La extrema derecha asalta el lenguaje

El sabio George Steiner recogió en 1959, en el ensayo El milagro hueco, una cita de Thomas Mann que empieza así: “Grande es el misterio del lenguaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sentido estético. La responsabilidad es, en esencia, responsabilidad humana”. Se refería Mann, y lo secundaba Steiner, a la adulteración de los significados, a la degradación de las palabras, a la pretensión de superar la barrera de lo inefable o lo indefinible mediante la apropiación del idioma por los propagandistas nazis a partir de 1933. Nada es hoy equiparable a la atmósfera podrida de la Alemania hitleriana, pero hay en Europa una masa crítica de ciudadanos dispuesta a dejarse convencer por los nuevos manipuladores del lenguaje, de los expertos en construir una realidad alternativa o paralela –otra versión de la realidad, dijo una colaboradora de Donald Trump a poco de la toma de posesión– que va mucho más allá de las ocasionales fake news o de la tarea de los agitprop, muy requeridos en las instancias de poder públicas y privadas.

Hay en ese clima propicio a la mutación de significados ejemplos numerosos y aplastantes. El más reciente, la acusación de promarroquíes hecha a todos los partidos representados en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta por Carlos Verdejo, de Vox, un orador bociferante sin mayor mérito que disparar contra cuanto se mueve. Otro muy reseñable es el caso de Ignacio Camuñas, que niega que los sucesos del 18 de julio de 1936 fuesen un golpe de Estado –Pablo Casado guardó silencio al oír tal disparate–, con lo que se cargó –con fortuna o no está por ver– todas las teorías asentadas sobre qué es y qué no es un golpe de Estado. Y otro episodio muy llamativo es la pretensión conservadora de cambiar el concepto reparador de Ley de Memoria Democrática por el de Ley de Concordia, una mistificación flagrante de los significados que pretende liquidar o por lo menos neutralizar el legado ominoso aún presente de la guerra civil.

¿Por qué suceden tales cosas? Porque la constante histórica del combate por la hegemonía cultural ha adquirido la virulencia desasosegante que caracteriza a la extrema derecha desde tiempo inmemorial o no tan inmemorial como pueda parecer. A la sucesión de crisis de orden moral y material que caracterizan los dos primeros decenios del siglo XXI, con la emergencia y concreción de nuevos actores políticos –el feminismo, las nuevas izquierdas, el ecologismo, las oenegés y otros–, ha seguido la respuesta de aquellos sectores que impugnan el Estado del bienestar, se apropian de conceptos clásicos de la cultura democrática para adulterarlos o subvertirlos, niegan la gravedad de los grandes desafíos –la emergencia climática, el aumento de las desigualdades– y plantean otros –los ataques a la división de poderes, el nacionalismo y el populismo como expresión de la identidad colectiva, las cortapisas a la ciudadanía europea– con el objetivo de consagrar nuevas formas de sometimiento e intoxicación de la opinión pública.

El nobel Paul Krugman se pregunta esta semana en The New York Times si debe ser solo “la gente pequeña” la que pague impuestos. El interrogante abierto por Krugman es meramente retórico, pero hay una corriente de opinión animada por Trump y sus émulos que es partidaria de que, en efecto, la contribución al erario de las clases opulentas, incluidas las grandes empresas, sea simbólica o muy limitada. Mientras tanto, la multiplicación de la pobreza o de los pobres con empleo es una realidad que la cultura hegemónica en Estados Unidos soslaya o encubre con datos macroeconómicos sin ninguna conexión con los padecimientos de quienes asisten a una degradación imparable de sus condiciones de vida. Sigue pendiente la operación de rescate de la clase media vapuleada.

Lo que Krugman plantea de forma implícita es si el discurso cotidiano de los políticos de la extrema derecha –confesos o encubiertos– obliga a disponer de un descodificador para descubrir con él el nuevo significado de las palabras. Cuando Iván Espinosa de los Monteros se refiere a los progres, al pensamiento pogre y a otros conceptos parecidos no hay una delimitación específica de a quiénes alude, sino más bien una referencia genérica a cuanto queda fuera del universo de Vox, incluida el ala menos afecta al discurso dominante en el PP. Dicho de otra forma: Espinosa de los Monteros participa de una técnica de adulteración del lenguaje que violenta la “responsabilidad humana”, según la entendió Thomas Mann.

Este juego de las palabras violentadas lo practican personajes ideológicamente tan próximos como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y tantos otros, entregados a la empresa de construir una realidad paralela, compatible con un conservadurismo radical y retardatario que pretende restaurar espacios de privilegio –una fiscalidad a la medida–, de exclusión –la Europa fortaleza cerrada a los flujos migratorios– y de neutralización de las dinámicas sociales, según la ocasión, el momento y los vaticinios de las encuestas. La extrema derecha vulnera el significado de las palabras para dotar a su mensaje de una aparente coherencia y compromiso con la realidad.

