Futuro incierto en Afganistán

El anuncio hecho por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos completará la retirada total de Afganistán el próximo 31 de agosto se produce en una atmósfera de creciente pesimismo acerca de la capacidad del Gobierno de Kabul de hacer frente en solitario al desafío de los talibanes, que controlan un tercio del territorio y mantienen sitiadas o en situación precaria varias capitales de provincia. Han fracasado todos los intentos para llegar a un acuerdo con los líderes talibanes para garantizar la pervivencia de la república alumbrada con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, han fracasado asimismo los esfuerzos encaminados a cercenar la capacidad operativa de las milicias talibanes y no ha sido mayor el éxito para implicar a Pakistán en el desmantelamiento o, por lo menos, el control sistemático de los santuarios talibanes en su territorio.

El general Austin Scott Miller, al mando del contingente que aún se encuentra en la base de Bagram, manifestó hace un mes su temor de que Afganistán se sumerja en una guerra civil cuando sea su Ejército la única fuerza de choque que se enfrente a los talibanes, según recogió el periódico The Washingron Post. El mismo medio se hizo eco de los temores del senador republicano Lindsey O. Graham, que cree posible un renacimiento poco menos que inmediato de Al Qaeda y el ISIS en el corazón de Asia, algo que parece improbable a los analistas militares –los líderes talibanes no tienen mayor interés en reeditar viejas alianzas–, y que, en cambio, si admiten que es posible un rápido avance de los fundamentalistas islámicos en dirección a Kabul de aquí a final de año.

Después de una guerra de dos meses (octubre-diciembre de 2001), veinte años de presencia permanente en Afganistán y dos billones de dólares del contribuyente gastados en un conflicto imposible de coronar con la victoria nada es sustancialmente diferente en orden a hacer del régimen afgano un muro de contención fiable. Han fracasado todos los intentos para comprometer a los talibanes en un acuerdo de coexistencia pacífica con el Gobierno de Kabul. Hillary Clinton no encontró interlocutores fiables cuando los buscó desde la Secretaría de Estado; no corrió mejor suerte la pirotecnia diplomática de Donald Trump, que optó por fijar la retirada definitiva para el 11 de septiembre de 2021; no ha hecho otra cosa Biden que rendirse a la evidencia.

Visto retrospectivamente, nunca tuvo demasiado sentido la búsqueda en las filas de la resistencia talibán de una facción dispuesta a comprometerse con el statu quo. Habida cuenta su naturaleza de organización antisistema, retardataria y antioccidental, era poco menos que imposible dar con un ala pactista que, por lo demás, nunca había dado señales de vida. Fue más una forma de justificar que, agotados todos los trámites para una evacuación sin riesgos futuros para Afganistán, no quedaba otra que confiar en que su Ejército –300.000 soldados razonablemente pertrechados e instruidos– sea capaz de contener al adversario. El recuerdo del desastre iraquí, cuando el ISIS avanzó hasta muy cerca de Bagdad después de tomar Mosul (junio de 2014), no deja de ser un precedente inquietante.

Al mismo tiempo, ha dejado de tener sentido para la opinión pública estadounidense seguir en el pedregal afgano y aplazar lo inevitable. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta hoy, el apoyo de las operaciones en Afganistán ha pasado del 90% a aproximadamente el 40%. Los vaticinios agoreros que remiten a una pronta escalada del terror y la restauración del régimen talibán en Kabul tienen menos fuerza que la sensación generalizada de que nada se logró de sustancial tan lejos de casa en términos de influencia y, en cambio, se perdió la posibilidad de presionar y en su caso desactivar a los talibanes. El presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haas, lo resumió así la pasada primavera: “Estados Unidos debilitó su influencia con los talibanes por su obvio deseo de poner fin a su presencia militar”. Con el daño añadido de que se ha reforzado la alianza de facto –siempre azarosa– entre la mayoría de líderes talibanes y jefes tribales o territoriales, muchos de ellos vinculados al cultivo y tráfico de la amapola de opio.

Es más que probable que la retirada ordenada por Biden se consume en contra del consejo de los generales, porque es evidente que poco han cambiado los datos esenciales de la situación en Afganistán: el Gobierno solo controla en la práctica la capital, algunas capitales de provincia especialmente importantes y una parte sustancial, pero ni mucho menos total de las vías de comunicación; la frontera con Pakistán sigue siendo extremadamente porosa y de cuanto se cuece al otro lado de la divisoria tiene Kabul noticias imprecisas y fragmentadas. Por decirlo con las mismas palabras empleadas hace unos años por un funcionario de la OTAN: el primer deber de los soldados afganos y de sus aliados es garantizar su seguridad; no es posible plantear objetivos más ambiciosos y resolutivos.

Ante esta realidad inobjetable, han prevalecido en la decisión de la Casa Blanca, además de las razones enumeradas por el presidente –“¿cuántos miles de hijas e hijos más han de seguir corriendo riesgos?”, dijo el jueves–,las relacionadas con la pugna por la hegemonía que mantienen Estados Unidos y China. El mapa y los intereses de Afganistán quedan muy lejos de la cuenta del Pacífico, de la complicidad con los aliados en Extremo Oriente y de la economía global. Si en algún momento, después de dar la orden de ataque, pasó por la cabeza del presidente George W. Bush la posibilidad de construir una nación, Biden deshizo el equívoco al anunciar la retirada: “No fuimos a Afganistán a construir un país. El pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí solo su futuro y cómo quiere gobernar su país”.

