Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.

 

Fractura electoral en Perú

El desenlace de la elección presidencial en Perú se ha sumergido en la lógica seguida en noviembre del año pasado por Donald Trump para poner en duda la legitimidad del triunfo de Joe Biden. Al mismo tiempo que los observadores internacionales sobre el terreno coinciden en que en el desarrollo de las elecciones del 6 de junio no hay la menor sombra de fraude y que la victoria de Pedro Castillo está libre de sospecha, Keiko Fujmori insiste en denunciar un fraude masivo e impugna la validez de miles de votos sin pruebas consistentes que respalden tal proceder. La diferencia mínima de 60.000 papeletas entre el maestro rural y la hija de Alberto Fujimori, incursa en varias causas judiciales, es el reflejo exacto de una sociedad profundamente dividida, de dos populismos irreconciliables y de un sistema político minado por la corrupción hasta cotas inimaginables.

El “deseo ardiente” de que la victoria fuese para Keiko Fujimori, expresado por Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en El País el mismo día de las elecciones describía lo que estaba en juego como un combate sin vuelta atrás entre democracia liberal y dictadura comunista. “Ceder a lo más inmediato, como las enormes distancias que separan a los ricos de los pobres en el país y que esta pandemia ha hecho más visibles y dramáticas, es precipitarse en un suicidio político que cerrará para siempre –o por muy largo tiempo– la posibilidad del país de recuperar su vieja historia, cuando fue, en el pasado prehispánico, cabeza de un imperio que daba de comer a todo el mundo, o en los trescientos años coloniales cuando el virreinato peruano era el más próspero de América”, escribió el nobel, con una larga historia de desencuentros y enemistad política con Keiko Fujimori, que él mismo reconoce en el artículo.

Vargas Llosa es una referencia nacional en Perú, pero su decantación política queda lejos de la transversalidad. Expresa, por el contrario, una opinión muy reconocible entre las élites limeñas que apoyan a la candidata conservadora, que están de acuerdo con él en que no hay que ceder “a lo más inmediato”, como si la fractura social peruana fuese cosa reciente y no un fenómeno histórico de largo recorrido que ha dejado al margen del progreso material a generaciones enteras. Dicho de otra manera: nadie ha salido nunca al rescate de los más vulnerables, salvo alguna honrosa y breve excepción, y siempre que ha sido preciso se ha invocado el recuerdo de José Carlos Mariátegui, pensador marxista peruano y fundador de Partido Socialista –luego comunista– para aventar toda clase de riesgos y fantasmas.

Lo cierto es que Perú Libre, el conglomerado que apoya a Pedro Castillo, se remite con frecuencia al marxismo-leninismo-mariateguismo –lo recuerda Vargas Llosa en su artículo–, pero los compromisos públicos del candidato, más cercanos a la socialdemocracia sin sobresaltos que a otros ámbitos ideológicos, suavizan enormemente las remisiones históricas. En todo caso, no son ni más ni menos creíbles que la conversión a la democracia de Keiko Fujimori, para quien un fiscal pide ahora que ingrese de nuevo en la cárcel por haber incumplido los requisitos que se le impusieron al levantarle la prisión provisional. Hay en ambos candidatos algo de transformismo apresurado, obligados los dos por una realidad social extremadamente dual en la que se ha consolidado el reparto de los votos en dos mitades casi iguales: Lima y el establishment, por un lado; el resto del país, especialmente las pequeñas ciudades, las zonas rurales y el mundo indígena, por el otro.

Han desaparecido los términos medios, favorecido el exterminio por una crisis irrefrenable. Como ha puesto de manifiesto en un editorial el diario limeño El Comercio, la foto fija de un electorado cansado y decepcionado con el desarrollo de los acontecimientos es la fragmentación del Parlamento elegido en abril, donde será de obligado cumplimiento buscar zonas de relativo confort para fuerzas antagónicas, más versadas en el choque de trenes que en la búsqueda de consensos. “La inmovilidad derivada de la fragmentación es por lo tanto un peligro que se cierne sobre la nueva conformación parlamentaria”, alerta el editorialista, como si de antemano quepa temer que el camino de los grandes consensos será una ruta sembrada de minas.

