About Albert Garrido

Albert Garrido. Licenciado en Periodismo. Cursó Historia en la Universitat de Barcelona. Profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universitat Internacional de Catalunya. Autor de los libros 'La sacudida árabe' y 'En nombre de la yihad'.

Campaña tóxica en Madrid

La enrarecida campaña electoral de Madrid ha puesto por enésima vez sobre la mesa la conveniencia, oportunidad o necesidad de levantar un cordón sanitario en torno a la extrema derecha para preservar la democracia de sus arremetidas. Se trata de un debate abierto en muchos países, España entre ellos, y cerrado en muchos otros, Alemania entre ellos, donde han llegado a la conclusión de que el aislamiento de los ultras es un requisito ineludible para poner a salvo el sistema de injerencias tóxicas. El punto de partida es en todas partes el mismo; la pregunta es siempre la misma: ¿cabe aplicar el mismo trato a quienes se sirven de la democracia para degradarla o combatirla que al resto?

En general, la izquierda entiende que es improcedente por arriesgado buscar una forma de entendimiento o conllevancia con la extrema derecha que, por lo demás, la rechaza de plano (las proclamas de los líderes de Vox son una prueba). Los partidos que cubren el espectro político desde la derecha conservadora al liberalismo de centro oscilan entre la voluntad de pactar con los ultras, si ello les permite desalojar del poder a la izquierda, y la estrategia no exenta de peligros de neutralizarla mediante un proceso de asimilación de parte del programa de quienes acampan a su diestra (véase la campaña de Isabel Díaz Ayuso). Y aun hay partidos (la democracia cristiana alemana, una prueba) que solo estiman prudente y razonable renunciar a tales pactos.

A los que sin militar en ningún bando sostienen que la democracia no puede excluir a nadie, ni siquiera a sus acérrimos adversarios, se les acusa con frecuencia de pecar de ingenuos, de desconocer o soslayar los antecedentes históricos; se les reprocha cultivar un idealismo plagado de riesgos. A cuantos en nombre del realismo reclaman el aislamiento concertado de la extrema derecha se les reprocha una tendencia a la intolerancia. A los primeros, se les aplica poco menos que la sentencia de Friedrich von Schiller sobre la permanencia siempre joven de la fantasía, porque “lo que no ha sucedido jamás no envejece nunca”; a los segundos se les identifica con frecuencia como previsores depositarios de las reacciones preventivas: vence a tu enemigo antes de que se manifieste como tal.

Lo que sucede en Madrid desde hace semanas se asemeja a una oscura ceremonia de la confusión en la que la candidata del PP, precisada de unir a Vox a la causa para completar la mayoría absoluta en la Asamblea, da por hecho que el pacto es seguro, aunque insiste en que aspira alcanzar la mayoría absoluta en solitario (ninguna encuesta lo vaticina). Dentro de esa confusión está también la sorprendente petición al PSOE de la presidenta para que vote su investidura y la libere de la dependencia de Vox –¿para gobernar en minoría durante dos años?–, mientras Ciudadanos, a un paso de la extinción, se presenta como la bisagra –cabe decir que improbable– capaz de evitar que Vox sea en Madrid partido de gobierno.

El caso es que hay demasiadas pistas que inducen a concluir que las intemperancias de Vox han envenado la densidad de la campaña con su algarabía, con esa mueca mitad sonrisa mitad desafío de Rocío Monasterio, y que los sobres con balas de Cetme han completado la obra y han permitido a los líderes de los diferentes conservadurismos en liza ausentarse del debate programático. De tal manera que mientras las diferentes izquierdas han limado sus discrepancias por imperiosa necesidad y han orientado la campaña hacia una defensa sustancial de la democracia, sus adversarios han pasado del dilema comunismo o libertad –tan desmesurado y demagógico– a una equiparación de la libertad con el horario de cierre de la hostelería en plena emergencia sanitaria y cuando las estadísticas epidemiológicas no remiten.

Así se ha degradado la campaña más allá de cualquier precedente y así se ha convertido en el campo de minas donde todos los partidos han entendido que la elección del martes es solo nominalmente autonómica, pero de facto tendrá repercusión a escala nacional. Porque no está en juego solo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años, sino saber hasta qué punto una victoria de Díaz Ayuso debilitará a la facción centrista del PP y obligará a las izquierdas a encarar una renovación de los liderazgos madrileños, y asimismo hasta qué punto una derrota del PP erosionará el futuro de Pablo Casado. Siempre con el papel de Vox en discusión, complete la mayoría de la derecha o se instale en la oposición.

Hay en el insoportable tono de la campaña de Madrid los peores presagios de futuro. La ponzoña ha contaminado la política a una velocidad inusitada hasta dar la razón a Claudio Vercelli: “La historia no se repite, pero algunos de sus elementos se proponen de nuevo con el paso del tiempo. La crisis de la democracia es la incubadora de tal proceso”. En esa crisis del sistema democrático en la que coincide un progresivo alejamiento del debate político de lo que en mayor medida importa a los ciudadanos con una crisis de resultados, de eficacia, de vulnerabilidades desatendidas, resuena el juicio de Maurice Merleau-Ponty: “El mal no se crea a través de nosotros o de los otros, sino que nace en la tela que hemos tejido y que nos ahoga”.

La sustitución del bipartidismo imperfecto de antaño por la configuración de la política de bloques del presente complica de tal manera la concreción de mayorías que es determinante en ese encrespamiento del léxico, en esa tendencia acrecentada a descalificar al adversario, a llegar al insulto si es preciso para desgastar al rival. Ha renunciado la derecha a admitir la legitimidad democrática de la alianza para gobernar de Unidas Podemos y del PSOE, y se han adueñado de la tribuna los productores de eslóganes hirientes, alumnos o imitadores de los agitprop de los que se rodeó Donald Trump. Ha caído la izquierda en la trampa para osos de las frases altisonantes y fuera de lugar –Ángel Gabilondo, Mónica García y Yolanda Díaz, tres excepciones– que llevan sistemática y estérilmente la política al terreno de las emociones. Y en esa laguna enfangada ha nadado Vox como pez en el agua hasta dar la impresión de que la partida se ha jugado según las reglas que más le convenían.