Puede que los neocon que rodeaban a Bush vieran la oportunidad, recién caído el régimen talibán, de acabar con la tradicional fragmentación de la sociedad afgana, que ni las potencias coloniales en el pasado ni las superpotencias de nuestro tiempo comprendieron nunca en toda su complejidad, pero la experiencia de veinte años in situ ha disipado cualquier duda. Quedará Afganistán a expensas de sus propias fuerzas antes de que acabe el verano, quizá para ser en muy poco tiempo un foco de inestabilidad. Pero Estados Unidos ha decidido una serie de retiradas estratégicas para concentrarse en la rivalidad con China y la regeneración de la política en Estados Unidos, tan degradada. Todo lo demás le parece al establishment un compendio de problemas accesorios.

 

El PCCh cumple cien años

Nadie hace un siglo se hubiese atrevido a vaticinar que el despertar de China tendría las dimensiones y el impacto que hoy todos conocemos. Los fastos para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) no han sido solo la ocasión para que el régimen hiciera ostentación de su buena salud y creciente poder en todas direcciones, sino para confirmar aquello por lo demás largamente intuido: los herederos del Imperio del Medio están en condiciones de disputar a Estados Unidos la doble hegemonía política y económica. La pregunta que figura en la portada del último número de la revista Foreign Affairs es poco más que retórica: ¿Puede China seguir ascendiendo?

“La ambición y la ejecución no son lo mismo”, escribe en el citado bimensual el sinólogo Jude Blanchette. La pretensión de ejercer un control o dominio sobre los asuntos mundiales no forma parte de la cultura política china, afirma Daniel Rosen, que se demora en subrayar los esfuerzos sin éxito para reformar el sistema y actualizar su relación con el resto del mundo. Ambos analistas comparten la impresión de que el presidente Xi Jinping, titular de un poder omnímodo y desconocido desde que el reformista Deng Xiaoping ocupó el puente de mando, ha colocado al país en una trayectoria arriesgada, si no de colisión, sí de confrontación con Estados Unidos, que pone en peligro los logros consolidados por sus predecesores a partir de la carnicería de Tiananmen (junio de 1989), que cercenó sin miramientos el proceso de apertura política que siguió a la mejora de la economía.

De la lectura del ensayo de John J. Mearsheimer The tragedy of great power politics el periodista Mateo Madridejos deduce en El siglo de Asia que el ascenso de China “no será pacífico”, y de la existencia de un cinturón de adversarios de China –Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam, India, puede incluso que Filipinas– diferentes think tanks se atreven a pronosticar la concreción por mucho tiempo de una amplia región, del Pacífico Occidental al centro del Índico, sometida a la estrategia de la tensión. Mearsheimer advierte, además, de la tendencia revisionista de todas las superpotencias para impugnar el statu quo en beneficio propio, lo que hace inevitable el disenso entre China y Estados Unidos y sus aliados. Ya advirtió Henry Kissinger en 2012 que los estrategas de Washington y de Beijing se habían abstenido de acordar “una idea conjunta del orden mundial”.

Hoy se antoja demasiado tarde para que tal conjunción se produzca. El régimen chino ha impedido la colonización tecnológica del país por Estados Unidos y ha logrado ser el gran competidor en cuatro ámbitos fundamentales: el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial, el manejo del big data y la carrera espacial. El partido ha aprovechado con habilidad la percepción generalizada en la sociedad china de que la democracia pluripartidista es un modelo político ajeno a la tradición nacional. Y ha sofocado con un coste mínimo para la cohesión interna del Estado las crisis de Hong Kong, Xinjiang y el Tibet; ninguno de los tres conflictos ha contaminado, ni siquiera episódicamente, una sociedad en cuya memoria colectiva prevalece el recuerdo de las penalidades vividas y las compara con los logros materiales de los últimos decenios, y que, al mismo tiempo, reverencia a Mao Zedong como al más ilustre de sus hijos, a quien exalta como el liberador de China de la injerencia extranjera y fundador de la patria rehabilitada.

Es obvio que el PCCh ha vaciado el maoísmo de contenido porque el partido se ha convertido en una organización que cultiva un nacionalismo exacerbado, un centralismo sin concesiones y un control absoluto de las dinámicas sociales, sin sitio para la disidencia o la crítica. Pero el recuerdo de Mao es útil para sostener una estructura que tiene poco que ver con el revisionismo de Deng –un poder colegiado– y mucho con el modelo de presidencia vitalicia de facto promovida por Xi mediante una reforma constitucional. No es exagerado concluir que el partido ha vuelto la mirada al legado confuciano para garantizar la estabilidad, un cambio paradójico de estrategia porque el maoísmo fue decididamente anticonfuciano y denostó la idea de armonía social desarrollada por Confucio y sus discípulos. Es pronto para preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la intersección de maoísmo y confucianismo; solo es posible constatar que ha servido al PCCh para contrarrestar la influencia de Occidente, según sostiene Xulio Ríos entre otros autores.

