Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

Erdogan impone sus normas a la UE

El espectáculo montado por Recep Tayyip Erdogan al entrevistarse en Ankara con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, concreta en una imagen más que elocuente la deriva del presidente turco, la incapacidad de Michel para salvaguardar la dignidad del cargo que ostenta y el trato despectivo dispensado a la Unión Europea en la persona de Von der Leyen. Víctima esta última, además, de un indisimulado machismo que Michel secundó, cuando menos por omisión. Nada de cuanto transmiten las imágenes de Ankara tiene que ver con el trato entre vecinos bien avenidos, sino más bien con las condiciones impuestas por el presidente turco para mantener a su país en el papel de contenedor de refugiados sirios previo pago de Bruselas por los servicios prestados; nada de lo hecho, dicho y explicado por Michel le libera de la imagen de cooperador necesario para que Erdogan saliera triunfante del desafío.

Resultan ridículas las confusas explicaciones sobre la disposición de los asientos establecida por el protocolo turco –Erdogan y Michel, el uno junto al otro; Von der Leyen, en la esquina de un sofá, a unos metros de Erdogan– y sin precedente alguno: el llamado sofagate se atuvo a la lógica de un islamista radical; el trato deferente dispensado al presidente del Consejo Europeo subrayó la opción de Ankara por los estados mediante el alejamiento de la representante por excelencia de las instituciones europeas colegiadas. Porque Michel no pasa de ser un a modo de coordinador de la conferencia intergubernamental, mientras Von der Leyen encabeza la institución más transversal de los Veintisiete.

Hace tiempo que el ingreso a largo plazo en la Unión Europea dejó de ser un objetivo prioritario para el régimen turco. En la tensión histórica de Turquía entre la vertiente europea y asiática, que se remonta a los días de mayor esplendor del Imperio Otomano, Erdogan ha dejado de mirar preferentemente a Occidente y ha dirigido sus ojos al Mediterráneo oriental y Oriente Próximo. El esfuerzo prometido hasta hace unos años para adecuar el funcionamiento de las instituciones a usos democráticos reconocibles ha sido suplantado por una islamización al galope del Estado mediante un alejamiento cada vez mayor de la herencia kemalista, especialmente después del oscuro golpe fallido del 15 de julio de 2016.

Si en el pasado inmediato parecían ineludibles las referencias de Ankara a la trama conspirativa animada desde Estados Unidos por Fethullah Gülen, el enemigo político al que de todo se culpaba, ahora lo que realmente importa es asentar la condición de Turquía como aspirante a cierta hegemonía regional, a una relación de privilegio con Rusia y a un control sin intermediarios del independentismo kurdo en Siria e Irak. Ganan los anatolios, pierden los estambulíes, dicen los europeístas turcos, defraudados por la falta de reacción de Michel e indirectamente de la UE como institución; renace la herencia otomana y se eclipsa el legado laico kemalista, lamenta una parte significativa del mundo cultural y académico.

La pasividad de Michel contribuyó a transmitir esa doble impresión. Ni siquiera se le ocurrió indicar –o se le ocurrió y no actuó en consecuencia–que la silla junto a Erdogan correspondía a Von der Layen, o que faltaba un asiento al lado del presidente turco. Quizá sea hora de revisar el comportamiento o la relación de la UE con Turquía porque, quizá también, la Realpolitik ha hecho caer de nuevo a la institución en una trampa para elefantes (la anterior ocasión fue el viaje de Josep Borrell a Moscú). Y acaso la marginación de Von der Leyen en la escena del sofá obligue a analizar los errores cometidos en su día por los dirigentes europeos, siempre recelosos de que un día Turquía se integrara en el club y en pocos años fuese el socio con más escaños en el Parlamento Europeo, con presencia relevante de musulmanes en la plantilla eurócrata.

Ese doble prejuicio apenas se encubrió con argumentos formales, jurídicos, de solvencia democrática, alentado por el europeísmo conservador, que se opone siempre con denuedo a la presencia normalizada del islam en Europa. A tal clase de reservas debe añadirse ahora lo que la eurodiputada liberal de los Países Bajos Sophie in ‘t Veld reprocha a Von der Leyen: haber degradado la Comisión a una especie de secretaría de los países integrantes de la UE. “Aparcó su propia institución en el sofá, por así decirlo”, escribe la parlamentaria en Politico.eu, una crítica acerada que, en cualquier caso, no es menor a la que dedica al papel desempeñado por Michel durante el sofagate.

