Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.

 

El PCCh cumple cien años

Nadie hace un siglo se hubiese atrevido a vaticinar que el despertar de China tendría las dimensiones y el impacto que hoy todos conocemos. Los fastos para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) no han sido solo la ocasión para que el régimen hiciera ostentación de su buena salud y creciente poder en todas direcciones, sino para confirmar aquello por lo demás largamente intuido: los herederos del Imperio del Medio están en condiciones de disputar a Estados Unidos la doble hegemonía política y económica. La pregunta que figura en la portada del último número de la revista Foreign Affairs es poco más que retórica: ¿Puede China seguir ascendiendo?

“La ambición y la ejecución no son lo mismo”, escribe en el citado bimensual el sinólogo Jude Blanchette. La pretensión de ejercer un control o dominio sobre los asuntos mundiales no forma parte de la cultura política china, afirma Daniel Rosen, que se demora en subrayar los esfuerzos sin éxito para reformar el sistema y actualizar su relación con el resto del mundo. Ambos analistas comparten la impresión de que el presidente Xi Jinping, titular de un poder omnímodo y desconocido desde que el reformista Deng Xiaoping ocupó el puente de mando, ha colocado al país en una trayectoria arriesgada, si no de colisión, sí de confrontación con Estados Unidos, que pone en peligro los logros consolidados por sus predecesores a partir de la carnicería de Tiananmen (junio de 1989), que cercenó sin miramientos el proceso de apertura política que siguió a la mejora de la economía.

De la lectura del ensayo de John J. Mearsheimer The tragedy of great power politics el periodista Mateo Madridejos deduce en El siglo de Asia que el ascenso de China “no será pacífico”, y de la existencia de un cinturón de adversarios de China –Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam, India, puede incluso que Filipinas– diferentes think tanks se atreven a pronosticar la concreción por mucho tiempo de una amplia región, del Pacífico Occidental al centro del Índico, sometida a la estrategia de la tensión. Mearsheimer advierte, además, de la tendencia revisionista de todas las superpotencias para impugnar el statu quo en beneficio propio, lo que hace inevitable el disenso entre China y Estados Unidos y sus aliados. Ya advirtió Henry Kissinger en 2012 que los estrategas de Washington y de Beijing se habían abstenido de acordar “una idea conjunta del orden mundial”.

Hoy se antoja demasiado tarde para que tal conjunción se produzca. El régimen chino ha impedido la colonización tecnológica del país por Estados Unidos y ha logrado ser el gran competidor en cuatro ámbitos fundamentales: el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial, el manejo del big data y la carrera espacial. El partido ha aprovechado con habilidad la percepción generalizada en la sociedad china de que la democracia pluripartidista es un modelo político ajeno a la tradición nacional. Y ha sofocado con un coste mínimo para la cohesión interna del Estado las crisis de Hong Kong, Xinjiang y el Tibet; ninguno de los tres conflictos ha contaminado, ni siquiera episódicamente, una sociedad en cuya memoria colectiva prevalece el recuerdo de las penalidades vividas y las compara con los logros materiales de los últimos decenios, y que, al mismo tiempo, reverencia a Mao Zedong como al más ilustre de sus hijos, a quien exalta como el liberador de China de la injerencia extranjera y fundador de la patria rehabilitada.

Es obvio que el PCCh ha vaciado el maoísmo de contenido porque el partido se ha convertido en una organización que cultiva un nacionalismo exacerbado, un centralismo sin concesiones y un control absoluto de las dinámicas sociales, sin sitio para la disidencia o la crítica. Pero el recuerdo de Mao es útil para sostener una estructura que tiene poco que ver con el revisionismo de Deng –un poder colegiado– y mucho con el modelo de presidencia vitalicia de facto promovida por Xi mediante una reforma constitucional. No es exagerado concluir que el partido ha vuelto la mirada al legado confuciano para garantizar la estabilidad, un cambio paradójico de estrategia porque el maoísmo fue decididamente anticonfuciano y denostó la idea de armonía social desarrollada por Confucio y sus discípulos. Es pronto para preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la intersección de maoísmo y confucianismo; solo es posible constatar que ha servido al PCCh para contrarrestar la influencia de Occidente, según sostiene Xulio Ríos entre otros autores.

