Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

Bloqueo ultra al presupuesto europeo

La división de poderes y la defensa de los derechos humanos son divisas distintivas de la Unión Europea, que es tanto como decir que para ser socio del club hay que aceptar una regla básica: dejar siempre a salvo el Estado de derecho. El compromiso con el equilibrio de poderes y la autonomía de los individuos no admite medias tintas ni un relativismo moral ad hoc para cada momento y circunstancia, que es justamente lo que pretenden los gobiernos de extrema derecha de Hungría y Polonia al negarse a vincular el acceso al plan de reconstrucción económica de los Veintisiete con el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Se trata de una pretensión o exigencia que, de aceptarse, dañaría de forma irreparable la naturaleza del proyecto europeo y, sin duda, contaminaría el comportamiento futuro de estados, partidos, instituciones, movimientos y particulares con convicciones democráticas poco o nada arraigadas.

Al mismo tiempo que la negociación de la relación futura de la UE con el Reino Unido encalla en asuntos esenciales y cada día es menor el margen de maniobra para que salga un conejo de la chistera antes de que caiga el telón el último día del año, se cruza en el camino para la recuperación de la economía europea, dañada por la pandemia con una intensidad y coste desconocidos, el bloqueo de la aprobación del presupuesto plurianual. Es decir, se pone el freno de mano a la secuencia de acontecimientos que deben permitir la emisión de deuda europea con la que financiar las subvenciones y préstamos –un total de 750.000 millones de euros– que deben contribuir de forma decisiva a rescatar la economía del estado catatónico en el que se encuentra. Y ahí no caben los atajos ni las falsas esperanzas, resulta muy poco alentador que Alemania no haya logrado doblar la resistencia de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki y pesa como una losa la regla de la unanimidad para sacar adelante las cuentas.

Como dice el profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, los socios de la UE deben “poner contra las cuerdas” a los regímenes populistas para poder sacar adelante medidas urgentes, lograr un acuerdo estable franco-alemán para abordar la crisis y asegurar que la acogida de refugiados se traduce en rendimientos económicos. Se lograría así salir del atasco presupuestario, dibujar un horizonte razonable de recuperación a medio plazo y acabar con la desconcertante política migratoria europea. El enfoque de Legrain parte de la sensatez y de la lógica –dos países no pueden dejar en la estacada a otros veinticinco–, pero con la regla de la unanimidad es inviable salvo que quepa doblegar la voluntad húngaro-polaca y desactivar nacionalismo demagógicos, útiles para encubrir cualquier atropello.

Peter S. Goodman asegura en The New York Times que las vacunas han abierto una brecha en el laberinto sin salida de la pandemia, pero “las perspectivas de una recuperación mundial significativa no se esperan hasta mediados del próximo año y, para algunas economías, deberá pasar mucho más tiempo”. En el ámbito europeo, si el presupuesto no sale del callejón sin salida en el que se encentra, los plazos se alargarán con toda seguridad, las economías más vulnerables verán agravada su vulnerabilidad y los segmentos de población más castigados serán prisioneros de una situación imposible.

También Hungría y Polonia sentirán los efectos perniciosos del estancamiento, pero es evidente que la preocupación de sus gobernantes por ese dato es irrelevante frente a la perspectiva de perseverar en un discurso nacionalista capaz de movilizar a electorados desorientados, dispuestos a agrandar el poder de quienes quieren reducir el proyecto político europeo a su más mínima expresión. Sin duda, el ejemplo británico les ha llevado a radicalizar el mensaje de que, más allá de lo meramente económico, las exigencias de Bruselas son una intromisión inaceptable en la soberanía nacional, de lo que se colige que no es de recibo que la UE imponga condiciones de índole política a lo que es solo un mecanismo para activar la economía.

Es innecesario subrayar que mientras la economía espera sin fecha la respiración asistida, aumenta la sensación de ahogo. Traducción práctica: un aumento acelerado de las desigualdades, del número de empresas al borde del abismo, de la renta familiar en caída libre y del derrumbe estruendoso de sectores clave como el turismo y los servicios. Las campañas de vacunación masivas salvarán muchas vidas y acaso a la vuelta de un año la relación con la enfermedad haya cambiado de forma radical, pero con ser este un factor necesario, no es suficiente. Basta recordar que, con pequeñas diferencias porcentuales, las rentas familiares europeas destinan dos tercios al consumo para comprender que urge a la UE romper el bloqueo ultra.