A todo ello hay que añadir que los europeos han tendido a tratar el caso turco a partir de la convicción de que el republicanismo impuesto por Mustafá Kemal Atatürk hunde sus raíces en la tradición y el pensamiento republicanos en Occidente. De la lectura del libro The formation of Turkish republicanism, de la profesora Banu Turnaoğlu, se desprende que se trata de un punto de partida erróneo o, por lo menos, incompleto porque excluye el largo debate entre el nacionalismo otomano y el republicanismo liberal, que se remonta al siglo XIX. Pero la descripción del kemalismo como un precipitado del republicanismo europeo ha sido útil a Erdogan para combatirlo, para presentarlo como una forma de colonización ideológica.

Con ese y otros ingredientes, el progresivo autoritarismo de Erdogan ha impregnado por completo su política con la voluntad de convertirse en un interlocutor privilegiado e ineludible en Oriente Próximo. Como siempre, hay factores que pueden obligarle a la larga a rectificar, entre ellos la debilidad y los zarandeos de la lira turca, pero de momento la piedra en el zapato europeo ahí está, agravado el parte de daños por la desmadejada imagen que dejó el sofagate, lastrada la UE por su incapacidad para gestionar los flujos migratorios sin depender de terceros tan reactivos como el presidente de Turquía.

La Primavera Árabe se atascó

Diez años después del estallido de las primaveras árabes el cambio se ha registrado en el mapa geopolítico de Oriente Próximo, pero no se concretaron las expectativas de regeneración política que debían seguir a la movilización popular. Lo cierto es que hoy la situación objetiva en muchos países del orbe árabe ha empeorado más allá de cualquier previsión que pudiera hacerse en el bienio 2010-2011: Egipto es una dictadura militar tanto o más represiva que la que encabezó durante 30 años Hosni Mubarak; Libia, Siria y Yemen viven sumergidas en guerras que no parecen tener fin; el reformismo de los monarcas de Marruecos y Jordania apenas ha alterado el esquema básico de reparto del poder en ambos países; la Liga Árabe se atiene al diktat de Arabia Saudí, que incluye normalizar las relaciones con Israel y, de rebote, agrandar el agravio palestino; el estatus de Irak sigue dependiendo de Estados Unidos como potencia tutelar, pero está muy lejos de haber conjurado las tensiones sectarias.

Solo Túnez mantiene viva la promesa de las primaveras, aunque debe afrontar enormes dificultades para superar una situación económica que favorece la frustración, especialmente en el segmento de población menor de 30 años. Donde todo empezó y donde el desafío yihadista no logró vencer los propósitos reformistas, puede irse todo al traste a causa de la decepción que ha seguido a las grandes esperanzas. La lección tunecina que dio título a un ensayo de Sami Naïr queda muy lejos de la realidad presente, con tasas de paro diabólicas, el sector turístico en hibernación forzosa a causa de la pandemia y el partido Ennahda, islamista moderado, convertido seguramente en el gran beneficiado por los efectos de una crisis de compleja resolución.

La Primavera Árabe tuvo en un primer momento un componente de movilización colectiva de la identidad árabe por encima de los rasgos de identidad de cada Estado que los poderes fácticos consiguieron neutralizar, demasiadas veces a sangre y fuego y en algunas ocasiones mediante reformas cosméticas. El resultado final es perfectamente reconocible y ha sido útil para alterar el ecosistema regional con actores con intereses específicos –Rusia, Turquía, Irán–, junto a otros con una capacidad desestabilizadora –el Daesch– y de captación de voluntades en el mundo musulmán que sigue siendo vigente aunque ha desaparecido el califato. El desafío de los muyahidines no ha cesado porque no ha desaparecido ninguno de los factores que lo hizo posible, que lo legitimó y lo legitima a ojos de una parte no pequeña de la comunidad musulmana, en general, y de la árabe, en particular.

En los inicios de las primaveras se repitió mucho la idea de que Occidente no había previsto el acontecimiento y no sabía cómo encararlo. Lo cierto es que hizo fortuna la fórmula wait and see (esperar y ver) y fueron excepciones los gobiernos que anduvieron más allá y se comprometieron abiertamente con la nueva situación. En la práctica, esta actitud meramente contemplativa perjudicó el afianzamiento de los movimientos democratizadores. Al mismo tiempo que se decía que la calle árabe había perdido el miedo, debía haberse añadido que había aumentado en Occidente el temor a que los cambios redundaran en un aumento de la inestabilidad y una quiebra de la seguridad, puesta en parte en manos de autócratas zarandeados por los acontecimientos a partir de diciembre del 2010.

Algunas voces que llamaron la atención no fueron atendidas o solo lo fueron de forma episódica y cada vez fue mayor la distancia entre la movilización árabe y las cancillerías occidentales. La caída de Zine el Abidine ben Alí (Túnez) de Hosni Mubarak (Egipto) hizo sonar todas las alarmas, las guerras de Libia y Siria hicieron el resto junto a la brega saudí para dejar sin efecto la marea reformista. Puede decirse en el presente que la Primavera Árabe estuvo condenada al fracaso por la falta de complicidad occidental.