La economista estadounidense Deirdre N. McCloskey sostuvo el 9 de mayo en El País que “el negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”. ¿Acaso al violentar los significados se alimenta el miedo? Seguramente sí, seguramente se compone un mosaico lleno de amenazas que configura un futuro caótico o inviable, desposeído de las referencias aportadas por la cultura dominante, hegemónica, la que algunos autores llaman cultura espontánea, entendida tal espontaneidad como efecto sobrevenido de la hegemonía. Pero, como afirma el filósofo Edgar Morin, “la política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre generalizada”, de lo que se colige que debiera carecer de efectividad la siembra del miedo mediante la desfiguración de las palabras porque el futuro es una puerta permanentemente abierta a la incertidumbre; ninguna mutación puede corregir la naturaleza incierta del porvenir.

 

Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.

 

Futuro incierto en Afganistán

El anuncio hecho por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos completará la retirada total de Afganistán el próximo 31 de agosto se produce en una atmósfera de creciente pesimismo acerca de la capacidad del Gobierno de Kabul de hacer frente en solitario al desafío de los talibanes, que controlan un tercio del territorio y mantienen sitiadas o en situación precaria varias capitales de provincia. Han fracasado todos los intentos para llegar a un acuerdo con los líderes talibanes para garantizar la pervivencia de la república alumbrada con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, han fracasado asimismo los esfuerzos encaminados a cercenar la capacidad operativa de las milicias talibanes y no ha sido mayor el éxito para implicar a Pakistán en el desmantelamiento o, por lo menos, el control sistemático de los santuarios talibanes en su territorio.

El general Austin Scott Miller, al mando del contingente que aún se encuentra en la base de Bagram, manifestó hace un mes su temor de que Afganistán se sumerja en una guerra civil cuando sea su Ejército la única fuerza de choque que se enfrente a los talibanes, según recogió el periódico The Washingron Post. El mismo medio se hizo eco de los temores del senador republicano Lindsey O. Graham, que cree posible un renacimiento poco menos que inmediato de Al Qaeda y el ISIS en el corazón de Asia, algo que parece improbable a los analistas militares –los líderes talibanes no tienen mayor interés en reeditar viejas alianzas–, y que, en cambio, si admiten que es posible un rápido avance de los fundamentalistas islámicos en dirección a Kabul de aquí a final de año.

Después de una guerra de dos meses (octubre-diciembre de 2001), veinte años de presencia permanente en Afganistán y dos billones de dólares del contribuyente gastados en un conflicto imposible de coronar con la victoria nada es sustancialmente diferente en orden a hacer del régimen afgano un muro de contención fiable. Han fracasado todos los intentos para comprometer a los talibanes en un acuerdo de coexistencia pacífica con el Gobierno de Kabul. Hillary Clinton no encontró interlocutores fiables cuando los buscó desde la Secretaría de Estado; no corrió mejor suerte la pirotecnia diplomática de Donald Trump, que optó por fijar la retirada definitiva para el 11 de septiembre de 2021; no ha hecho otra cosa Biden que rendirse a la evidencia.

Visto retrospectivamente, nunca tuvo demasiado sentido la búsqueda en las filas de la resistencia talibán de una facción dispuesta a comprometerse con el statu quo. Habida cuenta su naturaleza de organización antisistema, retardataria y antioccidental, era poco menos que imposible dar con un ala pactista que, por lo demás, nunca había dado señales de vida. Fue más una forma de justificar que, agotados todos los trámites para una evacuación sin riesgos futuros para Afganistán, no quedaba otra que confiar en que su Ejército –300.000 soldados razonablemente pertrechados e instruidos– sea capaz de contener al adversario. El recuerdo del desastre iraquí, cuando el ISIS avanzó hasta muy cerca de Bagdad después de tomar Mosul (junio de 2014), no deja de ser un precedente inquietante.

Al mismo tiempo, ha dejado de tener sentido para la opinión pública estadounidense seguir en el pedregal afgano y aplazar lo inevitable. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta hoy, el apoyo de las operaciones en Afganistán ha pasado del 90% a aproximadamente el 40%. Los vaticinios agoreros que remiten a una pronta escalada del terror y la restauración del régimen talibán en Kabul tienen menos fuerza que la sensación generalizada de que nada se logró de sustancial tan lejos de casa en términos de influencia y, en cambio, se perdió la posibilidad de presionar y en su caso desactivar a los talibanes. El presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haas, lo resumió así la pasada primavera: “Estados Unidos debilitó su influencia con los talibanes por su obvio deseo de poner fin a su presencia militar”. Con el daño añadido de que se ha reforzado la alianza de facto –siempre azarosa– entre la mayoría de líderes talibanes y jefes tribales o territoriales, muchos de ellos vinculados al cultivo y tráfico de la amapola de opio.

