La tierra vuelve a temblar: los desalojos

Benita no podía creerlo. El suelo volvía a temblar. Habían pasado ya cinco años desde el terremoto, pero ahora otra sacudida amenazaba con destruir el hogar que tanto esfuerzo le había costado poner en pie. Esta vez era el hombre y no la naturaleza quien estaba dispuesto a desahuciarla. “Llegaron con una pala excavadora y armas de fuego para destrozarlo todo. Decían que teníamos que irnos, que la tierra era suya”, cuenta esta mujer de 28 años.

Su relato ilustra solo uno de los más de 60.000 desalojos forzosos que, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), han tenido lugar en Haití desde enero de 2010. Un fenómeno complejo que, a pesar de ser bien conocido por todas las instituciones, apenas ha sido investigado. No hay cifras oficiales, como tampoco hay información sobre los supuestos responsables. Según Amnistía Internacional (AI), los afectados son sobre todo habitantes de campos de desplazados y asentamientos irregulares. Detrás, casi siempre, hay personas que dicen ser los propietarios de esos terrenos y que acaban expulsando a los que allí viven sin cumplir las más mínimas garantías.

El caso de Benita Toussaint ha sido uno de los más recientes. Ocurrió el 24 de abril de 2015 en la comunidad de Koray Sesles, al norte de Puerto Príncipe. Estos terrenos, que hasta hace unos años permanecían vacíos, empezaron a ser habitados a partir de 2011 por personas afectadas por el terremoto. La mayoría llegaba hasta aquí huyendo de las malas condiciones de los campos de desplazados.

Restos de viviendas derribadas tras el último intento de desalojo forzoso en la comunidad de Koray Sesles (Puerto Príncipe).
Restos de viviendas derribadas tras el último intento de desalojo forzoso en la comunidad de Koray Sesles (Puerto Príncipe).

En poco tiempo, Koray Sesles pasó a tener alrededor de un centenar de nuevos pobladores. Cada uno compró una parte del solar a personas que decían ser los propietarios, pero muy pocos recibieron a cambio un documento que los declarase como legítimos dueños. Esta falta de títulos de propiedad los dejó totalmente vulnerables. “Al principio empezaron a llegar amenazas de gente que quería quedarse con la tierra para revenderla. Nunca antes habían utilizado violencia, pero el día 24 aparecieron con armas. Sacaron todas nuestras cosas a la calle y derribaron uno de los muros de la casa con la pala excavadora. Les pregunté el porqué y dijeron que el terreno era suyo”, relata Benita.

“DECÍAN QUE TENÍAMOS QUE IRNOS, QUE LA TIERRA ERA SUYA”. –BENITA TOUSSAINT, VÍCTIMA DE UN DESALOJO FORZOSO-

Después de aquel día, ella y su familia –incluidas dos hijas de 3 y 13 años- pasaron varias semanas durmiendo en la calle. Tenían miedo. “Cada vez que oía un coche pensaba que eran ellos”. Ahora una cicatriz en la pared –la de aquel muro que se desgajó y que hoy ha sido sustituido por ladrillos- les recuerda que las excavadoras pueden volver en cualquier momento. Dentro también hay heridas que siguen abiertas: la cama rota, muebles agujereados por los golpes de culata… “Sé que pueden volver pero no tenemos dinero para irnos a otro lugar”.

En la medida en que la legislación internacional de derechos humanos reconoce el derecho a una vivienda digna, incluye el derecho a la protección contra los desalojos forzosos. Entre otras organizaciones, Amnistía Internacional insiste en este punto en numerosos informes. No obstante, si se iniciara el proceso de desalojo, la legislación exige el respeto de una serie de preceptos: los afectados deben ser consultados, avisados con antelación suficiente, se les debe ofrecer una alternativa habitacional y aquellos que lo efectúen deben estar identificados. Asimismo, nunca deben hacerse de noche y en todos los casos deben estar presentes los abogados de las personas afectadas. Sin embargo, ninguna de estas obligaciones se ha cumplido en Haití, donde este tipo de expulsiones han sucedido de forma forzosa y en la más absoluta impunidad. De hecho, ni siquiera las propias leyes nacionales lo consideran un delito.