La actitud de Keiko Fujimori alimenta tales temores en igual o mayor medida que la radicalidad de algunos discursos de campaña. La pregunta formulada por Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral, “¿en qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”, sigue sin provocar respuestas convincentes, sino repentinos espasmos movilizadores, atisbos de progreso y remedio de males de corta vida que acaban abruptamente (con demasiada frecuencia, con políticos relevantes juzgados y condenados).

La efervescencia de la calle a finales de 2020 a partir de “la vacancia presidencial por incapacidad moral” de Martín Vizcarra, con una participación muy significativa de los jóvenes, fue un adelanto de las tensiones provocadas por el escrutinio. El magisterio de Donald Trump ha hecho el resto y el ejemplo puede extenderse a otros escenarios con una articulación social caracterizada por desigualdades lacerantes. Pareciera que las opciones conservadores han llegado a la conclusión de que solo aceptarán los resultados de escrutinios que les den la victoria y arremeterán contra los que la den a fuerzas progresistas. La gran prueba será el año próximo en Brasil, cuando Luiz Inácio Lula da Silva disputará la reelección a Jair Bolsonaro, en tantas cosas un clon político e ideológico de Trump.

No hay en el disenso peruano demasiados ingredientes para esperar que Keiko Fujimori acate finalmente el resultado electoral. Quizá porque ponerlo en duda, combatirlo con sospechas de fraude, es la única herramienta que tiene a mano para que Pedro Castillo se radicalice o quede prisionero de irregularidades no demostradas en el escrutinio, pero muy difundidas, y de un Parlamento dividido en facciones enfrentadas y poco propicias al pacto. Una forma de erosionar al adversario, según el manual del mal perdedor, que bastantes veces ha rendido beneficios a los instigadores de tales maniobras, aunque eso signifique, en el caso de Perú, joderlo un poco más.

Brasil, a merced del duelo Lula-Bolsonaro

La repentina conversión de Jair Bolsonaro al uso de mascarilla y a la administración de la vacuna para combatir la pandemia ha sido la respuesta inmediata del presidente de Brasil a la rehabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, el presumible gran rival en las elecciones del próximo año. Que un negacionista irreductible deje de serlo en horas veinticuatro reúne todos los ingredientes de un sainete, pero las desoladoras estadísticas de muertos a causa del coronavirus –el miércoles y el jueves pasados los muertos superaron cada día los 2.000– en plena movilización de la izquierda han obrado la transformación milagrosa. Otra cosa es aquilatar qué efecto tendrá en las tendencias de voto a partir de ahora y hasta qué punto el cambio de orientación presidencial defraudará a la extrema derecha brasileña, empeñada en negar la evidencia.

Lo cierto es que la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo Federal ha devuelto los derechos políticos a Lula y, en la práctica, obliga a Bolsonaro a mantener un pulso de muchos meses con su peor adversario salvo sorpresas, por lo demás nada descartables. Pocas dudas quedan de que más allá del contagio de la corrupción sufrido por el Partido de los Trabajadores (PT), la organización liderada por Lula, él fue víctima de una operación de acoso que se tradujo en la politización extrema del juicio que lo condenó por corrupción y blanqueo de dinero. El solo hecho de que el Supremo investigue el comportamiento de Sergio Moro, el juez que lo condenó, es suficientemente expresiva de la anormalidad del proceso seguido, de las fundadas sospechas de que Moro lo fue todo menos imparcial.

Como ha escrito un comentarista en Folha de Sao Paulo, la rehabilitación de Lula no se deriva de la decisión del poder judicial de hacer política, sino de que renunció a ello. Se puso a salvo, puede decirse, de cualquier interpretación política de la decisión tomada habida cuenta la debilidad de las pruebas aportadas a la causa y el hecho de que el juez que lo sentenció no tenía competencia para juzgarlo. A lo que hay que añadir, fuera del ámbito judicial, la cercanía de Moro a Bolsonaro, que lo incorporó a su primer Gobierno en el puesto de ministro de Justicia.