Mientras el profesor Henry Kissinger escribió en su momento que Estados Unidos debía habituarse a convivir con los nuevos gobernantes árabes si estos no dañaban los intereses estratégicos de Estados Unidos, otros entendieron que el cambio que se anunciaba iba a perjudicar grandemente la estrategia de seguridad occidental, el papel desempeñado por Israel en la región desde su nacimiento y la exportación de petróleo. Al final, la opinión más compartida a ambos lados del Atlántico fue que las primaveras podían poner en marcha mecanismos incontrolables de renovación de las élites políticas árabes con una afectación completa de la relación de Occidente con Oriente Próximo.

El agravamiento de la intensidad y complejidad de los flujos migratorios con destino a Europa, la crisis de seguridad provocada por el islamismo radical, la fractura social en las sociedades árabes y las disputas por la hegemonía regional tanto en el Mediterráneo Oriental como en golfo Pérsico están íntimamente relacionadas con el descalabro de las primaveras. Muchos de los factores de desestabilización que se identificaron como inherentes al cambio perseguido por los levantamientos populares se han concretado a causa justamente de la falta de apoyo externo que padecieron las primaveras en aras de una Realpolitik de consecuencias desastrosas.

Los líderes de las protestas cometieron, desde luego, errores enormes cuando se impuso la necesidad de hacer política, y la competencia de las organizaciones islamistas fue decisiva. Pero también lo fue la descomposición inmediata de los bloques opositores en cuanto pareció que las movilizaciones habían vencido, unido al apresuramiento de algunos líderes para disponer de cuotas personales de influencia y poder. Los bloques históricos de Túnez y Egipto se cuartearon poco menos que al día siguiente de la victoria y enseguida se hizo evidente la pugna entre los partidarios de secularizar el Estado y sus adversarios declarados. Con el vaticinio hecho entonces de que si en Egipto no se asentaba la reforma, difícilmente lo haría en la mayoría de países árabes, algo que ha confirmado en todos sus extremos el relato de lo sucedido a partir del golpe de Estado en Egipto de los generales, el 3 de julio de 2013, que liquidó el experimento de Gobierno de los Hermanos Musulmanes.

La cadena de acontecimientos no debe inducir a creer, sin embargo, que las sociedades árabes han caído en un conformismo estéril. Antes al contrario, la frustración generada por la ocasión perdida ha instalado en el ánimo de amplias capas sociales un clima de desaprobación y disgusto que alimenta la tensión que de vez en cuando se manifiesta en la vía pública –Líbano, Sudán– y puede estallar en cualquier momento, en cualquier lugar por el motivo más insospechado. Lo que es imposible adelantar es quiénes y en qué condiciones encabezarán en el futuro las muestras de descontento.

 
 
 
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Nueva crisis de refugiados en Europa

La última entrega del desastre relacionado con la guerra en Siria tiene pocas trazas de ser una herramienta útil para bajar el tensión: el acuerdo de alto el fuego en el frente de Idleb, alcanzado el jueves en Moscú por los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, tiene más de componenda de cara a la galería que de otra cosa. La alianza oportunista cerrada no hace demasiados años por los dos mandatarios ha dejado al descubierto la contradictio in terminis inherente a ella y su cercanía a la imposible cuadratura del círculo. El resumen de tal contradicción es que Rusia es el gran aliado del régimen de Bashar al Asad y Turquía es, ahora mismo, el mayor adversario sobre el terreno del régimen sirio, dos caminos que divergen en el seno de una misma guerra.

El resumen de la situación que hace el think tank Eurasian Group es a la vez breve y preciso: “La lucha ha llevado a la provincia siria de Idleb al punto de ruptura. Las fuerzas sirias están respaldadas por Rusia, los rebeldes sirios atrapados dentro de la ciudad y los militares de Turquía están directamente involucrados, y los riesgos en este conflicto han aumentado dramáticamente en los últimos días a medida que el conflicto amenaza con generar una grave crisis humanitaria que envía ondas de choque a través de Turquía hacia Europa”. Y si la Unión Europea se halla dentro del laberinto es a causa de la resolución en falso de la crisis de los refugiados de 2015 y su pretensión de liberarse del problema mediante el recurso a terceros (Turquía), desoyendo las advertencias de oenegés y analistas independientes que alertaron en su momento de la falta de fiabilidad política y jurídica del régimen turco para los europeos y para los refugiados.