A la luz de la sucesión de desencuentros durante la presidencia de Donald Trump y de la voluntad de Joe Biden de traducir en hechos el eslogan America is back, parecen muy lejanos los buenos augurios que hace solo siete años incluyó el exsecretario del Tesoro Henry M. Paulson en Deadling with China. Creía Paulson que era posible encauzar la competencia entre las superpotencias mediante un compromiso político y económico, a través de una forma ad hoc de soft power que serenara los espíritus y estableciera un código de conducta respetado a ambas orillas del Pacífico. Sigue habiendo, sobre todo en Europa, quienes estiman que desenterrar el modelo de la guerra fría y de la contención del adversario, de acuerdo con el análisis de George F. Kennan aplicado a la competencia con la URSS, es un error estratégico que envenenará la coexistencia entre contrincantes, y la opinión pública europea, en general, se muestra despreocupada con el ascenso chino. Pero son cada vez más las voces en la Unión Europea que manifiestan su desconfianza hacia el poder del gigante asiático, de su nueva ruta de la seda sin contrapartidas, sin garantías de seguridad específicas y otros requisitos que eviten la colonización china en el sector de las nuevas tecnologías.

De haber tenido noticia de ello, nadie se habría atrevido a otorgarle larga vida a la organización fundada en 1921 en Shangái por un grupo de doce jóvenes. Sin embargo, el PCCh ha sido el artífice absoluto de la transformación de una sociedad agraria en extremo atrasada en otra que opera a escala global. El secreto del éxito del maoísmo sin Mao es que el papel del Gran Timonel ha quedado reducido al de ser el padre de la nación renacida; el resto de cuanto procede del partido es resultado de la adaptación al medio, de hacer de la necesidad virtud y de utilizar una férrea disciplina social en una máquina sin parangón de producir e innovar, sometida al control estricto de una autoridad suprema que apenas nadie impugna. La esperanza de vida de tal modelo es desconocida.

Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

La pandemia desgasta la democracia

Las cifras de la pandemia después de fiestas transmiten en Europa y en Estados Unidos una sensación de desbordamiento, de descontrol, de ineficacia e insuficiencia objetivas en la mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos para alcanzar dos metas: doblegar la curva de contagios y no dañar en exceso la economía. Lo cierto es que la marcha de los negocios sigue dejando damnificados todos los días y los datos de contagiados y muertos no menguan en medio de una atmósfera de cansancio y pesimismo que apenas palían las esperanzas depositadas en la vacunación masiva. Que el nuevo presidente de Estados Unidos haya hecho de la lucha contra el mal el primero de sus grandes objetivos no deja de ser significativo habida cuenta de los despropósitos heredados de su antecesor.

Al mismo tiempo, la opinión pública asiste aquí y allá a la utilización política y la pelea de gallos entre adversarios desencadenada por la pandemia –España, uno de los ejemplos más resonantes–, mientras los llamamientos a la unidad caen en saco roto, los países tienden a combatir la covid-19 en orden disperso y la opinión pública se siente a menudo defraudada por la falta de coordinación de esfuerzos. Nadie sabe a ciencia cierta  dónde se ha acertado con las medidas adoptadas, cuándo darán un resultado tangible y qué hace falta para que cesen la política de balcón, las declaraciones destempladas y la estela de oportunismo que dejan a su paso tantos gobernantes, agravado de vez en cuando por quienes se benefician de una situación de privilegio (cuantos se vacunan sin que les corresponda por el simple hecho de manejar los resortes administrativos que les permiten cometer tal tropelía).

Han pasado demasiados meses desde que se tuvo noticia de la aparición del virus como para que, con harta frecuencia, se improvise, se tomen decisiones sobre la marcha, infructuosas las más de las veces, mientras sus promotores las presentan como el resultado acabado y preciso de un plan meditado. De tal manera que la disposición de los ciudadanos en muchos lugares a sentirse requeridos en el combate contra la enfermedad deja paso al escepticismo; de tal forma que la unidad europea reclamada por los expertos nunca llega a concretarse y la española resulta del todo imposible. Y sin embargo, el grado de disciplina, paciencia y disposición al sacrificio de la mayoría no decae a pesar de personajes divisivos y aguijoneadores como Isabel Díaz Ayuso, una émula castiza del trumpismo con mascarilla, o la Administración catalana, atrapada en la tela de araña de un decreto para el aplazamiento o suspensión de las elecciones –la confusión es grande– que no ha pasado de momento la prueba del nueve del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Con esa propensión en todas partes a no salir del atasco, sino de agravarlo, los gobiernos occidentales dañan el aprecio por algunas de las conquistas de la democracia y alientan el discurso admirativo de la fructífera gestión china de la pandemia, como si las diferencias culturales no contasen y fuese preferible la disciplinada militarización de los espíritus, como si el éxito chino no tuviese nada que ver con el perfil de un régimen de partido único con un poder omnímodo y no sometido a control. “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, dejó dicho Charles Bukowski, y tal circunstancia conlleva un cierto número de debilidades y vulnerabilidades reconocibles, pero quienes gestionan la crisis bajo el paraguas de la democracia, deberían reducirlas al mínimo para evitar daños mayores a los de la pandemia. Lograr una eficacia razonable a cuanto se hace es una necesidad acuciante porque las democracias ineficaces vulneran la idea misma de democracia.