No es fácil dar con la salida de esta encrucijada, pero hay que encontrarla sin dañar las señas de identidad europeas. No hay alternativas a la preservación del Estado de derecho ni es asumible un trato deferente o contemporizador que permita a los gobernantes húngaros y polacos abundar en un autoritarismo siempre en aumento. Ni es aceptable eliminar condiciones que la tradición democrática ha consagrado. El artículo 7 del Tratado de la Unión prevé un sistema de vigilancia y sanción de un socio cuando vulnere los fundamentos del Estado de derecho, pero impone que las penalizaciones se aprueben por unanimidad de los demás socios. No hace falta decir que la unanimidad es imposible en este caso porque Polonia nunca se sumará a la hipotética imposición de sanciones a Hungría y viceversa. El sistema es en cierto modo perverso, pero es el que es y modificarlo supone escalar un muro de altura desconocida.

La situación pone en evidencia una vez más dos hechos relevantes: la debilidad institucional de la UE cuando es necesaria la unanimidad y la complejidad sobrevenida a raíz de la ampliación de 2004. Ciertamente, la complejidad ha sido desde los días fundacionales una característica de la construcción europea; la novedad es que surja en su versión más absoluta y menos manejable en un momento de urgencias manifiestas. Lo que lleva directamente a concluir que Europa necesita de forma perentoria hallar el desvío que permita desactivar el chantaje húngaro y polaco, un desafío que entusiasma a las extremas derechas en ebullición.

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Migraciones o la tensión que no cesa

Vuelve Europa a toparse con la gestión de los flujos migratorios sin que ninguna de las experiencias acumuladas en el pasado haya hecho mella en la disposición de muchos gobernantes, cuyas iniciativas en el mejor de los casos no van más allá del simple parcheo. Todo cuanto se hizo en el pasado, especialmente a raíz de la crisis de 2015, y se apunta en el presenta queda muy lejos de la idea de codesarrollo, sistematizada por el politólogo francés Sami Naïr. En cambio, se dan con enorme frecuencia episodios en los que, de una forma u otra asoma el espectro del racismo o la creencia de que el estándar de vida europeo es incompatible con el marco de referencia cultural que traen consigo los recién llegados del sur, una idea prejuiciosa que antepone los factores de identidad a cualesquiera otros.

Sea en la plaza de la República de París, un caso injustificable de arbitrariedad y brutalidad policial; sea en el puerto canario de Arguineguín, con inexplicable trasiego de migrantes; sea en las desventuras de embarcaciones de fortuna dejadas a su suerte que zozobran en el Mediterráneo desde hace demasiados años; sea en cualquier lugar y situación, los estados europeos se resisten a afrontar de forma global, comprometida y efectiva el reto migratorio. Porque los flujos migratorios no cesarán –forman parte de la historia de la humanidad– mientras subsistan las razones que los explican con intensidad seguramente creciente, unas razones que tienen que ver con la desigualdad, la guerra, la existencia de regímenes deleznables, la persecución política, las hambrunas crónicas y la ausencia de un horizonte de futuro razonablemente aceptable.

Frente a la idea de muchos especialistas de que el propósito de la mayoría de los migrantes es alcanzar el estatus de ciudadanos de pleno derecho en los países de acogida, incluidas las obligaciones intrínsecas a la plena ciudadanía, prevalece la conclusión de Edgar Morin: un racismo subyacente se remite a la herencia cultural e identitaria de los migrantes para negar que tal operación es posible. Algo que lleva de forma inexorable a otro convencimiento inquietante: el choque es inevitable. Tal vaticinio prefigura una violencia futura, una confrontación o, cuando menos, una segmentación de la sociedad.

La proliferación de guetos en grandes ciudades de Europa es la imagen última de una profecía autocumplida. Se hace efectivo por defecto lo que en Francia se llama comunitarismo, un mecanismo social divisivo con bastantes de los rasgos distintivos de la multiculturalidad, un modelo cuya matriz se encuentra en el Reino Unido y que delimita el perímetro de cada unidad cultural y poco menos que la blinda frente a las otras. Es lo más parecido a las vías de una terminal de ferrocarril fuera de servicio: las railes nunca llegan a cruzarse más allá de los andenes porque se han cortado para que tal cosa no suceda.