Lo singular del momento es que Lula y Bolsonaro son dos personajes que concitan tantos amores como odios, que tienen un poder de convicción y de reacción enormes en entornos sociales completamente diferentes. Las encuestas posteriores a la rehabilitación de Lula, le otorgan un índice de aprobación del 50%, mientras que el de Bolsonaro se queda en el 38%, pero faltan 19 meses para la elección presidencial y puede que, para entonces, la pandemia sea el recuerdo de una pesadilla superada. Aunque también es cierto que, aun así, los efectos económicos de la enfermedad serán muy visibles en el incremento de las desigualdades y en la destrucción de bolsas de trabajo precario características de una sociedad extremadamente dual.

La creencia de los más escépticos de que nunca se cumplió el lema Orden y progreso que figura en la bandera de Brasil, sin que tal circunstancia tuviera mayores efectos en el comportamiento ni siquiera cuando ganó Lula la presidencia, se contrarresta con la opinión de quienes estiman que nunca se dio en el país un caso de corrupción generalizada, con extensión a otros países de América Latina, como el Lava Jato, compendio de todos los males de la economía oculta que se aloja en las alcantarillas del Estado. De tal manera que resulta aventurado prever el futuro, que se vislumbra como un misterio envuelto en un enigma. Y que puede ofrecer alguna sorpresa como, por ejemplo, la revisión completa de todas las causas sentenciadas relacionadas con el caso Lava Jato, con fallos condenatorios que llevaron a prisión a personalidades políticas, incluidas varias encuadradas en el PT.

Un cierto grado de confusión y de olvido del pasado inmediato conviene a Bolsonaro; un recuerdo permanente de qué fue preciso para que el presidente ganara en 2018, conviene a Lula. En el expresidente actúa a su favor como un factor de movilización los años de cárcel que no debió cumplir; en Bolsonaro funciona ante los suyos como un factor de legitimación el haber cortado las alas al reformismo socializante que promovió Lula y heredó Dilma Rouseff. En medio se encuentran la devastación de la pandemia, el legado de Donald Trump y la realidad incontestable de que una división social muy característica, así en los días de prosperidad como en los de crisis, ha configurado una comunidad propensa a las grandes fracturas.

Bolsonaro nunca creyó que debería vérselas con Lula en plena crisis, pero acaso descartó demasiado pronto tal posibilidad. Tal cosa explica en parte la necesidad imperiosa del presidente de cambiar de caballo a mitad de carrera y sumarse ahora a la mascarilla y a la vacuna. Como recuerda un editorial del diario Estado de Sao Paulo, hace solo una semana que el Bolsonaro mandó en público a “casa de su madre” a alguien que tildó de idiota por preguntarle dónde podía encontrar vacunas. Sin embargo, hoy se desvive por disponer de ellas y contener el parte diario de bajas, pero es difícil medir la efectividad de ese cambio de comportamiento, forzado por las circunstancias. De ahí que el editorialista se incline a pensar que el verdadero Bolsonaro es el populista desabrido que llama idiota a un conciudadano, y no lo es “el personaje contrito que ahora proclama la necesidad urgente de una vacunación nacional”.

Basta buscar en las redes los puntos de vista de Olavo de Carbalho, ideólogo de cabecera de Bolsonaro, para comprender que la transformación obedece a una corrección meramente accidental y necesaria. “La presente generación tiene una misión histórica: la de realizar, sin extinguir una sola institución democrática, lo que los militares de 1964, extinguiendo varias, no hicieron: extirpar el comunismo de la vida política nacional, integralmente y para siempre”, declaró en cierta ocasión De Carvalho, para quien es comunismo todo aquello que figura a la izquierda del corto espacio que media entre la derecha y la extrema derecha brasileña, tan a menudo hermanadas y entrelazadas.

