Campaña tóxica en Madrid

La enrarecida campaña electoral de Madrid ha puesto por enésima vez sobre la mesa la conveniencia, oportunidad o necesidad de levantar un cordón sanitario en torno a la extrema derecha para preservar la democracia de sus arremetidas. Se trata de un debate abierto en muchos países, España entre ellos, y cerrado en muchos otros, Alemania entre ellos, donde han llegado a la conclusión de que el aislamiento de los ultras es un requisito ineludible para poner a salvo el sistema de injerencias tóxicas. El punto de partida es en todas partes el mismo; la pregunta es siempre la misma: ¿cabe aplicar el mismo trato a quienes se sirven de la democracia para degradarla o combatirla que al resto?

En general, la izquierda entiende que es improcedente por arriesgado buscar una forma de entendimiento o conllevancia con la extrema derecha que, por lo demás, la rechaza de plano (las proclamas de los líderes de Vox son una prueba). Los partidos que cubren el espectro político desde la derecha conservadora al liberalismo de centro oscilan entre la voluntad de pactar con los ultras, si ello les permite desalojar del poder a la izquierda, y la estrategia no exenta de peligros de neutralizarla mediante un proceso de asimilación de parte del programa de quienes acampan a su diestra (véase la campaña de Isabel Díaz Ayuso). Y aun hay partidos (la democracia cristiana alemana, una prueba) que solo estiman prudente y razonable renunciar a tales pactos.

A los que sin militar en ningún bando sostienen que la democracia no puede excluir a nadie, ni siquiera a sus acérrimos adversarios, se les acusa con frecuencia de pecar de ingenuos, de desconocer o soslayar los antecedentes históricos; se les reprocha cultivar un idealismo plagado de riesgos. A cuantos en nombre del realismo reclaman el aislamiento concertado de la extrema derecha se les reprocha una tendencia a la intolerancia. A los primeros, se les aplica poco menos que la sentencia de Friedrich von Schiller sobre la permanencia siempre joven de la fantasía, porque “lo que no ha sucedido jamás no envejece nunca”; a los segundos se les identifica con frecuencia como previsores depositarios de las reacciones preventivas: vence a tu enemigo antes de que se manifieste como tal.

Lo que sucede en Madrid desde hace semanas se asemeja a una oscura ceremonia de la confusión en la que la candidata del PP, precisada de unir a Vox a la causa para completar la mayoría absoluta en la Asamblea, da por hecho que el pacto es seguro, aunque insiste en que aspira alcanzar la mayoría absoluta en solitario (ninguna encuesta lo vaticina). Dentro de esa confusión está también la sorprendente petición al PSOE de la presidenta para que vote su investidura y la libere de la dependencia de Vox –¿para gobernar en minoría durante dos años?–, mientras Ciudadanos, a un paso de la extinción, se presenta como la bisagra –cabe decir que improbable– capaz de evitar que Vox sea en Madrid partido de gobierno.

El caso es que hay demasiadas pistas que inducen a concluir que las intemperancias de Vox han envenado la densidad de la campaña con su algarabía, con esa mueca mitad sonrisa mitad desafío de Rocío Monasterio, y que los sobres con balas de Cetme han completado la obra y han permitido a los líderes de los diferentes conservadurismos en liza ausentarse del debate programático. De tal manera que mientras las diferentes izquierdas han limado sus discrepancias por imperiosa necesidad y han orientado la campaña hacia una defensa sustancial de la democracia, sus adversarios han pasado del dilema comunismo o libertad –tan desmesurado y demagógico– a una equiparación de la libertad con el horario de cierre de la hostelería en plena emergencia sanitaria y cuando las estadísticas epidemiológicas no remiten.

Así se ha degradado la campaña más allá de cualquier precedente y así se ha convertido en el campo de minas donde todos los partidos han entendido que la elección del martes es solo nominalmente autonómica, pero de facto tendrá repercusión a escala nacional. Porque no está en juego solo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años, sino saber hasta qué punto una victoria de Díaz Ayuso debilitará a la facción centrista del PP y obligará a las izquierdas a encarar una renovación de los liderazgos madrileños, y asimismo hasta qué punto una derrota del PP erosionará el futuro de Pablo Casado. Siempre con el papel de Vox en discusión, complete la mayoría de la derecha o se instale en la oposición.

Hay en el insoportable tono de la campaña de Madrid los peores presagios de futuro. La ponzoña ha contaminado la política a una velocidad inusitada hasta dar la razón a Claudio Vercelli: “La historia no se repite, pero algunos de sus elementos se proponen de nuevo con el paso del tiempo. La crisis de la democracia es la incubadora de tal proceso”. En esa crisis del sistema democrático en la que coincide un progresivo alejamiento del debate político de lo que en mayor medida importa a los ciudadanos con una crisis de resultados, de eficacia, de vulnerabilidades desatendidas, resuena el juicio de Maurice Merleau-Ponty: “El mal no se crea a través de nosotros o de los otros, sino que nace en la tela que hemos tejido y que nos ahoga”.

