A Netanyahu le mueven la silla

La posibilidad de que mediante diferentes argucias parlamentarias el voto de confianza para la ratificación del nuevo Gobierno de Israel se demore hasta el 14 de junio confiere al primer ministro en funciones, Binyamin Netanyahu, un margen de maniobra suficiente para frustrar el intento de ocho partidos de descabalgarlo del poder. La composición heteróclita de la coalición de Gobierno ahormada en torno a las figuras de Naftali Bennett (Yamina, extrema derecha) y Yair Lapid (Yesh Atid, centro), con la novedad absoluta de incluir a la Lista Árabe Unida (palestinos de nacionalidad israelí), es lógicamente muy volátil, debe convivir con contradicciones internas irresolubles y es muy vulnerable a los cantos de sirena que se emiten a todas horas para quebrar voluntades y hacer imposible la configuración en el Knéset de una mayoría.

Nada es muy nuevo ni muy diferente a la probada habilidad histórica de Netanyahu para dividir a sus adversarios y mantenerse en el puente de mando. Sí es una novedad que la coalición arcoíris hecha pública pretende ensamblar propósitos tan dispares como irreconciliables, empezando por los que figuran en los programas de los dos líderes de la operación. Mientras Bennett es partidario de la anexión de Cisjordania, Lapid lo es de la solución de los dos estados; mientras la Lista Árabe Unida dice haber obtenido garantías de que cesarán el derribo de casas palestinas, Bennett niega la mayor y se remite a las decisiones de los tribunales; mientras Lapid… Y así sucesivamente: incluso los analistas más favorables a la fórmula para jubilar a Netanyahu ponen en duda la durabilidad de la coalición que es tanto como decir que no se podrá cumplir la previsión de que durante los dos primeros años encabece el Ejecutivo Bennett y los dos siguientes, Lapid.

Hay que contar, además, con la necesidad imperiosa de Netanyahu de seguir en el cargo para bloquear la progresión de varias acusaciones por corrupción que se siguen en los tribunales. Como ha escrito un editorialista, el primer ministro de Israel con más años en el cargo está habituado a manipular o condicionar a su gusto el funcionamiento ordinario de las instituciones y, cabe añadir, ha tenido la habilidad de asegurar para su causa la fidelidad de los colonos, para quienes Netanyahu es una garantía. El analista Amos Arel ha llegado a escribir en el periódico progresista israelí Haaretz que “cuando hay tanto en juego” para el primer ministro, “no se puede descartar un estallido de violencia”, sea por razones internas o externas.

El enrarecimiento de la atmósfera política en Israel es un hecho, estimulado durante los últimos días por la sensación de que la operación contra Gaza daba a Netanyahu la posibilidad de restaurar viejas alianzas y dejar sin efecto el conglomerado de partidos gestado por sus adversarios. Se diría que el alto el fuego en la Franja, forzado por Estados Unidos, no dio tiempo al primer ministro en funciones de consumar su labor de zapa en las filas de Bennett-Lapid y, en cambio, permitió reconducir complicidades en la coalición armada para desplazarle. Un juego de equilibrios y desequilibrios en cuyo seno no tienen acomodo los proyectos a largo plazo.

La única argamasa que mantiene unidas las piezas para formar una nueva mayoría es la voluntad de los ocho partidos de echar a Bibi –diminutivo de Binyamin–, de acabar con la inercia frustrante derivada de la celebración de cuatro elecciones legislativas en dos años, de pasar página y salir de la inoperancia. Thomas L. Friedman compara en The New York Times los acontecimientos que se desarrollan en Israel con la movilización que logró desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. “Para comprender el drama político que se representa en Israel y la tentativa de formar una coalición de unidad nacional para derrocar al primer ministro Benyamin Netanyahu, no es preciso hablar hebreo –escribe Friedman–. Es suficiente comprender una cosa: Netanyahu enfurece a sus enemigos más que Donald Trump a los suyos”. Y establece a siguiente comparación: Bibi es a Trump lo que la coalición en ciernes es a Joe Biden.