El riesgo para los próximos meses es que el enconamiento entre dos bloques irreconciliables desemboque en una simplificación de los problemas, en planteamientos binarios y en un recurso permanente al culto a la personalidad. Justo lo contrario de lo que precisa  un país inmenso, con posibilidades poco menos que ilimitadas de prosperidad y reequilibrio social que precisa tanto como cualquier otro que sus dirigentes se acojan  al pensamiento complejo, un concepto desarrollado por el filósofo francés Edgar Morin que requiere enlazar diferentes dimensiones de la realidad, incluida la moral. El objetivo de Lula en 2003 de garantizar tres comidas al día a todos sus compatriotas sigue ahí, incumplida y desafiante.

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Venezuela, una sociedad afligida

La situación en Venezuela se ha instalado en la lógica según la cual cada día es peor que el anterior. Cuando a través de la senda de la decadencia se llegó a un territorio en el que la moneda dejó de tener valor, cinco millones de personas se ausentaron en busca de mejor vida fuera del país y los aliados tradicionales dieron la espalda, no es posible otro dictamen que el del desastre final, sin paliativos ni salvación posible. La última decisión del presidente Nicolás Maduro de tensar la cuerda con la Unión Europea, mediante la expulsión de la  embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, declarada persona non grata, y con España a raíz de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la región de Colombia fronteriza con Venezuela, es una forma como cualquier otra de minar puentes y agravar el momento.

Se ajusta solo parcialmente a la realidad la opinión bastante extendida de que el endurecimiento del chavismo se aceleró a partir de las elecciones de 2010, cuando perdió poder local y empezó a sentirse vulnerable, y de la muerte de Hugo Chávez (2013), que llevó al puente de mando a Maduro, sucesor designado por el fallecido, carente del gancho del líder absoluto del experimento venezolano. Hay factores de igual o mayor peso en el desastre en curso, empezando por el descenso del precio del petróleo, continuando por la incapacidad del régimen de aportar valor añadido a la economía de las misiones –programas sociales de viabilidad a menudo discutida– y acabando por la referencia permanente del modelo cubano, al que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se sienten muy apegados. A todo ello debe añadirse el progresivo distanciamiento de  una parte cada vez mayor de la población, incluidos segmentos sociales favorecidos en primera instancia por las misiones, para quienes no se posible vislumbrar más futuro que una existencia precaria.

Algunos datos justifican el pesimismo. Por ejemplo, el PIB venezolano del año 2020 equivalió a menos del 25% del que se registró en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional; no menos del 15% de la población del país ha emigrado en condiciones con frecuencia extremas; el bolívar ha dejado de tener valor y del petro, divisa virtual, solo se tiene noticia cierta del nombre; la inflación ha escalado el último año hasta el 6.000%, récord absoluto en la historia de América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición, demasiadas veces dividida y enfrentada, ha carecido de la influencia determinante necesaria para negociar una salida con el Gobierno. Metida en el rompecabezas de ambiciones personales, ha malbaratado el momento dulce que para ella siguió a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado en tanto que presidente del Parlamento elegido en 2015, en el que la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios. El reconocimiento en 2019 de Guaidó por unos sesenta países, incluidos Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, no tuvo mayor efecto práctico y decayó al elegirse en diciembre pasado una nueva asamblea mediante una convocatoria electoral en la que no participaron candidatos de la oposición y cuyo resultado no fue reconocido por los aliados históricos de Venezuela.

Es una simplificación atribuir el extravío del país solo o principalmente a lo que bastantes economistas llaman la maldición del oro negro, esa tendencia al monocultivo de los grandes productores que obtienen con facilidad enormes beneficios, se instalan en la ilusión de la prosperidad ilimitada y se despeñan por la realidad cuando caen los precios y comprueban que no fueron capaces de diversificar sus ingresos en los tiempos de bonanza. El chavismo triunfó, promovido por un militar condenado por dirigir un golpe de Estado que no prosperó, porque se daba en el país una situación de desigualdad social extrema, una tasa de corrupción insufrible y la ausencia de mecanismos de corrección de históricos déficits estructurales. En algún momento, este marco de referencia decantó la balanza del lado de Hugo Chávez, de una oferta populista socializante en la que una parte muy importante de la opinión pública vio la ocasión de hacer efectiva la frase escrita por Rómulo Gallegos en la novela Doña Bárbara: “El mal es temporal; la verdad y la justicia imperan siempre”.

