EEUU, enfrentado consigo mismo

Aunque Joe Biden ocupe finalmente la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el daño infligido por Donald Trump al sistema, a las reglas esenciales de la democracia y al respeto a las instituciones seguramente permanecerá en el imaginario colectivo de Estados Unidos mucho más tiempo del deseable. La alocución del presidente la madrugada del viernes fue una sarta de disparates y falsedades manifiestas, una insólita ceremonia de intoxicación que reprobaron de inmediato los grandes medios –algunas televisiones cortaron la conexión a mitad del monólogo–, encaminada a desacreditar un recuento que no por farragoso e inacabable es menos legítimo y está menos sometido a toda clase de garantías. Al insistir en la división entre votos legales (los contados la noche electoral) e ilegales (los escrutados en los días siguientes) y pedir la suspensión de los recuentos allí donde iba perdiendo o se acortaba la ventaja que le sacaba a Biden, Trump llevó su desprecio por las normas más allá de toda medida.

Nada hay de nuevo o inesperado en el comportamiento de la Casa Blanca, que ha movilizado a un número enorme de abogados para impugnar el proceso; todo fue advertido y adelantado por el presidente durante la campaña, como si el único resultado aceptable fuese su victoria; nada puede sorprender hoy ante la amarga frustración de un candidato que aun obteniendo siete millones de votos más que en 2016 se ve superado por un adversario que ha conseguido ocho millones más que los sumados por Hillary Clinton. Un dato que, en otras circunstancias, debería interpretarse como un síntoma de buena salud de la democracia participativa, pero que para el caso se antoja más un signo inquietante de la división de una sociedad, de la rivalidad irreconciliable entre dos realidades excluyentes: puede decirse que medio país ha dejado de soportar al otro medio o eso parece. La tensión en la calle en cuanto se cerraron las urnas, las proclamas en apoyo de un recuento hasta el último voto o, en sentido contrario, para la suspensión del proceso nada bueno presagian porque el caudal de las dos riadas desborda los cauces cívicos.

La condición de hombre-pueblo que cabe atribuir a Trump –“yo soy vuestra voz”, dijo durante la campaña de 2016 a auditorios entregados–, transformada en culto a la personalidad durante su mandato a través de todos los instrumentos a su alcance, ha desembocado en algo parecido a una militancia política sobrevenida, como si los movilizados de cada bloque creyesen que el otro es la semilla a punto de germinar de una distopía. Y quien ha incitado esta confrontación insana desde el primer día ha sido sin duda el presidente, convertido en el culmen de un proceso que se inició con el conservadurismo del Tea Party, siguió con la llegada al poder de la prédica neocon con George W. Bush, continuó con la desfiguración del Partido Republicano y ha llegado hasta esta mezcla sin precedentes de populismo, egolatría y desprecio por las convenciones. Serenar los espíritus se vislumbra ahora mismo una empresa imposible.

“Una amplia proporción del electorado optó por el sociópata”, titula Tom Nichols su artículo en The Atlantic; “no debería ser necesaria la mayor participación de votantes en la historia de Estados Unidos para garantizar que un presidente rechazado por la mayoría del pueblo estadounidense deje de ser presidente”, escribe en la misma publicación David Frum, que fue redactor de discursos de Bush hijo. El diagnóstico de Nichols es visceral, en consonancia con el aire que se respira: “No importa cómo acabe esta elección, América es ahora un país diferente. Cerca de la mitad de los votantes han visto a Trump en todo su esplendor –sus diatribas infantiles, sus desastrosas y letales políticas, su desprecio por la democracia en todas sus formas– y decidieron que querían más de eso”. El de Frum tiene más profundidad porque atañe a la solvencia misma del sistema, a la fiabilidad de las instituciones y a la alternancia no traumática del poder. Entre ambos límites se concreta la reacción de una opinión pública que asiste atónita o crispada a un espectáculo que causa sonrojo incluso entre aquellos republicanos –Marco Rubio, Mitch McConnell y algunos otros– que entienden que la Casa Blanca ha traspasado todos los límites.

Decir que Trump ha decidido quemar sus naves es solo una aproximación inmediata al caso. Lo que realmente importa si funcionan los mecanismos de control del poder que establece la Constitución y hay relevo en la presidencia, es que el trumpismo se ha instalado en el andamiaje político de Estados Unidos para quedarse, aun perdiendo la presidencia, porque desborda energía, porque ha suplantado al Partido Republicano como gran adversario del Demócrata. La mutación genética es muy relevante: el partido –la institución– se ha visto ampliamente superado por la dinámica de un personaje ajeno a la historia y tradiciones de la formación, que ahora depende en todo de su poder de captación.