A la luz de la sucesión de desencuentros durante la presidencia de Donald Trump y de la voluntad de Joe Biden de traducir en hechos el eslogan America is back, parecen muy lejanos los buenos augurios que hace solo siete años incluyó el exsecretario del Tesoro Henry M. Paulson en Deadling with China. Creía Paulson que era posible encauzar la competencia entre las superpotencias mediante un compromiso político y económico, a través de una forma ad hoc de soft power que serenara los espíritus y estableciera un código de conducta respetado a ambas orillas del Pacífico. Sigue habiendo, sobre todo en Europa, quienes estiman que desenterrar el modelo de la guerra fría y de la contención del adversario, de acuerdo con el análisis de George F. Kennan aplicado a la competencia con la URSS, es un error estratégico que envenenará la coexistencia entre contrincantes, y la opinión pública europea, en general, se muestra despreocupada con el ascenso chino. Pero son cada vez más las voces en la Unión Europea que manifiestan su desconfianza hacia el poder del gigante asiático, de su nueva ruta de la seda sin contrapartidas, sin garantías de seguridad específicas y otros requisitos que eviten la colonización china en el sector de las nuevas tecnologías.

De haber tenido noticia de ello, nadie se habría atrevido a otorgarle larga vida a la organización fundada en 1921 en Shangái por un grupo de doce jóvenes. Sin embargo, el PCCh ha sido el artífice absoluto de la transformación de una sociedad agraria en extremo atrasada en otra que opera a escala global. El secreto del éxito del maoísmo sin Mao es que el papel del Gran Timonel ha quedado reducido al de ser el padre de la nación renacida; el resto de cuanto procede del partido es resultado de la adaptación al medio, de hacer de la necesidad virtud y de utilizar una férrea disciplina social en una máquina sin parangón de producir e innovar, sometida al control estricto de una autoridad suprema que apenas nadie impugna. La esperanza de vida de tal modelo es desconocida.

La crisis social incendia Colombia

Al concretarse en la calle la profunda crisis social de Colombia todo ha zozobrado: la prepotencia del Gobierno, el conformismo frente a precariedades históricas, el statu quo forjado por un sistema de partidos adaptado a un léxico y unos programas que demasiado a menudo tienen poco que ver con las necesidades perentorias de los ciudadanos. Lo acontecido desde los últimos días de abril tiene tanto que ver con las urgencias inmediatas de una comunidad exhausta que resulta preocupante que el presidente Iván Duque no fuera consciente de que su proyecto de reforma fiscal iba a enardecer los ánimos en plena pandemia, con demasiados millones de ciudadanos condenados a una economía de mera subsistencia o a una pobreza recalcitrante, y con todos los indicadores en el despeñadero.

El paro nacional, que el presidente quiere resolver mediante una negociación o pacto con los líderes de la protesta, no es un terremoto pasajero. Lo sucedido en Cali compendia una realidad angustiosa; el goteo de muertos y desaparecidos y la impunidad agresiva de las fueras de seguridad es la prueba efectiva de que las pasiones desatadas a ambos lados de la divisoria son difícilmente conciliables o reconducibles.

Un articulista del diario bogotano El tiempo lo ha resumido con escueta precisión: “Esta especie de catalizadores solo sirvieron para que salieran a relucir los eternos problemas de desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, desajuste institucional, una democracia formal y puramente electoral, informalidad en el empleo, altísima tasa de desempleo de mujeres y jóvenes, y falta de oportunidades para acceder a la educación pública de calidad; impunidad política judicial y social frente a la gran delincuencia de cuello blanco, fallas estructurales en la organización del Estado, abandono de las regiones, desconexión entre las élites políticas y las angustias de la gente, entre otros temas”.

Es asimismo bastante sencillo entender el origen de la miopía presidencial y su entorno a través de la reacción de alguien tan significadamente partidario del gran garrote como el expresidente Álvaro Uribe, defensor público de los desmanes de los uniformados en un twit aborrecible. Al leerle en plena refriega pareció que el reloj de la historia retrocedía a los días de Julio César Turbay Ayala y su Estatuto de Seguridad, un nombre inapropiado habida cuenta la inseguridad que sembró a finales de los setenta y principios de los ochenta. Aquel régimen penal, promulgado so pretexto de combatir la insurgencia guerrillera, sirvió para regular –debiera decirse entorpecer– cuando no prohibir la protesta social, y esos días de declaraciones altisonantes procedentes de una derecha alarmada han hecho pensar –temer– que Colombia andaba de vuelta a aquella forma entre encubierta y explícita de represión indiscriminada.