Algunos afectados por desalojos forzosos lo han denunciado ante la justicia,<br />pero esta sigue sin pronunciarse. Las leyes haitianas no lo consideran un delito.
Algunos afectados por desalojos forzosos lo han denunciado ante la justicia,
pero esta sigue sin pronunciarse. Las leyes haitianas no lo consideran un delito.

La impunidad de los desalojos

Veronique Sejour nos invita a pasar. Vive en una tienda hecha de retales de lona. Dentro solo hay un pequeño hornillo y un par de colchones arrinconados. “El resto se lo llevaron todo”, explica esta mujer de 56 años, vecina de Benita Toussaint. Ya es la tercera vez que un grupo de hombres le echa la casa abajo. Ni siquiera le compensa volverla a construir con hormigón, por eso ahora se conforma con el plástico. Hasta el ave fénix se cansa de resurgir una y otra vez.

Interior de la casa de Veronique Sejour. Es la tercera vez que la destruyen durante un intento de desalojo.
Interior de la casa de Veronique Sejour. Es la tercera vez que la destruyen durante un intento de desalojo.

“Primero vinieron en agosto de 2014. Entonces incendiaron mi casa. Eran muchos, golpeaban a la gente y les robaban lo que tenían. Yo salí corriendo y cuando volví todo estaba destruido. Los vecinos me ayudaron a reconstruirla, pero después llegaron con la excavadora. Ya no merece la pena el esfuerzo, por eso prefiero la lona. Solamente Dios sabe si volverán”, cuenta con resignación ¿Quiénes son ellos? Le preguntamos. No lo sabe, lo único que recuerda es que iban uniformados con una especie de traje militar, pero asegura que no se identificaron. Según Amnistía Internacional, la policía está muchas veces involucrada en estos desahucios, pero otras se trata de grupos de sicarios contratados por los supuestos dueños de las tierras, que no dudan en hacer uso de la violencia.

“EL DERECHO INTERNACIONAL INCLUYE LA PROTECCIÓN CONTRA LOS DESALOJOS FORZOSOS”.

Como también hicieron otros vecinos, Veronique denunció lo ocurrido ante la justicia pero esta sigue sin pronunciarse. Desde 2010, ningún responsable ha sido juzgado. De momento, los afectados cuentan fundamentalmente con el apoyo de organizaciones locales como Defensores de los Oprimidos (DOP) o Fuerza de Reflexión y Acción sobre Vivienda (FRAKKA).

La organización Fuerza de Reflexión y Acción sobre Vivienda (FRAKKA) nació a raíz del terremoto con el objetivo de “informar a los afectados por desalojos sobre sus derechos y exigir que se ponga fin a estas prácticas“, explica su portavoz, Edouardo Eduoard y añade “hasta ahora el Gobierno ha consentido estas expulsiones a pesar de que, según el artículo 12 de la Constitución de Haití, es una obligación del Estado garantizar la vivienda a sus habitantes”. Edouardo estudiaba en el seminario para ser pastor de Iglesia, “pero al ver las necesidades de la gente pensé que tenía que ayudarles de otra forma. Reconozco que antes era más optimista que ahora, aun así pienso que todavía el mundo puede cambiar, aunque sea más difícil”, cuenta este joven activista de 28 años. Su trabajo, como el de otros tantos voluntarios, no está exento de peligros. Los defensores de derechos humanos en Haití son, en muchas ocasiones, perseguidos o amenazados por instigar manifestaciones en contra de los desalojos.

EL DESALOJO DE VILLAGE MOSAIC, PUERTO PRÍNCIPE

Como destaca Edouardo, “la violencia es un factor bastante presente, aunque pocas veces queda registrado”. Afortundamente, no fue así en Village Mosaic. Cuando el 7 de diciembre de 2013 un grupo de personas armadas empezó a destruir las casas y golpear a sus habitantes, todo quedó grabado y publicado en Internet. En el vídeo se ve cómo un grupo de hombres golpea las viviendas a martillazos entre los gritos de los vecinos. Algunos de estos huyen sangrando tras haber sido heridos.

