoritarismo incontinente de Viktor Orbán lleve a recapacitar a una parte significativa de los electores de Fidesz; nadie espera que el populismo del Gobierno polaco afecte sustancialmente al integrismo nacionalista que ocupa el puente de mando. La praxis política de demasiados no hace más que recurrir a las instituciones democráticas para socavar los valores de la democracia.

El espectáculo representado en Perú, con una alocada sucesión de presidentes, más de la mitad de los 120 integrantes del Congreso sometidos a proceso judicial y la calle encendida es la última aportación al descabalgamiento de la democracia, transformada en una forma caricaturesca de regeneración del poder a causa del recurso abusivo a las previsiones constitucionales y a las funciones del Parlamento. “La frágil institucionalidad política del país” y la pérdida de un quinquenio por el sumidero de la corrupción han llevado al analista Gianfranco Castagnola a avizorar el riesgo de caer en la decadencia, pero de las declaraciones hechas en el entorno de Francisco Sagasti, el tercer presidente en muy pocos días, es fácil deducir que subsistirá la fragilidad de las instituciones, que es tanto como decir que se mantendrá el desprestigio del sistema y, quizá, la búsqueda de un atajo para dejar a salvo los desafueros del establishment.

Las elecciones convocadas en Venezuela para el próximo mes, boicoteadas por la oposición, tienen el mismo perfil y propósito: recurrir a un instrumento democrático para violentar los requisitos mínimos de la democracia y liquidar la disidencia de quienes antes apoyaron el régimen y ahora claman contra él. “Después de haber desmantelado a los partidos políticos que se oponían a su versión del socialismo, Maduro ha apuntado a su aparato de seguridad hacia los aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la Unión Soviética hasta Cuba”, se afirma en un largo reportaje publicado por The New York Times. Sea cual sea el resultado de unas elecciones en las que el único vencedor posible es el Partido Socialista Unido de Venezuela, la invocación de la democracia apenas será una coartada.

Las viejas convicciones democráticas carecen de la agresividad gestual de sus adversarios. Eso es al mismo tiempo una virtud y una debilidad: preservan el pluralismo, pero su capacidad de respuesta es a menudo insuficiente. La opinión expresada por François Mitterrand en 1989 de que no habrá “democracia sólida ni paz en el mundo sin el florecimiento de culturas seguras de sí mismas y capaces de enriquecerse mutuamente” tiene hoy un sentido renovado debido a la floración de sectarismos en el seno mismo de democracias consolidadas, ofertas políticas para las que las reglas de la democracia son un estorbo en cuanto llegan al poder. Recuérdese y véase la rudeza de personajes tan del momento como Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan y tantos otros que, con su comportamiento, han confirmado que el paso por las urnas fue para ellos un mero trámite sin ulteriores compromisos morales.

Los impugnadores de las pautas democráticas han encontrado en los sinsabores de la pandemia el terreno abonado para su populismo demagógico. Su falseamiento de la realidad cautiva a algunos auditorios ávidos de superar el momento y realizar un rápido viaje de retorno al pasado. Claro que tal viaje no es posible, pero la mistificación es suficiente para que la lógica populista ocupe audiencias y espacios de poder, sume adeptos y erosione la democracia con promesas ajenas a los datos del presente, sumida la aldea global en una crisis sin fronteras.

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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La pandemia debilita a la UE

La crisis del coronavirus ha sacado a relucir lo mejor y lo peor de la sociedad del siglo XXI. La abnegación de muchos, sin condiciones ni reservas, resalta la cicatería de otros, los egoísmos nacionales y los prejuicios exacerbados. Las discusiones en la Unión Europea para superar el fallo multiorgámico que sufre la economía sin dejar a nadie en la estacada o condenándolo a un estatus disminuido, precario, atienden a esta doble condición: la decencia aconseja el esfuerzo concertado, la solidaridad y el espíritu europeo en su máxima expresión; los analistas financieros sacan luego el manual e imponen la frialdad de la cuenta de resultados o de cualquier otro dato que guía sus pasos.