La sustitución del bipartidismo imperfecto de antaño por la configuración de la política de bloques del presente complica de tal manera la concreción de mayorías que es determinante en ese encrespamiento del léxico, en esa tendencia acrecentada a descalificar al adversario, a llegar al insulto si es preciso para desgastar al rival. Ha renunciado la derecha a admitir la legitimidad democrática de la alianza para gobernar de Unidas Podemos y del PSOE, y se han adueñado de la tribuna los productores de eslóganes hirientes, alumnos o imitadores de los agitprop de los que se rodeó Donald Trump. Ha caído la izquierda en la trampa para osos de las frases altisonantes y fuera de lugar –Ángel Gabilondo, Mónica García y Yolanda Díaz, tres excepciones– que llevan sistemática y estérilmente la política al terreno de las emociones. Y en esa laguna enfangada ha nadado Vox como pez en el agua hasta dar la impresión de que la partida se ha jugado según las reglas que más le convenían.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

Escalada verbal de Díaz Ayuso

La secuencia de acontecimientos en Madrid a partir de la sacudida en Murcia ha permitido contemplar la peor cara de la política en una de sus versiones más adecuadas para desacreditarla. Es insuficiente decir que ha habido una ausencia total de la “seriedad sublime” que Matthew Arnold reclamaba a los críticos literarios; es asimismo insuficiente recurrir a la expresión italiana manca finezza. Quizá la única fórmula adecuada para describir lo ocurrido es remitirse simplemente a la tradición de la derecha agreste, a ese convencimiento legado por sus antepasados de que el Estado es un terreno de juego exclusivamente suyo. Algo que, por lo demás, induce a la nueva izquierda a radicalizarse y contribuye a enturbiar el debate con una oratoria nada saludable.

Si en Murcia se ha podido respirar el aire viciado de una forma no demasiado novedosa de almoneda aplicada al reparto de cargos políticos, con la deserción de tres diputados de Ciudadanos que en un principio apoyaron la moción de censura, la presidenta de Madrid ha abierto la caja de los truenos con una escalada verbal concretada en eslóganes pergeñados por los fontaneros que la asesoran. El salto de Socialismo o libertad a Comunismo o libertad responde a una escalada verbal cuyo final no se adivina, pero hace temer lo peor a poco que las encuestas mejoren los pronósticos electorales de Pablo Iglesias para la convocatoria del 4 de mayo.

Ha adoptado Isabel Díaz Ayuso los aires apocalípticos que han solido llevar a España al despeñadero, arropada para tal empresa por los émulos del aparato de propaganda de la extrema derecha estadounidense desde los no muy lejanos días en los que aspiró a la vicepresidencia de Estados Unidos Sarah Palin, una candidata con un desconocimiento enciclopédico de cuanto estaba obligada a saber. Es complicado discernir a qué libertad se refiere la presidenta de Madrid o qué libertades echarán en falta los madrileños si no ganan los suyos, pero en esa simplificación, en ese o yo o el diluvio, descansa el toque a rebato de Díaz Ayuso para que de las urnas salga una libertad salvaguardada de naturaleza imprecisa. Aunque quizá sea un elemento indicativo o esclarecedor el perfil de los manifestantes enardecidos de la calle Núñez de Balboa, el año pasado, o el de los reunidos por Santiago Abascal en el centro de Murcia hace unos días sin mayor respeto por las reglas que impone la pandemia.

Los eslóganes puestos en circulación por el PP en Madrid y otros de similar carnadura y estilo –Patria o muerte (Fidel Castro), O Roma o morte (Giuseppe Garibaldi)– resultan siempre inquietantes. En el caso de Madrid, doblemente inquietantes porque aún no ha empezado la campaña y parecen y se antojan más adecuados como prolegómeno de un desenlace desgarrado que como llamamientos a un acontecimiento tan absolutamente civilizado y pacífico como una cita electoral. A saber si Díaz Ayuso ha leído a Charles de Gaulle y se aplica una de las normas de conducta que dejó escritas el general: “Cuando quiero saber qué piensa Francia, me remito a mí mismo”.

La conclusión de la periodista Soledad Gallego-Díaz en El País ensambla los eslóganes con lo que quizá se avecina: “En el mejor de los casos para ella [Díaz Ayuso], la victoria dependerá de un Vox también reforzado y todavía más normalizado, algo que debería ser una pésima noticia para el Partido Popular en otras zonas de España y terminar costando caro políticamente a Pablo Casado. Pero Patria o muerte suena bien”. Esa rotundidad del mensaje suele ganar adeptos enseguida, aunque las consecuencias ulteriores de tales soflamas son con frecuencia imprevisibles: ¿seguirá creciendo Vox?, ¿se consumará la extinción de Ciudadanos?, ¿podrá el PP renacer saneado después de los casos de corrupción o precisará las muletas de Vox?

Nada logra desvanecer la sensación de que lo que sucede en Madrid engarza con la tradición más rancia de la derecha española. La herencia de la demagogia trumpista no ha hecho más que suministrar nuevos instrumentos de combate a una pauta de conducta que se remonta a la noche de los tiempos. “No hay más alianzas que las que trazan los intereses, ni las habrá jamás”, sostenía Antonio Cánovas del Castillo. Lo alarmante es que los intereses que defiende Díaz Ayuso coincidan grosso modo con los que se atribuyen a Vox, de cuya genética neofranquista no reniega y que utiliza una Constitución y unas instituciones cuya existencia impugna –las comunidades autónomas– para alcanzar sus fines. Y aún resulta más alarmante que la presidenta suelte en medio de la refriega: “Cuando te llaman fascista es que lo estás haciendo bien”.

Son este y otros momentos de incontinencia verbal –“me han estado mareando entre unos y otros”, “Madrid es España dentro de España”, un trabalenguas– los que revelan, en el mejor de los casos, su desconocimiento del valor y el significado de las palabras, y de la repercusión que tienen. Resulta todo demasiado atrabiliario como para no temer que la escalada léxica irá a más y se producirá un emponzoñamiento de la campaña, de la política, del día siguiente a las elecciones. ¿Qué sucederá si gana la izquierda? ¿Qué sucederá si la movilización es tal que la realidad desmiente las encuestas, los cálculos que vaticinan una alianza de las derechas? ¿Se impondrá la decencia o cundirá el ejemplo trumpista que todo lo inspira: no aceptar la derrota, denostar el voto por correo, tachar el escrutinio de fraudulento?