Es más que probable que la retirada ordenada por Biden se consume en contra del consejo de los generales, porque es evidente que poco han cambiado los datos esenciales de la situación en Afganistán: el Gobierno solo controla en la práctica la capital, algunas capitales de provincia especialmente importantes y una parte sustancial, pero ni mucho menos total de las vías de comunicación; la frontera con Pakistán sigue siendo extremadamente porosa y de cuanto se cuece al otro lado de la divisoria tiene Kabul noticias imprecisas y fragmentadas. Por decirlo con las mismas palabras empleadas hace unos años por un funcionario de la OTAN: el primer deber de los soldados afganos y de sus aliados es garantizar su seguridad; no es posible plantear objetivos más ambiciosos y resolutivos.

Ante esta realidad inobjetable, han prevalecido en la decisión de la Casa Blanca, además de las razones enumeradas por el presidente –“¿cuántos miles de hijas e hijos más han de seguir corriendo riesgos?”, dijo el jueves–,las relacionadas con la pugna por la hegemonía que mantienen Estados Unidos y China. El mapa y los intereses de Afganistán quedan muy lejos de la cuenta del Pacífico, de la complicidad con los aliados en Extremo Oriente y de la economía global. Si en algún momento, después de dar la orden de ataque, pasó por la cabeza del presidente George W. Bush la posibilidad de construir una nación, Biden deshizo el equívoco al anunciar la retirada: “No fuimos a Afganistán a construir un país. El pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí solo su futuro y cómo quiere gobernar su país”.

Puede que los neocon que rodeaban a Bush vieran la oportunidad, recién caído el régimen talibán, de acabar con la tradicional fragmentación de la sociedad afgana, que ni las potencias coloniales en el pasado ni las superpotencias de nuestro tiempo comprendieron nunca en toda su complejidad, pero la experiencia de veinte años in situ ha disipado cualquier duda. Quedará Afganistán a expensas de sus propias fuerzas antes de que acabe el verano, quizá para ser en muy poco tiempo un foco de inestabilidad. Pero Estados Unidos ha decidido una serie de retiradas estratégicas para concentrarse en la rivalidad con China y la regeneración de la política en Estados Unidos, tan degradada. Todo lo demás le parece al establishment un compendio de problemas accesorios.

 

El PCCh cumple cien años

Nadie hace un siglo se hubiese atrevido a vaticinar que el despertar de China tendría las dimensiones y el impacto que hoy todos conocemos. Los fastos para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) no han sido solo la ocasión para que el régimen hiciera ostentación de su buena salud y creciente poder en todas direcciones, sino para confirmar aquello por lo demás largamente intuido: los herederos del Imperio del Medio están en condiciones de disputar a Estados Unidos la doble hegemonía política y económica. La pregunta que figura en la portada del último número de la revista Foreign Affairs es poco más que retórica: ¿Puede China seguir ascendiendo?

“La ambición y la ejecución no son lo mismo”, escribe en el citado bimensual el sinólogo Jude Blanchette. La pretensión de ejercer un control o dominio sobre los asuntos mundiales no forma parte de la cultura política china, afirma Daniel Rosen, que se demora en subrayar los esfuerzos sin éxito para reformar el sistema y actualizar su relación con el resto del mundo. Ambos analistas comparten la impresión de que el presidente Xi Jinping, titular de un poder omnímodo y desconocido desde que el reformista Deng Xiaoping ocupó el puente de mando, ha colocado al país en una trayectoria arriesgada, si no de colisión, sí de confrontación con Estados Unidos, que pone en peligro los logros consolidados por sus predecesores a partir de la carnicería de Tiananmen (junio de 1989), que cercenó sin miramientos el proceso de apertura política que siguió a la mejora de la economía.

De la lectura del ensayo de John J. Mearsheimer The tragedy of great power politics el periodista Mateo Madridejos deduce en El siglo de Asia que el ascenso de China “no será pacífico”, y de la existencia de un cinturón de adversarios de China –Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam, India, puede incluso que Filipinas– diferentes think tanks se atreven a pronosticar la concreción por mucho tiempo de una amplia región, del Pacífico Occidental al centro del Índico, sometida a la estrategia de la tensión. Mearsheimer advierte, además, de la tendencia revisionista de todas las superpotencias para impugnar el statu quo en beneficio propio, lo que hace inevitable el disenso entre China y Estados Unidos y sus aliados. Ya advirtió Henry Kissinger en 2012 que los estrategas de Washington y de Beijing se habían abstenido de acordar “una idea conjunta del orden mundial”.

Hoy se antoja demasiado tarde para que tal conjunción se produzca. El régimen chino ha impedido la colonización tecnológica del país por Estados Unidos y ha logrado ser el gran competidor en cuatro ámbitos fundamentales: el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial, el manejo del big data y la carrera espacial. El partido ha aprovechado con habilidad la percepción generalizada en la sociedad china de que la democracia pluripartidista es un modelo político ajeno a la tradición nacional. Y ha sofocado con un coste mínimo para la cohesión interna del Estado las crisis de Hong Kong, Xinjiang y el Tibet; ninguno de los tres conflictos ha contaminado, ni siquiera episódicamente, una sociedad en cuya memoria colectiva prevalece el recuerdo de las penalidades vividas y las compara con los logros materiales de los últimos decenios, y que, al mismo tiempo, reverencia a Mao Zedong como al más ilustre de sus hijos, a quien exalta como el liberador de China de la injerencia extranjera y fundador de la patria rehabilitada.

