Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.

La UE se persona en Ceuta

La europeización de la crisis diplomática desencadenada por Marruecos en la raya de Ceuta, playa del Tarajal, confiere rasgos definitivamente nuevos a la siempre compleja relación entre Madrid y Rabat. Nada de lo sucedido en Ceuta es demasiado nuevo, todo remite a la pretensión marroquí de dar por zanjado el caso del Sáhara Occidental, de alentar el irredentismo a propósito de las ciudades españolas en el norte de África, y al muy especial vínculo de Marruecos con Estados Unidos, en el que la Realpolitik prevalece desde hace decenios por encima de cualquier otra consideración. Lo único realmente novedoso, y acaso determinante, es la implicación de la Unión Europea en la defensa inviolable de su frontera sur, de la que Ceuta y Melilla forman parte; lo más reseñable es que los Veintisiete no se han andado con subterfugios a la hora de secundar la posición de España en una situación en extremo delicada y en defender, a la luz del derecho internacional, la integridad territorial y el principio de soberanía.

Es improbable que eso redunde en una atenuación de la tendencia marroquí a utilizar cualquier pretexto para avivar las brasas, siquiera sea para consumo interno y movilización de unos ciudadanos exhaustos a causa de la crisis económica, ahora, o para alcanzar en el futuro cualquier otro objetivo. Pero sí es posible que la reacción europea ante el desafío marroquí sea fruto de lo aprendido de los errores cometidos en la gestión de los flujos migratorios, en especial a partir de 2016, cuando la solución turca del problema no hizo más que someter a la UE a chantaje permanente, a la utilización por Recep Tayyip Erdogan de los más de tres millones de personas alojadas en campos de refugiados en Asia Menor. Y en cualquier caso, es más que posible que la salida al paso del atropello perpetrado por el Gobierno marroquí active la revisión del dispositivo Frontex y del sistema de control y acogida de migrantes en suelo europeo, tan insuficiente.

De darse de una manera continuada y sistemática ese cambio de actitud en Europa, cabe suponer que quizá Marruecos deje de ser el instigador de crisis encadenadas, fundamentadas en un nacionalismo cuya intensidad regulan palacio y el Gobierno de turno, que en la práctica son poco menos que lo mismo en el difuso reparto del poder asentado por la tradición en la cultura política marroquí. Tanto pesan en la movilización de recursos emocionales el Gobierno en la sombra conocido como majzén –el entorno del rey Mohamed VI , la corte si se quiere–, un conglomerado de intereses económicos y complicidades políticas, como el Gobierno visible, encabezado ahora por Saadeddine Othmani, del Partido Justicia y Desarrollo (islamista moderado), muy vinculado y bien acogido por el majzén.

Si hasta la fecha se ha cumplido el vaticinio del periodista Ignacio Cembrero sobre el empeoramiento de la situación en Ceuta, quizá ahora tengan una oportunidad la prudencia y la sensatez. Incluso sin que cambie el engarce especial de Estados Unidos con Marruecos, fruto de una decisión geoestratégica relacionada con el sistema de seguridad diseñado por el Pentágono para el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo sur. Ni desaparecerá la pretensión marroquí de que la comunidad internacional legitime su soberanía sobre el Sáhara Occidental ni renunciará a reclamar de vez en cuando Ceuta y Melilla, pero quizá desista el entramado político rabatí de dramatizar, como ha hecho estos días, dos asuntos en los que está lejos de ser depositario de la razón histórica.

Tal cambio es preciso para evitar que asuntos de tan poco peso como la hospitalización en Logroño del líder saharaui Brahim Ghali den pie a situaciones de enorme gravedad y alienten la demagogia de la extrema derecha española, movilizada para el caso poco menos que para reclamar la militarización de un conflicto desencadenado por el oportunismo irreflexivo de Marruecos y concretado en la llegada a la playa ceutí de unas 8.000 personas, muchas de ella menores de edad, procedentes de entornos de una vulnerabilidad y pobreza extremas. El espectáculo ofrecido por los voceros ultras, deudores de la peor tradición africanista española, con Santiago Abascal al mando de las operaciones, no es más que la explotación oportunista de la exaltación nacionalista marroquí; una vez más se echa mano de la política de las emociones para difundir una imagen distorsionada de la naturaleza y dimensiones de la crisis. El recurso a la palabra invasión para describir el desarrollo de los acontecimientos expresa el afán de atribuir a los hechos un carácter apocalíptico que nunca tuvieron.