Hay esparcidos por Europa, y no digamos en Estados Unidos, demasiados profetas del Apocalipsis como para creer que el universo democrático podrá salir sin mácula de la prueba. Mientras los medios se sigan viendo obligados a suministrar el parte diario de muertos envuelto en el número creciente de contagios, la discusión entre adversarios políticos sobre las medidas a adoptar y las proclamas de demagogos de diferentes estirpes, la desconfianza irá en aumento. Si tal desconfianza no se ha impuesto por completo, es a causa de lo que Jean-Philippe Vincent llama en Le Figaro “la lógica del miedo”, el sentimiento muy extendido de que la muerte ronda por la calle oculta en un enemigo invisible, pero aniquilador.

Esa lógica del miedo no es especialmente deseable en las sociedades democráticas. Es preferible el imperio de la razón, afrontar la enfermedad con datos precisos y medidas realistas, admitiendo que hay un margen de error, que no hay certidumbres absolutas en ese desigual combate para domeñar un adversario sigiloso y adaptativo. La lógica del miedo da pie, en cambio, a una paulatina renuncia de la razón en los comportamientos colectivos. Como dijo Franklin D. Roosevelt, solo hay que tener miedo al miedo; el resto debe fiarse al análisis de los hechos y las conclusiones correspondientes. Sin dar por supuesto que, de tal ejercicio, surgirán decisiones y medidas infalibles.

Hace un siglo, durante la llamada gripe española, llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social fueron las medidas dispuestas por los especialistas para evitar el contagio. Aquella pandemia dejó 50 millones de muertos en un mundo que salía muy herido de la primera guerra mundial. Para los agoreros recalcitrantes, hoy estamos donde estuvieron entonces las sociedades atacadas por la enfermedad y apenas hemos avanzado; para las mentes despiertas, un siglo de ciencia ha hecho posible que dispongamos de vacunas a la vuelta de menos de un año de que se declarara en España el estado de alarma. Pero para que esa realidad incontrovertible prevalezca sobre cualquier otra y el mal deje de dañar la calidad de la democracia es preciso que la sanidad de emergencia quede fuera de la pugna política cotidiana, porque la plaga ha descoyuntado la cotidianidad y todo lo condicionará hasta que acabe la pesadilla.

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La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.

China y Estados Unidos oscurecen el futuro

La sesión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se desarrolla en Pekín ha dejado al descubierto en toda su crudeza los efectos de la pandemia sobre la mayor de las economías emergentes, que pretende disputar la hegemonía a Estados Unidos, y el agotamiento del modelo resumido en el enunciado un país, dos sistemas. Por primera vez en casi 30 años de crecimiento a toda máquina, un primer ministro, Li Keqiang, ha renunciado a fijar un objetivo de crecimiento y, al mismo, se ha remitido a la aprobación de una ley de seguridad nacional para encauzar la crisis política en Hong Kong, acabar con la movilización secesionista y preservar el vigor de las finanzas en la antigua colonia británica.

¿Dos caras de una misma moneda o los problemas en Hong Kong son solo una preocupación menor? Seguramente, no porque la inmediata reacción de Estados Unidos a la eventual contracción de los derechos políticos de los hongkoneses vaticina nuevos motivos de tensión, con la más que probable afectación de las relaciones comerciales entre los dos países, sometidas a un régimen permanente de ducha escocesa. Basta tener presente que, en el mejor de los casos, la economía china crecerá en 2020 el 1,2%, muy lejos del 6,1% de 2019, según diferentes informes no oficiales recogidos por medios tan prestigiosos como Le Monde y The New York Times. Pero este crecimiento está sujeto a variables tan volátiles como la reactivación de los intercambios con la Unión Europea y el mantenimiento por Estados Unidos de las reglas del juego –proteccionista– acordadas durante la segunda mitad de 2019.

Las reservas expresadas por Lawrence Summers en otoño pasado sobre la consistencia del acuerdo para limitar la imposición de aranceles a los productos chinos en Estados Unidos y viceversa siguen siendo del todo pertinentes. “Hay cuestiones más profundas y más grandes que están frenando la rápida expansión global”, dijo entonces el exsecretario del Tesoro estadounidense, y entre ellas se cuenta sin duda la movilización social en Hong Kong, que hace tiempo dejó de ser flor de un día. Y hace aún más tiempo dejó de analizarse a la luz de sus dimensiones geográficas porque plantea una pregunta cuya respuesta resulta harto complicada: ¿hasta dónde puede dar de sí el experimento chino: capitalismo y globalización pilotados por un partido nominalmente comunista?

Los primeros años de este siglo se hicieron cálculos sobre las necesidades mínimas de crecimiento para que las grandes ciudades chinas absorbieran la mano de obra procedente del campo. La conclusión más compartida fue que por debajo de un crecimiento anual del 7% era poco menos que imposible que el mercado laboral diese cabida a los flujos migratorios. Es innecesario subrayar que las estadísticas de expansión de la economía para el año en curso quedarán muy por debajo de las necesidades y pueden empeorar sin remedio si rebrota la guerra comercial. De momento, el presidente Donald Trump ha adelantado que “actuará con fuerza” si la ANP aprueba la ley de seguridad.