La repercusión mundial del proceso en curso será notable en términos de consolidación de diferentes modalidades de populismo de extrema derecha. Tiene mucho sentido la teoría de Peter Baker y Maggie Haberman expuesta en The New York Times según la cual Trump abre el camino para disputas legales sin futuro para presentarse luego como mártir de la causa, como alguien vencido por sus enemigos con malas artes, pero sobrado de seguidores en todo el país. Otra manera de reforzar su figura de hombre-pueblo y de dejar a un lado los requisitos inherentes a la democracia. A Trump le da igual el principio de checks and balances (controles y equilibrios) que se desprende de la Constitución, y muchos de sus seguidores en la calle consideran que las cosas han ido demasiado lejos en los campos cultural, social y político como para detenerse en enojosos detalles. A lo que debe añadirse que la presidencia de Barack Obama fue la gota que colmó el vaso para una gran parte de la llamada América profunda.

Si finalmente se da el relevo, la primera tarea de Joe Biden será una triple misión poco menos que imposible: recoser los costurones que seguramente dejará la larga disputa en los tribunales que se avecina, sanear el clima político para que deje de ser un combate sin reglas y restablecer los consensos sociales básicos. Porque el enconamiento presente, por muchas que sean las razones que lo expliquen, no hará más que agravar el enfrentamiento del país consigo mismo, debilitará la democracia y erosionará la influencia de Estados Unidos, la hiperpotencia de finales del pasado siglo y comienzos de este sumida hoy en una crisis de identidad sin parangón.

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El Congreso aísla a Vox

La derecha española llegó el jueves a la conclusión, siquiera fuera por un día, de que la única forma de contener a la extrema derecha es “enfrentarse directamente, frontalmente, a su discurso”, como sostuvo en Barcelona hace dos años el politólogo francés Sami Naïr. No hay atajos o veredas que permitan otra neutralización de la enfermedad política que se expande por Europa con inusitada rapidez y que amenaza con necrosar el tejido democrático del continente en muchos lugares, no solo en Polonia y Hungría, donde la crisis de las libertades remite a un fallo multiorgánico. Después de escuchar la venenosa ración de sectarismo, xenofobia, antieuropeísmo y trumpismo administrada por Santiago Abascal a la opinión pública mediante la defensa de una moción de censura, lo único que cabe esperar del Partido Popular es que, de acuerdo con el discurso pronunciado por Pablo Casado, deje de blanquear la oferta de Vox, que es tanto como decir que deje de rescatar del vertedero de la historia la herencia del franquismo.

Es posible que Abascal hiciese el ridículo a partir del momento en que Pedro Sánchez le respondió con el que quizá ha sido su mejor discurso desde que es presidente del Gobierno, pero es asimismo posible que el menú de disparates de Abascal fuese muy esclarecedor de la verdadera carnadura moral de Vox. Hasta ahora, el populismo neofranquista del partido se había manifestado por entregas, como un manual por fascículos de la extrema derecha; en la tribuna del Congreso lo resumió Abascal con el léxico agresivo y excluyente propio de los totalitarismos, con apelaciones explícitas e implícitas que entroncan directamente con la versión corregida y aumentada de las proclamas ultra que Blas Piñar llevó por primera vez al Congreso en los albores de la restauración democrática.

Finalmente ganó Europa, la tradición política y ética de Europa, inquieta por el populismo que arrecia en el Este. “Casado se aleja del trumpismo y Sánchez se aleja de la línea Óder-Neisse [al aparcar la reforma para la elección del CGPJ]”, ha escrito Enric Juliana en La Vanguardia, una percepción que puede completarse con esta otra: son demasiados los precedentes devastadores para la derecha clásica debidos a la complacencia o tolerancia con la extrema derecha desafiante. Singularmente, en la colonización del Partido Republicano de Estados Unidos a partir de la aparición del Tea Party, hace una década, de la marginación de voces críticas y de la aceptación por su establishment de una situación nueva, que en gran medida no controlaba, pero que era y hasta ahora es electoralmente eficaz. Una situación que llevó a la mutación genética alentada por la elección de Donald Trump en 2016.