Al final del relato que Gabriel García Márquez dedicó a los últimos días de Simón Bolívar, el escritor puso en boca del general agonizante esta famosa exclamación: “¡Cómo voy a salir de este laberinto!” Es improbable que los gestores a ambos lados de la divisoria que separa a Gobierno y oposición en Venezuela se pregunten a sí mismos cómo saldrán del atolladero para reconstruir un país destruido. Más parece que dominan una mezcla de improvisación, encastillamiento y tendencia a soslayar la realidad. El Gobierno no tiene otra estrategia que resistir a toda costa, encomendarse a patrocinios como el chino y el ruso, y recurrir a las frases rotundas, con frecuencia amenazantes, de Maduro; la oposición se empecina en una competencia de egos a cuál más injustificable y, al mismo tiempo, se agranda la brecha entre el exilio y el interior.

En agosto de 2019, el diario El Espectador, de Bogotá, publicó un editorial que empezaba así: “La crítica situación en Venezuela continúa bajo la lógica según la cual pasa de todo, pero no termina de pasar nada concreto que logre solventarla”. Es una descripción sucinta, pero muy apegada al momento. La presidencia de Maduro es una suma de fracasos encadenados, pero la brega de la oposición no presenta mayores éxitos o logros si por tales se entiende lograr que las diferentes facciones remen en una misma dirección. En medio, una sociedad exhausta contempla cómo se degradan sin parar las condiciones de vida.

Los profesores de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, y José Ramón Morales-Arilla sostienen que el régimen “le dio la espalda a la democracia electoral cuando perdió la capacidad de ganar elecciones”, y defienden que la única salida es “afligir a los cómodos y reconfortar a los afligidos”, algo que, dejan entrever, incluye abundar en las sanciones. Y ahí surge la gran duda para dar con la salida del laberinto porque, hasta la fecha, las sanciones no han hecho otra cosa que afligir más a los muy afligidos.

Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Guaidó y López suman errores

Todos los cálculos hechos por la oposición venezolana han fallado desde el mismo momento en que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente encargado con la misión específica de liquidar el régimen chavista mediante la celebración de unas elecciones. Ni la aparición en escena de Guaidó, ni la movilización en la calle, no siempre multitudinaria, ni la irrupción en la crisis de Leopoldo López, alojado en la Embajada de España en Caracas, ni la cadena de errores que siguieron a este episodio, incluida la aparición de algunos uniformados al lado de los líderes opositores, han debilitado a Nicolás Maduro, menos en la zozobra de lo que se presumía, y menos aún a Diosdado Cabello, líder del ala más dura –inspiración castrista– del régimen venezolano. Antes al contrario, a pesar de las penalidades que soporta la población y de la sensación de ocaso del experimento bolivariano, Maduro sigue contando con un contingente de adeptos suficiente para mantener unido el Ejército, controlar el Tribunal Supremo y utilizar la Asamblea Constituyente, una Cámara de fieles, para perseguir a los políticos más allegados a Guaidó (Edgar Zambrano, el primero de ellos).

Contra la presunción manejada por la Administración del presidente Donald Trump, los cuartos de banderas están lejos de ser el nido de conspiradores desafectos que se suponía, y aunque el papel del gran mudo se escribe todos los días sobre un folio en blanco –son numerosos los antecedentes en América Latina–, el grueso del generalato se mantiene al lado de Maduro. En aras del realismo, cabe considerar una excepción la liberación de Leopoldo López por oficiales del Ejército; es menos excepcional, en cambio, que los actos militares se conviertan en manifestaciones de complicidad de las Fuerzas Armadas con el frente de resistencia articulado por Nicolás Maduro.