Pueden añadirse aquí otras similitudes tan arriesgadas como las anteriores: el Likud es al ala ultraderechista que controla el Partido Republicano lo que el reformismo laico de Lapid es al Partido Demócrata. Pero acaso la mayor y mejor de todas las comparaciones es que hace el propio Friedman: “Al igual que Trump, la principal estrategia política de Netanyahu para ganar las elecciones ha sido fomentar un intenso culto a la personalidad y tratar de ganar y mantener el poder con escasa mayoría, dividiendo a Israel en tantas líneas como le ha sido posible. En su caso, principalmente judíos contra árabes, izquierda contra derecha, religiosos versus seculares y patriotas versus traidores”.

Sin líneas rojas, con todas las opciones posibles abiertas para cambiar de caballo a mitad de cualquier carrera, Netanyahu domina el arte del regate característico de los políticos sin grandes y reseñables compromisos ideológicos; para Netanyahu, cada día se empieza de cero y los aliados de hoy son los adversarios de mañana y viceversa si tal cosa sirve para seguir en el poder. Durante la presidencia de Trump se encontró con un socio excepcional; con Biden todo resulta más engorroso, menos confortable, incluso con el margen de tolerancia otorgado por la Casa Blanca a la escabechina de Gaza.

“En un país normal, entenderíamos que tiene que haber un cambio, y que formar un Gobierno que incluya un partido árabe podría representar un verdadero esfuerzo conjunto para resolver el problema con los árabes israelís y para ellos”, escribió en El País Etgar Keret en mitad de la crisis gazatí. Pero la anormalidad israelí no se ajusta a ninguna de las convenciones políticas o, por lo menos, a bastante de ellas; en el universo político israelí prevalece una idea de la normalidad que Karen Armstrong aplica en su monumental Historia de Jerusalén a la conquista del este de la ciudad en 1967: “Como dirían los cabalistas, en este momento en que Israel estaba de nuevo en Sión, todo en el mundo y en el cosmos entero había vuelto a su lugar apropiado”.

¿Es apropiado para una sociedad radicalmente dividida y culturalmente militarizada confiar el poder a una coalición de profundos discrepantes entre sí? Esa es la gran baza de Netanyahu: la explotación de las discrepancias para desarmar la mayoría antes de la votación de confianza en el Knéset. La mayor arma en manos de la oposición es el hartazgo de una opinión pública convocada cuatro veces a las urnas sin mayores consecuencias efectivas, con el covid-19 casi controlado y la necesidad inaplazable de sacar al país de una crisis económica galopante. La única esperanza para la comunidad palestina de los territorios ocupados es que el apoyo a la solución de los dos estados, expresada por Joe Biden, se traduzca en hechos, tenga eco en el seno de la coalición y no caiga en el olvido por enésima vez sin mayores efectos. Casi nada nuevo luce bajo el sol.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

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La Primavera Árabe se atascó

Diez años después del estallido de las primaveras árabes el cambio se ha registrado en el mapa geopolítico de Oriente Próximo, pero no se concretaron las expectativas de regeneración política que debían seguir a la movilización popular. Lo cierto es que hoy la situación objetiva en muchos países del orbe árabe ha empeorado más allá de cualquier previsión que pudiera hacerse en el bienio 2010-2011: Egipto es una dictadura militar tanto o más represiva que la que encabezó durante 30 años Hosni Mubarak; Libia, Siria y Yemen viven sumergidas en guerras que no parecen tener fin; el reformismo de los monarcas de Marruecos y Jordania apenas ha alterado el esquema básico de reparto del poder en ambos países; la Liga Árabe se atiene al diktat de Arabia Saudí, que incluye normalizar las relaciones con Israel y, de rebote, agrandar el agravio palestino; el estatus de Irak sigue dependiendo de Estados Unidos como potencia tutelar, pero está muy lejos de haber conjurado las tensiones sectarias.