En la película Presidente Mitterrand, el actor que encarna al estadista deja dos frases para la historia que el Mitterrand auténtico seguramente habría asumido: “Yo soy el último de los grandes presidentes. Después de mí no habrá más que financieros y contables”. A juzgar por las justificaciones difundidas por economistas de variada procedencia para explicar la negativa de Alemania, secundada por Holanda, Austria y algún otro socio de la UE, el Mitterrand de cine se adelantó a su tiempo. Porque tales justificaciones solo atienden a los aspectos contables para cerrar la puerta a los eurobonos, a la mutualización de la deuda, sin entrar en otras consideraciones y en la necesidad apremiante de que ningún país se quede por el camino, renqueante y sin caminos transitables cuando cese la tormenta.

El juicio de los técnicos se apoya en los datos inmediatos, pero con demasiada frecuencia soslaya la historia. Por ejemplo, sin la disposición europea a facilitar la unificación alemana, vencidas las resistencias iniciales, el proceso hubiese entrado en una provisionalidad de efectos imprevisibles, aunque algunos alemanes ilustres como Günter Grass se alarmaron con la el acuerdo cerrado por el canciller Helmut Kohl con los socios comunitarios. Por ejemplo, se olvida el dumping fiscal practicado por Holanda –un paraíso fiscal encubierto– que perjudica los erarios de otros países, entre ellos España. Por ejemplo, se deja de mencionar que las exportaciones de Holanda equivalen al 78% de su PIB y que el destino de bastante más del 50% es a países de la UE (Rotterdam es el primer puerto de Europa).

Claro que, al mismo tiempo, hay economistas que entienden que es indefendible volver al desastroso austericidio de 2010 y años sucesivos. El belga Paul de Grauwe, de la London School of Economics, ha explicado a este diario que si no hay eurobonos porque Alemania se cierra en banda, el Banco Central Europeo debe financiar los déficits, monetarizando la deuda, al mismo tiempo que califica de locura recetar austeridad a España –añádase Italia– mediante el recurso al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Y advierte que con gestos arrogantes puede crecer la desafección y pueden engordar los partidos eurófobos, que ven la construcción de la cohesión europea, de la ciudadanía europea, como un problema y no como una solución.

Los ejemplos de Hungría y Polonia son dignos de tenerse en cuenta: dos partidos de extrema derecha, nacionalistas, eurófobos y autoritarios –Fidesz y Ley y Justicia– tienen garantizado el respaldo mayoritario de la población, facilitados sus atropellos a la democracia por la pasividad de la UE, más inclinada a la retórica que ha sancionarlos. El poder de contagio de actitudes como la de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, es equiparable al del coronavirus. Líderes políticos de diferentes marcas de la extrema derecha –Marine Le Pen, Geert Wilders, Matteo Salvini– se encuentran en una situación propicia para asaltar el poder o por lo menos mediatizarlo, si no es que ya lo hacen ahora en alguna medida. Dicho de otra forma: la pandemia puede debilitar la UE en grado sumo como proyecto de futuro.

Muchos de estos líderes a la espera cuentan además con la ventaja de no sufrir desgaste alguno porque no gestionan la crisis, no han de tomar decisiones sobre la marcha ni dar todos los días el parte de contagiados y muertos. Con difundir la idea de que quienes gobiernan la UE y en cada uno de los países pecaron de imprevisión, son ineficaces y se ven superados por la crisis tienen suficiente para que les sonrían las encuestas y siembren la gran duda: ¿podía haberse afrontado todo de mejor manera? Una vez más, rinde o puede rendir réditos la maquinaria perversa de simplificar el cariz de los problemas para, acto seguido, ofrecer alternativas de una simplicidad absoluta.