Cuba, una revolución devaluada

El desarrollo del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue la ocasión esperada para desentrañar qué futuro aguarda a la isla y también la ocasión presentida de que ninguna aclaración sería efectiva, negro sobre blanco. Emparedados los congresistas entre el mensaje de Raúl Castro, 89 años, guardián de las esencias, y una pretendida renovación generacional, encarnada por Miguel Díaz-Canel, 61 años, presidente del país y nuevo secretario general del PCC, los discursos dejaron para momentos más propicios el esclarecimiento del futuro que aguarda a una sociedad exhausta a la que le falta de todo, a una economía agonizante y a un establishment acomodado a los estados carenciales de un régimen en un ocaso inacabable.

Sin quitar importancia a los efectos de las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, la imagen de insimismamiento revolucionario prevalece sobre cualquier otra. La “ciudad detenida” –La Habana–, descrita en 2019 por el escritor Andrés Caparrós, se antoja una síntesis corpórea de las flaquezas de un sistema progresivamente deteriorado e ineficaz. La “ciudad de las columna”, homenajeada en su día por Alejo Carpentier, sobrevive al paso del tiempo como una referencia del pasado, pero las bellas columnas están desconchadas y no hay recursos para repararlas. La incapacidad para renovar el régimen parece una enfermedad congénita sin curación posible.

Aunque “una generación, hija de los mambises con barba que bajaron de la Sierra Maestra, se pondrá al frente del partido que vela por los sueños de los humildes de esta isla”, como escribió un analista en Granma antes de empezar el congreso, las líneas rojas las fijó con trazo grueso y bien visible el secretario general saliente, Raúl Castro: el control estratégico de la propiedad estatal y el partido único no admiten discusión. El temor a que la pequeña y la mediana empresa se muestren más rentables y eficaces que la anquilosada gestión estatal impregnó el mensaje de Castro en igual o mayor medida que el temor a que una liberalización excesiva de la economía agrave las desigualdades, muy visibles hoy entre las familias que reciben regularmente remesas en dólares y las que no cuentan con tal ayuda.

La remisión de un comentarista de Juventud Rebelde a un discurso pronunciado por  Raúl Castro en el último congreso de los jóvenes del partido presagia un horizonte borrascoso: el líder de la revolución pronóstico a las nuevas generaciones “muchos años más de lucha y sacrificios”. Un mensaje que en cualquier otro lugar habría resultado sombrío y desesperanzador, pero que un auditorio de futuros apparatchiks lo acogió sin sobresalto. Como si el sacrificio ilimitado formara parte de la mitología castrista, los padecimientos hace tiempo que dejaron de tener fecha de caducidad.

Lo cierto es que, como sucede en todos los procesos emancipadores, la legitimación de que disfrutan sus líderes sí tiene fecha de caducidad: la de su desaparición entre los vivos. A sus herederos no se les mide con la misma vara. El vínculo personal entre líderes y ciudadanía se quiebra, las generaciones que no vivieron la gran epopeya mantienen con los gobernantes una relación sin anclajes sentimentales y lo que realmente importa son los resultados. Por esa misma razón, ningún dirigente cubano puede ni remotamente sincerarse en los términos que lo hizo Fidel Castro el 18 de julio de 1991: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”.

Al mismo tiempo, hay quien intuye que la situación cubana es un caso excepcional. “Cuba es el único caso regional [latinoamericano] de un régimen autocrático cerrado con alta capacidad estatal y bajos niveles de movilización social”, sostiene el politólogo Armando Chaguaceda en la revista Letras Libres. Claro que el régimen castrista es el mejor pertrechado para la antiinsurgencia preventiva desde el episodio de Playa Girón (15 de abril de 1961). Es decir, que hay una maquinaria estatal de control con un grado de efectividad muy por encima del que caracteriza a la mayoría de sectores. Pero tal realidad no devalúa la apreciación de Chaguaceda, y entonces cabe preguntarse: ¿cuál es el grado de adhesión o de conformismo de la población, desaparecida casi la totalidad de líderes históricos de la revolución y los integrantes de la generación de cubanos marcados por la liberación?

El hecho de que 80 congresistas demócratas mandaran en marzo una carta al presidente Joe Biden pidiéndole una aproximación más constructiva a la situación en Cuba quizá se explica en parte por esa aceptación sin tensiones en la isla de un momento tan difícil como muchos otros vividos desde 1959. Y así, de la misma forma que Raúl Castro pone límites a la transformación del sistema, es improbable que el Gobierno ponga obstáculos a una relación puesta al día con Estados Unidos de la forma que lo hizo Barack Obama, porque no correrá ningún riesgo. Las directrices del congreso del PCC pueden ser una determinación de objetivos para consumo interno, pero su utilidad es más que dudosa en el ámbito de la Realpolitik.

El régimen cubano presenta todos los síntomas de la senectud, de una larga y azarosa vida. “Cuba está más arrinconada que nunca. Los cubanos están como en una balsa que está a flote, pero tienen menos salvavidas que antes”, opina el periodista Jon Lee Anderson. Descartan sus líderes copiar el modelo chino o el vietnamita y siguen con la letanía de la herencia revolucionaria recibida, pero son demasiados los datos que inducen a pensar que, a pesar de todo, algo se mueve, siquiera sea sigilosamente, para salvar los muebles; siquiera sea para evitar que la colonia cubana de Miami imponga sus designios. Dijo Eduardo Galeano que la revolución cubana “fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser”, y la frase, impregnada de realismo, es hoy del todo vigente; quizá sea el destino reservado a un experimento social devaluado.