Desde luego, no es casual la aplicación de la teoría de la revolución molecular disipada, una etiqueta indescifrable difundida por el ideólogo chileno de extrema derecha Alexis López para caracterizar su particular teoría conspiranoica –una concertación de esfuerzos de la izquierda para acabar con los gobiernos democráticos–, porque en la búsqueda de una justificación aceptable de la reacción extemporánea del poder todo encuentra acomodo. Aunque la realidad sea muy otra y tenga que ver sobre todo con la apreciación de la corresponsal de The New York Times: “Para mí es crucial no perder de vista a los manifestantes más discretos, la gente que está arriesgando la vida para ir a la calle con una pancarta tras decidir que ya no aguanta. La enfermera que cuida pacientes de covid y gana 13 dólares por turno. La adolescente que trabaja 12 horas, seis días a la semana, en un centro de reciclaje para mantener a su familia”.

Hay en la protesta colombiana una variedad sustancial de actores políticos, de la Minga Indígena a las organizaciones vecinales, del mundo académico a quienes sobreviven en una precariedad sin límites. En el seno de la protesta coexisten liderazgos que no dependen de los voceros políticos habituales con otros más reconocibles o antiguos. En todo ello cabe encontrar ingredientes identificativos de una nueva política, de una dinámica social que rebasa los límites de las convenciones más arraigadas. Se trata quizá de una forma sobrevenida de autonomía social que se atiene a unas exigencias y un léxico nuevos.

Detrás del desastre en curso es fácil descubrir esa realidad no prevista o esperada, pero tangible, corpórea, muy alejada de la solemnidad literaria del realismo mágico. La realidad colombiana es la de una pandemia de efectos sociales devastadores, una economía contra las cuerdas y un hartazgo infinito de la población por la inoperancia del poder. La defensa de la institucionalidad, tan apropiada en el plano teórica y tan habitualmente manipulada por los corifeos de Iván Duque, resulta apenas aplicable en la práctica. Cuando el Defensor del Pueblo de Colombia se ve en la obligación de subrayar que “habrá cero tolerancia a cualquier violación de la Constitución y de la ley” por parte de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad, la sensación que cunde es que la solvencia y probidad de las instituciones –al menos, de algunas de ellas– saltó por los aires y debe restablecerse.

Más de setenta años después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán sigue siendo vigente para muchos de los movilizados una de las ideas formuladas con su verbo inflamado: “El pueblo es superior a sus dirigentes”. Esa búsqueda de referencias en el pasado está lejos de ser un recurso nostálgico y añorante. El escritor Juan Gabriel Vásquez se remitió a los antecedentes y a las causas históricas recientes de la crisis en las páginas de El País del último domingo, pero en el trasfondo de sus reflexiones es fácil comprender que todo empezó a emponzoñarse mucho antes. Pronosticó Vásquez en julio del año pasado, a propósito de la gestión colombiana de la pandemia, que lo peor estaba por llegar, y así describió la situación cumplido el vaticinio: “Pues bien, ahora lo peor ha llegado, y lo ha hecho escoltado por la incompetencia de un presidente a la deriva, sin autoridad política ni gravedad moral, por la indolencia de un partido de gobierno más dedicado a sabotear los acuerdos de paz que a prevenir el surgimiento de nuevas guerras, y por una conspiración de violencias diversas que salen de lo más profundo de nuestras fallas como sociedad”.

Cuando un país figura entre los más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, la fractura moral en los salones del poder adquiere una envergadura desmesurada. Es tristemente el caso de Colombia según consta en informes de la ONU, Amnistía Internacional y otros foros independientes. Y es difícil que en ese laberinto de injusticias, muertes y arbitrariedad sea suficiente para serenar los espíritus cancelar la reforma fiscal y abrir un diálogo nacional; es difícil que la movilización de tantos días acepte un pacto cosmético, superficial, sin calendario y compromisos concretos. El presente es demasiado duro para que tal cosa sea posible en un abrir y cerrar de ojos y sin agravar el descontento.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

Brasil, a merced del duelo Lula-Bolsonaro

La repentina conversión de Jair Bolsonaro al uso de mascarilla y a la administración de la vacuna para combatir la pandemia ha sido la respuesta inmediata del presidente de Brasil a la rehabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, el presumible gran rival en las elecciones del próximo año. Que un negacionista irreductible deje de serlo en horas veinticuatro reúne todos los ingredientes de un sainete, pero las desoladoras estadísticas de muertos a causa del coronavirus –el miércoles y el jueves pasados los muertos superaron cada día los 2.000– en plena movilización de la izquierda han obrado la transformación milagrosa. Otra cosa es aquilatar qué efecto tendrá en las tendencias de voto a partir de ahora y hasta qué punto el cambio de orientación presidencial defraudará a la extrema derecha brasileña, empeñada en negar la evidencia.