Nada es fácil en la crisis insólita que mantiene a los ciudadanos encerrados en casa a la espera de que escampe, a los sistemas sanitarios sometidos a un estrés permanente, a las economías sin aliento y a los gobiernos obligados a atender a la vez al consejo de los especialistas y a las necesidades básicas de la población. Pero todo puede complicarse si, al mismo tiempo, llegan de Bruselas malas noticias o noticias inconcretas. Una de ellas, las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: el Plan Marshall que reclama Pedro Sánchez será el presupuesto de la UE, estará contenido en él. Si fue dicho para salir del paso, malo; si fue dicho para suavizar el debate sobre los eurobonos, peor.

Se ha quedado sola Alemania en la UE como único socio de referencia, muy debilitada Francia por los efectos de una larga crisis social y un programa de reformas promovido por Emmanuel Macron que a duras penas se concreta. Ha dejado de funcionar el eje francoalemán como un sistema de pesas y medidas capaz de equilibrar mentalidades, tradiciones políticas y lastres del pasado muy diferentes, y se ha impuesto el enfoque alemán de los problemas y de las soluciones, con Angela Merkel en el ocaso y un Parlamento que “nunca aprobará los eurobonos”, según recordó la cancillera. Y corre el riesgo la UE de olvidar algunas de las ideas que guiaron a los padres fundadores, entre ellos, Robert Schuman: “Servir a la humanidad es un deber igual que el que nos dicta nuestra fidelidad a la nación. Así es como nos encaminaremos hacia la concepción de un mundo en el que se apreciarán cada vez más la visión y la búsqueda de lo que une a las naciones, de lo que les es común, y en el que se conciliará lo que las distingue y las opone”. Unión, diversidad, solidaridad, estos son de nuevo los grandes retos.

Europa toma nota de los errores del PP

A tres semanas de que se inicien las elecciones al Parlamento Europeo adquiere especial importancia el alcance del desembarco de Vox en el Congreso, no por haber obtenido 24 diputados, sino por haber quedado muy lejos de los 60 que esperaba lograr. Frente al fatalismo que parece haberse adueñado del centroderecha convencional, aseado y democrático, el resultado de las legislativas en España demuestra que cabe contener el desafío si la participación es suficiente para conseguirlo, aunque quienes en primer lugar debieran neutralizar el auge ultra cometan los errores sin límite que llevaron al PP a tontear más allá de toda medida con el neofranquismo rampante. Es decir, no es misión específica  de la izquierda frenar a la ultraderecha en las urnas, pero fue la movilización electoral de la izquierda la que evitó que Vox sumara más escaños con 2,6 millones de votos.

Para calibrar en su justa medida el alcance del resultado obtenido por Vox basta prestar atención al cambio de eslóganes: durante la campaña fue la idea de la reconquista de España, desde Andalucía hacia todas partes; después del escrutinio, los redactores de mensajes del partido se refieren al inicio de la resistencia, una fórmula lo suficientemente ambigua como para no comprometer a nada ni fijar un objetivo concluyente. El cambio de mensajes es radical, aunque el volumen de los oradores siga siendo el mismo; la reconquista queda aplazada –nunca olvidada– y se impone concretar metas acordes con el resultado obtenido, muy bueno –24 diputados de golpe–, pero insuficiente para activar los resortes retardatarios enumerados por los líderes de Vox desde el resultado de las elecciones andaluzas.

Tal situación no mengua la inconsistencia de la disparatada campaña de Pablo Casado, inspirada en las orientaciones de la FAES de José María Aznar, que malbarató el papel tradicional del PP como hogar moderado de los ultras añorantes del pasado y puso en el disparadero a un segmento de electores que siempre se ha sentido incómodo en democracia, en la España de las autonomías y en la Unión Europea. La simplicidad política de Santiago Abascal y adláteres ganó audiencia mediante la explotación de la crisis catalana, los flujos migratorios, el empobrecimiento de las clases medias y otros factores de índole diversa, pero también merced al error infantil del PP de imitar las arengas ultras en la creencia de que ello retendría en el seno del partido a los herederos del franquismo sociológico. Como suele suceder, entre el original y la copia, a la hora de votar, los electores más ultraconservadores se decantaron por el primero y desdeñaron el segundo.