Es igualmente precisa la maduración del sentido de Estado en los escaños del Congreso. Resulta por lo menos chocante que los gobiernos de los 27 países de la UE hablen con un solo timbre de voz para responder a Marruecos y que, al mismo tiempo, el Partido Popular toque a rebato en el Congreso y descalifique al Gobierno en este asunto. Qué duda cabe de que todo es mejorable, pero cuando el problema es de la naturaleza del ceutí, la única posición defendible es apoyar a quienes deben afrontarlo en primera estancia. Hacer lo contrario es acogerse a un indefendible oportunismo –de nuevo la misma palabra– como si no hubiera mañana para analizar y criticar lo hecho hoy; el cometido de la oposición no es arremeter contra todo, todos los días, como si la razón estuviera inequívocamente de su parte por el simple hecho de ser oposición.

Una vez se supere la crisis –queda un largo trecho por recorrer–, nada será como antes en la relación con Marruecos y, por tal razón, conviene que el sentido de Estado inspire en España los discursos y saque provecho de la complicidad europea. Ya que la miseria envolvente en Marruecos parece condenada a prolongarse por mucho tiempo, no puede descartarse su utilización futura en los mismos términos que ahora, y entonces, antes que hablar de invasión y de torpedear al Gobierno, sea cual sea este, habrá que distinguir nítidamente entre víctimas y victimarios. Es lo mínimo exigible para evitar que el peso del apoyo europeo se malgaste en charcutería política de bajísima calidad.

La crisis social incendia Colombia

Al concretarse en la calle la profunda crisis social de Colombia todo ha zozobrado: la prepotencia del Gobierno, el conformismo frente a precariedades históricas, el statu quo forjado por un sistema de partidos adaptado a un léxico y unos programas que demasiado a menudo tienen poco que ver con las necesidades perentorias de los ciudadanos. Lo acontecido desde los últimos días de abril tiene tanto que ver con las urgencias inmediatas de una comunidad exhausta que resulta preocupante que el presidente Iván Duque no fuera consciente de que su proyecto de reforma fiscal iba a enardecer los ánimos en plena pandemia, con demasiados millones de ciudadanos condenados a una economía de mera subsistencia o a una pobreza recalcitrante, y con todos los indicadores en el despeñadero.

El paro nacional, que el presidente quiere resolver mediante una negociación o pacto con los líderes de la protesta, no es un terremoto pasajero. Lo sucedido en Cali compendia una realidad angustiosa; el goteo de muertos y desaparecidos y la impunidad agresiva de las fueras de seguridad es la prueba efectiva de que las pasiones desatadas a ambos lados de la divisoria son difícilmente conciliables o reconducibles.

Un articulista del diario bogotano El tiempo lo ha resumido con escueta precisión: “Esta especie de catalizadores solo sirvieron para que salieran a relucir los eternos problemas de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, desajuste institucional, una democracia formal y puramente electoral, informalidad en el empleo, altísima tasa de desempleo de mujeres y jóvenes, y falta de oportunidades para acceder a la educación pública de calidad; impunidad política judicial y social frente a la gran delincuencia de cuello blanco, fallas estructurales en la organización del Estado, abandono de las regiones, desconexión entre las élites políticas y las angustias de la gente, entre otros temas”.

Es asimismo bastante sencillo entender el origen de la miopía presidencial y su entorno a través de la reacción de alguien tan significadamente partidario del gran garrote como el expresidente Álvaro Uribe, defensor público de los desmanes de los uniformados en un twit aborrecible. Al leerle en plena refriega pareció que el reloj de la historia retrocedía a los días de Julio César Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad, un nombre inapropiado habida cuenta la inseguridad que sembró a finales de los setenta y principios de los ochenta. Aquel régimen penal, promulgado so pretexto de combatir la insurgencia guerrillera, sirvió para regular –debiera decirse entorpecer– cuando no prohibir la protesta social, y esos días de declaraciones altisonantes procedentes de una derecha alarmada han hecho pensar –temer– que Colombia andaba de vuelta a aquella forma entre encubierta y explícita de represión indiscriminada.