Lo cierto es que la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo Federal ha devuelto los derechos políticos a Lula y, en la práctica, obliga a Bolsonaro a mantener un pulso de muchos meses con su peor adversario salvo sorpresas, por lo demás nada descartables. Pocas dudas quedan de que más allá del contagio de la corrupción sufrido por el Partido de los Trabajadores (PT), la organización liderada por Lula, él fue víctima de una operación de acoso que se tradujo en la politización extrema del juicio que lo condenó por corrupción y blanqueo de dinero. El solo hecho de que el Supremo investigue el comportamiento de Sergio Moro, el juez que lo condenó, es suficientemente expresiva de la anormalidad del proceso seguido, de las fundadas sospechas de que Moro lo fue todo menos imparcial.

Como ha escrito un comentarista en Folha de Sao Paulo, la rehabilitación de Lula no se deriva de la decisión del poder judicial de hacer política, sino de que renunció a ello. Se puso a salvo, puede decirse, de cualquier interpretación política de la decisión tomada habida cuenta la debilidad de las pruebas aportadas a la causa y el hecho de que el juez que lo sentenció no tenía competencia para juzgarlo. A lo que hay que añadir, fuera del ámbito judicial, la cercanía de Moro a Bolsonaro, que lo incorporó a su primer Gobierno en el puesto de ministro de Justicia.

Lo singular del momento es que Lula y Bolsonaro son dos personajes que concitan tantos amores como odios, que tienen un poder de convicción y de reacción enormes en entornos sociales completamente diferentes. Las encuestas posteriores a la rehabilitación de Lula, le otorgan un índice de aprobación del 50%, mientras que el de Bolsonaro se queda en el 38%, pero faltan 19 meses para la elección presidencial y puede que, para entonces, la pandemia sea el recuerdo de una pesadilla superada. Aunque también es cierto que, aun así, los efectos económicos de la enfermedad serán muy visibles en el incremento de las desigualdades y en la destrucción de bolsas de trabajo precario características de una sociedad extremadamente dual.

La creencia de los más escépticos de que nunca se cumplió el lema Orden y progreso que figura en la bandera de Brasil, sin que tal circunstancia tuviera mayores efectos en el comportamiento ni siquiera cuando ganó Lula la presidencia, se contrarresta con la opinión de quienes estiman que nunca se dio en el país un caso de corrupción generalizada, con extensión a otros países de América Latina, como el Lava Jato, compendio de todos los males de la economía oculta que se aloja en las alcantarillas del Estado. De tal manera que resulta aventurado prever el futuro, que se vislumbra como un misterio envuelto en un enigma. Y que puede ofrecer alguna sorpresa como, por ejemplo, la revisión completa de todas las causas sentenciadas relacionadas con el caso Lava Jato, con fallos condenatorios que llevaron a prisión a personalidades políticas, incluidas varias encuadradas en el PT.

Un cierto grado de confusión y de olvido del pasado inmediato conviene a Bolsonaro; un recuerdo permanente de qué fue preciso para que el presidente ganara en 2018, conviene a Lula. En el expresidente actúa a su favor como un factor de movilización los años de cárcel que no debió cumplir; en Bolsonaro funciona ante los suyos como un factor de legitimación el haber cortado las alas al reformismo socializante que promovió Lula y heredó Dilma Rouseff. En medio se encuentran la devastación de la pandemia, el legado de Donald Trump y la realidad incontestable de que una división social muy característica, así en los días de prosperidad como en los de crisis, ha configurado una comunidad propensa a las grandes fracturas.

Bolsonaro nunca creyó que debería vérselas con Lula en plena crisis, pero acaso descartó demasiado pronto tal posibilidad. Tal cosa explica en parte la necesidad imperiosa del presidente de cambiar de caballo a mitad de carrera y sumarse ahora a la mascarilla y a la vacuna. Como recuerda un editorial del diario Estado de Sao Paulo, hace solo una semana que el Bolsonaro mandó en público a “casa de su madre” a alguien que tildó de idiota por preguntarle dónde podía encontrar vacunas. Sin embargo, hoy se desvive por disponer de ellas y contener el parte diario de bajas, pero es difícil medir la efectividad de ese cambio de comportamiento, forzado por las circunstancias. De ahí que el editorialista se incline a pensar que el verdadero Bolsonaro es el populista desabrido que llama idiota a un conciudadano, y no lo es “el personaje contrito que ahora proclama la necesidad urgente de una vacunación nacional”.