Solo Túnez mantiene viva la promesa de las primaveras, aunque debe afrontar enormes dificultades para superar una situación económica que favorece la frustración, especialmente en el segmento de población menor de 30 años. Donde todo empezó y donde el desafío yihadista no logró vencer los propósitos reformistas, puede irse todo al traste a causa de la decepción que ha seguido a las grandes esperanzas. La lección tunecina que dio título a un ensayo de Sami Naïr queda muy lejos de la realidad presente, con tasas de paro diabólicas, el sector turístico en hibernación forzosa a causa de la pandemia y el partido Ennahda, islamista moderado, convertido seguramente en el gran beneficiado por los efectos de una crisis de compleja resolución.

La Primavera Árabe tuvo en un primer momento un componente de movilización colectiva de la identidad árabe por encima de los rasgos de identidad de cada Estado que los poderes fácticos consiguieron neutralizar, demasiadas veces a sangre y fuego y en algunas ocasiones mediante reformas cosméticas. El resultado final es perfectamente reconocible y ha sido útil para alterar el ecosistema regional con actores con intereses específicos –Rusia, Turquía, Irán–, junto a otros con una capacidad desestabilizadora –el Daesch– y de captación de voluntades en el mundo musulmán que sigue siendo vigente aunque ha desaparecido el califato. El desafío de los muyahidines no ha cesado porque no ha desaparecido ninguno de los factores que lo hizo posible, que lo legitimó y lo legitima a ojos de una parte no pequeña de la comunidad musulmana, en general, y de la árabe, en particular.

En los inicios de las primaveras se repitió mucho la idea de que Occidente no había previsto el acontecimiento y no sabía cómo encararlo. Lo cierto es que hizo fortuna la fórmula wait and see (esperar y ver) y fueron excepciones los gobiernos que anduvieron más allá y se comprometieron abiertamente con la nueva situación. En la práctica, esta actitud meramente contemplativa perjudicó el afianzamiento de los movimientos democratizadores. Al mismo tiempo que se decía que la calle árabe había perdido el miedo, debía haberse añadido que había aumentado en Occidente el temor a que los cambios redundaran en un aumento de la inestabilidad y una quiebra de la seguridad, puesta en parte en manos de autócratas zarandeados por los acontecimientos a partir de diciembre del 2010.

Algunas voces que llamaron la atención no fueron atendidas o solo lo fueron de forma episódica y cada vez fue mayor la distancia entre la movilización árabe y las cancillerías occidentales. La caída de Zine el Abidine ben Alí (Túnez) de Hosni Mubarak (Egipto) hizo sonar todas las alarmas, las guerras de Libia y Siria hicieron el resto junto a la brega saudí para dejar sin efecto la marea reformista. Puede decirse en el presente que la Primavera Árabe estuvo condenada al fracaso por la falta de complicidad occidental.

Mientras el profesor Henry Kissinger escribió en su momento que Estados Unidos debía habituarse a convivir con los nuevos gobernantes árabes si estos no dañaban los intereses estratégicos de Estados Unidos, otros entendieron que el cambio que se anunciaba iba a perjudicar grandemente la estrategia de seguridad occidental, el papel desempeñado por Israel en la región desde su nacimiento y la exportación de petróleo. Al final, la opinión más compartida a ambos lados del Atlántico fue que las primaveras podían poner en marcha mecanismos incontrolables de renovación de las élites políticas árabes con una afectación completa de la relación de Occidente con Oriente Próximo.

El agravamiento de la intensidad y complejidad de los flujos migratorios con destino a Europa, la crisis de seguridad provocada por el islamismo radical, la fractura social en las sociedades árabes y las disputas por la hegemonía regional tanto en el Mediterráneo Oriental como en golfo Pérsico están íntimamente relacionadas con el descalabro de las primaveras. Muchos de los factores de desestabilización que se identificaron como inherentes al cambio perseguido por los levantamientos populares se han concretado a causa justamente de la falta de apoyo externo que padecieron las primaveras en aras de una Realpolitik de consecuencias desastrosas.