Al echar la vista atrás, sobresalen dos decisiones encadenadas por los socios de la UE: la cicatería a la hora de allegar recursos para afrontar la acogida de centenares de miles de personas que huían –siguen huyendo de la guerra, del hambre y de otras miserias– y el acuerdo con Turquía, que a cambio de percibir 6.000 millones de euros aceptó convertirse en 2016 en un contenedor de refugiados (hoy, 3,7 millones). Un Consejo Europeo limitó a 170.000 los recién llegados que acogería en su suelo, repartidos en cuotas prefijadas para cada país, fue incapaz de doblegar la insolidaridad de los socios que se negaron a hacerse cargo del número de refugiados que en principio les correspondía y demasiados gobiernos presentaron el cierre de fronteras como un gran logro nacional que, por cierto, animó a la extrema derecha a porfiar en sus mensajes demagógicos y a ganar cuotas de mercado elección tras elección.

Si a este despropósito se añade el acercamiento del Gobierno turco hacia Rusia y su pretensión de que, al mismo tiempo, la UE y la OTAN apoyen su posición en la guerra siria, la situación aparece, como poco, más que inmanejable por un mínimo de cinco razones:

Primero, el destino principal de los refugiados que, estimulados por la apertura de fronteras, intentan entrar en Europa es Grecia,  y el secundario, Bulgaria. Ambos países son socios de la UE y de la OTAN.

Segundo, Turquía forma parte de la OTAN desde 1952, fue una pieza fundamental durante la guerra fría, pero ha girado la vista hacia Rusia, una anormalidad absoluta.

Tercero, la decisión del Gobierno turco de reforzar el control policial de la frontera con Grecia para impedir que los refugiados rechazados por Grecia puedan regresar a Turquía afecta a uno de los socios europeos con recursos más limitados, dañada su economía por mucho tiempo a causa de la erosión que sufrió durante el largo y traumático proceso de rescate –perdió más del 25% del PIB–, y obliga a la UE a movilizar recursos en apoyo del Gobierno de Atenas.

Cuarto, la propuesta de Josep Borrell de establecer una zona de exclusión aérea en el noroeste de Siria será una tarea que, en su caso, corresponderá a la OTAN y deberá contar con alguna forma de aceptación más o menos explícita de Rusia.

Quinto, el comportamiento de Turquía al abrir la frontera a los refugiados es un incumplimiento flagrante del acuerdo con la UE y una utilización política inhumana de los refugiados, cuyos derechos mínimos de inviolabilidad y seguridad nadie defiende.

Es una simplificación dar por sentado que el origen de todo está en la muerte de 33 soldados turcos el 27 de febrero durante un bombardeo sirio contra posiciones rebeldes. Es más exacto remontarse a la larga intromisión o implicación de Turquía en la guerra desde el momento en que la comunidad kurda consolidó su posición en el noreste de Siria mediante la eficaz movilización de los combatientes peshmergas, quiso presionarlos y dividirlos en dos frentes y, al mismo tiempo, asegurar una posición segura en la vecindad de Idleb y lograr todo eso con la complicidad de Rusia. O lo que es lo es lo mismo: el presidente Erdogan privilegió un acuerdo bilateral con Rusia, no contó con sus aliados históricos de Occidente y vio en la guerra de Siria una gran oportunidad para participar en la disputa por la hegemonía regional.

También es una simplificación creer que los europeos no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto en curso. Desde el instante en que optaron por solucionar la crisis migratoria con el acuerdo con Turquía se convirtieron en rehenes de un régimen progresivamente imprevisible, que ha optado por estimular el nacionalismo, recurrir al recuerdo del otomanismo para justificar la islamización de los aparatos del Estado y relativizar la profundidad de sus vínculos con Occidente. A la postre, la solución turca adoptada por la UE fue muy reveladora de la debilidad estructural de la organización, incapaz de imponer a todos los socios una solución interna diferente a la que en última instancia adoptó y de sobreponerse a cuantas voces se alzaron en 2015 para rechazar soluciones más costosas, menos simples, pero más respetuosas con los derechos humanos. De aquel ejercicio político de bajos vuelos se deriva el problema que desafía ahora a los socios de la UE en la frontera sudeste de los Veintisiete.

En Reflexiones sobre el exilio, Edward W. Said escribió: “La cultura occidental moderna es en gran medida obra de exiliados, emigrados, refugiados”. George Steiner habló alguna vez del tiempo de los refugiados, de quienes se ven obligados a buscar el futuro lejos de su tierra, su mundo, su cultura. Pero los gestores políticos de ese tiempo de desplazados han olvidado la guía ética de estos y otros autores, como si entre aceptar que todo el mundo entre en Europa sin más y desentenderse de la suerte de cuantos intentan hacerlo no hubiesen alternativas intermedias para evitar que los desplazados no fueran doblemente víctimas: por su condición de tales y por su sometimiento a condiciones de vida degradantes. La solución turca para contener el flujo de refugiados con destino a Europa lo es todo menos una alternativa defendible.