Basta buscar en las redes los puntos de vista de Olavo de Carbalho, ideólogo de cabecera de Bolsonaro, para comprender que la transformación obedece a una corrección meramente accidental y necesaria. “La presente generación tiene una misión histórica: la de realizar, sin extinguir una sola institución democrática, lo que los militares de 1964, extinguiendo varias, no hicieron: extirpar el comunismo de la vida política nacional, integralmente y para siempre”, declaró en cierta ocasión De Carvalho, para quien es comunismo todo aquello que figura a la izquierda del corto espacio que media entre la derecha y la extrema derecha brasileña, tan a menudo hermanadas y entrelazadas.

El riesgo para los próximos meses es que el enconamiento entre dos bloques irreconciliables desemboque en una simplificación de los problemas, en planteamientos binarios y en un recurso permanente al culto a la personalidad. Justo lo contrario de lo que precisa  un país inmenso, con posibilidades poco menos que ilimitadas de prosperidad y reequilibrio social que precisa tanto como cualquier otro que sus dirigentes se acojan  al pensamiento complejo, un concepto desarrollado por el filósofo francés Edgar Morin que requiere enlazar diferentes dimensiones de la realidad, incluida la moral. El objetivo de Lula en 2003 de garantizar tres comidas al día a todos sus compatriotas sigue ahí, incumplida y desafiante.

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Venezuela, una sociedad afligida

La situación en Venezuela se ha instalado en la lógica según la cual cada día es peor que el anterior. Cuando a través de la senda de la decadencia se llegó a un territorio en el que la moneda dejó de tener valor, cinco millones de personas se ausentaron en busca de mejor vida fuera del país y los aliados tradicionales dieron la espalda, no es posible otro dictamen que el del desastre final, sin paliativos ni salvación posible. La última decisión del presidente Nicolás Maduro de tensar la cuerda con la Unión Europea, mediante la expulsión de la  embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, declarada persona non grata, y con España a raíz de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la región de Colombia fronteriza con Venezuela, es una forma como cualquier otra de minar puentes y agravar el momento.

Se ajusta solo parcialmente a la realidad la opinión bastante extendida de que el endurecimiento del chavismo se aceleró a partir de las elecciones de 2010, cuando perdió poder local y empezó a sentirse vulnerable, y de la muerte de Hugo Chávez (2013), que llevó al puente de mando a Maduro, sucesor designado por el fallecido, carente del gancho del líder absoluto del experimento venezolano. Hay factores de igual o mayor peso en el desastre en curso, empezando por el descenso del precio del petróleo, continuando por la incapacidad del régimen de aportar valor añadido a la economía de las misiones –programas sociales de viabilidad a menudo discutida– y acabando por la referencia permanente del modelo cubano, al que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se sienten muy apegados. A todo ello debe añadirse el progresivo distanciamiento de  una parte cada vez mayor de la población, incluidos segmentos sociales favorecidos en primera instancia por las misiones, para quienes no se posible vislumbrar más futuro que una existencia precaria.

Algunos datos justifican el pesimismo. Por ejemplo, el PIB venezolano del año 2020 equivalió a menos del 25% del que se registró en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional; no menos del 15% de la población del país ha emigrado en condiciones con frecuencia extremas; el bolívar ha dejado de tener valor y del petro, divisa virtual, solo se tiene noticia cierta del nombre; la inflación ha escalado el último año hasta el 6.000%, récord absoluto en la historia de América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición, demasiadas veces dividida y enfrentada, ha carecido de la influencia determinante necesaria para negociar una salida con el Gobierno. Metida en el rompecabezas de ambiciones personales, ha malbaratado el momento dulce que para ella siguió a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado en tanto que presidente del Parlamento elegido en 2015, en el que la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios. El reconocimiento en 2019 de Guaidó por unos sesenta países, incluidos Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, no tuvo mayor efecto práctico y decayó al elegirse en diciembre pasado una nueva asamblea mediante una convocatoria electoral en la que no participaron candidatos de la oposición y cuyo resultado no fue reconocido por los aliados históricos de Venezuela.

Es una simplificación atribuir el extravío del país solo o principalmente a lo que bastantes economistas llaman la maldición del oro negro, esa tendencia al monocultivo de los grandes productores que obtienen con facilidad enormes beneficios, se instalan en la ilusión de la prosperidad ilimitada y se despeñan por la realidad cuando caen los precios y comprueban que no fueron capaces de diversificar sus ingresos en los tiempos de bonanza. El chavismo triunfó, promovido por un militar condenado por dirigir un golpe de Estado que no prosperó, porque se daba en el país una situación de desigualdad social extrema, una tasa de corrupción insufrible y la ausencia de mecanismos de corrección de históricos déficits estructurales. En algún momento, este marco de referencia decantó la balanza del lado de Hugo Chávez, de una oferta populista socializante en la que una parte muy importante de la opinión pública vio la ocasión de hacer efectiva la frase escrita por Rómulo Gallegos en la novela Doña Bárbara: “El mal es temporal; la verdad y la justicia imperan siempre”.