Los líderes de las protestas cometieron, desde luego, errores enormes cuando se impuso la necesidad de hacer política, y la competencia de las organizaciones islamistas fue decisiva. Pero también lo fue la descomposición inmediata de los bloques opositores en cuanto pareció que las movilizaciones habían vencido, unido al apresuramiento de algunos líderes para disponer de cuotas personales de influencia y poder. Los bloques históricos de Túnez y Egipto se cuartearon poco menos que al día siguiente de la victoria y enseguida se hizo evidente la pugna entre los partidarios de secularizar el Estado y sus adversarios declarados. Con el vaticinio hecho entonces de que si en Egipto no se asentaba la reforma, difícilmente lo haría en la mayoría de países árabes, algo que ha confirmado en todos sus extremos el relato de lo sucedido a partir del golpe de Estado en Egipto de los generales, el 3 de julio de 2013, que liquidó el experimento de Gobierno de los Hermanos Musulmanes.

La cadena de acontecimientos no debe inducir a creer, sin embargo, que las sociedades árabes han caído en un conformismo estéril. Antes al contrario, la frustración generada por la ocasión perdida ha instalado en el ánimo de amplias capas sociales un clima de desaprobación y disgusto que alimenta la tensión que de vez en cuando se manifiesta en la vía pública –Líbano, Sudán– y puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar por el motivo más insospechado. Lo que es imposible adelantar es quiénes y en qué condiciones encabezarán en el futuro las muestras de descontento.

 
 
 
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Irak, una crisis muy envenenada

El recuerdo de la invasión de Kuwait por Irak hace treinta años (2 de agosto de 1990) lleva inevitablemente a la conclusión de que aquella operación desencadenó un proceso de degradación del statu quo en Oriente Próximo que está lejos de haber sido contenido. Aunque quizá sea más adecuado remontarse a 1980, cuando Estados Unidos decidió inducir una guerra entre el régimen iraquí de Sadam Husein y el iraní de los ayatolás para contener la capacidad de contagio de este último en la región. Las administraciones de Jimmy Carter, muy brevemente, y de Ronald Reagan aceptaron sin decirlo que Sadam desempeñara el papel de aliado necesario en su operación para contener el potencial expansivo de la república islámica y así empezó a descoyuntarse todo el sistema desde el Mediterráneo oriental hasta el golfo Pérsico.

De esa guerra prefabricada surgieron dos realidades divergentes: la urgencia de Irak de sanear su imagen ante la calle árabe y la comunidad suní y la consolidación efectiva del régimen fundado por el ayatolá Jomeini. Así fue cómo el modelo iraní se despegó en lo que pudo de las tensiones en el seno del mundo árabe y, al mismo tiempo, cómo Sadam puso proa a Kuwait y multiplicó sus ataques verbales a Israel, dos enfoques que obedecieron a un mismo propósito: encabezar la disidencia en el orbe árabe por oposición al posibilismo de Egipto, Jordania, Arabia Saudí y, en general, de las monarquías petroleras.

La historia que siguió es de sobra conocida: Estados Unidos entendió que la seguridad de Israel pasaba por liquidar el régimen iraquí, este le proporcionó con la anexión de Kuwait un pretexto convincente para la primera guerra del Golfo y a partir de ahí Sadam pasó a ser el enemigo público número uno, una de las estrellas del eje del mal –Irán, Irak y Corea del Norte– y el líder condenado a la derrota y a la extinción para salvaguardar el equilibrio en la región. De la segunda guerra del Golfo, cuyo presunto objetivo era llevar la democracia a Mesopotamia, surgió un Irak nuevo, debilitado, habitualmente ensangrentado en una competición sectaria entre comunidades y sometido a la tutela de Estados Unidos. La opinión del general Wesley K. Clark de que el Ejército de Estados Unidos no era “de momento” un ejército imperialista quedó desmentida por los hechos; la incapacidad de Estados Unidos para construir estados se confirmó en todos sus extremos.