Es obvio que el PCCh ha vaciado el maoísmo de contenido porque el partido se ha convertido en una organización que cultiva un nacionalismo exacerbado, un centralismo sin concesiones y un control absoluto de las dinámicas sociales, sin sitio para la disidencia o la crítica. Pero el recuerdo de Mao es útil para sostener una estructura que tiene poco que ver con el revisionismo de Deng –un poder colegiado– y mucho con el modelo de presidencia vitalicia de facto promovida por Xi mediante una reforma constitucional. No es exagerado concluir que el partido ha vuelto la mirada al legado confuciano para garantizar la estabilidad, un cambio paradójico de estrategia porque el maoísmo fue decididamente anticonfuciano y denostó la idea de armonía social desarrollada por Confucio y sus discípulos. Es pronto para preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la intersección de maoísmo y confucianismo; solo es posible constatar que ha servido al PCCh para contrarrestar la influencia de Occidente, según sostiene Xulio Ríos entre otros autores.

A la luz de la sucesión de desencuentros durante la presidencia de Donald Trump y de la voluntad de Joe Biden de traducir en hechos el eslogan America is back, parecen muy lejanos los buenos augurios que hace solo siete años incluyó el exsecretario del Tesoro Henry M. Paulson en Deadling with China. Creía Paulson que era posible encauzar la competencia entre las superpotencias mediante un compromiso político y económico, a través de una forma ad hoc de soft power que serenara los espíritus y estableciera un código de conducta respetado a ambas orillas del Pacífico. Sigue habiendo, sobre todo en Europa, quienes estiman que desenterrar el modelo de la guerra fría y de la contención del adversario, de acuerdo con el análisis de George F. Kennan aplicado a la competencia con la URSS, es un error estratégico que envenenará la coexistencia entre contrincantes, y la opinión pública europea, en general, se muestra despreocupada con el ascenso chino. Pero son cada vez más las voces en la Unión Europea que manifiestan su desconfianza hacia el poder del gigante asiático, de su nueva ruta de la seda sin contrapartidas, sin garantías de seguridad específicas y otros requisitos que eviten la colonización china en el sector de las nuevas tecnologías.

De haber tenido noticia de ello, nadie se habría atrevido a otorgarle larga vida a la organización fundada en 1921 en Shangái por un grupo de doce jóvenes. Sin embargo, el PCCh ha sido el artífice absoluto de la transformación de una sociedad agraria en extremo atrasada en otra que opera a escala global. El secreto del éxito del maoísmo sin Mao es que el papel del Gran Timonel ha quedado reducido al de ser el padre de la nación renacida; el resto de cuanto procede del partido es resultado de la adaptación al medio, de hacer de la necesidad virtud y de utilizar una férrea disciplina social en una máquina sin parangón de producir e innovar, sometida al control estricto de una autoridad suprema que apenas nadie impugna. La esperanza de vida de tal modelo es desconocida.

Fractura electoral en Perú

El desenlace de la elección presidencial en Perú se ha sumergido en la lógica seguida en noviembre del año pasado por Donald Trump para poner en duda la legitimidad del triunfo de Joe Biden. Al mismo tiempo que los observadores internacionales sobre el terreno coinciden en que en el desarrollo de las elecciones del 6 de junio no hay la menor sombra de fraude y que la victoria de Pedro Castillo está libre de sospecha, Keiko Fujmori insiste en denunciar un fraude masivo e impugna la validez de miles de votos sin pruebas consistentes que respalden tal proceder. La diferencia mínima de 60.000 papeletas entre el maestro rural y la hija de Alberto Fujimori, incursa en varias causas judiciales, es el reflejo exacto de una sociedad profundamente dividida, de dos populismos irreconciliables y de un sistema político minado por la corrupción hasta cotas inimaginables.

El “deseo ardiente” de que la victoria fuese para Keiko Fujimori, expresado por Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en El País el mismo día de las elecciones describía lo que estaba en juego como un combate sin vuelta atrás entre democracia liberal y dictadura comunista. “Ceder a lo más inmediato, como las enormes distancias que separan a los ricos de los pobres en el país y que esta pandemia ha hecho más visibles y dramáticas, es precipitarse en un suicidio político que cerrará para siempre –o por muy largo tiempo– la posibilidad del país de recuperar su vieja historia, cuando fue, en el pasado prehispánico, cabeza de un imperio que daba de comer a todo el mundo, o en los trescientos años coloniales cuando el virreinato peruano era el más próspero de América”, escribió el nobel, con una larga historia de desencuentros y enemistad política con Keiko Fujimori, que él mismo reconoce en el artículo.