Puede decirse que esta oscilación del voto, unida a la huida de electores centristas en dirección a Ciudadanos, poco menos que en tropel, ha debilitado en tan gran medida a los populares que su apresurado viaje de vuelta al centro después del descalabro, repentino y sin mayores explicaciones, apenas emite señales de eficacia y, por el contrario, alimenta la velocidad de crucero de Vox con la vista puesta en el 26 de mayo: a escala interior, porque esperan los ultras asomar con holgura en ayuntamientos y comunidades autónomas; a escala europea, porque prevén sumar efectivos a la internacional eurófoba.

Si Pedro Sánchez se ha convertido en referencia ineludible de la socialdemocracia en Europa a raíz de su victoria del 26 de abril, cabe añadir también que el electorado español ha adquirido una relevancia especial porque ha limitado el parte de daños de la aparición de la extrema derecha en el Congreso, y ha acotado los temores de cuantos avizoran que el recuento de las votaciones previstas entre el 23 y el 26 de este mes otorgará a la extrema derecha una influencia desconocida en Europa desde el final de la segunda guerra mundial. Es seguro que el próximo Parlamento Europea tendrá un grupo ultraconservador muy numeroso que englobará diferentes versiones de una misma oferta ideológica, pero no lo es menos que el experimento de aprendiz de brujo realizado por Casado con resultados catastróficos debe servir de advertencia a otras centroderechas tentadas de cometer el mismo error: diseñar una campaña de contención de la extrema derecha consistente en incorporar partes esenciales de su programa.

La investigadora Julia Ebner, del Institute for Strategic Dialogue de Londres, ha recordado en las páginas del diario El País cuál es el principal objetivo de un conglomerado de partidos que acude a las instituciones europeas para minarlas: “Nuestros análisis muestran que la ultraderecha no se centra tanto en sacar adelante políticas propias, sino en bloquear o boicotear las políticas de otros”. Las declaraciones del británico Nigel Farage y del holandés Geert Wilders no disimulan en absoluto su voluntad de obstaculizar los trabajos del Parlamento Europeo; las de Marine Le Pen, Matteo Salvini y Viktor Orbán, sin ser tan explícitas, persiguen el mismo fin; las de Santiago Abascal son del mismo o parecido tenor.

Solo la movilización y participación de la izquierda, la concentración del voto centrista y la defensa de la identidad política de los partidos europeístas puede evitar un desaguisado –la consolidación de una minoría obstruccionista y vociferante hasta la afonía–, puede limitar la difusión de un nacionalismo populista y desabrido destinado a debilitar la UE. Las políticas de identidad son cada día más influyentes, como escribe Francis Fukuyama en su último libro, y la Kulturkampf, como explica Agnes Heller referido al programa de Viktor Orbán en Hungría, constituye un rasgo característico del repliegue desde una sociedad cosmopolita hacia otra en la que el marco de referencia principal es el Estado-nación. Las apelaciones de Santiago Abascal y Javier Ortega Smith a la caza, los toros, Don Pelayo y otras señas de identidad más o menos tópicas, pero fácilmente localizables en la memoria colectiva del conservadurismo español, confirman los diagnósticos de Fukuyama y Heller.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí? En parte a causa de la decisión de las grandes familias políticas –la democristiana-liberal y la socialdemócrata– de promover una salida de la crisis que ha sembrado la alarma entre las clases medias, ha dañado el Estado del bienestar y se ha sometido a las exigencias del entramado financiero y de la economía global. En parte, asimismo, por la capacidad del pensamiento más conservador de divulgar un fundamentalismo nacionalista y de sacralizar la historia mitológica del Estado-nación; de resucitar la exaltación del individuo como depositario de unas señas de identidad colectivas en peligro de extinción mediante la mundialización. Frente al magisterio de Raymond Aron y tantos otros –“Es vano preguntarse si la historia tiene un fin, puesto que ya no se cree en una Providencia”–, se remiten al pasado los ideólogos o inspiradores de la extrema derecha renacida después de decenios de travesía del desierto; todos ellos creen en la nación inmutable y eterna.