El resultado de la votación en el Congreso, sin abstención alguna, es un primer muro de contención; estos 52 síes y 298 noes, una diferencia insólita en las mociones de censura que hasta la fecha se han presentado, es un gesto de salud democrática. Pero habrá que ver en los días que se avecinan qué continuidad tiene en aquellos entornos en los que Vox es determinante para que los gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos sigan adelante. Los cordones sanitarios en torno a los partidos ultra dispuestos en Alemania y Suecia, entre otros países, están lejos de formar parte de la estrategia diseñada por los estados mayores de los dos partidos de la derecha española después de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ambas fuerzas defienden las coaliciones en minoría con apoyo externo de Vox como parte de la lógica política, cuando en la práctica adulteran la cultura democrática, que entiende que no cabe concertar compromisos con fuerzas no democráticas, colectivos que persiguen liquidar la democracia, pero que se sirven de sus palancas institucionales para acabar con ella.

Ese sería en principio el hilo argumental de Cayetana Álvarez de Toledo y de cuantos jalean sus discursos si no fuera por su “no al no” que promovió antes de que empezara el debate de la moción. Hubo en el parti pris de la diputada la confirmación de que siguen teniendo cobijo en el PP quienes añoran ingredientes esenciales de un pasado no por lejano, olvidado, sino más bien añorado, sobre todo en cuanto atañe al monolitismo cultural, el centralismo, la pretensión o encantamiento de un país uniforme, por lo demás inexistente, pero deseado por algunos. Se trata de una facción o ala o tendencia que abjura del diseño constitucional y reprocha al Gobierno una interpretación laxa de la Carta Magna y de las reglas siempre complejas consustanciales a un Estado descentralizado.

Si en su día el gran acierto de Manuel Fraga fue meter dentro del PP a la derecha más conservadora y refractaria, la historia demuestra que aún es numerosa y activa la minoría que manifiesta gran incomodidad ante la impugnación del legado franquista, de un régimen vesánico y liberticida. La simple desaparición del callejero de Madrid de Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero sirve de prueba del nueve de esa movilización permanente de una minoría para reivindicar el ominoso pasado a la que con demasiada facilidad y frecuencia se someten el PP (con más intensidad) y Ciudadanos (con menos entusiasmo).

No hay ninguna señal de injusticia o abuso en el aislamiento en el Congreso de Abascal y los suyos, sino un reproche generalizado por cuanto proponen. Contra el parecer de quienes dentro del PP lamentan, con la boca pequeña o sin tapujos –de nuevo Álvarez de Toledo–, el trato dispensado al líder del Vox, el hecho es que la democracia parlamentaria solo puede defenderse desacreditando a quien es su enemigo objetivo. Y en un país en el que se ha abierto el melón de la solvencia o consistencia de la forma de Estado es especialmente oportuno encauzar el debate, si se da, en términos que impidan a los portavoces ultras con sus insensateces presentarse como los grandes defensores de la Corona, de la monarquía parlamentaria y del llamado régimen del 78 por parte de la izquierda y por diferentes nacionalismos con inquietudes secesionistas. Acabar con la crispación alocada de todos los días es una necesidad cívica.

 

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La pandemia atenaza Europa

La segunda ola de la pandemia ha sumido a los europeos en una mezcla tóxica de desorientación y escepticismo por lo que puede deparar el futuro, ha dejado al desnudo la debilidad o la improvisación de muchos liderazgos y ha alentado la reacción disparatada de algunos políticos que creen haber encontrado en la extensión de la enfermedad el arma ideal para desbancar a sus adversarios (el caso español, uno de los más relevantes). Mientras se dispara la curva de contagio y la comunidad científica reclama que se limite la dinámica social a lo estrictamente necesario, hay quien se parapeta en la toga de los jueces para arremeter contra quienes, por lo menos, anteponen la salud de sus conciudadanos a otras consideraciones. Mientras todo esto sucede, opiniones públicas saturadas por informaciones cruzadas, a menudo contradictorias, y por redes sociales que difunden toda clase de teorías extravagantes, se preguntan ¿y ahora qué?

La oportunidad regenerativa que el filósofo Emilio Lledó vio en mayo en la lucha contra el virus se ha desvanecido en gran medida porque una realidad acuciante se ha adueñado del centro del escenario. Una forma insensata de desunión a la hora de afrontar la enfermedad ha sentado a los europeos ante sus propias limitaciones; ha hecho aflorar en España todas las carencias de un modelo descentralizado, pero sin instrumentos de coordinación efectiva de las autonomías; ha puesto en evidencia la estupidez economicista cometida en muchos países, no solo en España, al recortar los recursos de la sanidad pública; ha dejado al descubierto como una falacia la pretendida solidez de estructuras sociales que se desmoronan.