Las escaladas verbales, como las armas, las carga el diablo. Seis semanas son tiempo suficiente para que, a partir de lo oído hasta ahora, el tono de los discursos no deje de agriarse, también desde la izquierda, como si este fuese el único instrumento posible de movilización electoral, como si el 4 de mayo estuviese destinado a ser el día clave en el que, más allá de los límites de la Comunidad de Madrid, toda la política española quedará condicionada por el resultado. Puede, incluso, que tal cosa suceda, pero será más fácil de gestionar el futuro si prevalece la sensatez, tan escasa ahora.

Venezuela, una sociedad afligida

La situación en Venezuela se ha instalado en la lógica según la cual cada día es peor que el anterior. Cuando a través de la senda de la decadencia se llegó a un territorio en el que la moneda dejó de tener valor, cinco millones de personas se ausentaron en busca de mejor vida fuera del país y los aliados tradicionales dieron la espalda, no es posible otro dictamen que el del desastre final, sin paliativos ni salvación posible. La última decisión del presidente Nicolás Maduro de tensar la cuerda con la Unión Europea, mediante la expulsión de la  embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, declarada persona non grata, y con España a raíz de la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la región de Colombia fronteriza con Venezuela, es una forma como cualquier otra de minar puentes y agravar el momento.

Se ajusta solo parcialmente a la realidad la opinión bastante extendida de que el endurecimiento del chavismo se aceleró a partir de las elecciones de 2010, cuando perdió poder local y empezó a sentirse vulnerable, y de la muerte de Hugo Chávez (2013), que llevó al puente de mando a Maduro, sucesor designado por el fallecido, carente del gancho del líder absoluto del experimento venezolano. Hay factores de igual o mayor peso en el desastre en curso, empezando por el descenso del precio del petróleo, continuando por la incapacidad del régimen de aportar valor añadido a la economía de las misiones –programas sociales de viabilidad a menudo discutida– y acabando por la referencia permanente del modelo cubano, al que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se sienten muy apegados. A todo ello debe añadirse el progresivo distanciamiento de  una parte cada vez mayor de la población, incluidos segmentos sociales favorecidos en primera instancia por las misiones, para quienes no se posible vislumbrar más futuro que una existencia precaria.

Algunos datos justifican el pesimismo. Por ejemplo, el PIB venezolano del año 2020 equivalió a menos del 25% del que se registró en 2013, según datos del Fondo Monetario Internacional; no menos del 15% de la población del país ha emigrado en condiciones con frecuencia extremas; el bolívar ha dejado de tener valor y del petro, divisa virtual, solo se tiene noticia cierta del nombre; la inflación ha escalado el último año hasta el 6.000%, récord absoluto en la historia de América Latina.

Al mismo tiempo, la oposición, demasiadas veces dividida y enfrentada, ha carecido de la influencia determinante necesaria para negociar una salida con el Gobierno. Metida en el rompecabezas de ambiciones personales, ha malbaratado el momento dulce que para ella siguió a la declaración de Juan Guaidó como presidente encargado en tanto que presidente del Parlamento elegido en 2015, en el que la oposición obtuvo una mayoría de dos tercios. El reconocimiento en 2019 de Guaidó por unos sesenta países, incluidos Estados Unidos y los socios de la Unión Europea, no tuvo mayor efecto práctico y decayó al elegirse en diciembre pasado una nueva asamblea mediante una convocatoria electoral en la que no participaron candidatos de la oposición y cuyo resultado no fue reconocido por los aliados históricos de Venezuela.

Es una simplificación atribuir el extravío del país solo o principalmente a lo que bastantes economistas llaman la maldición del oro negro, esa tendencia al monocultivo de los grandes productores que obtienen con facilidad enormes beneficios, se instalan en la ilusión de la prosperidad ilimitada y se despeñan por la realidad cuando caen los precios y comprueban que no fueron capaces de diversificar sus ingresos en los tiempos de bonanza. El chavismo triunfó, promovido por un militar condenado por dirigir un golpe de Estado que no prosperó, porque se daba en el país una situación de desigualdad social extrema, una tasa de corrupción insufrible y la ausencia de mecanismos de corrección de históricos déficits estructurales. En algún momento, este marco de referencia decantó la balanza del lado de Hugo Chávez, de una oferta populista socializante en la que una parte muy importante de la opinión pública vio la ocasión de hacer efectiva la frase escrita por Rómulo Gallegos en la novela Doña Bárbara: “El mal es temporal; la verdad y la justicia imperan siempre”.

Al final del relato que Gabriel García Márquez dedicó a los últimos días de Simón Bolívar, el escritor puso en boca del general agonizante esta famosa exclamación: “¡Cómo voy a salir de este laberinto!” Es improbable que los gestores a ambos lados de la divisoria que separa a Gobierno y oposición en Venezuela se pregunten a sí mismos cómo saldrán del atolladero para reconstruir un país destruido. Más parece que dominan una mezcla de improvisación, encastillamiento y tendencia a soslayar la realidad. El Gobierno no tiene otra estrategia que resistir a toda costa, encomendarse a patrocinios como el chino y el ruso, y recurrir a las frases rotundas, con frecuencia amenazantes, de Maduro; la oposición se empecina en una competencia de egos a cuál más injustificable y, al mismo tiempo, se agranda la brecha entre el exilio y el interior.

En agosto de 2019, el diario El Espectador, de Bogotá, publicó un editorial que empezaba así: “La crítica situación en Venezuela continúa bajo la lógica según la cual pasa de todo, pero no termina de pasar nada concreto que logre solventarla”. Es una descripción sucinta, pero muy apegada al momento. La presidencia de Maduro es una suma de fracasos encadenados, pero la brega de la oposición no presenta mayores éxitos o logros si por tales se entiende lograr que las diferentes facciones remen en una misma dirección. En medio, una sociedad exhausta contempla cómo se degradan sin parar las condiciones de vida.