Racismo sistémico en Estados Unidos

Si en algún momento pudo confiar la sociedad estadounidense en una progresiva atenuación de las tensiones raciales, el agravamiento de los últimos años no hace más que sentar al país frente a un espejo que devuelve la imagen de una angustiosa realidad. Mientras se desarrolla en Minneápolis el juicio contra el policía Derek Gauvin, que causó la muerte por asfixia del ciudadano afroamericano George Floyd, en un suburbio de la misma ciudad la policía Kim Potter ha dado muerte (11 de abril) a un joven de 20 años, Daunte Wright, y el policía de Chicago Eric Stillman ha acabado con la vida del niño Adam Toledo, de 13 años y ascendencia hispana, que estaba desarmado y con las manos en alto (las autoridades tardaron más de dos semanas en dar cuenta del suceso, ocurrido el 29 de marzo). Nada contrarresta la tradición propia de una sociedad tan a menudo dividida por el racismo, tan a menudo alentada por el discurso supremacista, tan irresponsablemente excitada durante el mandato de Donald Trump.

La multiplicación de cargos públicos en las diferentes administraciones apenas ha sido capaz de construir un escenario de normalidad. “He vivido lo suficiente para saber que las relaciones raciales están mejor de lo que estaban 10, 20 o 30 años atrás, no importa lo que digan algunos”, proclamó Barack Obama en su discurso de despedida de la presidencia, pero poco después matizó sus palabras: “La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisiva en nuestra sociedad”. La frialdad de las estadísticas le dan la razón: el 45% de los pobres pertenecen a las comunidades negra e hispana; la renta media de las familias negras equivale al 59% de la de las blancas; los afroamericanos constituyen el 13% de la población estadounidense, pero aportan alrededor del 35% de los reclusos y el 40% de los condenados a muerte.

Michael Dayson, profesor de la Universidad de Georgetown, coincide con muchos estudiosos en considerar la presidencia de Obama un acontecimiento de gran relevancia social y política, pero también un suceso que alarmó a una parte significativa de la comunidad blanca e hizo resurgir “el feroz antirracismo negro”. De lo que es fácil deducir que Trump encontró el terreno abonado para dar en la comunidad blanca con un caladero de votos que ni siquiera los neocons lograron captar en la misma proporción para George W. Bush. Seguramente, durante la presidencia del antecesor de Obama se daban en potencia las condiciones para un renacimiento o activación del racismo blanco, pero nada en el horizonte presagiaba un cambio tan radical en la atmósfera política como la llegada a la Casa Blanca de un ciudadano negro.

Ni siquiera la colonización del Partido Republicano por el pensamiento ultraconservador, que se remonta a los mejores días del Tea Party, vaticinó en toda su gravedad y profundidad la activación de los resortes racistas. Por el contrario, mediante un cambio progresivo en las industrias culturales, las universidades y la orientación multirracial de la producción audiovisual, sobre todo para la televisión, se transmitió la ilusión de una sociedad en lenta, pero progresiva armonía. Se desdibujó así a ojos de muchos el hecho cierto de que el racismo es una enfermedad sigilosa, enmascarada con frecuencia por formalismos sociales que alimentan la idea de una relativa normalidad.

La recopilación de factores constitutivos de la identidad de la nación hecha por la nobel Toni Morrison sigue siendo válida en toda su extensión. La gran escritora identificó, entre otros, la raza, la esclavitud, la memoria, la discriminación y la integración de la cultura afroamericana. De ahí el choque con la cultura hegemónica, transmitida generación tras generación por la población blanca de ascendencia europea. Aquello que aparece en los libros de Morrison es el nítido reflejo de esa confrontación, de la asimetría en la correlación de fuerzas y de los brotes de tensión casi sesenta años después del sueño de Martin Luther King.

No es una exageración decir que la asimetría racial es consustancial al ADN de muchos estados, donde se ha puesto en marcha la maquinaria legislativa para dificultar al máximo la votación a las minorías raciales e impedir una movilización como la vivida en noviembre del año pasado. Mientras el eslogan Black lives matter guía los pasos de los manifestantes contra la violencia policial y Joe Biden dicta órdenes ejecutivas para mejorar la equidad racial, hay una corriente de fondo dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el predominio de la sociedad blanca. Al mismo tiempo, una minoría afroamericana cada día más radicalizada por la sucesión de episodios luctuosos ha llegado a la conclusión de que la convivencia no es posible, de que sus acometidas en la calle son para defender derechos mínimos por los que nadie está dispuesto a jugarse de verdad su futuro político.

“Me postulé para la presidencia porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y la simple verdad es que nuestra alma estará atribulada mientras se permita que persista el racismo sistémico”, dijo Biden el 23 de marzo. La declaración presidencial choca con el conservadurismo blanco extremo, que cree exactamente lo contrario: el alma de la nación no sobrevivirá al multiculturalismo, al mestizaje y a la igualdad racial. Y este sentimiento de pertenencia a una raza más que a una comunidad multicolor, Estados Unidos, se percibe tanto en estados con una presencia importante de afroamericanos como en los que no hay más color o casi que el blanco.

¿Cabe esperar una evolución tranquilizadora a medio plazo? Seguramente, no; seguramente la tendencia a que se agrien las relaciones condicionará el futuro. Los hechos han confirmado la sospecha de que el color de la piel del presidente, de la vicepresidenta, de tal o cual integrante del Gobierno no es un dato determinante para serenar los ánimos porque el racismo es un factor constitutivo de la nación, por más que la guerra civil (1861-1865) acabara con la derrota de los secesionistas del sur. Hay en la herencia dejada por la esclavitud el veneno inaprensible de la superioridad blanca, del convencimiento aún para muchos de que los descendientes de esclavos son una amenaza para la preservación del legado fundacional blanco, anglosajón y protestante. Ese es el gran lastre.