Cuando el profesor italiano Massimo Cacciari afirma que la pandemia “es un formidable acelerador de tendencias culturales y sociales que existían desde hace décadas” evita presentar la crisis desencadenada por la enfermedad como una puerta abierta a la regeneración. Más parece que lo que ahora se concreta de forma acelerada –“la organización general del trabajo, la hegemonía de los sectores económicos y financieros conectados a las nuevas tecnologías, la crisis de las formas tradicionales de democracia representativa”– no es más que un cambio inexorable que causa la quiebra del pacto social porque se da sobre la marcha y va por delante de las iniciativas políticas que pretenden gestionarlo.

El programa de reconstrucción impulsado por la Unión Europea pone el acento en la energía verde, la contención de la emergencia climática y la digitalización en todas direcciones. Al mismo tiempo, el aumento del paro derivado de la hibernación de la economía y la marcha atrás en muchos ámbitos a causa de los rebrotes, obliga necesariamente a retrasar los efectos beneficiosos que puede tener el plan promovido por Bruselas. Y aun en el caso de que tales efectos se pongan de manifiesto a medio plazo, no hay garantías de que sean suficientes para rescatar de la marginalidad a un número indeterminado, pero muy alto de familias europeas, cuyo modo de vida se ha llevado por delante el covid-19 y ha agudizado las desigualdades. La pregunta contenida en un editorial de The New York Times es perfectamente aplicable a Europa: “¿Cuánta gente se verá condenada a una prolongada marginalidad a causa de la crisis económica?”

El punto de interrogación es pertinente porque del precedente dejado por la salida de la crisis de 2007-2008 cabe sacar bastantes enseñanzas. Acaso la principal sea que doce años después de que se tambaleara la economía, aún son muchos los que han visto su estándar de vida disminuido y es un hecho que segmentos muy importantes de la clase media perdieron un poder adquisitivo que no han recuperado. Quizá la segunda lección relevante es el ascenso de la extrema derecha, de un populismo oportunista de inspiración neoliberal o iliberal que gana espacios de poder elección tras elección o bien obliga a los grandes partidos que construyeron la Europa de la posguerra a pergeñar apresuradas alianzas para afrontar el desafío (Alemania, el ejemplo más ilustrativo).

El empresario alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, advierte: “Las reglas de comercio, tributación y competencia que reflejan décadas de influencia neoliberal ahora tendrán que ser revisadas. De lo contrario, el péndulo ideológico –ya en movimiento- podría oscilar de vuelta hacia el proteccionismo a gran escala y hacia otras estrategias económicas perjudiciales para todos”. Tal revisión es ineludible porque el proteccionismo se ha convertido en una de las señas de identidad de los eurófobos, los euroescépticos y otros especímenes ideológicos que no pretenden corregir los excesos de la globalización, sino herirla de muerte. Pero, de nuevo, los cantos de sirena proteccionistas en el seno de sociedades que están lejos de haber controlado la enfermedad cuentan con auditorios predispuestos a escucharlos.

La defensa de la salud opuesta a la preservación de la economía parte de un falso dilema porque sin proteger la salud no es posible proteger la economía. Cuanto más tiempo sean necesarias medidas excepcionales que limitan actividades económicas o simplemente las impiden, mayor será el impacto en la economía, que es tanto como decir en el mercado de trabajo, en la viabilidad de las empresas y en el sostenimiento de los amortiguadores sociales que atenúan la onda expansiva de la crisis. Es esta una opinión compartida por la mayoría de analistas, pero que el populismo negacionista se resiste aceptar, aunque las cadenas de contagio se disparan sistemáticamente allí donde prevalece una presunta protección de la economía. Si a ello se suma la brega para erosionar a los contrincantes  políticos –véase Madrid–, se provoca una situación moralmente reprobable y materialmente ruinosa.

“No habrá recuperación sostenible de la economía y del empleo mientras no logremos cicatrizar las heridas mentales y sociales que deja la pandemia”, ha escrito en EL PERIÓDICO el profesor Antón Costas. A los ciudadanos europeos, en general a los ciudadanos de Occidente, nos queda mucho camino por recorrer: de momento, nos hemos instalado en la fase depresiva, que no es incompatible con cierto hartazgo y una sensación colectiva de fracaso. Transitar a través de esa densa neblina requiere el concurso de dirigentes políticos dispuestos de antemano a no manipular las emociones, a olvidarse de los eslóganes y a no dar falsas esperanzas. El recuento de víctimas es demasiado alto como para que salgan indemnes quienes se entreguen a tales prácticas reprobables.