Vargas Llosa es una referencia nacional en Perú, pero su decantación política queda lejos de la transversalidad. Expresa, por el contrario, una opinión muy reconocible entre las élites limeñas que apoyan a la candidata conservadora, que están de acuerdo con él en que no hay que ceder “a lo más inmediato”, como si la fractura social peruana fuese cosa reciente y no un fenómeno histórico de largo recorrido que ha dejado al margen del progreso material a generaciones enteras. Dicho de otra manera: nadie ha salido nunca al rescate de los más vulnerables, salvo alguna honrosa y breve excepción, y siempre que ha sido preciso se ha invocado el recuerdo de José Carlos Mariátegui, pensador marxista peruano y fundador de Partido Socialista –luego comunista– para aventar toda clase de riesgos y fantasmas.

Lo cierto es que Perú Libre, el conglomerado que apoya a Pedro Castillo, se remite con frecuencia al marxismo-leninismo-mariateguismo –lo recuerda Vargas Llosa en su artículo–, pero los compromisos públicos del candidato, más cercanos a la socialdemocracia sin sobresaltos que a otros ámbitos ideológicos, suavizan enormemente las remisiones históricas. En todo caso, no son ni más ni menos creíbles que la conversión a la democracia de Keiko Fujimori, para quien un fiscal pide ahora que ingrese de nuevo en la cárcel por haber incumplido los requisitos que se le impusieron al levantarle la prisión provisional. Hay en ambos candidatos algo de transformismo apresurado, obligados los dos por una realidad social extremadamente dual en la que se ha consolidado el reparto de los votos en dos mitades casi iguales: Lima y el establishment, por un lado; el resto del país, especialmente las pequeñas ciudades, las zonas rurales y el mundo indígena, por el otro.

Han desaparecido los términos medios, favorecido el exterminio por una crisis irrefrenable. Como ha puesto de manifiesto en un editorial el diario limeño El Comercio, la foto fija de un electorado cansado y decepcionado con el desarrollo de los acontecimientos es la fragmentación del Parlamento elegido en abril, donde será de obligado cumplimiento buscar zonas de relativo confort para fuerzas antagónicas, más versadas en el choque de trenes que en la búsqueda de consensos. “La inmovilidad derivada de la fragmentación es por lo tanto un peligro que se cierne sobre la nueva conformación parlamentaria”, alerta el editorialista, como si de antemano quepa temer que el camino de los grandes consensos será una ruta sembrada de minas.

La actitud de Keiko Fujimori alimenta tales temores en igual o mayor medida que la radicalidad de algunos discursos de campaña. La pregunta formulada por Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral, “¿en qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”, sigue sin provocar respuestas convincentes, sino repentinos espasmos movilizadores, atisbos de progreso y remedio de males de corta vida que acaban abruptamente (con demasiada frecuencia, con políticos relevantes juzgados y condenados).

La efervescencia de la calle a finales de 2020 a partir de “la vacancia presidencial por incapacidad moral” de Martín Vizcarra, con una participación muy significativa de los jóvenes, fue un adelanto de las tensiones provocadas por el escrutinio. El magisterio de Donald Trump ha hecho el resto y el ejemplo puede extenderse a otros escenarios con una articulación social caracterizada por desigualdades lacerantes. Pareciera que las opciones conservadores han llegado a la conclusión de que solo aceptarán los resultados de escrutinios que les den la victoria y arremeterán contra los que la den a fuerzas progresistas. La gran prueba será el año próximo en Brasil, cuando Luiz Inácio Lula da Silva disputará la reelección a Jair Bolsonaro, en tantas cosas un clon político e ideológico de Trump.

No hay en el disenso peruano demasiados ingredientes para esperar que Keiko Fujimori acate finalmente el resultado electoral. Quizá porque ponerlo en duda, combatirlo con sospechas de fraude, es la única herramienta que tiene a mano para que Pedro Castillo se radicalice o quede prisionero de irregularidades no demostradas en el escrutinio, pero muy difundidas, y de un Parlamento dividido en facciones enfrentadas y poco propicias al pacto. Una forma de erosionar al adversario, según el manual del mal perdedor, que bastantes veces ha rendido beneficios a los instigadores de tales maniobras, aunque eso signifique, en el caso de Perú, joderlo un poco más.

A Netanyahu le mueven la silla

La posibilidad de que mediante diferentes argucias parlamentarias el voto de confianza para la ratificación del nuevo Gobierno de Israel se demore hasta el 14 de junio confiere al primer ministro en funciones, Binyamin Netanyahu, un margen de maniobra suficiente para frustrar el intento de ocho partidos de descabalgarlo del poder. La composición heteróclita de la coalición de Gobierno ahormada en torno a las figuras de Naftali Bennett (Yamina, extrema derecha) y Yair Lapid (Yesh Atid, centro), con la novedad absoluta de incluir a la Lista Árabe Unida (palestinos de nacionalidad israelí), es lógicamente muy volátil, debe convivir con contradicciones internas irresolubles y es muy vulnerable a los cantos de sirena que se emiten a todas horas para quebrar voluntades y hacer imposible la configuración en el Knéset de una mayoría.