El multiculturalismo excluye el mestizaje o lo condena a ser un dato residual; la convivencia es más propicia al cruce, pero exige para su normalización que la progresiva integración no sea fruto de la tolerancia, una forma más o menos encubierta de condescendencia de la sociedad mayoritaria o dominante. Si es así, se va de vuelta al ciclo perverso de la separación y del multiculturalismo, o de la simple coexistencia, una forma de statu quo que conlleva separación. Vladimir Putin se sumó de manera interesada al pesimismo sobre la imposibilidad de obtener buenos resultados cuando declaró: “El crisol de la integración echa humo y funciona mal, y no es capaz de digerir el creciente flujo migratorio a gran escala. Esto se refleja en la política a través del multiculturalismo, que niega la integración por medio de la asimilación”.

El auge de la extrema derecha no ha hecho más que empeorar la situación. En el discurso ultra solo tiene cabida combatir las migraciones, aunque a la larga sean seguramente el único ingrediente para corregir en Europa los efectos de unas tasas de natalidad raquíticas que, asociadas al aumento de la esperanza de vida, pueden colocar el Estado del bienestar al borde del precipicio. El muro de la frontera con México promovido por Donald Trump es la gran referencia de la ultraderecha que quiere cerrar las fronteras a los inmigrantes. El desentendimiento de Europa en cuanto atañe a su frontera sur se debe en gran medida a la presión sin tregua sobre los partidos conservadores, que endurecen sus propuestas todos los días para evitar que sus votantes tradicionales se dejen seducir por proclamas más radicales.

La pretensión de la mayoría de gobiernos de contener las migraciones mediante la intervención en origen –acuerdos comerciales e inversiones– es, en el mejor de los casos, un gesto cargado de buenas intenciones y en el peor, una mera cortina de humo. Está lejos de ser la traducción práctica de cualquier idea genérica de codesarrollo y en cualquier caso no acabará con la tragedia migratoria de un día para otro. Porque incluso si las operaciones en curso para actuar en las regiones que generan mayores flujos migratorios cuentan con la complicidad efectiva de las autoridades locales y dan resultado, estos tardarán décadas en concretarse. Mientras tanto, quienes más acuciados se sienten por necesidades perentorias que no pueden atender, seguirán poniendo rumbo al norte por cualquier medio y con riesgo de sus vidas.

Esa es la realidad que los europeos no pueden eludir. Ni pueden desentenderse de la presión migratoria ni pueden dejar que el peso de la gestión recaiga en Francia, España, Italia y Malta. El desafío es europeo y requiere la implicación de los Veintisiete. En caso contrario, el riesgo de agravamiento es evidente y el recurso a las migraciones como arma electoral irá en aumento; se instalará en muchas conciencias una moral de situación destinada a justificar lo injustificable. “Un cielo tan turbio pide una tormenta”, escribió William Shakespeare en La tempestad. En nuestros días, cada vez son más densas las nubes que oscurecen el cielo.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.

Cruce de crisis en la UE

La derrota de tres candidatos a comisarios en los trámites de confirmación que preceden a la formación de la nueva Comisión Europea suma un nuevo problema a los muchos que tiene planteados la UE, especialmente el rompecabezas del brexit y los efectos del proteccionismo estadounidense en los flujos comerciales entre las dos orillas del Atlántico después de la última tanda de aranceles impuestos a productos europeos. Se mire por donde se mire, cuando concluya la constitución del colegio de comisarios que presidirá Ursula von der Leyen, este nacerá doblemente debilitado: por la escueta mayoría de nueve diputados que cosechó en el Parlamento Europeo quien lo presidirá y por el hecho de que los candidatos a comisarios presentados por Hungría, Rumanía y Francia no pasaron las pruebas de idoneidad. Una situación que conspira contra el deseo expresado por Josep Borrell en su audición de que los miembros de la UE compartan “una cultura estratégica común”.