Tres décadas después de la invasión de Kuwait sigue vigente el análisis de Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, sobre la naturaleza de las dos guerras del Golfo, su articulación y consecuencias. En su libro de 2009 War of necessity, war of choice (Guerra de necesidad, guerra de elección), Haass enmarca la de 1991 en la categoría de guerra justa, entendida esta como una operación militar que permitió restaurar el poder legítimo en el emirato de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas y, por el contrario, considera la segunda guerra una decisión adoptada por Estados Unidos y parte de sus aliados, fundamentada en informaciones falsas y sin base legal, se diría que poco menos que destinada a empeorar la situación.

Haass describe la primera guerra de Irak “como necesaria por una doble razón, simbólica y estratégica” y juzga que se vio coronada por el éxito al “alcanzar sus objetivos a un coste relativamente modesto”. En cambio, disiente de cuantos admiten que la segunda guerra no era necesaria, pero la creen justificada por la situación general posterior a la guerra de Afganistán (octubre-diciembre de 2001). Y concluye al criticar la invasión de Irak en marzo-abril de 2003: “El uso de la fuerza militar para expulsar regímenes y construir democracias es simplemente demasiado costoso y demasiado incierto en los resultados para constituir un enfoque sostenible”. Una opinión especialmente valiosa porque lo es de un experimentado analista que colaboró con las administraciones de los dos presidentes Bush.

La realidad es que Irak es hoy un Estado al que no se le puede aplicar el calificativo de fallido, pero que carece de la cohesión política y la estabilidad social mínima necesaria para prescindir de la custodia de Estados Unidos. No solo a causa de la fragmentación entre chiíes, suníes y kurdos, más otras minorías menos conocidas, sino por la capacidad de deterioro de cualquier situación a causa de contradicciones no resueltas y rivalidades históricas que se remontan a la creación del reino de Irak en 1932. Para precisar cuál es el alcance de la degradación del Estado basta comparar las cifras en sanidad, educación y otros apartados anteriores a la primera guerra, las que siguieron a esta y las posteriores a la segunda guerra: resulta que las de la dictadura vesánica de Sadam eran mejores, aun siendo modestas.

Nada en el presente supera al pasado, y para muchos autores ni siquiera la primera guerra debió ver la luz, convencidos como están de que el casus belli hubiese podido desarmarse mediante algún tipo de componenda regional en forma de créditos para Irak, que efectivamente salió muy endeudado de ocho años de guerra con Irán, y la subsiguiente restauración de la monarquía en Kuwait. El testimonio del periodista Robert Fisk resulta demoledor: “Bush habló de las decenas de miles de oponentes de Sadam Husein que habían sido arrestados, encarcelados, ejecutados sumariamente, torturados –‘todos estos horrores le fueron ocultados al mundo por el aparato de un Estado totalitario’–, pero no mencionó que esas mismas palizas, quemaduras, descargas eléctricas, mutilaciones y violaciones se perpetraban también sin ningún problema cuando Estados Unidos mantenía buenas relaciones con Irak, antes de 1990, cuando los servicios secretos del Pentágono enviaban información a Sadam para ayudarlo a matar más iranís”.

Puede decirse que Irak ha sido sacrificado varias veces en el altar de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y del pensamiento hegemónico en las cancillerías árabes. Nada hay en el rastro dejado por tres guerras en la historia reciente de Irak que permita tener confianza en el futuro. Antes al contrario, el país parece condenado a un sometimiento permanente, a soportar unas instituciones desprestigiadas y venales, con el riesgo permanente de verse utilizado en un entorno que tiende a la volatilidad. Esos han sido los frutos de la siembra de la democratización a cañonazos diseñada por los neocon incrustados en la Administración del presidente George W. Bush, de la que alguno de sus colaboradores, entre ellos el general Colin Powell, se arrepintieron en público cuando la situación era ya irreversible por demasiado envenenada.

