Pros y contras de la iniciativa ciudadana europea

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En funcionamiento desde el 1 de abril de 2012, y aprobado por el tratado de Lisboa, la Iniciativa Ciudadana Europea es el mecanismo que permite a los ciudadanos de la Unión Europea presentar iniciativas invitando a las instituciones y a la Comisión a legislar sobre determinados temas e influir así en sus políticas. Es la primera forma de participación ciudadana directa que existe en el mundo para una instancia supranacional.

Para hacerlo, es necesario que lo organice un comité formado por siete ciudadanos europeos residentes en siete Estados miembros distintos, que consigan un millón de firmas en un período de un año. Además, también las firmas deben recogerse en al menos siete países distintos de la Unión alcanzando un número mínimo de firmantes en cada uno de ellos, para intentar propiciar que las iniciativas traten sobre temas generales y no sobre política nacional. Para poder obtener declaraciones de apoyo por internet, los organizadores deben crear un sistema de recogida accesible a través de su página web que se ajuste a las especificaciones técnicas establecidas en un reglamento de Ejecución específico. Los organizadores también deben conseguir la certificación de su sistema por la autoridad competente del Estado miembro en el que se vayan a almacenar los datos.

Todos estos requisitos hacen que de las 21 iniciativas presentadas solo una de ellas haya conseguido las firmas necesarias para que la Comisión dé su respuesta. Se trata de la iniciativa: “El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano ¡El agua no es un bien comercial, sino un bien público!”, que se registró en mayo de 2012 y será respondida, una vez conseguidas las firmas, en marzo de este año.

Es destacable que en las iniciativas se pueden ver incluso el número de declaraciones de apoyo por país. Por ejemplo, en la iniciativa que ha llegado al final, que quiere promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos, se obtuvieron 1.236.455 en Alemania, 58.000 en España, 373 en Estonia o 0 en Dinamarca. Desde su creación, de esas 21 iniciativas presentadas, 6 aún abiertas y 7 están ya cerradas. Las 7 iniciativas restantes fueron retiradas por los propios organizadores.

Un ejemplo de iniciativa que no ha conseguido llegar a buen puerto es la iniciativa por la Renta Básica Incondicional, que finalizó el 15 de enero, al no llegar al millón de firmas. Se consiguieron 285.000 avales, e incluso más de un país, como Bulgaria, Eslovenia, Croacia, Bélgica, Holanda y Estonia alcanzaron sus cuotas de firmas, y otro, Hungría, estuvo cerca de alcanzar a los demás.

Cuando se consigue el millón de firmas, con los requisitos acordados, la Comisión se reúne con los organizadores, y estos pueden presentar la iniciativa al Parlamento Europeo. Es entonces la Comisión la que decide si toma alguna medida o si no lo hace. Es decir, incluso cumpliendo todos los requisitos, tal vez la iniciativa sea descartada al final.

Funciona, así, de modo parecido a otros países europeos, e incluso con un porcentaje menor de firmas necesario. En España, las iniciativas legislativas populares (ILP) se pueden llevar al congreso consiguiendo 500.000 firmas (una de cada 92 españoles), o 50.000 firmas en 120 días en una comunidad autónoma como Catalunya o Madrid, que es lo que dio vía libre para tramitar la propuesta de Ley en el Parlament de Catalunya para abolir las corridas de toros, por ejemplo. En Hungría son necesarias 50.000 firmas (una de cada 138 húngaros), o en Lituania también 50.000 pero con mucha menos población (debería firmar uno de cada 60 lituanos).

En resumen, la iniciativa ciudadana europea es la más sencilla de conseguir en número de votos (un millón), que significa conseguir un voto de cada 500 personas, aunque los requisitos sean tremendamente complicados.

Tal vez más “democrático” sea el sistema de iniciativa popular suizo, que permite a cada ciudadano exigir que una propuesta para modificar la Constitución sea sometida a votación nacional. Para ello, la iniciativa debe reunir un mínimo de 100.000 firmas en 18 meses (una de cada 79 personas). Si el comité que organiza la iniciativa popular consigue las firmas, el electorado suizo acude a las urnas para dar su voto. Este instrumento político garantiza su participación activa en la política.