Los profesores de la Universidad de Harvard Ricardo Hausmann, exministro de Planificación de Venezuela, y José Ramón Morales-Arilla sostienen que el régimen “le dio la espalda a la democracia electoral cuando perdió la capacidad de ganar elecciones”, y defienden que la única salida es “afligir a los cómodos y reconfortar a los afligidos”, algo que, dejan entrever, incluye abundar en las sanciones. Y ahí surge la gran duda para dar con la salida del laberinto porque, hasta la fecha, las sanciones no han hecho otra cosa que afligir más a los muy afligidos.

El ‘caso Hasél’, otro síntoma de crisis

Los disturbios que han seguido al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ponen sobre la mesa por enésima vez la libertad de expresión como un ingrediente esencial de la democracia, pero también qué instrumentos son legítimos para defender tal derecho y, asimismo, cuáles son los límites reconocibles y aceptables de la libertad de expresión. Las imágenes de calles con barricadas en llamas, manifestantes enardecidos y cargas policiales que se suceden en diferentes ciudades españolas no hacen más que alimentar el debate con la pasión propia de cualquier crisis social, induce a los partidos o al menos a algunos de ellos a manejar versiones bastante alejadas de los consensos académicos básicos y causan estupor a una opinión pública alarmada por comportamientos iracundos cuando cae la noche.

Como ha escrito Rafael Jorba en las redes a propósito de la arremetida del jueves contra la sede de EL PERIÓDICO, es un oxímoron defender la libertad la libertad de expresión y apedrear  y pintarrajear un medio que, por definición, es un ingrediente esencial en la concreción práctica de la libertad de expresión. Está igualmente fundamentada la apreciación hecha por Ernesto Ekaizer en el programa Aquí amb Josep Cuní según la cual, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no cabe aplicar sanciones penales a los delitos de opinión (“en España se está aplicando muy mal el derecho penal”, dice Ekaizer). Y tiene muy pocos adversarios el convencimiento generalizado de que la violencia deslegitima a quienes recurren a ella para defender o reivindicar un derecho.

Tales opiniones configuran un acuerdo básico, compartido por capas sociales e ideologías de muy variada procedencia, tradición y signo. Son instrumentos de cohesión social que tienen que ver con uno de los muchos principios enunciados por el politólogo Maurice Duverger en su libro Los partidos políticos (1951). Duverger se pregunta qué define la democracia; la libertad, responde sin dudarlo. Pero añade la siguiente precisión: “No solo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación, sino la libertad real de todos, lo que supone cierto nivel de vida, cierta instrucción general, cierta igualdad social, cierto equilibrio político. La distinción marxista de libertades formales y libertades reales no es más que parcialmente exacta”.

¿Hay riesgo de que se rompa un “cierto equilibrio político”? Con tuits tan desafortunados, estridentes e inadecuados como el de Pablo Echenique, ideal para avivar las llamas en las barricadas, seguramente se suma un ingrediente más a los desequilibrios que zarandean una parte no menor de la sociedad, baqueteada por una vulnerabilidad cada vez mayor y cuyo horizonte de futuro no es otro que el de una borrasca permanente. El hecho de que los inductores de los disturbios de Barcelona, Madrid y otras ciudades sean una minoría exigua para la que cualquier pretexto vale para ponerse en acción no reduce los riesgos, porque son demasiados los elementos, reales o intuidos, que permitan allegar voluntades a su propósito de arremeter contra todo. De ahí la impresión de que el episodio en curso no será el último, que habrá en lo venidero nuevos escenarios de violencia en la vía pública, como los ha habido en el pasado con dramática intensidad.

Indagar el origen de la movilización de jóvenes exaltados –“estamos muy enfadados”, declaró una menor a una emisora de radio–, analizar el mar de contradicciones en el que se mueven y su potencial poder de atracción, no es sinónimo de justificar los destrozos, sino la única forma de poder explicar con solvencia qué está pasando y por qué. Es claramente insuficiente darse por satisfecho con explicaciones tan someras y caricaturescas como las de Isabel Díaz Ayuso –“unos niñatos” o algo así–, o reducirlo todo a jóvenes profesionales de la gresca, una versión actualizada de la kale borroka. Con toda seguridad, hay entre los agitadores algunos que se suman a las manifestaciones pacíficas para, antes o después, desencadenar la violencia por el simple gusto de desafiar a los antidisturbios y entregarse a toda clase desmanes, pero hay también desesperanza, amargura y desorientación en algunos otros que creen que el sistema, sea cual sea este, los ha abandonado a su suerte.

Walter Lippmann escribió en su libro La opinión pública (1922): “Todas las personas viven en el mismo mundo, pero piensan y sienten de forma diferente”. El gran ensayista adelantó hace un siglo que el comportamiento humano obedece a “un falso entorno que le induce a actuar en el mundo real” de una determinada manera. De lo que cabe deducir que un mismo entorno es percibido y sentido de diferente forma por diferentes personas que construyen una realidad a la medida de sus anhelos, necesidades y objetivos. Hoy esa construcción de la realidad está más diversificada que nunca y nada se entiende si no se admite tal variedad de versiones.

Una de estas versiones, llamadas ahora relatos, se presenta como una movilización en defensa de la libertad de expresión a propósito del caso Hasél, pero hay demasiadas contradicciones, demasiado ruido, demasiadas inconsistencias para que sea solo eso. La mera impugnación del statu quo por los manifestantes violentos transmite la imagen confusa de un colectivo tan harto del presente como desorientado. Es la imagen de un segmento muy minoritario, pero también muy activo, de una generación que ha pasado de las promesas del Estado del bienestar que conocieron sus padres y abuelos a los daños no reparados causados por varias crisis encadenadas.

Si del asalto al Capitolio de Washington, instigado por Donald Trump, se dijo que había dañado uno de los consensos sociales básicos –la inviolabilidad de los representantes electos de los ciudadanos–, lo menos que puede decirse de los sucesos de estos días en España es que la defensa de la libertad de expresión mediante la acción directa es solo un pretexto que remite a problemas sociales que la pandemia no ha hecho más que agudizar. Hay demasiadas señales de desapego con el entorno –aunque se trate del falso entorno del que habla Walter Lippmann o entorno irreal–, como para quedarse en lo obvio, la violencia es inaceptable y no merece otra reacción que la condena, y no buscar otras pistas explicativas de cuanto sucede. La salud de la democracia requiere realizar este ejercicio de introspección colectiva.