Erdogan impone sus normas a la UE

El espectáculo montado por Recep Tayyip Erdogan al entrevistarse en Ankara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, concreta en una imagen más que elocuente la deriva del presidente turco, la incapacidad de Michel para salvaguardar la dignidad del cargo que ostenta y el trato despectivo dispensado a la Unión Europea en la persona de Von der Leyen. Víctima esta última, además, de un indisimulado machismo que Michel secundó, cuando menos por omisión. Nada de cuanto transmiten las imágenes de Ankara tiene que ver con el trato entre vecinos bien avenidos, sino más bien con las condiciones impuestas por el presidente turco para mantener a su país en el papel de contenedor de refugiados sirios previo pago de Bruselas por los servicios prestados; nada de lo hecho, dicho y explicado por Michel le libera de la imagen de cooperador necesario para que Erdogan saliera triunfante del desafío.

Resultan ridículas las confusas explicaciones sobre la disposición de los asientos establecida por el protocolo turco –Erdogan y Michel, el uno junto al otro; Von der Leyen, en la esquina de un sofá, a unos metros de Erdogan– y sin precedente alguno: el llamado sofagate se atuvo a la lógica de un islamista radical; el trato deferente dispensado al presidente del Consejo Europeo subrayó la opción de Ankara por los estados mediante el alejamiento de la representante por excelencia de las instituciones europeas colegiadas. Porque Michel no pasa de ser un a modo de coordinador de la conferencia intergubernamental, mientras Von der Leyen encabeza la institución más transversal de los Veintisiete.

Hace tiempo que el ingreso a largo plazo en la Unión Europea dejó de ser un objetivo prioritario para el régimen turco. En la tensión histórica de Turquía entre la vertiente europea y asiática, que se remonta a los días de mayor esplendor del Imperio Otomano, Erdogan ha dejado de mirar preferentemente a Occidente y ha dirigido sus ojos al Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. El esfuerzo prometido hasta hace unos años para adecuar el funcionamiento de las instituciones a usos democráticos reconocibles ha sido suplantado por una islamización al galope del Estado mediante un alejamiento cada vez mayor de la herencia kemalista, especialmente después del oscuro golpe fallido del 15 de julio de 2016.

Si en el pasado inmediato parecían ineludibles las referencias de Ankara a la trama conspirativa animada desde Estados Unidos por Fethullah Gülen, el enemigo político al que de todo se culpaba, ahora lo que realmente importa es asentar la condición de Turquía como aspirante a cierta hegemonía regional, a una relación de privilegio con Rusia y a un control sin intermediarios del independentismo kurdo en Siria e Irak. Ganan los anatolios, pierden los estambulíes, dicen los europeístas turcos, defraudados por la falta de reacción de Michel e indirectamente de la UE como institución; renace la herencia otomana y se eclipsa el legado laico kemalista, lamenta una parte significativa del mundo cultural y académico.

La pasividad de Michel contribuyó a transmitir esa doble impresión. Ni siquiera se le ocurrió indicar –o se le ocurrió y no actuó en consecuencia–que la silla junto a Erdogan correspondía a Von der Layen, o que faltaba un asiento al lado del presidente turco. Quizá sea hora de revisar el comportamiento o la relación de la UE con Turquía porque, quizá también, la Realpolitik ha hecho caer de nuevo a la institución en una trampa para elefantes (la anterior ocasión fue el viaje de Josep Borrell a Moscú). Y acaso la marginación de Von der Leyen en la escena del sofá obligue a analizar los errores cometidos en su día por los dirigentes europeos, siempre recelosos de que un día Turquía se integrara en el club y en pocos años fuese el socio con más escaños en el Parlamento Europeo, con presencia relevante de musulmanes en la plantilla eurócrata.

Ese doble prejuicio apenas se encubrió con argumentos formales, jurídicos, de solvencia democrática, alentado por el europeísmo conservador, que se opone siempre con denuedo a la presencia normalizada del islam en Europa. A tal clase de reservas debe añadirse ahora lo que la eurodiputada liberal de los Países Bajos Sophie in ‘t Veld reprocha a Von der Leyen: haber degradado la Comisión a una especie de secretaría de los países integrantes de la UE. “Aparcó su propia institución en el sofá, por así decirlo”, escribe la parlamentaria en Politico.eu, una crítica acerada que, en cualquier caso, no es menor a la que dedica al papel desempeñado por Michel durante el sofagate.

A todo ello hay que añadir que los europeos han tendido a tratar el caso turco a partir de la convicción de que el republicanismo impuesto por Mustafá Kemal Atatürk hunde sus raíces en la tradición y el pensamiento republicanos en Occidente. De la lectura del libro The formation of Turkish republicanism, de la profesora Banu Turnaoğlu, se desprende que se trata de un punto de partida erróneo o, por lo menos, incompleto porque excluye el largo debate entre el nacionalismo otomano y el republicanismo liberal, que se remonta al siglo XIX. Pero la descripción del kemalismo como un precipitado del republicanismo europeo ha sido útil a Erdogan para combatirlo, para presentarlo como una forma de colonización ideológica.

Con ese y otros ingredientes, el progresivo autoritarismo de Erdogan ha impregnado por completo su política con la voluntad de convertirse en un interlocutor privilegiado e ineludible en Oriente Próximo. Como siempre, hay factores que pueden obligarle a la larga a rectificar, entre ellos la debilidad y los zarandeos de la lira turca, pero de momento la piedra en el zapato europeo ahí está, agravado el parte de daños por la desmadejada imagen que dejó el sofagate, lastrada la UE por su incapacidad para gestionar los flujos migratorios sin depender de terceros tan reactivos como el presidente de Turquía.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

Escalada verbal de Díaz Ayuso

La secuencia de acontecimientos en Madrid a partir de la sacudida en Murcia ha permitido contemplar la peor cara de la política en una de sus versiones más adecuadas para desacreditarla. Es insuficiente decir que ha habido una ausencia total de la “seriedad sublime” que Matthew Arnold reclamaba a los críticos literarios; es asimismo insuficiente recurrir a la expresión italiana manca finezza. Quizá la única fórmula adecuada para describir lo ocurrido es remitirse simplemente a la tradición de la derecha agreste, a ese convencimiento legado por sus antepasados de que el Estado es un terreno de juego exclusivamente suyo. Algo que, por lo demás, induce a la nueva izquierda a radicalizarse y contribuye a enturbiar el debate con una oratoria nada saludable.