Desde luego, no es casual la aplicación de la teoría de la revolución molecular disipada, una etiqueta indescifrable difundida por el ideólogo chileno de extrema derecha Alexis López para caracterizar su particular teoría conspiranoica –una concertación de esfuerzos de la izquierda para acabar con los gobiernos democráticos–, porque en la búsqueda de una justificación aceptable de la reacción extemporánea del poder todo encuentra acomodo. Aunque la realidad sea muy otra y tenga que ver sobre todo con la apreciación de la corresponsal de The New York Times: “Para mí es crucial no perder de vista a los manifestantes más discretos, la gente que está arriesgando la vida para ir a la calle con una pancarta tras decidir que ya no aguanta. La enfermera que cuida pacientes de covid y gana 13 dólares por turno. La adolescente que trabaja 12 horas, seis días a la semana, en un centro de reciclaje para mantener a su familia”.

Hay en la protesta colombiana una variedad sustancial de actores políticos, de la Minga Indígena a las organizaciones vecinales, del mundo académico a quienes sobreviven en una precariedad sin límites. En el seno de la protesta coexisten liderazgos que no dependen de los voceros políticos habituales con otros más reconocibles o antiguos. En todo ello cabe encontrar ingredientes identificativos de una nueva política, de una dinámica social que rebasa los límites de las convenciones más arraigadas. Se trata quizá de una forma sobrevenida de autonomía social que se atiene a unas exigencias y un léxico nuevos.

Detrás del desastre en curso es fácil descubrir esa realidad no prevista o esperada, pero tangible, corpórea, muy alejada de la solemnidad literaria del realismo mágico. La realidad colombiana es la de una pandemia de efectos sociales devastadores, una economía contra las cuerdas y un hartazgo infinito de la población por la inoperancia del poder. La defensa de la institucionalidad, tan apropiada en el plano teórica y tan habitualmente manipulada por los corifeos de Iván Duque, resulta apenas aplicable en la práctica. Cuando el Defensor del Pueblo de Colombia se ve en la obligación de subrayar que “habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley” por parte de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, la sensación que cunde es que la solvencia y probidad de las instituciones –al menos, de algunas de ellas– saltó por los aires y debe restablecerse.

Más de setenta años después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán sigue siendo vigente para muchos de los movilizados una de las ideas formuladas con su verbo inflamado: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Esa búsqueda de referencias en el pasado está lejos de ser un recurso nostálgico y añorante. El escritor Juan Gabriel Vásquez se remitió a los antecedentes y a las causas históricas recientes de la crisis en las páginas de El País del último domingo, pero en el trasfondo de sus reflexiones es fácil comprender que todo empezó a emponzoñarse mucho antes. Pronosticó Vásquez en julio del año pasado, a propósito de la gestión colombiana de la pandemia, que lo peor estaba por llegar, y así describió la situación cumplido el vaticinio: “Pues bien, ahora lo peor ha llegado, y lo ha hecho escoltado por la incompetencia de un presidente a la deriva, sin autoridad política ni gravedad moral, por la indolencia de un partido de gobierno más dedicado a sabotear los acuerdos de paz que a prevenir el surgimiento de nuevas guerras, y por una conspiración de violencias diversas que salen de lo más profundo de nuestras fallas como sociedad”.

Cuando un país figura entre los más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, la fractura moral en los salones del poder adquiere una envergadura desmesurada. Es tristemente el caso de Colombia según consta en informes de la ONU, Amnistía Internacional y otros foros independientes. Y es difícil que en ese laberinto de injusticias, muertes y arbitrariedad sea suficiente para serenar los espíritus cancelar la reforma fiscal y abrir un diálogo nacional; es difícil que la movilización de tantos días acepte un pacto cosmético, superficial, sin calendario y compromisos concretos. El presente es demasiado duro para que tal cosa sea posible en un abrir y cerrar de ojos y sin agravar el descontento.

Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.