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Cachemira, una crisis de 70 años

Cuando dos potencias nucleares, siquiera sea a escala regional, entran en conflicto, cunde la alarma y se activan los mecanismos para evitar la degradación de la crisis. Así ha sucedido en el enfrentamiento de India y Pakistán en Cachemira, uno más, desde que el 14 de febrero el grupo yihadista Jaish-e-Mohammed (El Ejército de Mahoma) causó 42 muertos en el ataque contra un convoy de policías indios, la aviación india respondió el martes pasado con un bombardeo sobre una supuesta base yihadista en territorio paquistaní  y el miércoles la defensa antiaérea de Pakistán derribó dos cazas indios. Los precedentes históricos movilizaron los circuitos diplomáticos para evitar una escalada en un contencioso con una antigüedad de más de 70 años y sin perspectivas de solución, sumergido el problema en una mezcla de nacionalismo exacerbado y conveniencias estratégicas.

El escenario de la crisis está viciado de origen a causa de la división de facto del territorio de Cachemira entre India, Pakistán y China desde que en 1948 el Reino Unido fue incapaz de descolonizar el Raj –el subcontinente indio y aledaños– sin dejar cabos sueltos. La división del territorio en dos estados por razones de competencia política y diferencias insalvables entre las comunidades musulmana e hindú, liquidó el sueño de Mahatma Gandhi de mantener a las dos sociedades unidas bajo una misma bandera y cimentó la primera guerra, que acabó con un compromiso en la ONU para celebrar en el futuro un plebiscito que estableciera las fronteras de las tres Cachemiras. Nunca se celebró tal consulta y la crisis se convirtió en un conflicto de baja intensidad.

En 1965 y 1971 volvieron a hablar las armas. La guerra de 1965 acabó con el acuerdo de Tashkent, con nulos efectos prácticos en la delimitación de fronteras, y la de 1971, asociada a la guerra de la independencia de Bangladesh (Pakistán Oriental hasta entonces), no mejoró la situación, sino que enardeció el nacionalismo paquistaní y procuró nuevas tribunas al islamismo suní deobandi, una facción fundamentalista surgida la segunda mitad del siglo XIX en la ciudad que le da nombre, inspirado su programa o doctrina en la prédica del clérigo Shah Waliullah Dehlawi (siglo XVIII). En 1974 India se incorporó al club nuclear y en 1998 Pakistán se sumó al grupo de países con armamento atómico, momento a partir del cual los riesgos crecieron exponencialmente.

Entre ambos acontecimientos, Pakistán pasó por la experiencia de la dictadura del general Zia ul Haq (1977-1988), que favoreció la islamización del Estado, en especial del Ejército, la policía y los servicios secretos, de tal manera que el país se convirtió en un lugar relativamente acogedor para el yihadismo y, en términos generales, no lo ha dejado de ser desde entonces. Al mismo tiempo, la democracia india asistió al crecimiento del nacionalismo conservador, representado por el partido Bharatiya Janata, y al desarrollo de varias crisis en el Partido del Congreso, actor principal de la independencia y hogar ideológico de dos primeros ministros fundamentales en la construcción de la identidad política india: Jawaharlal Nehru (1947-1964) y su hija, Indira Gandhi (1966-1977 y 1980-1984). Con el paso del tiempo, decrecieron los afectos al sentido de una sentencia de Lal Bahadur Shastri, jefe de Gobierno entre 1964 y 1966: “El énfasis en la religión como base para definir mayorías y minorías en un Estado secular es bastante erróneo y una contradicción en términos”.

Desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en 1996, la derrota de su régimen en 2001 y la reactivación del movimiento desde sus bases en Pakistán, nunca han decrecido las sospechas acerca de la complicidad de una parte del generalato paquistaní en la libertad de movimientos de este grupo y de Al Qaeda en varias provincias. Osama bin Laden estableció su residencia en la clandestinidad en Abbotabad, en una casa situada a unos centenares de metros de una academia militar, donde fue abatido por fuerzas especiales de Estados Unidos (mayo de 2011), es más que segura la eventual colaboración paquistaní con la insurgencia talibán en las provincias occidentales del país, de cultura pashtún, y es harto conocida la desconfianza que despiertan los servicios de información radicados en Islamabad cuando se trata de controlar las idas y venidas de unidades muyahidines. Todo ello favorecido por la tendencia de los gobiernos indios a considerar que el único futuro posible para el área en disputa es que la extensión de la provincia de Jamnu y Cachemira se mantenga tal cual está o incluso crezca.