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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Trump y “El cuento de la criada”

Después del primer debate de campaña entre Donald Trump y Joe Biden ha quedado meridianamente claro que el presidente no aceptará el 3 de noviembre otro resultado que no sea el de su victoria. Se trata de una situación insólita en la historia de Estados Unidos que da pie a los peores presagios o, como mínimo, hace temer que el escrutinio se prolongue lo indecible, se ponga en marcha una campaña de intoxicación informativa desde la Casa Blanca, se multipliquen los recursos ante los tribunales y quién sabe si, en caso de relevo, el presidente saliente obstaculizará finalmente el traspaso de poderes. Todo es posible porque, al tiempo que los analistas menos apasionados coinciden en que los grandes perdedores del debate del martes fueron los electores, las encuestas siguen dando una ventaja sustancial a Biden y pronostican que Trump tiene todas las de perder en alguno de los swing states que le dieron la victoria en 2016.

Hay tres factores desde la noche ominosa del 29 de septiembre que pueden agravar la situación de Trump: el positivo en coronavirus de él y su esposa, la negativa del equipo de la campaña presidencial a cambiar algunas reglas para el segundo debate a fin de evitar el espectáculo bochornoso del primero –Biden fue interrumpido más de 30 veces– y la inquietud de una parte seguramente minoritaria, pero significativa del establishment republicano. Al enfermar el matrimonio Trump han quedado más en evidencia que nunca los disparates y la estupidez presidencial al encarar la pandemia –“solo quiero decir que el final de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores en la historia de nuestro país”, declaró pocas horas antes de certificarse su contagio–; al no aceptar cambios en el formato de los debates propuesto por la comisión nacional ad hoc certifica que donde se siente más a gusto es en medio de un barrizal; al multiplicarse las opiniones de republicanos compungidos se manifiesta una alteración de efectos imprevisibles en el ecosistema electoral del partido.

Joe Scarborough, un exmiembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Florida y respetado analista, sostiene en The Washington Post que el comportamiento de Trump en el primer debate “probablemente le costará la reelección” porque la reacción que suscitó fue “rápida y radical”. Scarborough recoge opiniones autorizadas como la del historidor Jon Meacham, premio Pulitzer –“fue el momento más bajo de la presidencia desde los informes racistas de Andrew Johnson”–, la del también historiador Michael Beschloss –“la democracia fue barrida”– y la del periodista Bob Woodward, que acusa a Trump de “asesinar la presidencia”. Todo remite en el fondo a la opinión tantas veces manifestada por el senador por Arizona John McCain, republicano, fallecido en 2018, que no dejó de deplorar hasta el último días la forma y los mensajes del presidente, siempre hirientes, siempre desaforados, siempre despectivos con sus adversarios.

Nada hay de extraordinariamente original en la vulgaridad del personaje, en su falta de principios, en la catadura moral de quienes le inspiran o en quienes se apoya para capturar la atención de un segmento muy importante de votantes conservadores que han encontrado en la propuesta política de Trump el antídoto a cuanto les molesta procedente de Washington, de los ambientes liberales, de quienes discuten la posesión de armas, de quienes recelan de la proliferación de predicadores retardatarios, afectos a una aplicación radical y zafia de las escrituras. Son los mismos electores que acogieron con angustia la elección de Barack Obama, los mismos que se reconocen como guardianes de las esencias en la llamada América profunda. Son electores que nada tienen que ver ni política ni culturalmente con los electores de estados industrializados, votantes asimismo de Trump, dañados por los efectos sociales de la salida de la crisis de 2008, que optaron por él en 2016 porque creyeron que sanaría sus heridas.

Lo cierto es que la pandemia ha trastocado todos los esquemas, y el endurecimiento del presidente tiene mucho que ver con la tragedia humana y la crisis económica que ha desencadenado. Todo cuanto dice, hace y prevé el presidente está íntimamente relacionado con esa realidad inesperada e insoslayable, desde la propuesta de que Amy Coney Barrett, una integrista católica, sea la sucesora en el Tribunal Supremo de la progresista Ruth Bader Ginsburg, hasta su mención positiva en el debate de los Pround Boys, una organización supremacista blanca (Trump renegó de sus palabras dos días después para remansar las aguas en el Partido Republicano, pero fue demasiado tarde).