Nada de todo esto es ajeno a la historia política de Europa y a las oprobiosas tragedias de siglo XX. Todos los movimientos de extrema derecha que nacieron y crecieron en el periodo de entreguerras constituyen precedentes de los que hoy preparan el asalto al Parlamento Europeo. Vox no es una excepción: no hace falta citar nombres, basta repasar el ideario ultranacionalista de los años treinta, el léxico utilizado, el valor otorgado a los símbolos, para concluir que la pretensión de los herederos es recuperar todo aquello. La misma fórmula es aplicable a la movilización ultra en otros países, con inquietudes sociales más o menos explícitas, más o menos destinadas a desposeer al Estado de algunas de las responsabilidades asumidas hace más de medio siglo para atenuar las desigualdades.

 

La crisis migratoria, una crisis moral

La marcha atrás de Donald Trump en el caso de los menores, hijos de inmigrantes, separados de sus padres y encerrados a menudo en jaulas no neutraliza la naturaleza deshumanizada de las políticas dictadas desde la Casa Blanca para combatir los flujos de migración irregulares. Al mismo tiempo que Estados Unidos anuncia que se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por ser una instancia “hipócrita y egoísta”, particularmente parcial en contra de Israel, el presidente ha dado muestras de un desprecio absoluto por los derechos de los más vulnerables, decidido a utilizar cuanto esté en su mano para mostrarse como el más duro de los duros. En realidad, debería decirse el más insensible de los insensibles.

Lo peor del comportamiento de Trump, injustificable y sin otro objetivo que contentar a sus electores y sacar partido de las contradicciones del sistema, lo más pernicioso es que crea escuela, alienta a neofascistas como el ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, e inspira las políticas xenófobas de dirigentes como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Nada pueden ni las consideraciones morales ni los datos objetivos de informes que subrayan el efecto positivo de las migraciones en sociedades envejecidas como las europeas –el último de ellos, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia–  cuando de lo que se trata es de explotar políticamente la peor versión de la política de las emociones, de los padecimientos de los sectores más deprimidos de una sociedad –la estadounidense, la italiana, la húngara o cualquier otra– para mantener en marcha el taxímetro de los votos. La explotación de sentimientos primarios ha sido siempre un resorte de movilización política que en nuestros días se manifiesta como un dinamismo preocupante.

La posibilidad de habilitar bases militares de Estados Unidos para alojar a inmigrantes entrados en el país de forma irregular mientras se decide si procede su expulsión resulta tan humanamente discutible como el proyecto europeo de crear campos de acogida de inmigrantes económicos y potenciales refugiados fuera de las fronteras de la UE. Si de hecho el acuerdo con Turquía para que almacene a tres millones de migrantes de todas clases ha convertido a los estados europeos en rehenes –potenciales al menos– del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, qué cabe esperar que sucedará con futuros campos situados en Libia, un Estado fallido, o cualquier otro territorio sin garantías o con tendencia a la cirugía de hierro.

El caso del barco Aquarius, atendido con dignidad y eficiencia por el Gobierno español, se multiplicará en otros lugares del Mediterráneo, con otros desaprensivos al frente de las operaciones –otros Salvini–, porque el desembarco en Valencia no deja de ser una excepción, un caso aislado, una reacción que no puede equipararse a una solución. Las referencias genéricas que se hacen en la UE y en Estados Unidos a actuar en origen para alumbrar las condiciones de vida, trabajo y progreso que acaben con los flujos migratorios no son más que justificaciones: todo el mundo sabe que incluso en el hipotético caso de existir y aplicarse estos programas de actuación en origen –algo bastante dudoso–, es improbable que surtan efecto antes de una generación. Dicho de otra forma: en el medio y largo plazo no decrecerá el problema mediante un efecto inmediato y poco menos que milagroso de cambio de las condiciones sociales que se dan en la mayoría de países de África, en Siria, Irak, Afganistán y otros lugares con una historia torturada.