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La derecha agreste se enfrenta a la UE

El Gobierno de Hungría ha cerrado la emisora independiente Klubrádió con una serie de argumentos típicos de los censores, de los regímenes autoritarios, de los aspirantes a detentar un poder omnímodo. Una infracción administrativa que debe sancionarse con una multa ha sido pretexto suficiente para Viktor Orbán y sus secuaces para expulsar a Klubrádió de las ondas y consumar una pretensión nunca ocultada: silenciar a la oposición sin contemplaciones. Nada hay de nuevo en el comportamiento de un sistema político y un Gobierno que hace tiempo dejó de ser democrático, y nada hay tampoco de nuevo en la cuidadosa condescendencia de la Unión Europea para no molestar en demasía a quienes cometieron el atropello, triste confirmación de que la vigilancia para preservar derechos elementales escapa al control efectivo de Bruselas.

Klubrádió tenía medio millón de oyentes hasta el día de la desconexión, una cifra  equivalente al 5% de la población de Hungría, y era de largo el medio más significado en la crítica y rastreo del populismo ultraderechista de Orbán. ¿Qué revela su cierre?: que la inoperancia de las instituciones europeas para parar los pies al primer ministro y los regates en corto del Partido Popular Europeo para no condenarlo de forma categórica arriesgan una vez más la consistencia moral de una liga de estados que se caracterizan, entre otras muchas cosas, por ser los herederos del acervo democrático europeo. El caso de Polonia y la amenaza subyacente al auge de partidos ultras en Alemania, Francia, Italia, Holanda y España, por citar solo unos cuantos socios de la Unión Europea, entraña riesgos de naturaleza moral y política que no pueden soslayarse.

Un cierto relativismo se ha adueñado de los defensores necesarios de la cultura democrática, de cuanto se tiene por intrínsecamente unido a la idea de democracia, a la idea misma de Europa. Stefan Zweig caracterizó el nacionalismo como “la peor de todas las pestes”, la que “envenena la flor de nuestra cultura europea”. La opinión del gran escritor remite al primer tercio del siglo pasado, pero es de aplicación a nuestros días con harta frecuencia a causa de los silencios ominosos cada vez que se agrede la decencia. Y el mensaje difundido desde Estados Unidos durante el mandato de Donald Trump ha contribuido de forma decisiva a avivar el nacionalismo rampante mediante la exaltación de una identidad histórica preexistente a la europea y con frecuencia en abierto conflicto con ella.

Lo cierto es que los precedentes inducen al pesimismo, a los riesgos que corre Europa al practicar la contención frente al desafío. Basta leer atentamente a Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo para descubrir aquí y allá rasgos patógenos del pasado que asoman en el presente, que envenenan la atmósfera y se acogen a los sistemas democráticos con el único propósito de acabar con ellos o, por lo menos, degradarlos. La vieja discusión sobre el derecho que asiste a los partidos manifiestamente antidemocráticos a moverse sin cortapisas dentro del marco de las instituciones democráticas adopta así la forma de un laberinto sin salida. No hay en la conducta de Orbán y sus correligionarios El asalto a la razón, título de un libro del filósofo marxista György Lukács, sino que se atienen a una forma elemental de la razón para simplificar los problemas y encubrir sus propósitos. Hoy es insuficiente preguntarse solo por la “marea de tinieblas” (George Steiner en 1960) que permitió el alumbramiento de los grandes totalitarismo; es un requisito imprescindible indagar en las causas del renacimiento de la extrema derecha en todas partes.

Es preciso ceñirse a los hechos y rehuir las conclusiones apresuradas; es necesario ceñirse a los sucesos posteriores a la gran crisis financiera que se desencadenó en el bienio 2008-2009 –trienio si nos remontarse a la zozobra de las subprime en 2007– para llegar a la conclusión de que hay en Europa una multitud de decepcionados, de azotados por toda clase de ajustes que desconfían por principio, más que nunca, de las convenciones políticas, de las ofertas clásicas, del discurso de los grandes pilares de la reconstrucción europea de la posguerra. Parafraseando a José Ortega y Gasset, en Europa está el problema, pero solo en Europa es posible encontrar la solución mediante el saneamiento y actualización del pacto social y el blindaje de las normas básicas de la democracia representativa.

George Steiner declaró en su día, intentado vislumbrar el porvenir: “La verdad, creo, tiene futuro; que lo tenga también el hombre está mucho menos claro. Pero no puedo evitar un presentimiento en cuanto a cuál de los dos es más importante”. En las dudas del gran intelectual alientan la incertidumbre y las amenazas que se avizoran a lo lejos o no tan lejos. Es este un sentimiento compartido, agravado por la pandemia, por el coste social de la pandemia, que ha desbaratado todas las previsiones y ha hecho saltar por los aires todos los modelos matemáticos. Y esta inseguridad sobrevenida es el ambiente más propicio para que la excitación populista atraiga auditorios que recelan de que el futuro ansiado sea un razonable y confortable retorno al pasado.

Hay una vulnerabilidad a pie de calle, presente en todas partes, que propicia el mensaje nacionalista, la hostilidad frente al extranjero, frente a lo foráneo, frente a todo aquello que no forma parte de una identidad primaria y elemental. Justamente lo contrario de lo que el filósofo Daniel Innerarity plantea en La democracia en Europa, que resumió así en una entrevista con La Vanguardia en 2019: hace falta “una reconstrucción de la teoría de la democracia que la despoje de todo lo que se le ha ido vinculando como si fuera parte esencial de ella: soberanía, territorialidad, homogeneidad o estatalidad, por ejemplo”. Hace falta, quizá, reconstruir la teoría de la democracia para que dejen de tener sentido acartonadas teorías de la nación. Acaso tal operación no haga enmudecer a la derecha agreste, pero la privará de argumentos creíbles.