No es de extrañar que lo que Donald Trump hace y representa se vea a menudo como una precuela de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y de la subsiguiente teleserie; no debe sorprender que se perciba como el primer sillar de un universo que tiende a las ideas totalitarias, que discute las reglas básicas de la democracia liberal, que ve a la Administración federal como un mecanismo intrusivo. De momento, la Casa Blanca ha sido capaz en cuatro años de alterar la relación entre republicanos y demócratas de tal manera y con tal intensidad que ha agudizado sin freno la división social; ha convertido en norma el desprecio al adversario hasta hacer imposible las políticas bipartidistas, consustanciales al sistema.

Martin Luther King III dijo el mes de junio, a propósito de los disturbios raciales en varias ciudades, que el presidente “se mantenía sordo a la realidad” e “incitaba a la violencia”. Lo más probable es que no se trate de sordera, sino de la traducción práctica del eslogan Ley y orden, pasadas ambas exigencias por el tamiz de la extrema derecha, de igual manera a cómo en la obra de Atwood el fundamentalismo religioso da origen de una teocracia asfixiante y cruel. Hay algo de intrínsecamente dañino en el mundo de Trump porque atenta directamente contra la vigencia de la democracia; en el entorno de la Casa Blanca se esconde algo de profundamente peligroso para la solvencia moral del poder, para la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes. Declarar que “la democracia está amenazada”, como han hecho un grupo de escritores estadounidenses, convocados por Paul Auster y Siri Hustvedt, no es resultado de un alarmismo extemporáneo, sino de una atmósfera irrespirable que envenena el futuro.

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El PP, bajo sospecha

La rentrée política se ha emponzoñado a las primeras de cambio con demasiados ingredientes para enfrentar al Gobierno y al PP, para convertir en un crucigrama la formación de una mayoría suficiente capaz de aprobar el presupuesto. La estéril discusión en la que ha derivado la gestión de la pandemia y la secuela de rebrotes –quizá sea la segunda oleada, pronosticada para más tarde– corre el riesgo de quedar oscurecida por el contenido de la causa que se sigue contra responsables del Ministerio del Interior encabezado por Jorge Fernández Díaz, tiempos de Mariano Rajoy.

La pretensión de Pablo Casado de presentar el asunto como “investigaciones judiciales de tiempos muy pasados” apenas logra desvanecer la sensación de que algo huele a podrido y obliga a los populares a producir cortinas de humo. El problema es que el trabajo realizado por el juez José de la Mata y la pretensión de la fiscalía de que se investigue a Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP cuando sucedió todo, y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro contienen suficiente información como para pensar que la dirección popular participó con plena advertencia en la operación policial destinada a entorpecer la investigación propiciada por los famosos papeles de Luis Bárcenas, tesorero en su día del partido. Lo realmente demoledor es la presunción de que la caja b del partido se nutrió de fondos reservados para espiar a Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. Y aquí el término presunción es poco más que un formalismo léxico: se recurre a él porque el momento procesal impone utilizar esta palabra y no otra.

Dicho de otra forma: la impresión imposible de borrar es que el Gobierno que presidía Rajoy, o al menos una parte de él, echó mano de la llamada policía patriótica, organizada en los despachos de Interior, quiso emborronar las pesquisas encaminadas a establecer el alcance de los papeles de Bárcenas, quiso imposibilitar la aclaración de supuestos pagos encubiertos a líderes del partido. Todo lo demás es importante, pero no determinante; que el nombre de José Manuel Villarejo aparezca en medio del pastel es significativo, pero es del todo insuficiente para desviar la atención hacia quienes desde el poder ejecutivo pudieron hacer de su capa un sayo. Y todo eso no sucedió hace tanto tiempo, como pretende Casado, sino en el periodo 2013-2015.

Que haya una investigación abierta que afecta a Unidas Podemos no quita gravedad al caso que instruye el juez De la Mata. Basta recordar que Pablo Casado fue a partir de enero de 2015 portavoz del comité de campaña de las autonómicas y municipales de ese año y a partir de junio, vicesecretario de comunicación para deducir que se encontraba muy cerca del núcleo duro del partido. De tal manera que puede verse en el trance de comparecer en la comisión de investigación impulsada en el Congreso por el PSOE y por Unidas Podemos y en la lógica necesidad de establecer una distancia física y ética entre él y sus antiguos jefes, Rajoy y De Cospedal, a quienes los socialistas piensan citar a declarar. Un regate que entraña riesgos porque, según lo concrete, puede dar pie a aplicar la locución excusatio non petita, accusatio manifesta.