Puede decirse que ha chocado con la realidad el propósito de Leopoldo López y de Juan Guaidó de precipitar los acontecimientos y acelerar la historia, y tal propósito de quemar etapas ha adquirido el perfil del fracaso en el peor de los casos o del empate entre enemigos en la mejor de las hipótesis. Así deben entenderse las consecuencias del paso en falso dado por López al convocar una conferencia de prensa en la Embajada de España –una iniciativa incompatible con su condición de acogido– para comprometer en su estrategia al Gobierno de Pedro Sánchez, y así debe aquilatarse el paso no menos en falso de Guaidó, que llamó a la oposición a movilizarse a las puertas de las bases militares, una iniciativa que cosechó resultados modestísimos. Es difícil dar con medidas menos apropiadas para desatascar la situación.

Cuenta el analista Andrés Oppenheimer en El Nuevo Herald, caja de resonancia del anticastrismo en Miami, que diplomáticos del Grupo de Lima, el más resuelto orfeón de voces contrarias al chavismo, han admitido oficiosamente que se equivocaron al sopesar la capacidad de resistencia del madurismo. “Puede que sea el momento de empezar a buscar otras formas de lograr el mismo objetivo”, piensan los limeños, una frase enigmática que vale tanto para poner en duda la pericia de Guaidó y López, jefe del primero en el partido Voluntad Popular, como para recordar sin hacerlo explícitamente que la Casa Blanca mantiene abiertas todas las opciones, incluida la intervención militar. Una posibilidad que parece rescatada del olvido, de la tradición intervencionista de Estados Unidos en América Latina; una alternativa que devolvería el reloj de la historia del continente al oprobioso pasado del matonismo en la resolución de conflictos.

Nada hay en el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela que induzca al optimismo o siquiera a la esperanza de un acortamiento de los quebrantos que sufre la población, pero la injerencia exterior permite pronosticar una tragedia, una prolongación de la excepcionalidad que se ha adueñado del país solo que con otros protagonistas, sometidos todos ellos al diktat de la Casa Blanca. En la preocupación y las declaraciones de los portavoces de la Administración de Donald Trump las alusiones a la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos son una mera coartada. Aquello que realmente importa al presidente es liquidar un modelo fracasado, pero aun así incómodo y desafiante, y, de paso, neutralizar el oportunismo ruso y chino, que ha visto en las necesidades acuciantes del madurismo y en sus limitaciones una ocasión magnífica para desempeñar algún papel en el escenario latinoamericano.

La encuesta de Datanálisis, una empresa venezolana de sondeos, que otorgó en febrero una expectativa de voto del 61% a Juan Guaidó y de solo el 14% a Nicolás Maduro vale poco para sopesar cuál sería el coste social de un desenlace no negociado de la crisis. En primer lugar, porque las cifras se compaginan mal con la realidad en la calle –la igualdad permanente entre movilizados por el régimen y por la oposición–, donde ambos bandos han decidido medir la fuerza real de sus efectivos. En segundo lugar, porque los tres meses transcurridos han consolidado una situación de bloqueo de la es difícil escapar salvo que algún inesperado suceso otorgue una dinámica nueva al tira y afloja en curso.

Está justificado todo lo que se pueda decir y describir del desastre del experimento chavista, admitiendo incluso que el entorno dejó de serle favorable a partir de la caída del precio del petróleo, del retroceso de la izquierda en América Latina y de la victoria de Trump. Pero la impugnación a las bravas del régimen solo traerá nuevos padecimientos, injusticias y sectarismos, como es fácil deducir de declaraciones y proclamas. Que no fuese este el resultado constituiría una auténtica sorpresa porque los desastres históricos que acumula el continente a causa de desmanes propios y ajenos no permiten vislumbrar nada bueno si el espadón se impone a la negociación. Como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, la técnica del cowboy no presagia nada positivo para una comunidad sumida en la peor de las crisis, condenada a malvivir sin fecha de caducidad.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.