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La pandemia desgasta la democracia

Las cifras de la pandemia después de fiestas transmiten en Europa y en Estados Unidos una sensación de desbordamiento, de descontrol, de ineficacia e insuficiencia objetivas en la mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos para alcanzar dos metas: doblegar la curva de contagios y no dañar en exceso la economía. Lo cierto es que la marcha de los negocios sigue dejando damnificados todos los días y los datos de contagiados y muertos no menguan en medio de una atmósfera de cansancio y pesimismo que apenas palían las esperanzas depositadas en la vacunación masiva. Que el nuevo presidente de Estados Unidos haya hecho de la lucha contra el mal el primero de sus grandes objetivos no deja de ser significativo habida cuenta de los despropósitos heredados de su antecesor.

Al mismo tiempo, la opinión pública asiste aquí y allá a la utilización política y la pelea de gallos entre adversarios desencadenada por la pandemia –España, uno de los ejemplos más resonantes–, mientras los llamamientos a la unidad caen en saco roto, los países tienden a combatir la covid-19 en orden disperso y la opinión pública se siente a menudo defraudada por la falta de coordinación de esfuerzos. Nadie sabe a ciencia cierta  dónde se ha acertado con las medidas adoptadas, cuándo darán un resultado tangible y qué hace falta para que cesen la política de balcón, las declaraciones destempladas y la estela de oportunismo que dejan a su paso tantos gobernantes, agravado de vez en cuando por quienes se benefician de una situación de privilegio (cuantos se vacunan sin que les corresponda por el simple hecho de manejar los resortes administrativos que les permiten cometer tal tropelía).

Han pasado demasiados meses desde que se tuvo noticia de la aparición del virus como para que, con harta frecuencia, se improvise, se tomen decisiones sobre la marcha, infructuosas las más de las veces, mientras sus promotores las presentan como el resultado acabado y preciso de un plan meditado. De tal manera que la disposición de los ciudadanos en muchos lugares a sentirse requeridos en el combate contra la enfermedad deja paso al escepticismo; de tal forma que la unidad europea reclamada por los expertos nunca llega a concretarse y la española resulta del todo imposible. Y sin embargo, el grado de disciplina, paciencia y disposición al sacrificio de la mayoría no decae a pesar de personajes divisivos y aguijoneadores como Isabel Díaz Ayuso, una émula castiza del trumpismo con mascarilla, o la Administración catalana, atrapada en la tela de araña de un decreto para el aplazamiento o suspensión de las elecciones –la confusión es grande– que no ha pasado de momento la prueba del nueve del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Con esa propensión en todas partes a no salir del atasco, sino de agravarlo, los gobiernos occidentales dañan el aprecio por algunas de las conquistas de la democracia y alientan el discurso admirativo de la fructífera gestión china de la pandemia, como si las diferencias culturales no contasen y fuese preferible la disciplinada militarización de los espíritus, como si el éxito chino no tuviese nada que ver con el perfil de un régimen de partido único con un poder omnímodo y no sometido a control. “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, dejó dicho Charles Bukowski, y tal circunstancia conlleva un cierto número de debilidades y vulnerabilidades reconocibles, pero quienes gestionan la crisis bajo el paraguas de la democracia, deberían reducirlas al mínimo para evitar daños mayores a los de la pandemia. Lograr una eficacia razonable a cuanto se hace es una necesidad acuciante porque las democracias ineficaces vulneran la idea misma de democracia.

Hay esparcidos por Europa, y no digamos en Estados Unidos, demasiados profetas del Apocalipsis como para creer que el universo democrático podrá salir sin mácula de la prueba. Mientras los medios se sigan viendo obligados a suministrar el parte diario de muertos envuelto en el número creciente de contagios, la discusión entre adversarios políticos sobre las medidas a adoptar y las proclamas de demagogos de diferentes estirpes, la desconfianza irá en aumento. Si tal desconfianza no se ha impuesto por completo, es a causa de lo que Jean-Philippe Vincent llama en Le Figaro “la lógica del miedo”, el sentimiento muy extendido de que la muerte ronda por la calle oculta en un enemigo invisible, pero aniquilador.

Esa lógica del miedo no es especialmente deseable en las sociedades democráticas. Es preferible el imperio de la razón, afrontar la enfermedad con datos precisos y medidas realistas, admitiendo que hay un margen de error, que no hay certidumbres absolutas en ese desigual combate para domeñar un adversario sigiloso y adaptativo. La lógica del miedo da pie, en cambio, a una paulatina renuncia de la razón en los comportamientos colectivos. Como dijo Franklin D. Roosevelt, solo hay que tener miedo al miedo; el resto debe fiarse al análisis de los hechos y las conclusiones correspondientes. Sin dar por supuesto que, de tal ejercicio, surgirán decisiones y medidas infalibles.

Hace un siglo, durante la llamada gripe española, llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social fueron las medidas dispuestas por los especialistas para evitar el contagio. Aquella pandemia dejó 50 millones de muertos en un mundo que salía muy herido de la primera guerra mundial. Para los agoreros recalcitrantes, hoy estamos donde estuvieron entonces las sociedades atacadas por la enfermedad y apenas hemos avanzado; para las mentes despiertas, un siglo de ciencia ha hecho posible que dispongamos de vacunas a la vuelta de menos de un año de que se declarara en España el estado de alarma. Pero para que esa realidad incontrovertible prevalezca sobre cualquier otra y el mal deje de dañar la calidad de la democracia es preciso que la sanidad de emergencia quede fuera de la pugna política cotidiana, porque la plaga ha descoyuntado la cotidianidad y todo lo condicionará hasta que acabe la pesadilla.