El cambio de paradigma de la aldea global a sociedades amuralladas plantea multitud de incógnitas referidas a la coexistencia de dos mundos frente a frente: uno próspero o relativamente próspero y otro condenado a la pobreza, la dependencia y la sumisión. Muchas de las críticas hechas por políticos republicanos y demócratas de Estados Unidos, enfrentados a las imágenes de niños separados de sus progenitores, remiten a ese diseño insostenible de segmentación de la comunidad internacional. Cuando el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, amenaza con cerrar las fronteras a los no comunitarios si el Gobierno no arbitra una fórmula para bloquear los flujos migratorios, no hace más que perpetuar la división entre ricos y dsposeídos, a un lado y otro del Mediterráneo, sin mayor preocupación por la suerte que corran en el futuro las víctimas que se arriesgan a cruzar el mar en embarcaciones de fortuna. Seehofer es quizá menos bocazas que Salvini, pero no es menos peligroso ni pone menos en riesgo la decencia como norma en las sociedades democráticas.

La crisis migratoria sienta ante el espejo de su historia a Estados Unidos y a Europa por razones diferentes, pero determinantes. En el caso estadounidense, porque el país creció y cuajó como una gran potencia mediante la consolidación de sucesivas oleadas migratorias; en el caso europeo, porque muchos de cuantos ahora llegan a las costas del sur son los descendientes de aquellos otros que vivieron la experiencia de formar parte de grandes imperios coloniales –el británico y el francés, los más importantes– y hoy pasan por el trance de verse rechazados por los descendientes de quienes en otro tiempo los gobernaron. En ambos casos, ningún líder o gestor saldrá indemne de esta crisis lacerante, ni siquiera aquellos que acuden a las encuestas y comprueban que tienen el viento a favor, porque la idea y la doctrina de los derechos humanos ha arraigado en sectores muy importantes y dinámicos del primer mundo que son quizá los mejor dispuestos para contener el episodio de populismo, xenofobia y nacionalismo exacerbado que atenaza a muchas sociedades por no decir a todas.

“Europa no conseguirá sobrevivir sin inmigración”, sostenía Günter Grass. Su convencimiento de que todas las grandes culturas han surgido de procesos de mestizaje debería orientar la reunión de ocho líderes europeos este domingo en Bruselas para discutir el problema y vislumbrar soluciones realistas y humanizadas. Es difícil que el pensamiento del gran escritor alemán prevalezca, y aún lo es más que los gobiernos se sustraigan al influjo de la extrema derecha, cada día más crecida y con mejores expectativas electorales en Francia, Alemania, Italia y Austria, la mitad de los países convocados. Aunque suene a disparate, los estrategas políticos han llegado a la conclusión de que para neutralizar a los ultras hay que asumir como propio parte de su discurso y aceptar como irremediable que el presidente Trump, con obsceno desparpajo, aparece en todas partes como su líder carismático.

 

Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.