“HABÍA POLICÍAS Y HOMBRES ARMADOS CON PASAMONTAÑAS. HUBO GOLPES, MUCHOS TUVIERON QUE IR AL HOSPITAL”. –BDIERRY FILS AIMÉ, AFECTADO POR UN DESALOJO FORZOSO-

En total, 154 familias fueron expulsadas de este solar, situado a las afueras de Puerto Príncipe. Entre ellos estaba Dierry Fils Aimé: “El Gobierno dice que no lo ordenó, pero había policías. Yo los vi”, relata este haitiano de 45 años. Desde su pequeña tienda de alimentación se puede ver lo que queda hoy de Village Mosaic, un solar vacío. “No es justo, nosotros limpiamos esta tierra con nuestras propias manos y creamos una comunidad. Aquí han vivido cuatro generaciones. Sé que algún día volveremos”, confía Dierry.

SEGÚN LA OIM, UN 26% DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN CAMPOS DE DESPLAZADOS SIGUE EN RIESGO DE PERDER SU CASA.

Gobierno y organizaciones coinciden en que los desalojos forzosos se han reducido desde 2014. Sin embargo aún hoy, como revela el último informe de la OIM, un 26% de las personas que viven en campos de desplazados sigue en riesgo de perder su casa, otra vez. Desde esta institución intentan ayudar a las familias mediante el realojo y las ayudas al alquiler. “Cuando nos comunican casos de amenazas, tratamos de acelerar el proceso para que puedan marcharse y trasladarse a un apartamento de alquiler, donde puedan estar seguros”, explica su portavoz Soro Moussa.

Sin embargo, casos como los de los vecinos de Koray Sesles o Village Mosaic demuestran que no siempre se llega a tiempo. Por eso, Amnistía Internacional lleva años exigiendo medidas más contundentes como la prohibición de los desalojos forzosos y la reparación de las víctimas. La organización también pide responsabilidades al Gobierno de Haití. “Aunque en la mayoría de los casos los promotores de los desalojos son propietarios privados, otras veces es el propio Estado el que expulsa a las personas para hacer proyectos de desarrollo“, explica Chiara Liguori, investigadora de AI para el Caribe. Esto ocurrió precisamente en mayo de 2014 cuando cientos de familias fueron desalojadas por la fuerza del centro de Puerto de Príncipe para construir la ciudad administrativa.

Imágenes cortesía de Amnistía Internacional
Imágenes cortesía de Amnistía Internacional.
Manifestacion contra los desalojos forzosos, octubre 2013.

¿quiénes son los propietarios de la tierra?

En construcción, la anarquía urbana ha sido la regla durante las últimas décadas en Haití. El terremoto solo ha puesto el foco sobre un viejo problema: el desconocimiento sobre la propiedad de la tierra. La falta de títulos o documentos que la acrediten genera continuos conflictos. Como destaca AI, no son pocos los casos en los que dos personas aseguran ser los dueños del mismo terreno. El país cuenta con una Oficina Nacional de Catastro, “pero no funciona en absoluto”, asegura el periodista haitiano Milo Milford, “la tierra siempre ha sido un problema porque hay muchos interesados en que no se regule”, apostilla. Lo cierto es que solo un 5% del territorio está registrado. El resto permanece en el limbo, en ningún sitio consta quién es el dueño y esto favorece los abusos y la corrupción.

SOLO UN 5% DE LA TIERRA EN HAITÍ ESTÁ REGISTRADA EN LA OFICINA NACIONAL DE CATASTRO, EL RESTO PERMANECE EN EL LIMBO.