Al final del relato que Gabriel García Márquez dedicó a los últimos días de Simón Bolívar, el escritor puso en boca del general agonizante esta famosa exclamación: “¡Cómo voy a salir de este laberinto!” Es improbable que los gestores a ambos lados de la divisoria que separa a Gobierno y oposición en Venezuela se pregunten a sí mismos cómo saldrán del atolladero para reconstruir un país destruido. Más parece que dominan una mezcla de improvisación, encastillamiento y tendencia a soslayar la realidad. El Gobierno no tiene otra estrategia que resistir a toda costa, encomendarse a patrocinios como el chino y el ruso, y recurrir a las frases rotundas, con frecuencia amenazantes, de Maduro; la oposición se empecina en una competencia de egos a cuál más injustificable y, al mismo tiempo, se agranda la brecha entre el exilio y el interior.

En agosto de 2019, el diario El Espectador, de Bogotá, publicó un editorial que empezaba así: “La crítica situación en Venezuela continúa bajo la lógica según la cual pasa de todo, pero no termina de pasar nada concreto que logre solventarla”. Es una descripción sucinta, pero muy apegada al momento. La presidencia de Maduro es una suma de fracasos encadenados, pero la brega de la oposición no presenta mayores éxitos o logros si por tales se entiende lograr que las diferentes facciones remen en una misma dirección. En medio, una sociedad exhausta contempla cómo se degradan sin parar las condiciones de vida.

Los profesores de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, y José Ramón Morales-Arilla sostienen que el régimen “le dio la espalda a la democracia electoral cuando perdió la capacidad de ganar elecciones”, y defienden que la única salida es “afligir a los cómodos y reconfortar a los afligidos”, algo que, dejan entrever, incluye abundar en las sanciones. Y ahí surge la gran duda para dar con la salida del laberinto porque, hasta la fecha, las sanciones no han hecho otra cosa que afligir más a los muy afligidos.

Bloqueo ultra al presupuesto europeo

La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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La pandemia atenaza Europa

La segunda ola de la pandemia ha sumido a los europeos en una mezcla tóxica de desorientación y escepticismo por lo que puede deparar el futuro, ha dejado al desnudo la debilidad o la improvisación de muchos liderazgos y ha alentado la reacción disparatada de algunos políticos que creen haber encontrado en la extensión de la enfermedad el arma ideal para desbancar a sus adversarios (el caso español, uno de los más relevantes). Mientras se dispara la curva de contagio y la comunidad científica reclama que se limite la dinámica social a lo estrictamente necesario, hay quien se parapeta en la toga de los jueces para arremeter contra quienes, por lo menos, anteponen la salud de sus conciudadanos a otras consideraciones. Mientras todo esto sucede, opiniones públicas saturadas por informaciones cruzadas, a menudo contradictorias, y por redes sociales que difunden toda clase de teorías extravagantes, se preguntan ¿y ahora qué?

La oportunidad regenerativa que el filósofo Emilio Lledó vio en mayo en la lucha contra el virus se ha desvanecido en gran medida porque una realidad acuciante se ha adueñado del centro del escenario. Una forma insensata de desunión a la hora de afrontar la enfermedad ha sentado a los europeos ante sus propias limitaciones; ha hecho aflorar en España todas las carencias de un modelo descentralizado, pero sin instrumentos de coordinación efectiva de las autonomías; ha puesto en evidencia la estupidez economicista cometida en muchos países, no solo en España, al recortar los recursos de la sanidad pública; ha dejado al descubierto como una falacia la pretendida solidez de estructuras sociales que se desmoronan.

Cuando el profesor italiano Massimo Cacciari afirma que la pandemia “es un formidable acelerador de tendencias culturales y sociales que existían desde hace décadas” evita presentar la crisis desencadenada por la enfermedad como una puerta abierta a la regeneración. Más parece que lo que ahora se concreta de forma acelerada –“la organización general del trabajo, la hegemonía de los sectores económicos y financieros conectados a las nuevas tecnologías, la crisis de las formas tradicionales de democracia representativa”– no es más que un cambio inexorable que causa la quiebra del pacto social porque se da sobre la marcha y va por delante de las iniciativas políticas que pretenden gestionarlo.