Si en Murcia se ha podido respirar el aire viciado de una forma no demasiado novedosa de almoneda aplicada al reparto de cargos políticos, con la deserción de tres diputados de Ciudadanos que en un principio apoyaron la moción de censura, la presidenta de Madrid ha abierto la caja de los truenos con una escalada verbal concretada en eslóganes pergeñados por los fontaneros que la asesoran. El salto de Socialismo o libertad a Comunismo o libertad responde a una escalada verbal cuyo final no se adivina, pero hace temer lo peor a poco que las encuestas mejoren los pronósticos electorales de Pablo Iglesias para la convocatoria del 4 de mayo.

Ha adoptado Isabel Díaz Ayuso los aires apocalípticos que han solido llevar a España al despeñadero, arropada para tal empresa por los émulos del aparato de propaganda de la extrema derecha estadounidense desde los no muy lejanos días en los que aspiró a la vicepresidencia de Estados Unidos Sarah Palin, una candidata con un desconocimiento enciclopédico de cuanto estaba obligada a saber. Es complicado discernir a qué libertad se refiere la presidenta de Madrid o qué libertades echarán en falta los madrileños si no ganan los suyos, pero en esa simplificación, en ese o yo o el diluvio, descansa el toque a rebato de Díaz Ayuso para que de las urnas salga una libertad salvaguardada de naturaleza imprecisa. Aunque quizá sea un elemento indicativo o esclarecedor el perfil de los manifestantes enardecidos de la calle Núñez de Balboa, el año pasado, o el de los reunidos por Santiago Abascal en el centro de Murcia hace unos días sin mayor respeto por las reglas que impone la pandemia.

Los eslóganes puestos en circulación por el PP en Madrid y otros de similar carnadura y estilo –Patria o muerte (Fidel Castro), O Roma o morte (Giuseppe Garibaldi)– resultan siempre inquietantes. En el caso de Madrid, doblemente inquietantes porque aún no ha empezado la campaña y parecen y se antojan más adecuados como prolegómeno de un desenlace desgarrado que como llamamientos a un acontecimiento tan absolutamente civilizado y pacífico como una cita electoral. A saber si Díaz Ayuso ha leído a Charles de Gaulle y se aplica una de las normas de conducta que dejó escritas el general: “Cuando quiero saber qué piensa Francia, me remito a mí mismo”.

La conclusión de la periodista Soledad Gallego-Díaz en El País ensambla los eslóganes con lo que quizá se avecina: “En el mejor de los casos para ella [Díaz Ayuso], la victoria dependerá de un Vox también reforzado y todavía más normalizado, algo que debería ser una pésima noticia para el Partido Popular en otras zonas de España y terminar costando caro políticamente a Pablo Casado. Pero Patria o muerte suena bien”. Esa rotundidad del mensaje suele ganar adeptos enseguida, aunque las consecuencias ulteriores de tales soflamas son con frecuencia imprevisibles: ¿seguirá creciendo Vox?, ¿se consumará la extinción de Ciudadanos?, ¿podrá el PP renacer saneado después de los casos de corrupción o precisará las muletas de Vox?

Nada logra desvanecer la sensación de que lo que sucede en Madrid engarza con la tradición más rancia de la derecha española. La herencia de la demagogia trumpista no ha hecho más que suministrar nuevos instrumentos de combate a una pauta de conducta que se remonta a la noche de los tiempos. “No hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás”, sostenía Antonio Cánovas del Castillo. Lo alarmante es que los intereses que defiende Díaz Ayuso coincidan grosso modo con los que se atribuyen a Vox, de cuya genética neofranquista no reniega y que utiliza una Constitución y unas instituciones cuya existencia impugna –las comunidades autónomas– para alcanzar sus fines. Y aún resulta más alarmante que la presidenta suelte en medio de la refriega: “Cuando te llaman fascista es que lo estás haciendo bien”.

Son este y otros momentos de incontinencia verbal –“me han estado mareando entre unos y otros”, “Madrid es España dentro de España”, un trabalenguas– los que revelan, en el mejor de los casos, su desconocimiento del valor y el significado de las palabras, y de la repercusión que tienen. Resulta todo demasiado atrabiliario como para no temer que la escalada léxica irá a más y se producirá un emponzoñamiento de la campaña, de la política, del día siguiente a las elecciones. ¿Qué sucederá si gana la izquierda? ¿Qué sucederá si la movilización es tal que la realidad desmiente las encuestas, los cálculos que vaticinan una alianza de las derechas? ¿Se impondrá la decencia o cundirá el ejemplo trumpista que todo lo inspira: no aceptar la derrota, denostar el voto por correo, tachar el escrutinio de fraudulento?

Las escaladas verbales, como las armas, las carga el diablo. Seis semanas son tiempo suficiente para que, a partir de lo oído hasta ahora, el tono de los discursos no deje de agriarse, también desde la izquierda, como si este fuese el único instrumento posible de movilización electoral, como si el 4 de mayo estuviese destinado a ser el día clave en el que, más allá de los límites de la Comunidad de Madrid, toda la política española quedará condicionada por el resultado. Puede, incluso, que tal cosa suceda, pero será más fácil de gestionar el futuro si prevalece la sensatez, tan escasa ahora.