La reacción de Trump confirma aquello que el profesor Daniel Innerarity analiza en Una teoría de la democracia compleja: la simplificación de los desafíos y la ineficacia y los riesgos que ello entraña. Al mismo tiempo, los problemas que afronta el modelo chino obligan a plantear una vez más en qué momento capitalismo y dictadura se convierten en realidades incompatibles. O, quizá, es preciso preguntarse por la necesidad que tiene el capitalismo de asentarse en regímenes deliberativos, a partir de un determinado estadio de desarrollo, mediante un pacto social que permita gestionar las tensiones sociales. Se trata de una cuestión que afectará directamente a la configuración de un nuevo mundo bipolar con un marco de referencia sustancialmente diferente al de la guerra fría.

Algunas señales de alerta están ahí, propiciadas por la gestión y la salida de la pandemia. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insiste en que no le concierne comprometerse en nada que no responda a los intereses inmediatos del país, China multiplica sus gestos de complicidad –en apoyo de la OMS, suministrando material sanitario, embozando a los participantes en la ANP– y asistencia a la comunidad internacional. Con el efecto añadido de mejorar la imagen de un sistema autoritario, subrayar su eficacia y contrarrestar a los críticos. Que tal proceder neutralice las dudas sobre el recuento de muertes en China, el secretismo con que abordó el contagio del virus durante las primeras semanas y otras zonas oscuras de la crisis en curso, es algo que está por ver, pero, por el momento, la gestión china de la pandemia entusiasma a los partidarios confesos o encubiertos de las soluciones autoritarias.

Claro que el fenómeno es extrapolable a la fortuna que cosecha el apoyo de Trump a quienes se movilizan en Estados Unidos contra el confinamiento y las restricciones económicas. El entusiasmo patriotero de los manifestantes de Núñez de Balboa, envueltos en la bandera y difundiendo sandeces, se inspira en el nacionalismo, asimismo abanderado y ágrafo, de cuantos invocan los derechos individuales como gran y único argumento para comportarse como les plazca aunque pongan en riesgo la salud y la vida de sus compatriotas. Y esta escuela estadounidense de la desobediencia en nombre de los derechos del individuo –del individualismo exacerbado y de la cultura de frontera de los pioneros– se transmite a otros lugares mediante una emergente retórica ultraconservadora.

Ni el régimen chino y ni la Administración de Donald Trump son espejos en los que las democracias deban mirarse. Los dos modelos pugnan por contaminar el futuro con propuestas incompatibles con la sensatez y los equilibrios sociales, y ambos han convertido la recuperación económica en la gran ocasión de reclutar adeptos a su causa. El mayor problema para China es que, a causa de la pandemia, ha dejado de controlar algunas de las variables económicas que hicieron posible el milagro de su crecimiento imparable, y el mayor desafío para Estados Unidos es gestionar una economía con 40 millones de parados, cuyo futuro se oscurecerá aún más si el proteccionismo impuesto por la Casa Blanca y su oposición a ampliar las ayudas sociales se mantiene sin correcciones. El economista Paul Krugman lo ha resumido en muy pocas palabras: “Tras haber condenado ya a decenas de miles de ciudadanos a una muerte innecesaria, Trump y sus aliados se disponen a condenar a decenas de millones a privaciones innecesarias”. Estamos en el primer acto de la tragedia.

Pandemia y democracia

“De repente, mi cabeza se ha llenado de recuerdos de la guerra civil. Yo era un niño, pero me vienen imágenes muy vivas. La misma inseguridad. Los hábitos del miedo: no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Sin embargo, aquel era un miedo concreto, sabíamos quién era el enemigo. Este es un miedo abstracto, difuso, extraño”,  declaró a finales de marzo en El País el filósofo Emilio Lledó. Este miedo inconcreto, causado por un agente invisible, llevó a la siguiente conclusión al eminente pensador: “El desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario: la razón contra el caos”. Y sin embargo, es necesario pensar bien para avizorar los riesgos que se ciernen sobre el futuro como resultado del combate contra la pandemia, y uno de ellos –por cierto, no el menor– es la posible degradación de los sistemas democráticos.

No es este un peligro ni nuevo ni desconocido. La historia de lo que llevamos de siglo XXI guarda pruebas fehacientes de que todo ha ido a peor en cuanto atañe a la calidad de la democracia. El combate contra el terrorismo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la resolución o gestión de la crisis financiera mundial desencadenada en 2008 han tenido un alto coste. En el primer caso, siguiendo la estela de Estados Unidos y las disposiciones del Gobierno de George W. Bush, con la aplicación de protocolos de seguridad que con demasiada frecuencia tratan a los ciudadanos como sospechosos habituales más que como sujetos con derecho a disfrutar de estándares razonables de seguridad. En el segundo caso, mediante una contracción alarmante del compromiso social de los estados, la mutilación del Estado del bienestar y el aumento de las desigualdades y la consiguiente fractura social.

Se ha pasado así a una democracia en la que la seguridad individual y colectiva ha tomado el camino de la contracción sistemática de derechos consagrados hasta fecha reciente. Sin que ningún Gobierno lo haya manifestado con rotundidad, pero con pruebas elocuentes del fenómeno, la seguridad ha pasado a ser algo así como un privilegio cuyo precio es limitar la libertad y la autonomía de los ciudadanos, asociado a la posibilidad de legar a las generaciones futuras modelos políticos en los que los derechos fundamentales serán sistemáticamente mediatizados por razones de seguridad y de viabilidad de la economía (salvo que la emergencia climática tenga tal capacidad destructiva que obligue a una revisión acelerada del modelo).