Para una población sometida a la doble presión de la pandemia y de un horizonte económico borrascoso, el enésimo caso de corrupción es desmoralizador, desprestigia la política y a los políticos, suministra material de primera calidad a los predicadores del populismo y alimenta a la extrema derecha. El olvido de la famosa frase de Bertrand Russell “no creas conveniente actuar ocultando pruebas, pues las pruebas terminan por salir a la luz” arruina la confianza en las instituciones, en quienes figuran en ellas, y este último escándalo no hace más que contribuir a tal distorsión. Demasiadas veces el ejercicio del poder recuerda las últimas palabras de Kurtz en El corazón de las tinieblas: “El horror, el horror”. Con la consecuencia añadida de que cuantos ejercen sin tacha el poder, sea este grande o pequeño, resultan salpicados por quienes lo degradan.

Para la consistencia de la democracia, lo peor es la reiteración de los comportamientos irregulares o sometidos a sospecha o juzgados y sentenciados: desde los ERE de Andalucía a las cuentas del rey emérito, del caso Pujol al caso Palau. Todo conspira en contra de la confianza en la democracia cuando el veneno de la corrupción infecta la política con episodios como el del PP. Con el daño añadido de que mucho antes de que haya sentencia firme, la consistencia de las pruebas induce a la opinión pública a pasar de la presunción de inocencia a la de culpabilidad, una reacción inevitable si, además, se multiplican las explicaciones poco convincentes, forzadas, sesgadas y retóricas como es el caso.

Hay demasiados precedentes dentro y fuera de España de hasta qué punto crece la bola de la corrupción en cuanto empieza a deslizarse por la “pendiente ruinosa” (Enrico Berlinguer). ¿Qué dimensiones adquirirá al final el caso en curso? ¿Había dado Rajoy el visto bueno a la policía patriótica? ¿Qué operaciones, compromisos y salarios opacos se pagaban con la caja b? ¿De dónde salía el dinero? En realidad, estas son solo unas pocas preguntas de las muchas que pueden formularse y merecen tener cuanto antes una respuesta precisa. De no ser así, saldrá reforzada la idea muy extendida de que todo se oculta, todo se tapa para que nada trascienda y se ponga oficialmente en duda la solvencia del sistema, la probidad de quienes deben servirlo y no servirse de él con manejos inconfesables. Cuando a Richard Nixon le preguntó un periodista, años después de su dimisión, cómo lo hicieron él y sus colaboradores para desviar fondos de la campaña electoral de 1972 para financiar actividades encubiertas, el expresidente fue escueto y tajante: “Lo hicimos mal; actuamos mal”. El reconocimiento del atropello tardó en llegar, pero al final llegó. Veamos aquí.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Trump encanalla la campaña

La tensión social en la calle y las bravuconadas de Donald Trump han envenenado la atmósfera en Estados Unidos más allá de toda previsión. Si la fractura social y el enconamiento político disponen hoy de una imagen elocuente, esta es la de las calles de Estados Unidos, sede de la indignada y casi siempre pacífica reacción de cuantos piensan que el asesinato de George Floyd ha sido la gota que colma el vaso, y la conducta de la Casa Blanca, la prueba evidente de que las convenciones democráticas se han visto arrolladas por una mezcla de autoritarismo, populismo y demagogia destemplados. Trump ha decidido que la reelección bien vale degradar el sistema y ponerlo al servicio de sus intereses y objetivos, sin disimulos que valgan.

La urgencia presidencial por sobreponerse a varios problemas concatenados –la desastrosa gestión de la pandemia, con más de 100.000 muertos, los 40 millones de parados provocados por la congelación de la economía y la brutalidad policial puesta de manifiesto por enésima vez en Minneápolis– le han llevado a buscar en la unión en torno a la bandera el contrapeso a lo que señalan encuestas bastante fiables hechas la última semana de mayo: por primera vez la intención de voto por Joe Biden vence a Donald Trump. “La gente está asustada y quiere líderes que tomen decisiones y soluciones simples. Está dispuesta a darle al presidente el beneficio de la duda. De momento”, según explica Michael Paarlberg, de la Virginia Commonwealth University, en un artículo publicado por el think tank Cidob, pero esta necesidad no es ni un cheque en blanco ni garantía de nada. Casi todos los presidentes han logrado la reelección desde el final de la segunda guerra mundial –solo tres fracasaron en el intento–, pero ninguno desempeñó un papel tan determinantemente divisivo, y tampoco ninguno, ni siquiera Richard Nixon, se dedicó de forma tan sistemática a manipular las emociones.

