La yihad alimenta a la serpiente

Mientras brotan las emociones a flor de piel a raíz del ataque terrorista en Londres, dejan oír su voz cuantos están dispuestos a sacar partido de la tragedia para sus propios fines. Mientras la prudencia y los llamamientos a la unidad impregnan los discursos en la Cámara de los Comunes y en la calle, Paul Nuttal, líder del UKIP (ultranacionalismo islamófobo), y su antecesor, Nigel Farage, llenan los medios con improperios y rescatan de su programa la división entre ciudadanos británicos musulmanes, siempre bajo sospecha, y no musulmanes, siempre bajo amenaza de los primeros. Mientras los gobiernos buscan el origen de todo en Oriente Próximo, resulta que el atacante se llamó Adrian Russell hasta convertirse en Khadir Masood y transformar un coche y un cuchillo de cocina en armas de guerra.

Así están las cosas: una serie de obviedades y contradicciones dejan de lado dos datos muy reales: el final del Estado Islámico, de producirse, estará lejos de ser, al mismo tiempo, el final de la pesadilla, y la prédica apocalíptica del yihadismo ha hecho del Daesch el banderín de enganche de diferentes formas de radicalización y nihilismo en las sociedades europeas. Puede el califato incipiente sufrir una derrota rotunda en los campos de batalla de Siria e Irak, pero es improbable que tal suceso mengüe la determinación de quienes han hecho del combate contra Occidente su causa mayor, su razón de ser. Puede la sociedad clamar por el fin de la violencia con la determinación que se ha hecho en los últimos años, pero mientras subsistan agravios comparativos, desigualdades lacerantes y comunidades condenadas al gueto, los profetas de la acción directa encontrarán un auditorio minoritario, pero suficiente, de lobos solitarios, células durmientes y otras modalidades de terror no necesitado de un comando o dirección central: le basta con esperar la ocasión, golpear y huir si es posible.

Como le hace decir William Shakespeare a Bruto en Julio César, “entre la ejecución de un acto terrible y su primer impulso, todo el intervalo es como una visión o como un horrible sueño”. Pero luego todo tiene su lógica y la siembra de la muerte se justifica mediante la invocación ensimismada de un objetivo irrenunciable. El desconocimiento pasmoso del islam detectado entre los conversos adscritos a la guerra santa carece de importancia; lo que realmente los mueve es infligir el mayor daño posible con la mayor repercusión posible en los medios. Como dice Jean-Pierre Filiu en Las 9 vidas de Al Qaeda, esta organización “supo sacar el mayor provecho de la mundialización de los intercambios humanos, con el fin de amalgamar en su matriz militantes de horizontes muy diversos”, y el Estado Islámico ha sabido llevar esta estrategia hasta sus últimas consecuencias.

La petición de Simon Jenkins, un analista del periódico liberal The Guardian, de que no se llenen “páginas de los periódicos y horas de televisión y radio con palabras como miedo, amenaza, terror, maníaco o monstruo” o de que no se presente a Londres “como escenario de una película de miedo”, todo ello con el fin de disipar la atmósfera de histeria, es un requerimiento razonable, pero de imposible cumplimiento. No hay  posibilidad de objetivar la matanza de igual forma a como un científico objetiva un fenómeno físico, porque el factor humano es determinante y la reacción emotiva, inevitable. De no producirse, los motivos de alarma deberían ser por lo menos tan grandes como los que suscitan el discurso desabrido de cuantos quieren manipular la emotividad en beneficio propio (los populismos que desafían la realidad con remedios simples para atender a males complejos).

Al cumplirse 60 años de la firma del Tratado de Roma, los europeos contemplan estupefactos que la serpiente ha anidado en sociedades prósperas, democráticas y que confiaron en su día en el pacto social de la posguerra para atemperar las desigualdades. Quizá sea más exacto decir que la serpiente ha anidado de nuevo en una comunidad muy diferente a aquella de los años 30 que se abismó en la catástrofe, pero no menos necesitada de respuestas y certidumbres, no solo a causa del Brexit y de la crisis de los refugiados, dos acontecimientos perturbadores, sino de la confusión reinante acerca de cuál debe ser el rumbo futuro, cómo ensamblar en una sola comunidad cohesionada perfiles tan diferentes como los que cabe encontrar en cualquier calle de cualquier gran ciudad europea.