Por otra parte, este desconocimiento sobre los títulos de propiedad también está dificultando el proceso de reconstrucción tras el terremoto. Tanto el Estado como las ONG se han visto bloqueados a la hora de construir viviendas nuevas. Como reconoce Hugo Gimbernat, jefe de delegación de Cruz Roja Española en Haití, “la falta de un catastro fiable dificultó mucho nuestra tarea. Era muy difícil encontrar familias que dispusieran de papeles de propiedad. A veces porque se habían perdido entre los escombros pero, en la mayoría de los casos, porque estos documentos no habían existido nunca”.

Muchas viviendas en Haití se construyen sobre terrenos cuya propiedad no está clara. La falta de títulos que la acrediten genera continuos conflictos.
Muchas viviendas en Haití se construyen sobre terrenos cuya propiedad
no está clara. La falta de títulos que la acrediten genera continuos conflictos.

BUSCANDO SOLUCIONES AL PROBLEMA DE LA PROPIEDAD

La solución a estos problemas es compleja pero viable, según los expertos. “Probablemente se pueda resolver a medio plazo”, asegura Jérôme Pennec, asesor técnico del Comité Interministerial de Ordenación del Territorio en Haití. Él es el coordinador del proyecto “Catastro y seguridad de la tierra” impulsado en 2010 por la cooperación internacional francesa a petición del Gobierno haitiano. “El problema de la tierra es muy importante porque conlleva muchas dificultades: dificultad para identificar los derechos de las personas que habitan los terrenos, para construir infraestructuras y servicios públicos, para implementar un sistema de tributación de la tierra, para la producción agrícola, para la paz social”, destaca Pennec.

El proyecto que él coordina pretende elaborar un “pre catastro” utilizando como base cinco zonas del país –tres en el área de Puerto Príncipe y otras dos en zonas rurales-. Se trata de una experiencia piloto en la que los técnicos tratan de cartografiar e identificar uno a uno a los propietarios de los terrenos para ir completando lo que ellos denominan un “Plan Básico de Tierra”. La idea es que esta metodología sea replicada en un futuro en el resto de Haití. “Probablemente se tardará entre 15 y 20 años hasta que las 145 comunas del país dispongan de su Plan Básico. Pero esto por sí solo no garantiza la seguridad de la tenencia de tierras. También es imprescindible formar al personal técnico del catastro y actualizar toda la legislación que existe sobre planeamiento urbanístico. Actualmente hay más de 600 normas, algunas vigentes desde 1804”, explica el técnico.

Este proyecto, presupuestado en 3,6 millones de euros, es un primer paso que, sin duda, va despejando el camino para encontrar nuevas soluciones. No hay que olvidar que el acceso y la tenencia de tierras forman parte del derecho a la vivienda y, como señala Naciones Unidas en la Agenda de Desarrollo Post-2015, “son cruciales para la erradicación del hambre y la pobreza”.

Canaan, la tierra prometida

Si los desalojos forzosos y la inseguridad sobre la tierra son problemas preocupantes en todo Haití, estos se agudizan en Canaan, el mayor campamento informal creado tras el terremoto. A media hora de Puerto Príncipe, junto al municipio de Croix des Bouquets, miles de casas se extienden de manera desordenada a los pies de una ladera. En 2011, el Gobierno declaró estos terrenos de utilidad pública para que sirvieran de refugio a las familias damnificadas. Por ello, su nombre no se escogió al azar. Al fin y al cabo, Canaán siempre fue la tierra prometida que, según los textos bíblicos, Yahveh reservó para Moisés y toda su descendencia.

250.000 PERSONAS VIVEN EN CANAAN, EL MAYOR CAMPAMENTO INFORMAL CREADO TRAS EL TERREMOTO, BAJO AMENAZA DE DESALOJO FORZOSO.

En busca de esa promesa, 250.000 personas se trasladaron a esta explanada seca de 33 kilómetros cuadrados para crear una sociedad nueva basada en sus propias reglas. A pesar de que los terrenos ni siquiera habían sido urbanizados, ellos levantaron casas, construyeron escuelas e iglesias, crearon sus propios comités comunitarios y hasta dieron nombre a los caminos. Durante estos años han sido capaces de construir toda una comunidad basada en la autoorganización y en una creciente economía informal. Sin embargo, como advierte Amnistía Internacional, el estatus de la tierra sigue siendo poco claro. Existe confusión sobre qué zona de los terrenos ha sido declarada de uso público y sobre el procedimiento de expropiación. Como consecuencia, sus habitantes están bajo amenaza de desalojo forzoso.