Brasil, a merced del duelo Lula-Bolsonaro

La repentina conversión de Jair Bolsonaro al uso de mascarilla y a la administración de la vacuna para combatir la pandemia ha sido la respuesta inmediata del presidente de Brasil a la rehabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, el presumible gran rival en las elecciones del próximo año. Que un negacionista irreductible deje de serlo en horas veinticuatro reúne todos los ingredientes de un sainete, pero las desoladoras estadísticas de muertos a causa del coronavirus –el miércoles y el jueves pasados los muertos superaron cada día los 2.000– en plena movilización de la izquierda han obrado la transformación milagrosa. Otra cosa es aquilatar qué efecto tendrá en las tendencias de voto a partir de ahora y hasta qué punto el cambio de orientación presidencial defraudará a la extrema derecha brasileña, empeñada en negar la evidencia.

Lo cierto es que la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo Federal ha devuelto los derechos políticos a Lula y, en la práctica, obliga a Bolsonaro a mantener un pulso de muchos meses con su peor adversario salvo sorpresas, por lo demás nada descartables. Pocas dudas quedan de que más allá del contagio de la corrupción sufrido por el Partido de los Trabajadores (PT), la organización liderada por Lula, él fue víctima de una operación de acoso que se tradujo en la politización extrema del juicio que lo condenó por corrupción y blanqueo de dinero. El solo hecho de que el Supremo investigue el comportamiento de Sergio Moro, el juez que lo condenó, es suficientemente expresiva de la anormalidad del proceso seguido, de las fundadas sospechas de que Moro lo fue todo menos imparcial.

Como ha escrito un comentarista en Folha de Sao Paulo, la rehabilitación de Lula no se deriva de la decisión del poder judicial de hacer política, sino de que renunció a ello. Se puso a salvo, puede decirse, de cualquier interpretación política de la decisión tomada habida cuenta la debilidad de las pruebas aportadas a la causa y el hecho de que el juez que lo sentenció no tenía competencia para juzgarlo. A lo que hay que añadir, fuera del ámbito judicial, la cercanía de Moro a Bolsonaro, que lo incorporó a su primer Gobierno en el puesto de ministro de Justicia.

Lo singular del momento es que Lula y Bolsonaro son dos personajes que concitan tantos amores como odios, que tienen un poder de convicción y de reacción enormes en entornos sociales completamente diferentes. Las encuestas posteriores a la rehabilitación de Lula, le otorgan un índice de aprobación del 50%, mientras que el de Bolsonaro se queda en el 38%, pero faltan 19 meses para la elección presidencial y puede que, para entonces, la pandemia sea el recuerdo de una pesadilla superada. Aunque también es cierto que, aun así, los efectos económicos de la enfermedad serán muy visibles en el incremento de las desigualdades y en la destrucción de bolsas de trabajo precario características de una sociedad extremadamente dual.

La creencia de los más escépticos de que nunca se cumplió el lema Orden y progreso que figura en la bandera de Brasil, sin que tal circunstancia tuviera mayores efectos en el comportamiento ni siquiera cuando ganó Lula la presidencia, se contrarresta con la opinión de quienes estiman que nunca se dio en el país un caso de corrupción generalizada, con extensión a otros países de América Latina, como el Lava Jato, compendio de todos los males de la economía oculta que se aloja en las alcantarillas del Estado. De tal manera que resulta aventurado prever el futuro, que se vislumbra como un misterio envuelto en un enigma. Y que puede ofrecer alguna sorpresa como, por ejemplo, la revisión completa de todas las causas sentenciadas relacionadas con el caso Lava Jato, con fallos condenatorios que llevaron a prisión a personalidades políticas, incluidas varias encuadradas en el PT.

Un cierto grado de confusión y de olvido del pasado inmediato conviene a Bolsonaro; un recuerdo permanente de qué fue preciso para que el presidente ganara en 2018, conviene a Lula. En el expresidente actúa a su favor como un factor de movilización los años de cárcel que no debió cumplir; en Bolsonaro funciona ante los suyos como un factor de legitimación el haber cortado las alas al reformismo socializante que promovió Lula y heredó Dilma Rouseff. En medio se encuentran la devastación de la pandemia, el legado de Donald Trump y la realidad incontestable de que una división social muy característica, así en los días de prosperidad como en los de crisis, ha configurado una comunidad propensa a las grandes fracturas.

Bolsonaro nunca creyó que debería vérselas con Lula en plena crisis, pero acaso descartó demasiado pronto tal posibilidad. Tal cosa explica en parte la necesidad imperiosa del presidente de cambiar de caballo a mitad de carrera y sumarse ahora a la mascarilla y a la vacuna. Como recuerda un editorial del diario Estado de Sao Paulo, hace solo una semana que el Bolsonaro mandó en público a “casa de su madre” a alguien que tildó de idiota por preguntarle dónde podía encontrar vacunas. Sin embargo, hoy se desvive por disponer de ellas y contener el parte diario de bajas, pero es difícil medir la efectividad de ese cambio de comportamiento, forzado por las circunstancias. De ahí que el editorialista se incline a pensar que el verdadero Bolsonaro es el populista desabrido que llama idiota a un conciudadano, y no lo es “el personaje contrito que ahora proclama la necesidad urgente de una vacunación nacional”.

Basta buscar en las redes los puntos de vista de Olavo de Carbalho, ideólogo de cabecera de Bolsonaro, para comprender que la transformación obedece a una corrección meramente accidental y necesaria. “La presente generación tiene una misión histórica: la de realizar, sin extinguir una sola institución democrática, lo que los militares de 1964, extinguiendo varias, no hicieron: extirpar el comunismo de la vida política nacional, integralmente y para siempre”, declaró en cierta ocasión De Carvalho, para quien es comunismo todo aquello que figura a la izquierda del corto espacio que media entre la derecha y la extrema derecha brasileña, tan a menudo hermanadas y entrelazadas.

El riesgo para los próximos meses es que el enconamiento entre dos bloques irreconciliables desemboque en una simplificación de los problemas, en planteamientos binarios y en un recurso permanente al culto a la personalidad. Justo lo contrario de lo que precisa  un país inmenso, con posibilidades poco menos que ilimitadas de prosperidad y reequilibrio social que precisa tanto como cualquier otro que sus dirigentes se acojan  al pensamiento complejo, un concepto desarrollado por el filósofo francés Edgar Morin que requiere enlazar diferentes dimensiones de la realidad, incluida la moral. El objetivo de Lula en 2003 de garantizar tres comidas al día a todos sus compatriotas sigue ahí, incumplida y desafiante.