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Otra vuelta de tuerca de Israel

El anuncio de Hamas de considerar una declaración de guerra la próxima anexión por Israel de una parte de Cisjordania es solo uno de los muchos malos presagios que se derivan de la decisión adoptada por el Gobierno de coalición de Binyamin Netanyahu y Benny Gantz. La flagrante vulneración del derecho internacional, la petición de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe de que no se consume la anexión y el rastro de impunidad que deja el propósito de Israel de herir de muerte la solución de los dos estados alimenta la estrategia de los partidarios de las respuestas radicales y procura nuevos auditorios a los predicadores de la yihad. Todo cambiará para mal el día que Israel anuncie que una parte de los territorios ocupados, incluido el valle del Jordán, son tierras bajo su soberanía.

La complicidad de la Administración de Donald Trump refuerza la determinación del Gobierno israelí de desoír a la comunidad internacional y desobedecer cuantas resoluciones han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, singularmente la 242, del 22 de noviembre de 1967, que obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Al mismo tiempo, la fragmentación del territorio palestino, sembrado de enclaves israelís, y la gestión en exclusiva del agua del Jordán condena a la Administración palestina a una dependencia permanente de los designios israelís y mutila sin remedio la soberanía de cualquier futuro Estado palestino, más improbable a cada día que pasa.

La declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, según la cual la decisión de anexionarse parte de Cisjordania es responsabilidad exclusiva de Israel es incongruente con el entusiasmo de Trump al anunciar un “acuerdo histórico” para hacer efectiva la solución de los dos estados. Lo cierto es que, más allá de la desfiguración de la realidad mediante un juego de espejos deformantes, el paso que Israel se dispone a dar con el apoyo de Estados Unidos hiere de muerte el proceso abierto en Madrid (1991) y Oslo (1993), deja sin efecto las esperanzas depositadas en una progresiva consolidación de la soberanía palestina y da la razón a cuantos en 1993 señalaron lo acordado como un grave error estratégico de los dirección palestina encabezada por Yasir Arafat.

El eminente Edward W. Said escribió en El fin del proceso de paz (2002): “No hacer negociaciones es mejor que las interminables concesiones que simplemente prolongan la ocupación israelí. Sin duda Israel está satisfecho de poder llevarse el mérito de haber logrado la paz y, al mismo tiempo, continuar la ocupación con el consentimiento palestino”. Por aquel entonces no faltaron voces que consideraron la opinión de Said la de un intelectual radicalizado en el confort de las aulas de la Universidad de Columbia. El establishment prefirió dar crédito a Nabil Saath, colaborador de Arafat, que presentó lo acordado en Oslo y firmado en Washington como expresión de una “paridad total” entre israelís y palestinos. Tal paridad o igualdad de trato se esfumó hace décadas.

El diario progresista israelí Haaretz sostiene que lo que el Gobierno de Israel piensa hacer es “la formalización de su ocupación antidemocrática”, algo en lo que coinciden diferentes sectores minoritarios de la opinión pública. ¿O no tan minoritarios? Una encuesta elaborada por la organización de izquierda Iniciativa de Ginebra concluye que el 41,7% se opone a la anexión frente al 32,2% que la apoya y que el 48% entiende que perjudicará la posibilidad de acordar la paz con los palestinos. Es decir que aquello que empiece a concretarse de la anexión a partir del próximo miércoles, con respaldo mayoritario en el Kneset (Parlamento), apenas estará en sintonía con la calle israelí: solo el 3,5% de los consultados incluyeron la anexión entre sus dos mayores prioridades de futuro.