Vecinos se reúnen en la casa comunal de Onaville (Canaan) con el objetivo de decidir nuevos proyectos para la mejora de su comunidad. El estatus de la tierra en Canaan sigue siendo poco claro. Sus habitantes también viven bajo la amenaza de ser desalojados.
Vecinos se reúnen en la casa comunal de Onaville (Canaan) con el objetivo de decidir nuevos proyectos para la mejora de su comunidad.
El estatus de la tierra en Canaan sigue siendo poco claro. Sus habitantes también viven bajo la amenaza de ser desalojados.

En el sector de Onaville, perteneciente a Canaan, hoy todos se reúnen en la casa comunal, aunque el tema de debate no son los desalojos sino dónde instalarán las nuevas lámparas solares que acaban de comprar para la comunidad. Su trabajo es el mejor ejemplo del alto nivel de autoorganización al que se ha llegado en esta zona. Con el apoyo de la ONG latinoamericana TECHO, han creado un original sistema de diagnóstico participativo a través del cual los habitantes de Onaville Arriba y Onaville Abajo toman sus propias decisiones. Ocho mujeres, ocho hombres y ocho niños deciden cuáles son las necesidades prioritarias y un grupo de líderes -hombres y mujeres- piensa los proyectos para solucionarlas.

“PENSEMOS EN LO LOCAL Y ACTUEMOS EN LO GLOBAL, ASÍ SE CONSIGUEN LAS COSAS”. SIMUS SALMA, LÍDER COMUNITARIO DE ONAVILLE ABAJO-

“Cuando llegué en 2011, aquí hacía falta de todo. Era un lugar virgen, pero entre todos lo estamos mejorando”, cuenta Ciliene Joseph, líder comunitaria de Onaville Arriba. Ella misma ha montado una escuela de primaria que ahora ofrece educación gratuita a más de 300 niños. Su compañero de Onaville Abajo, Simus Salma, comparte su optimismo. “Quise ser líder porque me considero un servidor. No es fácil, hay muchas opiniones y diferencias, pero al final todo sale. Cuando algo es fácil no es real. Es lo mismo que ocurre en el país”, defiende Simus.

El Gobierno de Haití se ha comprometido a urbanizar y dotar de servicios a Canaan en un plazo máximo de dos años.
El Gobierno de Haití se ha comprometido a urbanizar y dotar de servicios a Canaan en un plazo máximo de dos años.

Durante su visita a Canaan en 2014, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de las personas desplazadas ya insistió en el rápido crecimiento informal de este lugar y alentó al Gobierno a adquirir la propiedad y hacer que formara parte de los planes de expansión de Puerto Príncipe. Así se evitaría que el esfuerzo de comunidades como Onaville quedara lastrado por un posible desalojo. El Gobierno haitiano, de momento, ya ha anunciado un plan de dos años para urbanizar y dotar de servicios a toda esta zona. Será la primera intervención pública que se lleve a cabo en estos terrenos desde el terremoto.

Como insiste Simus Salma, nada será fácil pero tampoco imposible. Y él lo sabe bien. En un paisaje prácticamente yermo, donde conseguir que una sola semilla germine ya es todo un reto, Simus presume de tener un enorme jardín con cerezas y moringas, limones y tamarindo. “Con esfuerzo todo se consigue, el cambio comienza en Onaville pero pensando en Haití. Pensemos en lo global y actuemos en lo local. Así se consiguen las cosas”.

Los habitantes de Koray Sesles vuelven a poner sus casas en pie tras el último intento de desalojo ocurrido el pasado abril.
Los habitantes de Koray Sesles vuelven a poner sus casas en pie tras el último intento de desalojo ocurrido el pasado abril.

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