De momento, es harto improbable que el Parlamento pueda cumplir con los plazos y pueda aprobar en bloque la nueva Comisión el día 23 para que tome posesión el 1 de noviembre, lo que en la práctica significa que ese día seguirá en funciones el equipo de Jean-Claude Juncker, que solo unas fechas antes habrá sabido si se consuma un brexit a las bravas, si hay una prórroga en las negociaciones con el Reino Unido hasta el 31 de enero o si Boris Johnson se ha sacado de la manga una nueva argucia. En cualquier caso, incluso admitiendo que la madeja británica ha cohesionado a los Veintisiete, no es la mejor situación para encarar el galimatías tener una Comisión en funciones a causa de la crisis que se ha abierto en la tramitación del nombramiento de hasta tres comisarios, entre ellos Sylvie Goulard, la candidata presentada por Francia. Un desaire hacia Emmanuel Macron que este no olvidará y que acaso enrarezca sus relaciones con Von der Leyen antes de que tome posesión y con quienes no han olvidado que el presidente forzó la situación para saltarse el proceso de designación del presidente de la Comisión entre los spitzenkandidaten que concurrieron a las elecciones europeas de mayo.

Dicho de otra forma: ni por el peso de Francia en el funcionamiento de Europa ni por las razones del rechazo de Goulart, íntimamente relacionados con la presunta utilización irregular de fondos comunitarios cuando era eurodiputada y una asesoría externa, cabe equiparar su caso al de los candidatos húngaro y rumano rechazados por la Comisión de Asuntos Jurídicos por conflicto de intereses. La única comparación posible es el efecto paralizador que tienen, de forma especial por la situación que se da en Rumanía, donde una moción de censura ha dejado el Gobierno en funciones y es improbable que pueda presentar otro candidato en pocos días.

Puede decirse que todo son complicaciones en torno a la gran complicación del brexit, acerca de cuyo posible desenlace nadie se atreve a emitir un pronóstico. Que Boris Johnson y Leo Varadkar, primeros ministros del Reino Unido y de Irlanda, salieran razonablemente relajados de su entrevista del jueves –¿dieron con una solución para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas?–, tiene un valor inconcreto, es un dato sujeto a toda suerte de interpretaciones que en nada garantiza que se desatasque el proceso. En concreto, nadie sabe si durante los próximos 18 días Johnson enviará una carta a Bruselas para pedir con desgana una prórroga en las negociaciones –para acto seguido disolver los Comunes y convocar elecciones–, si abrirá una crisis constitucional con el Parlamento y se mantendrá en la senda de la salida a toda costa, o si un cambio no previsto en la correlación de fuerzas entre brexiters y remainers modificará los datos esenciales del problema.

La UE se enfrenta así a un futuro incierto, provocado por el comportamiento de un líder imprevisible que sabe que se juega su futuro político a una sola y arriesgada carta, pero que tiene presente que la provisionalidad del entramado comunitario le da quizá alguna pequeña ventaja. Quizá, también, Johnson percibe que ha sido capaz de llevar la negociación con Bruselas al terreno deseado, ha desorientado a sus adversarios y tiene enfrente a una UE enzarzada en acabar cuanto antes con el traspaso de poderes a la Comisión de Von der Leyen. Otros, por el contrario, estiman que Johnson se niega a admitir que, salvo una salida ordenada, reglada y pausada de la UE, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos económicos, de cohesión social y de seguridad para los ciudadanos británicos que residen al otro lado del canal y para los europeos instalados en las islas. La opinión del conservador italiano Antonio Tajani de que “Europa no entiende lo que pasa en el mundo” es probablemente extensible al premier, aparentemente incapacitado para comprender las dimensiones del zarzal en el que se ha metido.

Mientras el brexit se mantiene como el mecanismo cohesionador de una UE que tiende a hacer de las crisis internas una seña de identidad política, se ha revelado también como un factor divisorio de la sociedad británica sin comparación posible en el pasado reciente del país. Al mismo tiempo que el europeísmo alaba la unidad de los Veintisiete en un momento tan complejo, los europeístas de las islas arremeten contra el nacionalismo populista que ha llevado al Reino Unido a una situación imposible. Medios de orientación tan diferente como The Guardian y Financial Times multiplican sus análisis para llevar al ánimo de sus lectores los perjuicios que se avecinan, los mundos académico y de la cultura se alarman y la City ve cada día más cerca la tormenta. La analista Polly Toynbee resume así la situación del primer ministro: “Se acaba de encerrar en un rincón donde su política es confusa, engañosa y de la que desconfían las dos facciones de su partido, dividido a causa del brexit”.