Al mismo tiempo, es improbable que la anexión dé pie en la sociedad israelí a grandes movilizaciones más allá de las que previsiblemente promoverán Paz Ahora y alguna otra organización que entiende que hacer realidad el lema paz por territorios no es solo la única salida políticamente viable, sino también la única humanamente justa. En una sociedad muy dividida, militarizada en extremo y educada en la idea de que la primera derrota entrañará el final de Israel, es difícil que los contrarios a la anexión pasen de la desaprobación a la protesta; en una sociedad acostumbrada a un nacionalismo exacerbado, aclimatada a la presión del fundamentalismo mosaico y heredera de los pogromos y el Holocausto ha cuajado la idea de que es depositaria de una legitimidad sobrevenida por las penalidades del pasado.

“Tras 2.000 años de una historia trágica, los judíos tenemos una necesidad desesperada de una casa. Israel debería serlo, pero lo que tenemos es una casa con paredes que se mueven y en la que los palestinos exigen propiedad de algunos cuartos. No tendremos un hogar hasta que los palestinos no tengan uno y ellos no tendrán uno hasta que nosotros no tengamos sensación de hogar”, piensa el escritor israelí David Grossman, que perdió un hijo víctima de un misil disparado por Hizbulá. Quizá sea esta una idea compartida por muchos o bastantes ciudadanos israelís, pero más allá de la disidencia habitual en el mundo académico y en el de la cultura, pesa más el espíritu de resistencia. Una situación que se da en mayor medida y con más motivo en Cisjordania y Gaza, condenadas a un rosario inacabable de calamidades, guerras y dos intifadas.

El analista Alain Frachon recuerda en Le Monde el doble reconocimiento del derecho de Israel a existir y de los palestinos a ejercer la autodeterminación, contenido en la declaración de Venecia aprobada hace cuarenta años por los nueve socios de la Comunidad Económica Europea, un tiempo en el que Israel y Estados Unidos se negaban a reconocer a la OLP como representante de los intereses palestinos y nadie defendía la solución de los dos estados. Aquella declaración fue un episodio de verdadera política exterior europea que influyó en el papel desempeñado por Europa en las décadas siguientes en el conflicto palestino-israelí. Fue una muestra de poder blando avant la lettre que hoy es dudoso que se repita, pero que es más necesario que nunca para que quepa resolver el crucigrama sin que ocupen el escenario los jinetes del Apocalipsis.

Trump margina Palestina

El plan de paz para acabar con el conflicto palestino-israelí presentado por Donald Trump tiene mucho de exigencia de claudicación de la comunidad palestina y poco o nada de instrumento pacificador. Era más que improbable que una propuesta cocinada por Jared Kushner, yerno de Trump y amigo personal de Benyamin Netanyahu, pudiese ser aceptada por la Autoridad Nacional Palestina, a la que la Casa Blanca no preguntó de antemano su parecer, pero, después de darse a conocer su contenido, la improbabilidad se ha convertido en imposibilidad absoluta. Ninguna facción palestina, ni siquiera la más moderada y posibilista, puede aceptar los términos de la propuesta elaborada en Estados Unidos atendiendo en exclusiva a las exigencias de la derecha israelí, acuciada por la perspectiva de que Netanyahu acabe ante el juez, sea condenado por corrupción y enfile el camino de la cárcel.

De la paz de los valientes invocada en su día por Shlomo ben Ami, exministro de Asuntos Exteriores de Israel partidario de un divorcio pactado en igualdad de condiciones por los líderes palestinos e israelís, se ha pasado a una fórmula que condena a un futuro Estado palestino a la irrelevancia, a la impotencia, a alguna forma encubierta de apartheid y a la dependencia absoluta de la discrecionalidad de la potencia ocupante de Jerusalén oriental, Cisjordania y la franja de Gaza, dejada esta a su suerte y sin apenas conexión con el exterior. La paz vislumbrada por Ben Ami entrañaba concesiones por ambas partes; la servida por la Administración de Trump obliga a la rendición palestina con armas y bagajes habida cuenta de los requisitos que impone: consolidación de la soberanía israelí en los asentamientos de Cisjordania, consagración de Jerusalén como capital unitaria de Israel, prohibición del retorno de refugiados, limitación de los instrumentos de seguridad palestinos y tantos otros apartados restrictivos.