En el análisis clásico de los grandes conflictos, se tiende a considerar tres factores en el origen de toda confrontación: el choque de identidades, la rivalidad entre religiones y la desigualdad económica. En este conflicto que siembra la muerte por Europa se dan los tres frentes. La multiculturalidad ha resultado ser un intento fallido de constituir una sociedad basada en un pluralismo integrador, y la interculturalidad, necesitada de alguna forma de mestizaje, apenas se ha hecho realidad en reductos minoritarios. Londres es un buen ejemplo de todo ello: la organización de diferentes comunidades homogéneas en un mismo espacio urbano, que rara vez han ido más allá de la coexistencia, ha hecho posible una sociedad culturalmente fragmentada, donde los discursos incendiarios han encontrado un público predispuesto, minoritario, pero extremadamente activo. Y en cada conurbación europea, con intensidad y características diferentes, se ha repetido el mismo modelo de fracaso.

Dice el periodista Patrick Cockburn que el Estado Islámico es hijo de los errores cometidos por Occidente en Oriente Próximo. Quizá la idea sea extensiva a la floración de muyahidines en Europa, sin que ello sea ni por asomo una justificación de sus desmanes. El riesgo está en que los gobiernos abunden en el error y solo gestionen la situación como una crisis de seguridad, olvidando los factores sociales y la necesidad de poner en marcha programas dinámicos de integración. Si esto sucede, se mantendrán inamovibles los ingredientes estrictamente europeos que han propiciado la crisis y, en última instancia, volverá a planearse el consabido y falso dilema entre libertad y seguridad. Sucedió después de los atentados de París (13 de noviembre de 2015), Bruselas (22 de marzo de 2016) y Berlín (19 de diciembre de 2016), y el estado de ánimo de algunos gobernantes europeos que deben rendir cuentas a una opinión pública asustada es peor al de hace unos meses. Porque detrás del telón se agitan los populismos que ven en el atentado de Londres otro presagio de que quizá pronto alcanzarán el poder (ahora ya lo condicionan).

 

 

Paz colombiana sin alternativa

La proximidad de la firma del acuerdo de paz alcanzado por el Gobierno de Colombia y las FARC y del referéndum que debe aprobarlo (26 de septiembre y 2 de octubre respectivamente) han avivado la controversia sobre la legitimidad o derecho del presidente Juan Manuel Santos de hacer tabla rasa a decenios de combates, secuestros, extorsión y narcotráfico. Se trata de un debate jurídico, pero también político; de un debate entre lo ideal y lo real, pero también entre adversarios políticos irreconciliables; de un debate entre la esperanza depositada en el futuro y el lastre que procede del pasado, pero también de los sentimientos que albergan las víctimas. Frente a la idea de que todo desenlace de una guerra sin vencedores obliga a hacer concesiones que quedan fuera del Código Penal se alza el argumento ético del respeto a la ley, cueste lo que cueste –dura lex, sed lex–, esgrimido por los contrarios al acuerdo, sospechosos a su vez de acogerse a la máxima del derecho romano para no desvelar o poner sobre la mesa otras razones de índole personal, de rivalidad política o simplemente de mal disimulado oportunismo.

Cuando es posible dar con las primeras dosis de envenenamiento de una sociedad no más cerca de 1948 –el bogotazo, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán–, un tratamiento convencional para desintoxicarla apenas tiene posibilidades de éxito. Todos los caminos explorados antes de los cuatro años de negociaciones que han alumbrado el acuerdo han sido intentos fallidos, episodios de frustración colectiva, oportunidades perdidas en un crucigrama plagado de enunciados abstrusos. “Los enemigos del diálogo están enfermos de resentimiento y de ira”, ha dejado dicho en el diario bogotano El Espectador el escritor Héctor Abad Faciolince, cuyo padre fue asesinado por los paramilitares en 1987. Al mismo tiempo, comprende Abad los celos de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, humanamente explicables, dice, porque Santos logró lo que ellos persiguieron y no alcanzaron, pero no ve otro camino para silenciar las armas que empezar de cero y dejar de buscar cobijo en la negra espalda del tiempo (el concepto está tomado de Javier Marías que a su vez lo tomó de William Shakespeare).