El programa de reconstrucción impulsado por la Unión Europea pone el acento en la energía verde, la contención de la emergencia climática y la digitalización en todas direcciones. Al mismo tiempo, el aumento del paro derivado de la hibernación de la economía y la marcha atrás en muchos ámbitos a causa de los rebrotes, obliga necesariamente a retrasar los efectos beneficiosos que puede tener el plan promovido por Bruselas. Y aun en el caso de que tales efectos se pongan de manifiesto a medio plazo, no hay garantías de que sean suficientes para rescatar de la marginalidad a un número indeterminado, pero muy alto de familias europeas, cuyo modo de vida se ha llevado por delante el covid-19 y ha agudizado las desigualdades. La pregunta contenida en un editorial de The New York Times es perfectamente aplicable a Europa: “¿Cuánta gente se verá condenada a una prolongada marginalidad a causa de la crisis económica?”

El punto de interrogación es pertinente porque del precedente dejado por la salida de la crisis de 2007-2008 cabe sacar bastantes enseñanzas. Acaso la principal sea que doce años después de que se tambaleara la economía, aún son muchos los que han visto su estándar de vida disminuido y es un hecho que segmentos muy importantes de la clase media perdieron un poder adquisitivo que no han recuperado. Quizá la segunda lección relevante es el ascenso de la extrema derecha, de un populismo oportunista de inspiración neoliberal o iliberal que gana espacios de poder elección tras elección o bien obliga a los grandes partidos que construyeron la Europa de la posguerra a pergeñar apresuradas alianzas para afrontar el desafío (Alemania, el ejemplo más ilustrativo).

El empresario alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, advierte: “Las reglas de comercio, tributación y competencia que reflejan décadas de influencia neoliberal ahora tendrán que ser revisadas. De lo contrario, el péndulo ideológico –ya en movimiento- podría oscilar de vuelta hacia el proteccionismo a gran escala y hacia otras estrategias económicas perjudiciales para todos”. Tal revisión es ineludible porque el proteccionismo se ha convertido en una de las señas de identidad de los eurófobos, los euroescépticos y otros especímenes ideológicos que no pretenden corregir los excesos de la globalización, sino herirla de muerte. Pero, de nuevo, los cantos de sirena proteccionistas en el seno de sociedades que están lejos de haber controlado la enfermedad cuentan con auditorios predispuestos a escucharlos.

La defensa de la salud opuesta a la preservación de la economía parte de un falso dilema porque sin proteger la salud no es posible proteger la economía. Cuanto más tiempo sean necesarias medidas excepcionales que limitan actividades económicas o simplemente las impiden, mayor será el impacto en la economía, que es tanto como decir en el mercado de trabajo, en la viabilidad de las empresas y en el sostenimiento de los amortiguadores sociales que atenúan la onda expansiva de la crisis. Es esta una opinión compartida por la mayoría de analistas, pero que el populismo negacionista se resiste aceptar, aunque las cadenas de contagio se disparan sistemáticamente allí donde prevalece una presunta protección de la economía. Si a ello se suma la brega para erosionar a los contrincantes  políticos –véase Madrid–, se provoca una situación moralmente reprobable y materialmente ruinosa.

“No habrá recuperación sostenible de la economía y del empleo mientras no logremos cicatrizar las heridas mentales y sociales que deja la pandemia”, ha escrito en EL PERIÓDICO el profesor Antón Costas. A los ciudadanos europeos, en general a los ciudadanos de Occidente, nos queda mucho camino por recorrer: de momento, nos hemos instalado en la fase depresiva, que no es incompatible con cierto hartazgo y una sensación colectiva de fracaso. Transitar a través de esa densa neblina requiere el concurso de dirigentes políticos dispuestos de antemano a no manipular las emociones, a olvidarse de los eslóganes y a no dar falsas esperanzas. El recuento de víctimas es demasiado alto como para que salgan indemnes quienes se entreguen a tales prácticas reprobables.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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La economía, en el laberinto de la pandemia

Después del progresivo desconfinamiento, la paulatina recuperación de la movilidad y el uso de la mascarilla a todas horas el gran reto es poner en marcha las economías paralizadas por la pandemia. El gran debate es cómo hacerlo, con qué instrumentos, en qué dirección y a qué precio, entendido este como el efecto inmediato de la fractura social y el aumento de las desigualdades derivado de la contracción de las finanzas, el reordenamiento de la industria, la caída del consumo, el ascenso mareante del paro, el crecimiento de la deuda púbica, la destrucción de una parte importante de los canales de distribución y el desplome del sector servicios entre otros muchos factores. El desafío es enorme y se debe acometer en una situación caracterizada por la ausencia de liderazgos mundiales convincentes (Sylvie Kauffmann en Le Monde), la rivalidad sin tregua entre las dos primeras economías –Estados Unidos y China–, el rumbo imprevisible o alarmante, según se mire, de Donald Trump en año electoral y las habituales peleas de familia en la Unión Europea.