Como ha escrito el analista Amos Harel en el diario progresista israelí Haaretz, “el sueño de la derecha israelí hecho realidad podría terminar en una pesadilla brutal”, toda vez que puede ser el resorte que movilice a las facciones palestinas más radicales y a los sectores más exaltados de la sociedad israelí. De cumplirse tan lóbrego como verosímil presagio se eternizaría la casa de la guerra a la que se refirió Miguel Ángel Bastenier para describir el binomio Israel-Palestina, y el agravio palestino seguiría siendo una de las piedras angulares del descontento de la calle árabe, apenas atenuado por la propensión contemporizadora del establisment, sometido al pragmatismo irreductible de Arabia Saudí.

Hay en el plan presentado por Trump todos los ingredientes para que se acreciente la naturaleza desestabilizadora del conflicto, la frustración sume nuevos adeptos a las respuestas destempladas y hayan más oídos dispuestos a escuchar las arengas más incendiarias. Nathan Throll, un analista de The New York Times, ha escrito que la propuesta de la Casa Blanca “no es una ruptura con el statu quo”, sino “la culminación natural de décadas de política estadounidense”, sujeta a las exigencias israelís y hecha a espaldas de las reivindicaciones palestinas. Le da la razón la alegría con la que los adversarios de la solución de los dos estados han acogido la oferta de Trump, algo que Throll destaca. Nada representa una ruptura fundamental con el pasado salvo, acaso, con parte de las propuestas de hace 20 años discutidas en Camp David por Yasir Arafat y Ehud Barak, reunidos para la ocasión por el presidente Bill Clinton.

El convencimiento del presidente de Israel, Reuven Rivlin, expresado en el Parlamento de Alemania de que la crisis palestino-israelí puede resolverse después de ser durante largo tiempo una tragedia responde a un deseo más que a la realidad: la oposición frontal de los portavoces de la sociedad palestina a un arreglo tan asimétrico. Y la idea de Rivlin de que la paz requerirá grandes concesiones no pasa de ser una frase, porque lo cierto es que las únicas grandes concesiones conocidas son las que se imponen a los palestinos, contrarias por cierto a cuanto establecen el derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No hay concesiones fundamentales reconocibles en lo que cabe considerar la doctrina tradicional de los gobernantes israelís desde la guerra de los seis días de junio de 1967: todas las resoluciones aprobadas en la ONU han sido sistemáticamente incumplidas por la Administración israelí con independencia de su color político.

Es del todo inimaginable que en el futuro cambien mucho las cosas, siga o no a partir de noviembre el mismo inquilino en la Casa Blanca. Estados Unidos otorgó a Israel un papel central hace décadas en el dispositivo de seguridad diseñado para Oriente Próximo, completado por Arabia Saudí y Egipto. Es igualmente inimaginable que la Liga Árabe, pilotada por la monarquía saudí, cambie de registro y pase de las declaraciones solemnes, pero contenidas, a acciones menos solemnes, pero más determinantes. Y es al mismo tiempo inimaginable que el empeño de la Unión Europea en apoyo de la causa palestina pase de la política blanda a una conducta traducida en medidas reseñables que garanticen la existencia de Israel y de Palestina al mismo tiempo.

“Estamos desesperando a los palestinos y pagaremos por ello”, declaró el escritor Amos Oz en el diario Abc, en marzo del 2018, pocos meses antes de fallecer. Acababa de publicar Queridos fanáticos, y expresó un deseo: “No me gustaría morir sin ver incluso una embajada de Israel en Jerusalén oriental y otra de Palestina en la parte occidental, ambas legaciones a una distancia caminable”. Nada hay en el plan de Trump que permita imaginar un futuro de este tenor y sí justifica, en cambio, muchos temores; nada hay en la propuesta presidencial para liquidar el conflicto palestino-israelí que permita intuir que la paz es posible en la casa de la guerra.

 

 

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.