En ese largo conflicto que quizá se encamina hacia su fin nadie es inocente salvo las víctima atrapadas en la refriega, en el fuego cruzado entre una utopía emancipadora que fue al fin distopía y la soberbia de un Estado a menudo venal, insensible ante la pobreza y el desamparo de comunidades campesinas dejadas a su suerte desde la noche de los tiempos. Acaso se acerquen a su final las guerras del coronel Aureliano Buendía, aquellas cuyo cronista fue Gabriel García Márquez, guerras interminables noveladas, pero no siempre de ficción o imaginadas, que llegaron hasta nuestros días debidamente transformadas hasta no tener cabida en la literatura, o puede que sí –Noticia de un secuestro–, y aparecer desde hace un par o tres de generaciones en las secciones más ensangrentadas de los noticiarios.

“Ambos lados –el del sí y el del no– se revelan como unos abanderados del bien y con ínfulas de superioridad moral sobre el otro, como si cada uno fuera dueño de la verdad y por eso tuviera el derecho a mandar y a pisotear”, ha escrito Catalina Gallo en El Tiempo de Bogotá. No hay superioridad moral alguna en ninguno de los dos bandos, pues ambos, en algún momento, fueron actores principales en la producción de cadáveres y la difusión de prácticas abominables; no es posible plantear el referéndum en estos términos porque sería tanto como suponer que la limpieza de espíritu de una parte de los colombianos –importa poco cuál– condena a la otra, la deja marcada con un estigma imborrable y para siempre. Todo cuanto rehúye el análisis político de un conflicto político que solo admite respuestas políticas tiende a enturbiar la realidad si no es que la adultera por completo.

Aun así, el recurso presentado ante el Consejo de Estado contra la pregunta a la que deberán responder los ciudadanos se acoge a dos formalismos de naturaleza jurídica para eludir los ingredientes políticos que se dan en el caso: la impunidad de quienes delinquieron y la inclusión de la palabra paz en la pregunta por ser “una inducción directa al votante”. Contra la creencia del presidente Santos de que tiene la facultad de redactarla según mejor le parece, los recurrentes entienden que la paz es un derecho y “no se puede usar con el sentido” que se ha hecho, como si la única vía para alcanzar “una paz estable y duradera” fuese la aprobación de lo acordado trabajosamente en La Habana. “No me trago el sapo de los delitos atroces, el de la justicia, el de la impunidad y el del narcotráfico”, proclama el senador Everth Bustamante, exintegrante de la guerrilla urbana M19 y hoy en las filas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, pero al manifestar su oposición al acuerdo soslaya un dato capital: las condiciones mediante las cuales aceptó la vía institucional el grupo al que pertenecía el hoy senador tuvieron un impacto emocional considerable a comienzos de los 90, hubo también un debate jurídico que discurrió en paralelo al desenlace político.

Al internarse en el laberinto de los razonamientos jurídicos, los contrarios a dar por buenos los términos de la paz negociada con las FARC evitan las complejidades inherentes a ofrecer una alternativa a lo pactado. Descartada la victoria militar absoluta del Estado y admitidos los riesgos propios de la aplicación de unos acuerdos llenos de complejidades, a ojos de los negociadores, de los intermediarios, de los partidarios de dar el sí el 2 de octubre, no hay otro sendero practicable; no es posible salir del enredo si se quiere abrir una causa general contra la guerrilla que la señale como única responsable de la matanza. Los riesgos de enquistamiento, de dolencia crónica e incurable –el caso del ELN, que sigue intransigente en la selva–, son mayores que aquellos que pueden desprenderse de la pervivencia de una facción irreductible de combatientes, de la dificultad misma de convertir a los militantes de las FARC en ciudadanos desarmados y aceptados en las instituciones por el establishment.

Una última razón ilustra la conveniencia de apoyar el compromiso de La Habana: mientras las situaciones abruptas se han adueñado de la política en Venezuela, Brasil y Bolivia, y esa tendencia al drama nacional diseña un futuro indescifrable, por lo menos poco halagüeño, la opción colombiana transmite la idea de un futuro verosímil, de un espacio político habitable a pesar de todo. No hay nada especialmente innovador en la apuesta colombiana más que la apuesta misma por un desenlace basado en un posibilismo extremo que da sentido al convencimiento de que cualquier alternativa es peor a lo pactado, sobre todo si entraña judicializar la política, llevar a Timochenko y a sus seguidores ante un tribunal para que den cuenta de lo sucedido. “Este no es el viejo mundo jodido por los demonios del pasado”, declaró hace dos años el periodista Jon Lee Anderson a El Tiempo. Ese es el reto.

 

La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.