En otras circunstancias, los obstáculos para cumplir con los plazos para formar la Comisión tendrían una importancia menor. Pero de lo que se trata en estas próximas semanas es de delimitar el parte de daños, sea cual sea el desenlace final del brexit, y sean los que sean los efectos del choque comercial con Estados Unidos. Porque es indudable que daños los habrá, algunos de enorme calado, y más que nunca conviene que acometan su gestión las instituciones europeas en igual o mayor medida que los gobiernos, convocados por el presidente del Consejo Europeo, más expuestos a las rivalidades entre países que la Comisión, al menos en teoría.

 

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

Sánchez e Iglesias se atascan

La complejidad o confusión que envuelve las gestiones de Pedro Sánchez para ahormar una mayoría que le respalde, la larguísima comedia de enredo –quizá un triste espectáculo– para concluir el reparto de cargos en la UE, la pelea más o menos soterrada en Italia entre los dos partidos que la gobiernan –la Liga y el Movimiento 5 Estrellas–, el procedente belga no tan lejano –año y medio de un Gobierno en funciones mientras flamencos y valones veían la mejor forma de repartirse el pastel– y el embrollo de la derecha española –Ciudadanos y Vox, en un grito–, estos casos y otros ponen de relieve la dificultad de encaje de proyectos políticos diferentes, de configurar alianzas o coaliciones con amplio respaldo popular. No hay referencias reseñables para una saludable cultura de la coalición, salvo en el caso de Alemania, donde con chirridos y tensiones frecuentes, pero también con eficacia, las grandes coaliciones han sacado partido de la prueba, a veces con un elevadísimo coste personal (Martin Schulz sabe bastante de ello).

En términos generales, el bipartidismo perfecto (Estados Unidos) o relativamente perfecto (Reino Unido) es más manejable y configura mayorías sin grandes dificultades. No hay en Estados Unidos necesidad de coaliciones y nunca ha tenido éxito la pretensión de formar Gobierno con una presencia significativa de políticos del partido rival del presidente: lo intentó Barack Obama al inicio de su primer mandato, y se remitió al proyecto de Abraham Lincoln durante la guerra civil de incorporar al Gabinete representantes de sus adversarios, sin mayores resultados reseñables. Tampoco es frecuente en el Reino Unido, donde la alternancia de conservadores y laboristas ha marginado a los liberales, salvo en el periodo 2010-2015, cuando David Cameron completó con ellos la mayoría en Westminster mediante un pacto con Nick Clegg.

Esta fue la fórmula o la referencia española desde la transición: un bipartidismo imperfecto, pero útil, en el que fueron posibles varias mayorías absolutas de la derecha y de la socialdemocracia, pero también muchos gobiernos en minoría, pero claramente por delante del segundo clasificado, que se ejercitaron en la geometría variable. Eso se acabó porque ahora hay cuatro partidos que aspiran a sentarse en el Consejo de Ministros, y aun hay un quinto, Vox, que perturba la complicidad entre el PP y Ciudadanos y, de momento, ha capturado el voto de una parte de los electores de extrema derecha que hasta la fecha optaban por las listas populares. Como escribe Alba Sidera en el digital CTXT, referido a los ultras italianos, seguramente las organizaciones de perfil progresista caen reiteradamente en el mismo error: “Considerar que en la extrema derecha y en el neofascismo no hay cabezas pensantes”. “Las hay –añade–, y saben detectar los puntos débiles de sus adversarios”.

Si así son las cosas en el campo de la derecha, ¿también lo son en el de la izquierda? ¿Ha descubierto Podemos el punto débil del PSOE, a pesar de que la última encuesta del CIS dice todo lo contrario? O bien, ¿el PSOE da por buenos los vaticinios y ve en Podemos un caballo perdedor, montado por un jinete que, sin proclamarlo, cree llegada la hora de resucitar la teoría de las dos orillas de la izquierda –Julio Anguita–, que tan útil fue a José María Aznar? La diferencia radica en que el mantra de Anguita era “programa, programa, programa” y el de Pablo Iglesias es “ministros, ministros, ministros”. Algo perfectamente legítimo, pero acaso poco realista habida cuenta del desgaste electoral sufrido por Unidas Podemos en las dos últimas convocatorias. Desde luego, el PSOE necesita a Podemos para salir del bloqueo, pero es aún más importante –ambos partidos lo olvidan–, que el país necesita un Gobierno.