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Venezuela, una sociedad afligida

La situación en Venezuela se ha instalado en la lógica según la cual cada día es peor que el anterior. Cuando a través de la senda de la decadencia se llegó a un territorio en el que la moneda dejó de tener valor, cinco millones de personas se ausentaron en busca de mejor vida fuera del país y los aliados tradicionales dieron la espalda, no es posible otro dictamen que el del desastre final, sin paliativos ni salvación posible. La última decisión del presidente Nicolás Maduro de tensar la cuerda con la Unión Europea, mediante la expulsión de la  embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, declarada persona non grata, y con España a raíz de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la región de Colombia fronteriza con Venezuela, es una forma como cualquier otra de minar puentes y agravar el momento.

Se ajusta solo parcialmente a la realidad la opinión bastante extendida de que el endurecimiento del chavismo se aceleró a partir de las elecciones de 2010, cuando perdió poder local y empezó a sentirse vulnerable, y de la muerte de Hugo Chávez (2013), que llevó al puente de mando a Maduro, sucesor designado por el fallecido, carente del gancho del líder absoluto del experimento venezolano. Hay factores de igual o mayor peso en el desastre en curso, empezando por el descenso del precio del petróleo, continuando por la incapacidad del régimen de aportar valor añadido a la economía de las misiones –programas sociales de viabilidad a menudo discutida– y acabando por la referencia permanente del modelo cubano, al que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se sienten muy apegados. A todo ello debe añadirse el progresivo distanciamiento de  una parte cada vez mayor de la población, incluidos segmentos sociales favorecidos en primera instancia por las misiones, para quienes no se posible vislumbrar más futuro que una existencia precaria.

Algunos datos justifican el pesimismo. Por ejemplo, el PIB venezolano del año 2020 equivalió a menos del 25% del que se registró en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional; no menos del 15% de la población del país ha emigrado en condiciones con frecuencia extremas; el bolívar ha dejado de tener valor y del petro, divisa virtual, solo se tiene noticia cierta del nombre; la inflación ha escalado el último año hasta el 6.000%, récord absoluto en la historia de América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición, demasiadas veces dividida y enfrentada, ha carecido de la influencia determinante necesaria para negociar una salida con el Gobierno. Metida en el rompecabezas de ambiciones personales, ha malbaratado el momento dulce que para ella siguió a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado en tanto que presidente del Parlamento elegido en 2015, en el que la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios. El reconocimiento en 2019 de Guaidó por unos sesenta países, incluidos Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, no tuvo mayor efecto práctico y decayó al elegirse en diciembre pasado una nueva asamblea mediante una convocatoria electoral en la que no participaron candidatos de la oposición y cuyo resultado no fue reconocido por los aliados históricos de Venezuela.

Es una simplificación atribuir el extravío del país solo o principalmente a lo que bastantes economistas llaman la maldición del oro negro, esa tendencia al monocultivo de los grandes productores que obtienen con facilidad enormes beneficios, se instalan en la ilusión de la prosperidad ilimitada y se despeñan por la realidad cuando caen los precios y comprueban que no fueron capaces de diversificar sus ingresos en los tiempos de bonanza. El chavismo triunfó, promovido por un militar condenado por dirigir un golpe de Estado que no prosperó, porque se daba en el país una situación de desigualdad social extrema, una tasa de corrupción insufrible y la ausencia de mecanismos de corrección de históricos déficits estructurales. En algún momento, este marco de referencia decantó la balanza del lado de Hugo Chávez, de una oferta populista socializante en la que una parte muy importante de la opinión pública vio la ocasión de hacer efectiva la frase escrita por Rómulo Gallegos en la novela Doña Bárbara: “El mal es temporal; la verdad y la justicia imperan siempre”.

Al final del relato que Gabriel García Márquez dedicó a los últimos días de Simón Bolívar, el escritor puso en boca del general agonizante esta famosa exclamación: “¡Cómo voy a salir de este laberinto!” Es improbable que los gestores a ambos lados de la divisoria que separa a Gobierno y oposición en Venezuela se pregunten a sí mismos cómo saldrán del atolladero para reconstruir un país destruido. Más parece que dominan una mezcla de improvisación, encastillamiento y tendencia a soslayar la realidad. El Gobierno no tiene otra estrategia que resistir a toda costa, encomendarse a patrocinios como el chino y el ruso, y recurrir a las frases rotundas, con frecuencia amenazantes, de Maduro; la oposición se empecina en una competencia de egos a cuál más injustificable y, al mismo tiempo, se agranda la brecha entre el exilio y el interior.

En agosto de 2019, el diario El Espectador, de Bogotá, publicó un editorial que empezaba así: “La crítica situación en Venezuela continúa bajo la lógica según la cual pasa de todo, pero no termina de pasar nada concreto que logre solventarla”. Es una descripción sucinta, pero muy apegada al momento. La presidencia de Maduro es una suma de fracasos encadenados, pero la brega de la oposición no presenta mayores éxitos o logros si por tales se entiende lograr que las diferentes facciones remen en una misma dirección. En medio, una sociedad exhausta contempla cómo se degradan sin parar las condiciones de vida.