Trump, un líder para tiempos oscuros

Solo las encuestas de Los Angeles Times sin asomo de duda, el profesor Allan Lichtman, acertante invariable desde hace 32 años, y el documentalista Michael Moore el pasado mes de julio pronosticaron que el vencedor del 8 de noviembre sería Donald Trump. En el caso del periódico californiano, su muestra demostró ser la mejor de cuantas manejaron los medios para vislumbrar el futuro; en el del universitario volvió a funcionar su cuestionario de 13 preguntas; en el acierto de Moore se concretó el conocimiento profundo que tiene de su país, tan presente en Capitalismo: una historia de amor. La sorpresa de la madrugada del miércoles fue una impugnación sin precedentes en Estados Unidos acerca de la utilidad de los sondeos, pero fue también un baño de realismo social que hubieron de encajar a un tiempo todos los grandes medios informativos, salvo Fox News, favorable a Trump, la gran mayoría de la comunidad académica y los defensores de la teoría del mal menor, que debía allegar votos a Hillary Clinton, poco apreciada por sus conciudadanos, pero preferible siempre al candidato republicano. Pocos, como Moore, supieron medir la intensidad del mar de fondo que sacude a las sociedades occidentales y ha llegado con fuerza inusitada a las costas de Estados Unidos para teñir el mapa de la nación con el rojo característico de los republicanos a pesar de la división profunda del partido, un dato nada desdeñable.

Vio Moore cinco razones para la victoria futura de Trump:

  1. Las ‘mates’ del Medio Oeste o bienvenidos a nuestro ‘Brexit’ del cinturón de óxido. Fueron determinantes en la victoria de Trump los estados que en el pasado precisaron mano de obra intensiva en la gran industria: automóvil, acero, bienes de equipo y otros sectores.
  2. La última batalla del hombre blanco enojado. El voto del hombre blanco golpeado por la salida de la crisis y que afronta el futuro con una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad cayó del lado de Trump, reforzado por el del 54% de las mujeres blancas.
  3. El problema Hillary Clinton. El perfil de una mujer preparada e inteligente, pero casi siempre distante y a menudo soberbia, tenida por la viva imagen del establishment en un ambiente poco propicio para las familias patricias y las élites políticas, señaladas por los estrategas de campaña de Trump como las responsables de todos los males de la nación. Una encuesta reveló que el 70% de los electores la consideran “mentirosa y deshonesta”.
  4. El voto deprimido de Bernie Sanders. Los seguidores del senador en las primarias se dividieron el martes entre los que hicieron un gran esfuerzo para optar por Clinton y los que prefirieron quedarse en su casa. Para estos últimos, careció de sentido la opción del mal menor.
  5. El efecto Jesse Ventura. Esto es, muchos de cuantos decidieron votar por Trump entendieron que la elección permitía enviar un mensaje de protesta contra sus victimarios o contra quienes creen que lo son, de la misma manera que la victoria en Minnesota del luchador Jesse Ventura en 1998, que fue elegido gobernador del estado, se interpretó como la consecuencia de un acto de rebeldía de la mayoría de votantes contra el establishment local.

Algo consustancial con los equilibrios sociales en los países occidentales se ha quebrado y no lo detectan las encuestas. Se respira una atmósfera de profunda contrariedad por el precio desorbitante de la salida de la crisis después de pagar un precio asimismo desorbitante cuando estalló –paro, recesión, inseguridad, fragmentación del mercado de trabajo, entre otras causas de desasosiego–; el pacto social de la posguerra ha saltado por los aires y la economía global da la impresión –acaso es más que una impresión– de que persigue solo la eficacia (la rentabilidad) y renuncia a la equidad. Mientras tanto, arraigan en sociedades castigas, envejecidas, desorientadas y sin grandes líderes la entera gama de prejuicios asociados a las crisis de identidad: racismo, xenofobia, islamofobia, miedo al otro, oposición a los flujos migratorios, proteccionismo y nacionalismo exacerbados y otras lacras propias de tiempos oscuros.

Es cierto que Trump carece de experiencia política, que no es un líder con la cultura cosmopolita y refinada que distingue a Clinton, pero ha demostrado poseer el instinto primario de un presentador de reality show que sabe echar sal a la herida para que salten las lágrimas cuando decae la audiencia. Trump hizo “una campaña que se parecía más al nacionalismo europeo que al conservadurismo estadounidense”, escribió uno de los cronistas de The New York Times al día siguiente de la elección, y ese fue un acierto suyo porque ajustó el mensaje a la reclamación perentoria de volver a las esencias, intuida en las filas de la baja clase media blanca, que no ha sacado partido del éxito macroeconómico de Barack Obama durante sus dos mandatos.