Tiene fundamento la opinión de que tales riesgos intuidos responden a análisis superados por las características específicas de la sociedad, pero no los cancelan, sino que acaso los agravan. Así se expresa el profesor Daniel Innerarity: “Me parece que, siendo una cuestión importante, ese es un debate de otro tiempo, keynesiano, cuando el asunto acuciante hoy es de qué modo gestionamos inseguridades e incertidumbres que se generan en un mundo acelerado, volátil e interdependiente”. Cabría añadir que se trata de un mundo deslumbrado con demasiada frecuencia por la eficacia, real o presunta, de regímenes como el chino, cuyo compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y la autonomía de los individuos es inversamente proporcional a su esfuerzo de propaganda a escala internacional a raíz de la resolución del contagio del coronavirus.

Los analistas Andrew Sheng y Xiao Geng han firmado un largo artículo para subrayar que la diferencia a la respuesta a la pandemia en Estados Unidos y China no debe atribuirse solo a la diferencia de sus sistemas políticos, sino a su modelo de crecimiento, al impacto de la enfermedad en su sistema financiero. Para el Gobierno chino, la imposición de una determinada forma de resolver la crisis sanitaria es perfectamente consistente con el ADN del régimen; tal aplicación forzosa de medidas chirría en un sistema deliberativo de estructura federal y se hace imposible si, además, quien está legitimado para promoverlas –el presidente Donald Trump– las desacredita y apoya en público a quienes se oponen a ellas en nombre de una idea iliberal de la libertad. En Europa, la distancia entre el modelo chino y el cultivado en la UE no es menos reseñable.

De forma que la referencia china para justificar según qué medidas o según qué proyectos de futuro es del todo indefendible. Esta es una guerra por la salud colectiva, pero no debiera ser la ocasión para una adulteración de la democracia, sino para un reforzamiento de las convicciones democráticas, para la protección de los modelos democráticos y su compromiso futuro con políticas sociales que protejan la dignidad individual y colectiva de los ciudadanos. La situación hoy no es la de 1940, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó que Estados Unidos debía ser “el gran arsenal de la democracia”, porque hoy no hay ninguna arremetida específica contra la democracia como lo fue el régimen nazi, sino que toda posible degradación futura del respeto a las libertades individuales y colectivas será fruto de decisiones tomadas de forma consciente por instituciones y gobernantes originariamente legitimados por sistemas democráticos (véase el caso de Hungría).

La advertencia de Patrick Gaspard, presidente de la Open Society Foundation, acerca de los peligros que entraña el recurso al autoritarismo y a la imposición de soluciones sin fijar plazos es del todo vigente: la historia demuestra que tales medios tienden a perpetuarse como instrumentos de gobierno y control. Dicho de otra forma: de la misma manera que la pandemia justifica las medidas adoptadas por la mayoría de países en nombre del combate contra la enfermedad y la seguridad colectiva, es preciso que los poderes públicos precisen en qué consistirá la “nueva normalidad” en los procesos de desescalada, qué requisitos deberá reunir el futuro para que se restablezca sin restricciones la normalidad conocida hasta que se generalizó el contagio –¿después de una vacunación masiva de la población cuando tal cosa sea posible?– y qué garantías hay de que, superada la pandemia, se restaure la autonomía y libertad de movimientos de los ciudadanos, sin controles adicionales procurados por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es eso algo que no depende ni dependerá de los científicos, sino de los políticos, de los gobernantes, de quienes tienen el deber de garantizar la salud de la democracia.

Como ha escrito Yuval Noah Harari en el libro Sapiens, la cultura occidental ha consagrado la idea de que “todo humano es un individuo y su valor no depende de lo que los otros piensen de él”. El combate contra la pandemia no debe convertirse en la ocasión para menoscabar la autonomía futura de los ciudadanos.

El coronavirus marca la pauta

Todo depende del coronavirus y nada escapa a su influjo. Varios gobernantes quedan en evidencia a causa de su gestión de la enfermedad antes de que la realidad del alcance del contagio los descabalgara de su suficiencia injustificada; otros, como Jair Bolsonaro, siguen en sus trece mientras no deja de crecer el censo de enfermos y muertos. Israel y Hamas parecen más cerca que nunca de un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Las cotas de popularidad de Donald Trump y Boris Johnson, convaleciente del mal, repuntan a pesar de su desconcertante reacción inicial, casi despreciativa con quienes, mucho antes que ellos, tomaron la decisión de restringir al máximo la movilidad y de hibernar la economía. La Unión Europea se debate entre la cohesión interna, la cicatería de los más ricos y las exigencias de los que no lo son tanto, al tiempo que decaen o se replantean en todas direcciones los fundamentos de la globalización. Y así hasta el infinito, la atmósfera de final de ciclo compite con la idea de una restauración a la mayor brevedad posible del modelo conocido hasta ahora con leves retoques.