Nada es muy nuevo ni muy diferente a la probada habilidad histórica de Netanyahu para dividir a sus adversarios y mantenerse en el puente de mando. Sí es una novedad que la coalición arcoíris hecha pública pretende ensamblar propósitos tan dispares como irreconciliables, empezando por los que figuran en los programas de los dos líderes de la operación. Mientras Bennett es partidario de la anexión de Cisjordania, Lapid lo es de la solución de los dos estados; mientras la Lista Árabe Unida dice haber obtenido garantías de que cesarán el derribo de casas palestinas, Bennett niega la mayor y se remite a las decisiones de los tribunales; mientras Lapid… Y así sucesivamente: incluso los analistas más favorables a la fórmula para jubilar a Netanyahu ponen en duda la durabilidad de la coalición que es tanto como decir que no se podrá cumplir la previsión de que durante los dos primeros años encabece el Ejecutivo Bennett y los dos siguientes, Lapid.

Hay que contar, además, con la necesidad imperiosa de Netanyahu de seguir en el cargo para bloquear la progresión de varias acusaciones por corrupción que se siguen en los tribunales. Como ha escrito un editorialista, el primer ministro de Israel con más años en el cargo está habituado a manipular o condicionar a su gusto el funcionamiento ordinario de las instituciones y, cabe añadir, ha tenido la habilidad de asegurar para su causa la fidelidad de los colonos, para quienes Netanyahu es una garantía. El analista Amos Arel ha llegado a escribir en el periódico progresista israelí Haaretz que “cuando hay tanto en juego” para el primer ministro, “no se puede descartar un estallido de violencia”, sea por razones internas o externas.

El enrarecimiento de la atmósfera política en Israel es un hecho, estimulado durante los últimos días por la sensación de que la operación contra Gaza daba a Netanyahu la posibilidad de restaurar viejas alianzas y dejar sin efecto el conglomerado de partidos gestado por sus adversarios. Se diría que el alto el fuego en la Franja, forzado por Estados Unidos, no dio tiempo al primer ministro en funciones de consumar su labor de zapa en las filas de Bennett-Lapid y, en cambio, permitió reconducir complicidades en la coalición armada para desplazarle. Un juego de equilibrios y desequilibrios en cuyo seno no tienen acomodo los proyectos a largo plazo.

La única argamasa que mantiene unidas las piezas para formar una nueva mayoría es la voluntad de los ocho partidos de echar a Bibi –diminutivo de Binyamin–, de acabar con la inercia frustrante derivada de la celebración de cuatro elecciones legislativas en dos años, de pasar página y salir de la inoperancia. Thomas L. Friedman compara en The New York Times los acontecimientos que se desarrollan en Israel con la movilización que logró desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. “Para comprender el drama político que se representa en Israel y la tentativa de formar una coalición de unidad nacional para derrocar al primer ministro Benyamin Netanyahu, no es preciso hablar hebreo –escribe Friedman–. Es suficiente comprender una cosa: Netanyahu enfurece a sus enemigos más que Donald Trump a los suyos”. Y establece a siguiente comparación: Bibi es a Trump lo que la coalición en ciernes es a Joe Biden.

Pueden añadirse aquí otras similitudes tan arriesgadas como las anteriores: el Likud es al ala ultraderechista que controla el Partido Republicano lo que el reformismo laico de Lapid es al Partido Demócrata. Pero acaso la mayor y mejor de todas las comparaciones es que hace el propio Friedman: “Al igual que Trump, la principal estrategia política de Netanyahu para ganar las elecciones ha sido fomentar un intenso culto a la personalidad y tratar de ganar y mantener el poder con escasa mayoría, dividiendo a Israel en tantas líneas como le ha sido posible. En su caso, principalmente judíos contra árabes, izquierda contra derecha, religiosos versus seculares y patriotas versus traidores”.

Sin líneas rojas, con todas las opciones posibles abiertas para cambiar de caballo a mitad de cualquier carrera, Netanyahu domina el arte del regate característico de los políticos sin grandes y reseñables compromisos ideológicos; para Netanyahu, cada día se empieza de cero y los aliados de hoy son los adversarios de mañana y viceversa si tal cosa sirve para seguir en el poder. Durante la presidencia de Trump se encontró con un socio excepcional; con Biden todo resulta más engorroso, menos confortable, incluso con el margen de tolerancia otorgado por la Casa Blanca a la escabechina de Gaza.

“En un país normal, entenderíamos que tiene que haber un cambio, y que formar un Gobierno que incluya un partido árabe podría representar un verdadero esfuerzo conjunto para resolver el problema con los árabes israelís y para ellos”, escribió en El País Etgar Keret en mitad de la crisis gazatí. Pero la anormalidad israelí no se ajusta a ninguna de las convenciones políticas o, por lo menos, a bastante de ellas; en el universo político israelí prevalece una idea de la normalidad que Karen Armstrong aplica en su monumental Historia de Jerusalén a la conquista del este de la ciudad en 1967: “Como dirían los cabalistas, en este momento en que Israel estaba de nuevo en Sión, todo en el mundo y en el cosmos entero había vuelto a su lugar apropiado”.