Ese enojo extremo, inductor de un voto oculto no detectado por las encuestas, no fue percibido por Clinton o no fue tenido en cuenta por su equipo de campaña. Lo que Clinton no entendió es el título del análisis electoral publicado por la escritora Kathleen Parker en The Washington Post. La idea central de Parker, y con ella la de muchos otros, es que la elección de 2016 se planteó como un referéndum sobre la herencia de Obama, y la candidata demócrata insistió en que ella era la depositaria del legado del presidente saliente. “La promesa de Clinton de continuar las políticas de Obama fue una agenda suicida –escribe Parker– para una mayoría de estadounidenses, especialmente para aquellos cuyas vidas no mejoraron durante la recuperación económica en los últimos ocho años”. Insistir en la preservación de la herencia recibida no era solo innecesario, sino que a la postre fue contraproducente.

Dicho de otra forma, la elección se planteó como “la batalla entre lo rural y lo urbano, entre quienes quieren dejar las cosas como están y quienes no forman parte de tal orden y quieren uno nuevo”, sostiene el analista Andrew Rosenthal. En ambos casos ganó Trump: en la llamada América profunda, por la sensación de que la tierra se mueve bajo sus pies sin que nadie haga nada; en los degradados paisajes urbanos del cinturón de óxido, porque el sueño americano –un eslogan o una ilusión– parece haberse desvanecido en la densa atmósfera de las nuevas tecnologías y de las finanzas globales, concentradas en los prósperos estados del noreste y en la costa del Pacífico. Basta contemplar el mapa político que ha dejado la elección de presidente para colegir que Clinton fue sobre todo la candidata de la nueva economía, de los nuevos empleos, de la sociedad posindustrial, y Trump fue en especial el líder proteccionista que quiere cambiar las reglas del juego, sin que se sepa, por lo demás, cómo y con quiénes piensa hacerlo sin poner a Wall Street en un grito.

Tampoco hay demasiadas pistas ciertas acerca de qué propósitos animan a Trump en otros campos, salvo las vaguedades difundidas durante la campaña. Solo algo es seguro: la mutación ideológica del republicanismo iniciada con la revolución conservadora de Ronald Reagan se ha consumado este último martes con una intensidad y en unos términos que solo los neocon muy convencidos, los ideólogos del Tea Party y los profetas de las nuevas iglesias evangélicas pudieron vislumbrar en el pasado. Ese partido de Donald Trump y Mike Pence es tan diferente del de John McCain y Mitt Romney, de Colin Powell y de George H. W. Bush, que se reflejan en él la división social, la fractura que atestigua el cómputo de votos populares –un empate técnico con unos miles de papeletas más para Clinton–, las protestas contra el vencedor que siguieron al escrutinio y esa alarma generalizada ante un personaje imprevisible, del todo desconocido, capaz hasta ahora de cualquier descortés inconveniencia sin que le tiemble la voz.

A cambio de no saber qué futuro deparará el relevo en la Casa Blanca, el populismo ultraconservador dispone desde el martes de un líder de referencia a escala planetaria. De Marine Le Pen a Vikton Orbán, por citar a dos entre muchos, la ultraderecha tiene un espejo donde mirarse, tiene una técnica electoral en la que inspirarse para porfiar en ese gran cambio en curso que desafía los usos democráticos, la convivencia entre diferentes, el mestizaje cultural y el recurso al pacto para no caer en el autoritarismo destemplado. Este parece ser el signo de estos días confusos: proveer de argumentos a la extrema derecha para que sume cada día nuevos adeptos a su causa, que no es la de la mayoría aunque sus líderes así lo venden. ¿O acaso Trump no es tan del establishment como Clinton, como todos los presidentes desde George Washington? Como ha dicho el escritor Richard Ford, pronto echaremos en falta a Obama.