Los términos en que el senador Bernie Sanders se ha retirado de las primarias del Partido Demócrata y ha manifestado su apoyo a Joe Biden para vencer en noviembre a Donald Trump discurren en una posición intermedia entre el final de ciclo y la restauración con retoques. Antes de la gran crisis, Sanders movilizó a una parte de la juventud de Estados Unidos para dar un vuelco a las políticas sociales, tuvo un éxito inicial y, con una profundidad difícil de precisar, modificó el perfil ideológico del partido a pesar de la inquietud del establishment, hasta el punto de arrastrar a Biden hacia una posición menos centrista. ¿Es sostenible un new deal para llegar a la Casa Blanca? Si el daño económico causado por el coronavirus es el que se vaticina, puede que sí; si reverdecen las cifras en otoño, el paro queda por debajo de las previsiones –ahora se teme que alcance cifras peores que las de la gran depresión– y se serena Wall Street, puede que no. Las prisas de Trump para activar la economía se atienen a esa lógica.

La decisión del presidente de congelar la contribución a la OMS también es tributaria de la pretensión presidencial de cargar los desastres de la crisis sanitaria a la incompetencia o falta de determinación de terceros para apercibir del avance de la pandemia en China. La evitación de responsabilidades es una manifestación del perfil narcisista que define a Trump, invocado en un artículo por la escritora Siri Hustvedt: “Durante más de tres años, el mundo ha visto a un presidente estadounidense atrapado en su propio presente espontáneo y volátil, con un narcisismo patológico y alimentado a diario por innumerables medios de comunicación, mientras millones de seguidores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, aprueban sus mensajes virales, xenófobos, racistas y misóginos, pero rotundos. Uno de los últimos: el virus es chino”.

Este narcisismo es un ingrediente esencial en la articulación de un mensaje nacionalista, excluyente, que impugna la multilateralidad y el statu quo. Se trata de un discurso reforzado por la vulnerabilidad puesta de manifiesto por la globalización, por la dependencia ciega de las grandes economías de la gran fábrica china, por el desconcierto que siguió a la interrupción de las líneas de suministro. Muy pocos se molestaron en diversificar el abastecimiento durante los mejores años del milagro chino, y ahora Trump explota la idea de que China es un proveedor poco fiable, un competidor imprevisible, sujeto a los designios de la élite política instalada en el partido. Lo dice con otras palabras, con la rudeza que lo caracteriza, pero este es su mensaje.

El programa en tres fases anunciado el jueves para hacer efectiva la reactivación económica, cuya viabilidad y aplicación final queda en manos de los gobernadores de los estados, supone un doble cambio radical en el proceder de Trump: el presidente se olvida de su “autoridad total” para gestionar la crisis, invocada con anterioridad, y antepone sin disimulo la salud de las finanzas a cualquier otro objetivo. “Un bloqueo prolongado, combinado con una depresión económica forzada, infligirá un coste inmenso y amplio en la salud pública”, sostiene Trump, como si la vulnerabilidad del sistema sanitario de Estados Unidos pudiese ser fruto del momento actual y no de la inexistencia de un sistema universal de salud, al que él se opone, sumado a la tardanza de su Administración en reaccionar.

Resulta retórico preguntarse por la influencia de los actores económicos en el gobierno de la crisis: es lógico concluir que sí influyen. Lo que realmente importa ahora es dilucidar qué capacidad de contagio tiene el propósito de Trump de poner en marcha la maquinaria a toda prisa. Y es importante la aclaración porque el riesgo de que empiecen a levantarse voces que pongan en duda la necesidad de la hibernación económica puede agravar la crisis social provocada por la pandemia, alimentar la desconfianza en las instituciones y multiplicar las demandas para suavizar cuanto antes las medidas de confinamiento y distancia social que los científicos estiman fundamentales para contener la propagación del virus.

A falta de grandes certidumbres acerca de cuánto tiempo se prolongará la presente situación de excepcionalidad, solo la confianza en los gestores puede apaciguar la intranquilidad, el cansancio y el desconcierto en sociedades habituadas a prever razonablemente el futuro inmediato. Siri Hustvedt observa que en el catálogo de percepciones de Donald Trump no existen el pasado y el futuro; solo importa el presente, puede decirse, la actuación inmediata, que vale para hoy, pero que quizá ayer se tuvo por inadecuada y acaso mañana no valga. Es esta una actitud que mina la seguridad de los ciudadanos encerrados en sus casas, y que deben evitar los estados europeos, demasiado a menudo enfrentados por el reparto de los costes para salir de la crisis. Nunca en los últimos 75 años fue la fragilidad una característica tan compartida, tan comprometedora de la aldea global.

 

Debate sobre el poder a raíz de la pandemia

La crisis mundial provocada por la pandemia del covid-19 ha abierto de nuevo el debate relativo a las atribuciones de los estados, al poder que ejercen, a la eficacia o ineficacia de los sistemas, a la relación de los ciudadanos con las autoridades políticas, a la competición entre adversarios políticos en situaciones de excepción como la presente. Al mismo tiempo, asoman nuevos profetas que se emplean a fondo para resaltar el éxito de China para limitar la extensión de la enfermedad y quizá vencerla; pocos de ellos emplean la misma energía en recordar la naturaleza del poder en el país donde todo empezó: una dictadura de partido único, extremadamente centralizada, sin compromiso alguno con la defensa de los derechos humanos y con el derecho a la autonomía de los individuos. Ni siquiera se sabe hasta qué punto la cicatería informativa de las autoridades chinas en las primeras semanas de la epidemia facilitó la extensión de la enfermedad, y resulta una ingenuidad dar por buenas las cifras que han facilitado (contagiados, muertos y curados).