Para ambas partes, cualquier solución que entrañe concesiones es una mala solución o una solución no asumible. Es una incógnita cuál sería el precio político que debería pagar el nacionalismo indio, que poco menos que ha santificado el territorio mediante un discurso hinduista a menudo destemplado y manifiestamente agresivo, dirigido a la minoría musulmana que vive en el país (150 millones de creyentes). Un editorial publicado en The Times of India apunta directamente a la complicidad paquistaní en los golpes de mano yihadistas: “India debe trabajar en estrecha colaboración con los EEUU, otras potencias occidentales y Rusia –significativa ausencia de China, cabe decir– para garantizar que Pakistán desista de ser refugio del terror”. El primer ministro Narendra Modi seguramente suscribe la frase.

No es menos compleja la situación para el primer ministro paquistaní, Imran Khan, una estrella del cricket, un personaje muy popular, pero sin conexiones personales e ideológicas con el Ejército. Ni su nacionalismo ni su islamismo templado le garantizan una relación fluida con los uniformados si rebrota la tensión después de devolver al piloto indio derribado el día 27. Dos ideas de Alí Jiná, padre de la patria, siguen siendo norma y guía para una opinión pública educada en la resistencia frente a la inmensidad de la India (más de 1.300 millones de habitantes): la primera es de naturaleza identitaria  –“Hindúes y musulmanes fundamentan su inspiración en diferentes fuentes de la historia”–; la segunda encierra un concepto sui géneris del poder –“No creo en tomar la decisión correcta, tomo una decisión y la hago correcta”–, acaso una idea muy particular de los gobernantes como sujetos predestinados.

Bernard Brodie, uno de los teóricos de la estrategia nuclear, definió así el papel reservado a los arsenales atómicos: “Las armas nucleares deben estar siempre listas, pero nunca se deben utilizar”. Todos los estudios dedicados al concepto de disuasión se basan en este principio, las pequeñas potencias nucleares –Israel, Corea del Norte– se han dotado de un equipamiento suficiente para ser poco menos que invulnerables salvo grave riesgo para la comunidad internacional y sin embargo, cuando el conflicto surge entre vecinos nuclearizados, surgen las dudas, aparecen los recelos sobre la eficacia real de los sistemas de alianzas respectivos para evitar que la contención del adversario degenere hacia la agresión al enemigo. Por eso la aldea global se ha llenado de llamamientos a la serenidad en búsqueda del mal menor: que el laberinto de Cachemira se mantenga como una dolencia crónica si eso evita una guerra caliente.

Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

Rusia y Ucrania, a cara de perro

La crisis del estrecho de Kerch ha pillado entre dos fuegos a los principales actores en la cumbre del G-20 en Buenos Aires: el de Rusia, al capturar tres pequeñas embarcaciones ucranianas artilladas, y el de Ucrania, al reclamar a la comunidad internacional y en especial a los socios de la OTAN gestos explícitos de apoyo a su causa. Ni pueden los países occidentales excederse en sus mensajes de desaprobación ni puede aspirar Rusia a que nada suceda después de arrestar a 24 tripulantes e iniciar el procedimiento para que sean juzgados. Superado el quinto año de enconamiento entre ambas partes, transformada la guerra en una enfermedad crónica, pero no en una dolencia terminal, solo la diplomacia puede atemperar los ánimos, que no resolver el conflicto de fondo: la sublevación prorrusa del Donbás, apoyada por los generales de Vladimir Putin, la anexión por Rusia de la península de Crimea, la radicalización de los espíritus en Ucrania y el bloqueo de facto del estrecho de Kerch, responsabilidad del Kremlin.

Lo cierto es que las partes implicadas viven días de zozobra o desencanto. Ambas economías emiten señales de debilidad creciente, sin otro resorte para mantener el pulso que los mercados de la energía, tan apegados a la incertidumbre. El clima social en Ucrania y en Rusia tiende a degradarse, condenadas las clases medias a una política de empobrecimiento manifiesto. De forma que al mismo tiempo que parecen invulnerables los oligarcas enriquecidos durante los procesos de privatización de las economías planificadas rusa y ucraniana, se descoyunta la cohesión social y se multiplican los segmentos de población vulnerables o que corren el riesgo de serlo a corto plazo.

Tampoco permite abordar el meollo de la crisis la política de las emociones, estimulada por ambos gobiernos. La opinión pública a los dos lados de la divisoria se moviliza más a lomos de un sentimiento de pertenencia que para reclamar que baje el souflé y busquen las partes una salida para que el ambiente no se emponzoñe más de lo que ya lo está. Ser ucraniano de raíces ucranianas o serlo de raíces rusas se ha convertido en la razón mayor de una sociedad exasperada por los bandazos o el oportunismo de sus líderes desde que el presidente Víktor Yanukóvich dio marcha atrás en el propósito de vincular el país a la UE (2013), Rusia apoyó la rebelión del Donbás y se anexionó la península de Crimea (2014), el presidente Petró Poroshenko, sucesor del depuesto y huido Yanukóvich, puso en marcha la maquinaria para agrandar un nacionalismo exacerbado, y por último, mediante una política de hechos consumados, Rusia unió con un puente la península con la orilla rusa del estrecho de Kerch (mayo de este año).