Puede decirse que lo necesita de forma acuciante para disponer de un Presupuesto, para ocuparse del procès sin estridencias y para atender la variedad de problemas sociales que requieren tomar decisiones con una mayoría suficiente en el Congreso. Que la democracia española no ha desarrollado una cultura de la coalición es tan cierto como que llegó la hora de que pongan manos a la obra quienes se ven obligados a hacerlo. Apostar por celebrar elecciones de nuevo en noviembre significa prolongar la interinidad hasta final de año y, en cierta medida, desautorizar a un electorado que el 28 de abril dijo claramente: “Pónganse de acuerdo y pacten”.

El filósofo Lev Shestov (1866-1938) fue del todo categórico al firmar que “la necesidad, sea racional o irracional, sigue siendo necesidad”. El Gobierno de coalición o de cooperación, la aparición en el futuro equipo de Sánchez de nombres bendecidos por Iglesias o cualquier otro encaje de bolillos es preferible, por necesario, a abrir de nuevo la puerta de entrada al laberinto electoral. La añoranza de las mayorías absolutas y de las mayorías cualificadas es comprensible, pero es del todo estéril por no decir paralizante. Tampoco hay alternativa a la complicidad de las izquierdas: el revoltijo de las derechas, de ser mayoría, no garantizaría el andar sereno que requiere una sociedad moderna, desarrollada y, en consecuencia, tan llena de contradicciones, empeñado Vox en atrasar el reloj de la historia cuanto más mejor.

“El fracaso de la política es tratar de quedar bien siempre con todos”, opinaba François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años (1981-1995). El pacto que se requiere para salir del atolladero no puede quedar bien con todo el mundo porque requiere aceptar dolorosas renuncias y asumir algunas exigencias ajenas por ambas partes, pero ese es uno de los significados de la máxima según la cual la política es el arte de lo posible. Si la sesión de investidura que empieza el 22 se cierra sin resultados, habrá que concluir que todo el mundo hizo mal su trabajo, que todo el mundo quiso quedar bien con todos o mejor, con los suyos, y careció de liderazgo moral para hacer de la necesidad virtud y desbloquear la situación.

El ‘brexit’ se adentra en el caos

La Unión Europea ha pasado a controlar sin reservas el calendario del brexit después de meses de idas y venidas sin más progresos que los fallidos intentos de la primera ministra Theresa May de lograr el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Comunes a su acuerdo con los Veintisiete para consumar un divorcio civilizado. A una semana de confirmarse el brexit caótico, el Consejo Europeo de este jueves y viernes ha dejado establecido que la premier dispone hasta el 22 de mayo de una prórroga para una salida ordenada de la organización, siempre y cuando el Parlamento de Westminster se pliegue a la realidad: el único acuerdo posible de salida es aquel pactado por May en noviembre del año pasado. Si tal aproximación a la realidad no se produce, el aplazamiento de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión se retrasará hasta el 12 de abril, calificado por un alto funcionario de la UE como “el nuevo 29 de marzo”.

Ninguna de las suposiciones manejadas por la primera ministra le ha permitido salir vencedora en su pugna con los brexiteers recalcitrantes. Se ha demostrada infundada la creencia de que conforme se acercaba la fecha límite decaería su arrojo y, en cambio, se ha espesado el ambiente entre dos posturas encontradas e irreconciliables: la de quienes en su día tomaron la palabra a May –“mejor un brexit sin acuerdo que con un mal acuerdo”– y la de cuantos abogan por un adelanto electoral o por un nuevo referéndum que neutralice el desastre que se avecina. La disputa por el poder en las filas conservadoras ha encontrado en el backstop –los requisitos para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas; una frontera inexistente en la práctica– la herramienta política para diferenciar a los brexiteers de los posibilistas, y para contar con el apoyo o complicidad de los unionistas norirlandeses.