¿Es apropiado para una sociedad radicalmente dividida y culturalmente militarizada confiar el poder a una coalición de profundos discrepantes entre sí? Esa es la gran baza de Netanyahu: la explotación de las discrepancias para desarmar la mayoría antes de la votación de confianza en el Knéset. La mayor arma en manos de la oposición es el hartazgo de una opinión pública convocada cuatro veces a las urnas sin mayores consecuencias efectivas, con el covid-19 casi controlado y la necesidad inaplazable de sacar al país de una crisis económica galopante. La única esperanza para la comunidad palestina de los territorios ocupados es que el apoyo a la solución de los dos estados, expresada por Joe Biden, se traduzca en hechos, tenga eco en el seno de la coalición y no caiga en el olvido por enésima vez sin mayores efectos. Casi nada nuevo luce bajo el sol.

Campaña tóxica en Madrid

La enrarecida campaña electoral de Madrid ha puesto por enésima vez sobre la mesa la conveniencia, oportunidad o necesidad de levantar un cordón sanitario en torno a la extrema derecha para preservar la democracia de sus arremetidas. Se trata de un debate abierto en muchos países, España entre ellos, y cerrado en muchos otros, Alemania entre ellos, donde han llegado a la conclusión de que el aislamiento de los ultras es un requisito ineludible para poner a salvo el sistema de injerencias tóxicas. El punto de partida es en todas partes el mismo; la pregunta es siempre la misma: ¿cabe aplicar el mismo trato a quienes se sirven de la democracia para degradarla o combatirla que al resto?

En general, la izquierda entiende que es improcedente por arriesgado buscar una forma de entendimiento o conllevancia con la extrema derecha que, por lo demás, la rechaza de plano (las proclamas de los líderes de Vox son una prueba). Los partidos que cubren el espectro político desde la derecha conservadora al liberalismo de centro oscilan entre la voluntad de pactar con los ultras, si ello les permite desalojar del poder a la izquierda, y la estrategia no exenta de peligros de neutralizarla mediante un proceso de asimilación de parte del programa de quienes acampan a su diestra (véase la campaña de Isabel Díaz Ayuso). Y aun hay partidos (la democracia cristiana alemana, una prueba) que solo estiman prudente y razonable renunciar a tales pactos.

A los que sin militar en ningún bando sostienen que la democracia no puede excluir a nadie, ni siquiera a sus acérrimos adversarios, se les acusa con frecuencia de pecar de ingenuos, de desconocer o soslayar los antecedentes históricos; se les reprocha cultivar un idealismo plagado de riesgos. A cuantos en nombre del realismo reclaman el aislamiento concertado de la extrema derecha se les reprocha una tendencia a la intolerancia. A los primeros, se les aplica poco menos que la sentencia de Friedrich von Schiller sobre la permanencia siempre joven de la fantasía, porque “lo que no ha sucedido jamás no envejece nunca”; a los segundos se les identifica con frecuencia como previsores depositarios de las reacciones preventivas: vence a tu enemigo antes de que se manifieste como tal.

Lo que sucede en Madrid desde hace semanas se asemeja a una oscura ceremonia de la confusión en la que la candidata del PP, precisada de unir a Vox a la causa para completar la mayoría absoluta en la Asamblea, da por hecho que el pacto es seguro, aunque insiste en que aspira alcanzar la mayoría absoluta en solitario (ninguna encuesta lo vaticina). Dentro de esa confusión está también la sorprendente petición al PSOE de la presidenta para que vote su investidura y la libere de la dependencia de Vox –¿para gobernar en minoría durante dos años?–, mientras Ciudadanos, a un paso de la extinción, se presenta como la bisagra –cabe decir que improbable– capaz de evitar que Vox sea en Madrid partido de gobierno.

El caso es que hay demasiadas pistas que inducen a concluir que las intemperancias de Vox han envenado la densidad de la campaña con su algarabía, con esa mueca mitad sonrisa mitad desafío de Rocío Monasterio, y que los sobres con balas de Cetme han completado la obra y han permitido a los líderes de los diferentes conservadurismos en liza ausentarse del debate programático. De tal manera que mientras las diferentes izquierdas han limado sus discrepancias por imperiosa necesidad y han orientado la campaña hacia una defensa sustancial de la democracia, sus adversarios han pasado del dilema comunismo o libertad –tan desmesurado y demagógico– a una equiparación de la libertad con el horario de cierre de la hostelería en plena emergencia sanitaria y cuando las estadísticas epidemiológicas no remiten.