Poco tienen que decir el derecho internacional en lo que atañe al caso de Crimea o al control de las aguas jurisdiccionales en los estrechos cuando una de las partes, Rusia, niega la mayor, y la otra no admite otra solución que restablecer el orden político anterior al Euromaidán, las protestas que sucedieron al cambio de opinión de Yanukóvich, durante las cuales Rusia se implicó en el conflicto y envió al este de Ucrania unidades propias (ni los vehículos ni los soldados llevaban distintivos que permitieran identificarlos). Debería ser la política la que encauzara el problema y lo dilucidara, pero las necesidades acuciantes de Putin y Poroshenko para mejorar sus índices de aceptación no permiten suponer que ello es posible. Y la maraña del Rusiagate impide a Donald Trump desempeñar el papel arbitral que se ha atribuido tradicionalmente a los presidentes de Estados Unidos en tanto que líderes indiscutidos de la OTAN; ni siquiera lo hace posible el temor a una rusificación sin respuesta del pequeño mar de Azov, con orillas en Rusia y Ucrania.

Nada conspira a favor de un desenlace próximo y solvente de la crisis, sino más bien a favor de un enquistamiento, con Ucrania exigiendo la aplicación del derecho internacional para neutralizar la estrategia rusa de hechos consumados y Rusia agitando el avance de Occidente, a través de la OTAN, hasta las puertas del país como el gran argumento –una constante histórica– para recelar de cualquier movimiento al otro lado de la frontera. Aunque el analista Dmitri Trenin afirma en las páginas de The Moscow Times, un altavoz del Kremlin dirigido a Occidente, que la respuesta rusa a las acciones ucranianas “necesita ser firme en espíritu, pero inteligente en la ejecución”, enseguida saca a relucir razones de seguridad para el apresamiento de los tres barcos ante “posibles ataques contra el puente recientemente construido sobre el estrecho de Kerch”. Algo así como una acción preventivo a pequeña escala.

La pretensión rusa de que, a falta de Trump, sea Angela Merkel quien ejerza la función de mediadora para evitar una escalada choca con las pocas ganas de la cancillera de meterse en el avispero sin disponer de toda la información. O lo que es lo mismo, sin conocer la letra pequeña de un asunto tan importante como el vínculo personal entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia, los intereses privados que condicionan el comportamiento de la Casa Blanca y que la prensa liberal no deja de airear. “Las [últimas] revelaciones sugieren que Trump engañó a los votantes sobre sus aspiraciones comerciales en Rusia, incluso cuando solicitó su voto durante las primarias de 2016. Eso no es una transgresión menor”, afirmó un editorial de The Washington Post el mismo día que el presidente decidió no aprovechar la reunión del G-20 para entrevistarse con Putin, uno más de los asuntos importantes que quedarán fuera de la cita de Buenos Aires salvo que alguien esté dispuesto a pagar el precio político de salirse del guion.

Trump desconcierta a los aliados

Dos artículos publicados en días sucesivos –martes y miércoles– por The Washington Post reflejan con precisión la inseguridad y el desconcierto inducidos por la entrevista del lunes en Helsinki del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el de Rusia, Vladimir Putin. Titular del primero de los análisis: La diplomacia disruptiva de Trump inspira temores sobre la posición de Estados Unidos en el exterior. Titular del segundo análisis: Mientras los rusos describen los “acuerdos verbales” en la cumbre, los funcionarios de EEUU luchan para aclararlos. Puede decirse que detrás de ambas piezas alienta una gran duda, desdoblada en dos preguntas: ¿hacia dónde nos lleva Trump? y ¿qué objetivos persigue?

La desorientación no se reduce a los medios de comunicación, incluida la más que conservadora Fox News. En el seno del Partido Republicano se alzan voces representativas de diversas facciones que no aciertan a comprender cómo Trump se atreve a denostar a la comunidad de inteligencia de su país y, al mismo tiempo, acepta la versión de Putin de que Rusia no interfirió en la campaña de 2016 aunque reconoce que prefería la victoria del candidato republicano a la de Hillary Clinton. El Partido Demócrata alerta de la presunta venalidad de Trump en este galimatías, del conflicto de intereses entre los negocios del presidente y su responsabilidad como comandante en jefe y de la imagen que proyecta en todo el mundo: la de un líder sometido o que coordina su estrategia internacional con los designios del Kremlin mientras las agencias de seguridad detienen a espías rusos en territorio estadounidense.