Se antoja bastante más que verosímil el cálculo hecho por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de las posibilidades de que May acuda por tercera vez a los Comunes para que voten el acuerdo con la UE y consiga una victoria: no cree que tenga más de un 5% de posibilidades de éxito. La razón no es el acuerdo en sí, su contenido específico, ni la insuficiencia de las aclaraciones sobre el pacto de noviembre hechas en diferentes momentos por Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y Michel Barnier, sino que los promotores del divorcio aplican el eslogan “brexit means brexit” (brexit significa brexit) hasta sus últimas consecuencias. Es imposible apear del burro a personajes tan opuestos a la permanencia en la UE como Jacob Rees-Mogg y Boris Johnson, por citar dos de los más combativos, porque entienden que seguir en la UE o prolongar la discusión con Bruselas es más o menos una claudicación, un acatamiento de las reglas del juego dictadas por la UE y de las que ellos pretenden librarse.

Al mismo tiempo, la nave europea ni puede ni quiere quedar atrapada en un bajío mientras al otro lado del canal la discusión se llena de bizantinismos, con una opinión pública dividida y una crisis de liderazgo insólita en los dos grandes partidos (el papelón laborista merece capítulo aparte). De ahí que la UE se haya preocupado de fijar el tempo de la salida, aunque una separación sin acuerdo entraña riesgos de todo orden para ambas partes. “Los políticos británicos son incapaces de poner en práctica lo que su pueblo ha exigido. El pueblo votó por el brexit”, lamenta Macron. Hasta la fecha de vencimiento, todas las opciones siguen sobre la mesa, manifiesta Tusk. “Estamos en un momento crítico en la construcción de Europa”, declara Pedro Sánchez. Todo suena a lamento por el desaguisado que se avecina.

Solo Angela Merkel mantiene el comedimiento y la esperanza en un desenlace in extremis del brexit bajo control. Al mismo tiempo, Rafael Behr, un brillante analista del periódico progresista y proeuropeo The Guardian, afirma que la UE sabe que Theresa May está acabada, que gastó todo su crédito en el Reino Unido y que el país debe empezar a aceptar un nuevo trato en Bruselas: “Las conclusiones de la cumbre se transmitieron a la nación peticionaria mientras [May] se paseaba por una antecámara. Esta es la relación de poder entre un tercer país y la UE. Gran Bretaña debería acostumbrarse a ello”. La descripción resulta poco menos que patética para la líder de un socio de la UE con tribunos exaltados que prometen que, fuera del entramado europeo, la nación recuperará la grandeza, la soberanía y la autoestima presuntamente perdidas.

El discurso brexiteer soslaya esta imagen, arropado en titulares como el del Daily Telegraph, vocero de un conservadurismo con atributos rancios: “¿Cómo Emmanuel Macron tomó el control del destino del brexit de las manos de Theresa May, mientras la fachada de unidad de la UE comenzó a resquebrajarse?” Un resquebrajamiento imaginado o supuesto que tiene más que ver con el sostenella y no enmendalla que con el desarrollo de los acontecimientos en el Consejo Europeo, pero de una indudable eficacia para mantener cohesionado el campo secesionista, aunque varias encuestas detectan una pérdida permanente de efectivos y una creciente sensación de engaño entre los votantes que apoyaron la salida en junio de 2016.

En medio, una UE de ciudadanos desorientados, que acudirán a la cita electoral de mayo sin saber muy bien cómo les afectará la defección del Reino Unido, y unas instituciones sometidas a la presión permanente de una ruptura sin reglas con el Gobierno británico, coinciden en preguntarse si alguna vez, al otro lado del canal, se sintieron integrantes de una organización basada en el continente, o si aceptaron el paso dado por Edward Heath como un mal menor, un parche inevitable para suavizar la pérdida de influencia que siguió a la descolonización. Forma parte de la historia del periodismo el titular El continente, aislado, impreso en portada por un periódico británico a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha. Y forma asimismo parte de las viejas leyendas urbanas la respuesta de Wiston Churchill a un ayudante de Franklin D. Roosevelt que acudió a recibirle y le preguntó por la situación en las islas en plena segunda guerra mundial: “El viejo corcho sigue flotando”, se dice que respondió el premier. A saber si aquel espíritu de resistencia en solitario sigue siendo hoy el que guía a unas élites que aún se emocionan con la letra de Rule Britannia! –“Los británicos nunca serán esclavos”– o se atienen al programa general de actos de la extrema derecha, enemiga declarada de una Europa fuerte con peso político (más parece esto último).