El convencimiento de Kauffmann de que “estos tres meses han infligido profundos desarreglos en el orden mundial” le da pie a afirmar que se ha agravado el desfallecimiento de la gobernanza mundial. A falta de un multilateralismo consolidado y eficaz, la pandemia ha acelerado la sensación de desorden, la lucha contra el mal ha sido diferente de un país a otro y las profecías de la globalización se han venido en gran parte abajo, impugnadas con harta frecuencia por un nacionalismo de urgencia. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha podido sobreponerse a este ambiente general, discutido su liderazgo científico por la Casa Blanca, que la acusa de plegarse a las presiones de China.

El caso de la OMS no es más que reflejo de un orden cambiante desde antes de declararse la pandemia y que la covid-19 no ha hecho más que acelerar. Para el economista James K.Galbraith, de la Universidad de Texas, los efectos de la enfermedad en la economía han puesto de manifiesto la excesiva dependencia de Estados Unidos de la “demanda global de bienes avanzados” y de un consumo muy dinámico “alimentado por deudas y servicios no esenciales”, una situación, añade, que hay que someter a reformas radicales. En su ausencia, Jules Kortenhorst, del Rocky Mountain Institute, vaticina que Europa y China saldrán airosas de la prueba, con el recurso masivo a las energías limpias, mientras la economía estadounidense se verá lastrada por industrias más antiguas, emisoras de gases contaminantes.

El pronóstico de Kortenhorst está íntimamente ligado con el resultado de la elección presidencial, el 3 de noviembre, a la que el demócrata Joe Biden concurrirá con un programa probablemente muy diferente al de Donald Trump, pero depende, al mismo tiempo, de la habilidad de los europeos para no tropezar una vez más en la piedra de la desconfianza y los recelos del norte hacia el sur, y viceversa. Según la retranca de Hugh Hewitt, columnista The Washington Post, la invisibilidad de Biden permite a Trump, de momento, “competir contra sí mismo”, mientras Europa, cabe añadir, encadena episodios de sensatez con otros de desunión y exigencias de austeridad. De todo lo cual se deduce fácilmente que si Trump triunfa y la Unión Europea no se compromete con la recuperación, las previsiones de Kortenhorst pueden quedar en nada, y lo mismo puede suceder si el ganador es Biden y los europeos siguen enredados en su madeja.

Ante este futuro incierto, pero que será decisivo para una generación, resulta preocupante la decisión del Partido Popular Europeo de apoyar el enfoque para la reconstrucción económica del frente frugal –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia–, sin que un solo diputado español haya disentido, algo que, más que preocupante, es injustificable, aunque perfectamente previsible. Detrás de la declaración del presidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, el alemán Manfred Weber, de que los suyos comparten la iniciativa porque entienden que “la solidaridad va acompañada de responsabilidad”, se esconde un cambio en la posición de la democracia cristiana alemana, es decir de la cancillera Angela Merkel, y el regreso a la lógica austericista, que se impuso en la salida de la crisis desencadenada en 2008.

De todo lo cual se deduce que si Trump es reelegido y la Unión Europa no sale de la estéril ortodoxia de alguno de sus socios, el único gran sistema económico que saldrá robustecido de la pandemia será el de China. La mezcla de autoritarismo y tecnocracia libera a la Ciudad Prohibida de los debates que condicionan el comportamiento de los regímenes deliberativos, de tal manera que el Gobierno chino tiene las manos libres para fijar el rumbo sin dar mayores explicaciones y sin que se avizore una gran crisis social a pesar de la contracción de la economía. Y si el ganador es Biden, la revisión de las relaciones de Estados Unidos con China planteará muchísimos más problemas al nuevo presidente que al aparato del Partido Comunista Chino, una máquina de poder sin adversarios.

¿China ganará siempre, pase lo que pase? El analista Javier Biosca Azcoiti ha escrito en Eldiario.es: “El modelo de liderazgo elegido por las dos superpotencias durante la pandemia es un reflejo de lo que viene ocurriendo en el sistema internacional en los últimos años. Mientras EEUU se retira paulatinamente del tablero –especialmente desde la llegada de Trump a la Casa Blanca–, China gana poder jugando principalmente dentro del marco de normas diseñado en gran parte por EEUU como gran arquitecto del orden mundial tras la segunda guerra mundial”. Con la particularidad añadida de que las fórmulas chinas para superar la crisis no son exportables a los países democráticos, salvo degradación de las libertades fundamentales, pero compiten con ellos en términos de eficacia y rentabilidad.