“El presidente Trump ha dado la vuelta al orden global establecido”, aseguran dos relevantes seguidores de la política de la Casa Blanca en las páginas de The Washington Post, y una escogida lista de entendidos en la materia corroboran esta afirmación. “El diálogo es útil, pero la cuestión es con qué fin”, declara Thomas Graham, un experto en Rusia que trabajó en la Administración de George W. Bush. Trump “ha basado su política exterior en su afinidad con el nacionalismo, reduciendo las relaciones globales a una transaccional suma cero de competencia entre naciones”, afirma Daniel Fried, diplomático especializado en Rusia y los países de Europa del este. “Trump está haciendo un daño enorme a un orden internacional que ya se deshacía”, subraya Ian Bremmer, del Eurasia Group.”Es increíblemente hostil para nuestros intereses y valores”, se lamenta Suzanne Maloney, de la Brookings Institution.

Si una organización tan conservadora como el American Enterprise Institute se preocupa hasta el punto de que Dan Blumenthal ve riesgos de todas clases en los tratos con Corea del Norte y entiende que el presidente está dispuesto “a hacer grandes apuestas y a agitar las cosas”, es que las incertidumbres son mayores de las previstas cuando empezó el mandato de Trump. Algo que corrobora la política impuesta por Mike Pompeo en el Departamento de Estado, que ha desorientado a los veteranos de la casa, a los diplomáticos que, con diferentes gobiernos y diferentes programas, supieron siempre que algunas reglas nunca variarían. En palabras de Thomas Graham, resulta especialmente desconcertante que se articule un espacio de diálogo con China, Corea del Norte y Rusia al mismo tiempo que “se socaba el diálogo históricamente muy productivo entre Estados Unidos y sus aliados europeos y de Extremo Oriente”.

Ninguna de las aclaraciones posteriores de Trump acerca de su acercamiento a Putin desvanece el recuerdo de su sorprendente comportamiento en Helsinki. Pesa más su opinión, difundida a través de Twitter, de que fue “una tontería y una estupidez” recelar siempre de Rusia –algo, por cierto, falso– que su ejercicio de hermeneuta de sus propias palabras. Ni siquiera la posibilidad deslizada por los departamentos de Estado y Defensa de nuevos acuerdos en materia de desarme ha serenado el ambiente, entre otras cosas porque ha trascendido que Rusia ha iniciado el desarrollo de un misil indetectable por el escudo antimisiles (un programa compensatorio de eventuales acuerdos para la reducción de arsenales).

El desmantelamiento del statu quo surgido del final de la segunda guerra mundial, corregido con el desmembramiento de la URSS y la quiebra de los regímenes socialistas, y definitivamente modificado por la economía global y las tecnofinanzas, lleva la nave del orden internacional a una terra ignota llena de peligros. Si toda la estrategia que sigue Trump obedece a su deseo de cambiar por completo las reglas que han regido hasta ahora sin contar con la complicidad de los aliados de siempre de Estados Unidos, hay que preguntarse quién o quiénes serán sus nuevos aliados instrumentales y con qué propósitos. Si el gran objetivo es neutralizar la competencia de la Unión Europea, limitar la expansión de China y contar con Rusia para alcanzar ambas metas, entonces es ineludible preguntarse hasta qué punto el presidente está dispuesto a ceñirse a las exigencias de Putin, un viejo zorro del KGB con una idea clásica de cuál debe ser el papel de su país en el trato con los occidentales y con China.

Dice el senador republicano John McCain, afectado de un cáncer incurable en el cerebro, que el comportamiento de Trump en Helsinki fue vergonzoso. Pero la altanería presidencial tuvo que ver con el propósito cada vez más notorio de desprestigiar, desbaratar o desacreditar las investigaciones en curso, que retratan a un personaje totalmente convencido de que el cargo justifica cualquier desmán si se alcanzan determinadas conquistas. Sería injusto atribuir a Trump la primacía en la consideración de que el fin justifica los medios, pero sería ingenuo no ponerle en el top ten de la lista siquiera sea por su reconocida habilidad para calentar la red con mensajes y juicios en los que las noticias falsas y los exabruptos son cosa de todos los días.

Cuando durante la presidencia de George W. Bush se multiplicaron los análisis dedicados a desentrañar su línea de conducta, se creyó que se habían rebasado para siempre todos los límites del conservadurismo sectario. Lo cierto es que, de acuerdo con la frase hecha, toda situación es susceptible de empeorar y el precipitado de la cumbre de Helsinki lo corrobora con pasmosa exactitud. El director de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, dijo en febrero que las elecciones del próximo noviembre para la Cámara de Representantes y el Senado son un objetivo de los hackers rusos –del Kremlin, debería quizá decirse–, pero Trump cree a Putin o simula creerle porque entiende que la intromisión rusa beneficiará a su círculo de extrema derecha para retener la mayoría en el Congreso. Los medios y los fines; el diseño de un orden nuevo e inquietante.