Los profesores de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, y José Ramón Morales-Arilla sostienen que el régimen “le dio la espalda a la democracia electoral cuando perdió la capacidad de ganar elecciones”, y defienden que la única salida es “afligir a los cómodos y reconfortar a los afligidos”, algo que, dejan entrever, incluye abundar en las sanciones. Y ahí surge la gran duda para dar con la salida del laberinto porque, hasta la fecha, las sanciones no han hecho otra cosa que afligir más a los muy afligidos.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

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El ‘caso Hasél’, otro síntoma de crisis

Los disturbios que han seguido al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ponen sobre la mesa por enésima vez la libertad de expresión como un ingrediente esencial de la democracia, pero también qué instrumentos son legítimos para defender tal derecho y, asimismo, cuáles son los límites reconocibles y aceptables de la libertad de expresión. Las imágenes de calles con barricadas en llamas, manifestantes enardecidos y cargas policiales que se suceden en diferentes ciudades españolas no hacen más que alimentar el debate con la pasión propia de cualquier crisis social, induce a los partidos o al menos a algunos de ellos a manejar versiones bastante alejadas de los consensos académicos básicos y causan estupor a una opinión pública alarmada por comportamientos iracundos cuando cae la noche.

Como ha escrito Rafael Jorba en las redes a propósito de la arremetida del jueves contra la sede de EL PERIÓDICO, es un oxímoron defender la libertad la libertad de expresión y apedrear  y pintarrajear un medio que, por definición, es un ingrediente esencial en la concreción práctica de la libertad de expresión. Está igualmente fundamentada la apreciación hecha por Ernesto Ekaizer en el programa Aquí amb Josep Cuní según la cual, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no cabe aplicar sanciones penales a los delitos de opinión (“en España se está aplicando muy mal el derecho penal”, dice Ekaizer). Y tiene muy pocos adversarios el convencimiento generalizado de que la violencia deslegitima a quienes recurren a ella para defender o reivindicar un derecho.

Tales opiniones configuran un acuerdo básico, compartido por capas sociales e ideologías de muy variada procedencia, tradición y signo. Son instrumentos de cohesión social que tienen que ver con uno de los muchos principios enunciados por el politólogo Maurice Duverger en su libro Los partidos políticos (1951). Duverger se pregunta qué define la democracia; la libertad, responde sin dudarlo. Pero añade la siguiente precisión: “No solo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación, sino la libertad real de todos, lo que supone cierto nivel de vida, cierta instrucción general, cierta igualdad social, cierto equilibrio político. La distinción marxista de libertades formales y libertades reales no es más que parcialmente exacta”.

¿Hay riesgo de que se rompa un “cierto equilibrio político”? Con tuits tan desafortunados, estridentes e inadecuados como el de Pablo Echenique, ideal para avivar las llamas en las barricadas, seguramente se suma un ingrediente más a los desequilibrios que zarandean una parte no menor de la sociedad, baqueteada por una vulnerabilidad cada vez mayor y cuyo horizonte de futuro no es otro que el de una borrasca permanente. El hecho de que los inductores de los disturbios de Barcelona, Madrid y otras ciudades sean una minoría exigua para la que cualquier pretexto vale para ponerse en acción no reduce los riesgos, porque son demasiados los elementos, reales o intuidos, que permitan allegar voluntades a su propósito de arremeter contra todo. De ahí la impresión de que el episodio en curso no será el último, que habrá en lo venidero nuevos escenarios de violencia en la vía pública, como los ha habido en el pasado con dramática intensidad.

Indagar el origen de la movilización de jóvenes exaltados –“estamos muy enfadados”, declaró una menor a una emisora de radio–, analizar el mar de contradicciones en el que se mueven y su potencial poder de atracción, no es sinónimo de justificar los destrozos, sino la única forma de poder explicar con solvencia qué está pasando y por qué. Es claramente insuficiente darse por satisfecho con explicaciones tan someras y caricaturescas como las de Isabel Díaz Ayuso –“unos niñatos” o algo así–, o reducirlo todo a jóvenes profesionales de la gresca, una versión actualizada de la kale borroka. Con toda seguridad, hay entre los agitadores algunos que se suman a las manifestaciones pacíficas para, antes o después, desencadenar la violencia por el simple gusto de desafiar a los antidisturbios y entregarse a toda clase desmanes, pero hay también desesperanza, amargura y desorientación en algunos otros que creen que el sistema, sea cual sea este, los ha abandonado a su suerte.

Walter Lippmann escribió en su libro La opinión pública (1922): “Todas las personas viven en el mismo mundo, pero piensan y sienten de forma diferente”. El gran ensayista adelantó hace un siglo que el comportamiento humano obedece a “un falso entorno que le induce a actuar en el mundo real” de una determinada manera. De lo que cabe deducir que un mismo entorno es percibido y sentido de diferente forma por diferentes personas que construyen una realidad a la medida de sus anhelos, necesidades y objetivos. Hoy esa construcción de la realidad está más diversificada que nunca y nada se entiende si no se admite tal variedad de versiones.

Una de estas versiones, llamadas ahora relatos, se presenta como una movilización en defensa de la libertad de expresión a propósito del caso Hasél, pero hay demasiadas contradicciones, demasiado ruido, demasiadas inconsistencias para que sea solo eso. La mera impugnación del statu quo por los manifestantes violentos transmite la imagen confusa de un colectivo tan harto del presente como desorientado. Es la imagen de un segmento muy minoritario, pero también muy activo, de una generación que ha pasado de las promesas del Estado del bienestar que conocieron sus padres y abuelos a los daños no reparados causados por varias crisis encadenadas.

Si del asalto al Capitolio de Washington, instigado por Donald Trump, se dijo que había dañado uno de los consensos sociales básicos –la inviolabilidad de los representantes electos de los ciudadanos–, lo menos que puede decirse de los sucesos de estos días en España es que la defensa de la libertad de expresión mediante la acción directa es solo un pretexto que remite a problemas sociales que la pandemia no ha hecho más que agudizar. Hay demasiadas señales de desapego con el entorno –aunque se trate del falso entorno del que habla Walter Lippmann o entorno irreal–, como para quedarse en lo obvio, la violencia es inaceptable y no merece otra reacción que la condena, y no buscar otras pistas explicativas de cuanto sucede. La salud de la democracia requiere realizar este ejercicio de introspección colectiva.

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