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Golpe de Trump a los saharauis

La operación de Donald Trump destinada a acolchar la relación de Israel con el mundo árabe ha cubierto una nueva etapa con el reconocimiento de la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que el reino alauí establezca relaciones diplomáticas con Israel. Con independencia de lo que disponga la Administración de Joe Biden a partir del 20 de enero, el paso dado por el presidente saliente debilita enormemente las de por sí menguadas fuerzas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) para hacer efectiva la celebración de un referéndum de autodeterminación en el territorio, la vía defendida por la ONU para una descolonización efectiva de la excolonia española.

Asiste a la RASD el derecho moral, respaldado por el derecho internacional, de no cejar en su propósito de que se celebre la consulta; no hay duda de que Trump ha actuado una vez más de espaldas al derecho internacional, pero es asimismo indiscutible que sobre el terreno la situación política es cada vez más adversa a las reivindicaciones políticas de la comunidad saharaui. El encomiable testimonio de resistencia de los campamentos de Tinduf  –más o menos, un microestado en el exilio– se ha convertido en la práctica en un coto cerrado con un relativamente reducido número de complicidades externas, más resonantes en las iniciativas particulares –intelectuales, artistas, onegés– que en la movilización de las cancillerías. Por decirlo suavemente, Tinduf es un instrumento en manos de Argelia al que algún recurrirá si es preciso para relajar las relaciones con Marruecos, aunque de momento es la cobertura argelina la que procura alguna esperanza a los refugiados del desierto.

Cumplidos 45 años de la Marcha Verde, sumadas las diferentes situaciones que ha conocido la crisis saharaui –la última de ellas, la de la frontera con Mauritania–  y comprendida la necesidad de implicar a Marruecos en asuntos tan relevantes para los europeos como el control de los flujos migratorios y la seguridad en el flanco sur, está fuera de toda duda que la formalización de un referéndum está muy lejos de ser viable. Nunca aceptará Marruecos una revisión del censo que maneja y que la RASD impugna. Desde que el Frente Polisario se avino a negociar la consulta, la lista de posibles votantes presentada por Rabat ha sido rechazada por los dirigentes saharauis, que echan en falta decenas de miles de nombres de quienes en su día abandonaron sus hogares camino de Argelia y de sus descendientes, y en cambio incluye a los colonos llegados al territorio durante décadas y que, a todos los efectos legales, son ciudadanos marroquís.

El caso es que, con ser ciertas estas formalidades, los saharauis que viven en Tinduf son las víctimas de una situación a la que se han habituado, pero sin buenos vaticinios de futuro. Si resulta desoladora la creciente insensibilidad de la mayoría de regímenes árabes con relación al porvenir de la comunidad palestina, no lo es menos la inoperancia efectiva del reconocimiento de la RASD por más de 80 países. Es reseñable que España haya acordado con Marruecos aplazar la cumbre bilateral fijada para el 17 de diciembre, pero no deja de tener un valor meramente simbólico cuando el Gobierno vincula el cambio de fecha con la necesidad de concentrar los esfuerzos en la gestión de la epidemia y, acto seguido, se sabe que la reunión se incluirá en la agenda de febrero de 2021. Es significativo que muchos países, entre ellos España, se remitan a las resoluciones de la ONU relativas a la descolonización del Sáhara Occidental y a la creación de un Estado palestino, pero no es menos significativo que tales declaraciones no tengan nunca un efecto práctico.

La propuesta marroquí de convertir el Sáhara Occidental en una autonomía, presentada por Trump como la única salida realista y viable, ha sido repetidamente rechazada por los dirigentes saharauis, y quizá ahora lo sea aún más habida cuenta del perfil político de su último valedor. Pero la única posibilidad de que los exiliados del desierto vislumbren un futuro más confortable es dar con una solución intermedia entre la situación actual y el referéndum de autodeterminación. Por lo demás, hay en Marruecos un nutrido grupo de personalidades de la cultura, el arte y la academia que tienen el Sáhara por parte irrenunciable de su país. Así el escritor Tahar ben Jelloun, tajante en sus opiniones: “Ningún ciudadano puede aceptar que su país sea privado de una parte. Sobre todo cuando hay otro país, Argelia, que se esconde tras el llamado movimiento de liberación y lo sostiene. Esa es una estafa histórica que ningún marroquí puede aceptar. Ni siquiera yo, que jamás he sentido ese nervio patriótico y nacionalista”.

No hay ningún dato referido al futuro inmediato que permita detectar una mejora de ese clima de confrontación radical. Ni siquiera una hipotética rectificación de Estados Unidos cerrando el consulado en Dajla, que Trump piensa abrir, cambiará el enunciado del problema. Ni Estados Unidos ni Europa pueden renunciar a la complicidad de Marruecos en diferentes ámbitos, todos ellos relevantes y trascendentales. Esa es otra realidad incontrovertible que hace impensable retrasar varias décadas el reloj de la historia y volver al punto de partido. Lo cierto es que el rey Hasán II supo aprovechar con diligencia la debilidad de España –agonía del franquismo– y puso en marcha una dinámica que ha seguido su camino desde entonces a despecho de los pronunciamientos de la antigua potencia colonial y de la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas.

La consolidación de anexiones territoriales de facto son una malísima noticia que violenta los fundamentos del derecho internacional, pero la Realpolitik se impone casi siempre. Las condiciones en que se dan tales anexiones son muy variadas, pero corregirlas o revisarlas es inviable con harta frecuencia a pesar de que en cada una de ellas sale perjudicada una comunidad que se ve forzada a pechar con un destino que no ha elegido. No hace falta entrar en detalles para comprender que los saharauis de Tinduf ni decidieron poner su futuro en manos de Marruecos ni optaron por el exilio en el desierto entre varias opciones posibles. Es decir, condenados a ser víctimas en una situación que no controlaban, los saharauis se vieron forzados a adaptarse a ella. Y hoy, tantos años después, el Frente Polisario debe reflexionar sobre el coste humano de cuanto ha sucedido y sopesar hasta qué punto el programa máximo debe adecuarse a la correlación de fuerzas sobre el terreno para rescatar a las víctimas de su condición de tales.