“Somos bastante reacios a obedecer si no se nos convence y tenemos muchas fuentes de información”, ha declarado a este diario el filósofo Daniel Innerarity. Es esta una opinión tranquilizadora en una época en la que se multiplican las voces que reclaman anteponer la seguridad a cualquier otra consideración, base y fundamento de la vieja utopía reaccionaria que persigue erosionar el ejercicio de las libertades a cambio de mayores cotas de seguridad (en realidad, no hay seguridad sin libertad). El confinamiento obligado por la pandemia está lejos de ser una concreción de tal utopía -distopía,mejor-, más bien es una situación excepcional y científicamente justificada, pero todo vale en la brega de la extrema derecha y vecinos ideológicos para arremeter contra la democracia, los sistemas deliberativos y la acotación del poder.

El profesor David Runciman, de la Universidad de Cambridge, se remite en las páginas del periódico progresista The Guardian, a la aproximación de Thomas Hobbes (mediados del siglo XVII) sobre la naturaleza del poder: algunas personas pueden decir a otras qué deben hacer. Algo que por la gravedad del momento tiene justificación, pero que solo en los regímenes democráticos se contrapesa con garantías de control de los riesgos asociados a medidas limitativas de la libertad de movimientos. “Los gobiernos nacionales realmente importan, y realmente importa de cuál dependes –escribe Runciman–. Aunque la pandemia es un fenómeno global, y se está experimentando de manera similar en muchos lugares diferentes, el impacto de la enfermedad depende en gran medida de las decisiones adoptadas por los gobiernos individuales”.

Tal dependencia de las decisiones requiere un examen permanente y pormenorizado de su oportunidad y eficacia. La discusión en Estados Unidos se plantea hoy en tales términos: el presidente Donald Trump se instaló en un escepticismo sin justificación posible y dio tiempo a que avanzara la enfermedad hasta manifestarse con una virulencia extrema. La Casa Blanca despreció la experiencia europea, y cuando rectificó hubo de hacerlo urgida por el desmoronamiento de la economía y la multiplicación de los contagiados. “La economía ha entrado en una profunda recesión que tiene ecos de la Gran Depresión en la forma en que ha devastado a muchas empresas y consumidores, provocando despidos masivos y amenazando con provocar una reacción en cadena de quiebras y pérdidas financieras para empresas grandes y pequeñas”,  explica Heather Long en el liberal The Washington Post.

¿Cuánto del desastre podía haberse evitado y hasta qué punto el programa de rescate de dos billones de dólares será eficaz? Nadie lo sabe. ¿Qué dimensiones puede adquirir la epidemia en Estados Unidos? No son posibles los vaticinios. Lo único que ha confirmado la crisis es que la suficiencia es siempre ineficaz, dañina, y agrava los efectos de por sí gravísimos de una economía paralizada, sin que quepa aventurar cuándo será posible reactivarla.

¿Despreció Donald Trump los efectos de la globalización? El analista Alex Kliment contesta con una dualidad: “Algunas personas ven la crisis de covid-19 como una llamada de atención atrasada para una mayor coordinación y unidad global. Otros lo ven como una confirmación de su sensación de que la globalización había ido demasiado lejos, y que un futuro de muros más altos y menos integración económica es más seguro y saludable”. Pol Morillas, director del Cidob, abunda en El País en la misma idea de repliegue de la política en dirección a ámbitos alejados de la idea de globalización: “El coronavirus parece haber decantado el péndulo hacia lo nacional, también en la UE. Los límites a la movilidad y el confinamiento siguen regulaciones nacionales, en ausencia de directivas conjuntas. Las medidas sanitarias y de respuesta a la pandemia divergen entre los estados de la UE y a veces en su interior, entre Gobiernos centrales y regionales”.

En mitad de la batalla ha cundido la idea de que si fue útil una solución nacional, centralizada y autoritaria en China, ¿quizá este sea el camino? Al mismo tiempo, las recetas nacionales han tensado las costuras en los estados europeos de estructura federal o federalizante –el caso español no es único–, entre las autoridades a escala regional y las entidades locales, y así sucesivamente; la naturaleza y los atributos del poder, la soberanía y cuanto se refiere al equilibrio entre poderes se ha puesto a discusión entre partidarios y adversarios de soluciones autoritarias, con la referencia china siempre al fondo.

“En el corto plazo va a haber un repunte de la autoridad del Estado (…) Pero en el largo plazo el Estado-nación pensado de forma tan vertical no existe”, sostiene Daniel Innerarity. Es una opinión esperanzadora frente a quienes pronostican una mutación autoritaria del poder propiciada por la pandemia, que aceptarán sociedades asustadas y económicamente vulnerables. Sociedades en las que, antes de la crisis, anidaron opciones populistas con representación en los parlamentos, programas muy conservadores y actitudes cada vez más agresivas. David Runciman lo resume en dos preguntas: “¿Cómo ejercerán los gobiernos los poderes extraordinarios que les damos? ¿Y cómo responderemos cuando lo hagan?” Las respuestas solo podrán ser retrospectivas, pasada la tormenta.

 

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.