George F. Will, un prestigioso comentarista de The Washington Post, afirma que hay que echar a Trump para sanear la política y el respeto institucional. Decisiones tan extravagantes como bloquear la Casa Blanca para acercarse a la iglesia de San Juan y retratarse con una Biblia en la mano, declaraciones como que el país “necesita ley y orden” después de haberse ocupado de calentar los ánimos, atribuir las protestas a un supuesto movimiento antifa –tradúzcase antifascista–, cuando tal cosa no existe, y amenazar con recurrir al Ejército para acabar con las manifestaciones son solo algunas de las etapas en la escalada de Trump hacia un horizonte inevitablemente preocupante.

La conducta del presidente, dice Will, “ha demostrado que la frase bufón maligno no es un oxímoron”, y ha dejado en evidencia al Partido Republicano, que no cumplió en 2016 con la función primaria de toda formación política de “otorgar su imprimatur a los candidatos”, sino que consintió en nominar a un “personaje vulgar”. Quizá la vulgaridad se haya tornado pesadilla y quizá el republicanismo clásico se ha llevado demasiado tarde las manos a la cabeza, pero es muy significativa la alarma de algunos de sus militantes influyentes –George W. Bush entre ellos– y de conservadores sin adscripción política, pero que estuvieron al lado de Trump al inicio de su presidencia, como el general James Mattis, exsecretario de Defensa. Lo mismo puede decirse del titular en ejercicio al frente del Pentágono, Mark Esper, en una país en el que el prestigio de las fuerzas armadas es un valor transversal.

A los motivos inmediatos de alarma hay que añadir aquellos relacionados con la convocatoria electoral del 3 de noviembre. ¿Qué manejos se puede traer Trump para adulterar o condicionar la votación? ¿Puede el presidente obstaculizar el ejercicio del voto por correo? ¿Está la Casa Blanca dispuesta a tocar las urnas? No son estas preguntas a humo de pajas, sino que con estas u otras palabras las planea Reid J. Epstein en The New York Times. Entre las posibilidades que baraja el analista, que no es un afecto a la teoría de la conspiración, figura esta: “Después de que Biden gana por estrecha victoria en el Colegio Electoral, Trump se niega a aceptar los resultados, declara que no abandonará la Casa Blanca y rehúsa permitir el acceso habitual del equipo de transición de Biden a las agencias antes de la toma de posesión el 20 de enero”. Verdaderamente perturbador, siquiera se trate de una mera hipótesis.

La tarea fundamental de los demócratas es convencer a una parte de los electores que en 2016 votaron por Trump, atraer a los jóvenes que en las primarias apoyaron mayoritariamente a Bernie Sanders y movilizar el voto afroamericano en la misma proporción que lo consiguió Barack Obama en 2008 y 2012. En teoría, con la crisis económica castigando a la clase media, debería ser relativamente fácil lograr tales objetivos en las grandes ciudades, pero el perfil social de los estados poco poblados y alejados de los grandes centros de poder –económico, político, cultural y de todo orden– plantea serias dudas sobre la capacidad demócrata de movilizar en su favor a los indecisos. Michael Paarlberg da una serie de razones que inducen tradicionalmente a los votantes a apostar casi siempre por la reelección y añade la que llama “obsesión demócrata por los swing states”, cuando en esta ocasión la elección se dilucidará en un ambiente de crisis sin precedentes, propicio para un enfoque binario de los problemas.

¿Puede la implicación de Barack Obama en la campaña cambiar el rumbo demócrata? La declaración del expresidente difundida el miércoles por las grandes cadenas de televisión da a entender que algo se ha puesto en movimiento para neutralizar el efecto electoral de los arrebatos de Trump. Más allá del entorno presidencial, nadie pone en duda la decencia de Biden, pero en una campaña encanallada hasta el paroxismo solo la solvencia del liderazgo de Obama parece capaz de dejarse oír por encima del ruido ensordecedor que emiten a todas horas los estrategas de la Casa Blanca. Es algo necesario para Estados Unidos, para que deje de juzgarse la salud moral de la nación “por el carácter de aquellos a quienes se les confía el poder”, en feliz frase de George F. Will. Y es precisa la reacción moral frente a Trump para evitar que una generación quede señalada por las malas artes de un presidente.

Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.