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Migraciones o la tensión que no cesa

Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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La democracia suma adversarios

Todo cuanto pueda pensarse y decirse del comportamiento de Donald Trump después de consumarse su derrota es inseparable del clima de impugnación de los procesos democráticos pautados. El enroque del presidente de Estados Unidos degrada el sistema en igual o parecida medida que la sucesión de presidentes en Perú entre el griterío y la represión en la calle, el sectarismo encubierto de los gobernantes en tantos lugares, el chantaje de Hungría y Polonia a la Unión Europea y un sinfín de focos infecciosos cuya pretensión es reducir el pluralismo político, el sufragio universal y la división de poderes a poco más que una formalidad o coartada para sus designios. Si Trump es el gran oficiante de esa nueva iglesia política –quizá no tan nueva–, la multiplicación de monaguillos le asegura un largo y a saber si próspero futuro, aunque sus efectos sean ruinosos.

El espectáculo ofrecido por las diferentes derechas representadas en el Congreso a raíz de la aprobación de la llamada ley Celaá –gritos de ¡libertad!, ¡libertad! a pleno pulmón– forma parte de ese oficio de tinieblas en el que la adulteración de los hechos corre parejo con el propósito de deslegitimar a voces el derecho a gobernar conquistado en las urnas. Entre la algarabía en el Parlamento y la última conferencia de prensa de Rudolph Giuliani para tachar de fraude y manipulación la victoria de Joe Biden no hay mayor diferencia en el objetivo perseguido de desacreditar al adversario, convertido en enemigo; las demás distancias son meramente físicas, idiomáticas y de paisaje. El punto de mira se fija en el mismo blanco: dejar sin efecto cuanto se deriva de un resultado electoral mediante la concreción de una versión sin fundamento de cuanto acontece.

“Incluso si Trump pierde, lo que parece probable, su marca distintiva de populismo divisivo conservará una potente fuerza en la política americana”, ha escrito un analista estadounidense. Como sucede con la emergencia climática, la contaminación no cesará aunque el agente contaminante se ponga en evidencia. Es improbable que las cajas destempladas de Alejandro Hernández en el Parlamento andaluz hagan mella en las convicciones de los votantes de Vox; es altamente improbable que el autoritarismo incontinente de Viktor Orbán lleve a recapacitar a una parte significativa de los electores de Fidesz; nadie espera que el populismo del Gobierno polaco afecte sustancialmente al integrismo nacionalista que ocupa el puente de mando. La praxis política de demasiados no hace más que recurrir a las instituciones democráticas para socavar los valores de la democracia.

El espectáculo representado en Perú, con una alocada sucesión de presidentes, más de la mitad de los 120 integrantes del Congreso sometidos a proceso judicial y la calle encendida es la última aportación al descabalgamiento de la democracia, transformada en una forma caricaturesca de regeneración del poder a causa del recurso abusivo a las previsiones constitucionales y a las funciones del Parlamento. “La frágil institucionalidad política del país” y la pérdida de un quinquenio por el sumidero de la corrupción han llevado al analista Gianfranco Castagnola a avizorar el riesgo de caer en la decadencia, pero de las declaraciones hechas en el entorno de Francisco Sagasti, el tercer presidente en muy pocos días, es fácil deducir que subsistirá la fragilidad de las instituciones, que es tanto como decir que se mantendrá el desprestigio del sistema y, quizá, la búsqueda de un atajo para dejar a salvo los desafueros del establishment.

Las elecciones convocadas en Venezuela para el próximo mes, boicoteadas por la oposición, tienen el mismo perfil y propósito: recurrir a un instrumento democrático para violentar los requisitos mínimos de la democracia y liquidar la disidencia de quienes antes apoyaron el régimen y ahora claman contra él. “Después de haber desmantelado a los partidos políticos que se oponían a su versión del socialismo, Maduro ha apuntado a su aparato de seguridad hacia los aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la Unión Soviética hasta Cuba”, se afirma en un largo reportaje publicado por The New York Times. Sea cual sea el resultado de unas elecciones en las que el único vencedor posible es el Partido Socialista Unido de Venezuela, la invocación de la democracia apenas será una coartada.

Las viejas convicciones democráticas carecen de la agresividad gestual de sus adversarios. Eso es al mismo tiempo una virtud y una debilidad: preservan el pluralismo, pero su capacidad de respuesta es a menudo insuficiente. La opinión expresada por François Mitterrand en 1989 de que no habrá “democracia sólida ni paz en el mundo sin el florecimiento de culturas seguras de sí mismas y capaces de enriquecerse mutuamente” tiene hoy un sentido renovado debido a la floración de sectarismos en el seno mismo de democracias consolidadas, ofertas políticas para las que las reglas de la democracia son un estorbo en cuanto llegan al poder. Recuérdese y véase la rudeza de personajes tan del momento como Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan y tantos otros que, con su comportamiento, han confirmado que el paso por las urnas fue para ellos un mero trámite sin ulteriores compromisos morales.

Los impugnadores de las pautas democráticas han encontrado en los sinsabores de la pandemia el terreno abonado para su populismo demagógico. Su falseamiento de la realidad cautiva a algunos auditorios ávidos de superar el momento y realizar un rápido viaje de retorno al pasado. Claro que tal viaje no es posible, pero la mistificación es suficiente para que la lógica populista ocupe audiencias y espacios de poder, sume adeptos y erosione la democracia con promesas ajenas a los datos del presente, sumida la aldea global en una crisis sin fronteras.

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