Así se ha degradado la campaña más allá de cualquier precedente y así se ha convertido en el campo de minas donde todos los partidos han entendido que la elección del martes es solo nominalmente autonómica, pero de facto tendrá repercusión a escala nacional. Porque no está en juego solo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años, sino saber hasta qué punto una victoria de Díaz Ayuso debilitará a la facción centrista del PP y obligará a las izquierdas a encarar una renovación de los liderazgos madrileños, y asimismo hasta qué punto una derrota del PP erosionará el futuro de Pablo Casado. Siempre con el papel de Vox en discusión, complete la mayoría de la derecha o se instale en la oposición.

Hay en el insoportable tono de la campaña de Madrid los peores presagios de futuro. La ponzoña ha contaminado la política a una velocidad inusitada hasta dar la razón a Claudio Vercelli: “La historia no se repite, pero algunos de sus elementos se proponen de nuevo con el paso del tiempo. La crisis de la democracia es la incubadora de tal proceso”. En esa crisis del sistema democrático en la que coincide un progresivo alejamiento del debate político de lo que en mayor medida importa a los ciudadanos con una crisis de resultados, de eficacia, de vulnerabilidades desatendidas, resuena el juicio de Maurice Merleau-Ponty: “El mal no se crea a través de nosotros o de los otros, sino que nace en la tela que hemos tejido y que nos ahoga”.

La sustitución del bipartidismo imperfecto de antaño por la configuración de la política de bloques del presente complica de tal manera la concreción de mayorías que es determinante en ese encrespamiento del léxico, en esa tendencia acrecentada a descalificar al adversario, a llegar al insulto si es preciso para desgastar al rival. Ha renunciado la derecha a admitir la legitimidad democrática de la alianza para gobernar de Unidas Podemos y del PSOE, y se han adueñado de la tribuna los productores de eslóganes hirientes, alumnos o imitadores de los agitprop de los que se rodeó Donald Trump. Ha caído la izquierda en la trampa para osos de las frases altisonantes y fuera de lugar –Ángel Gabilondo, Mónica García y Yolanda Díaz, tres excepciones– que llevan sistemática y estérilmente la política al terreno de las emociones. Y en esa laguna enfangada ha nadado Vox como pez en el agua hasta dar la impresión de que la partida se ha jugado según las reglas que más le convenían.

Cuba, una revolución devaluada

El desarrollo del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue la ocasión esperada para desentrañar qué futuro aguarda a la isla y también la ocasión presentida de que ninguna aclaración sería efectiva, negro sobre blanco. Emparedados los congresistas entre el mensaje de Raúl Castro, 89 años, guardián de las esencias, y una pretendida renovación generacional, encarnada por Miguel Díaz-Canel, 61 años, presidente del país y nuevo secretario general del PCC, los discursos dejaron para momentos más propicios el esclarecimiento del futuro que aguarda a una sociedad exhausta a la que le falta de todo, a una economía agonizante y a un establishment acomodado a los estados carenciales de un régimen en un ocaso inacabable.

Sin quitar importancia a los efectos de las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, la imagen de insimismamiento revolucionario prevalece sobre cualquier otra. La “ciudad detenida” –La Habana–, descrita en 2019 por el escritor Andrés Caparrós, se antoja una síntesis corpórea de las flaquezas de un sistema progresivamente deteriorado e ineficaz. La “ciudad de las columna”, homenajeada en su día por Alejo Carpentier, sobrevive al paso del tiempo como una referencia del pasado, pero las bellas columnas están desconchadas y no hay recursos para repararlas. La incapacidad para renovar el régimen parece una enfermedad congénita sin curación posible.

Aunque “una generación, hija de los mambises con barba que bajaron de la Sierra Maestra, se pondrá al frente del partido que vela por los sueños de los humildes de esta isla”, como escribió un analista en Granma antes de empezar el congreso, las líneas rojas las fijó con trazo grueso y bien visible el secretario general saliente, Raúl Castro: el control estratégico de la propiedad estatal y el partido único no admiten discusión. El temor a que la pequeña y la mediana empresa se muestren más rentables y eficaces que la anquilosada gestión estatal impregnó el mensaje de Castro en igual o mayor medida que el temor a que una liberalización excesiva de la economía agrave las desigualdades, muy visibles hoy entre las familias que reciben regularmente remesas en dólares y las que no cuentan con tal ayuda.

La remisión de un comentarista de Juventud Rebelde a un discurso pronunciado por  Raúl Castro en el último congreso de los jóvenes del partido presagia un horizonte borrascoso: el líder de la revolución pronóstico a las nuevas generaciones “muchos años más de lucha y sacrificios”. Un mensaje que en cualquier otro lugar habría resultado sombrío y desesperanzador, pero que un auditorio de futuros apparatchiks lo acogió sin sobresalto. Como si el sacrificio ilimitado formara parte de la mitología castrista, los padecimientos hace tiempo que dejaron de tener fecha de caducidad.

Lo cierto es que, como sucede en todos los procesos emancipadores, la legitimación de que disfrutan sus líderes sí tiene fecha de caducidad: la de su desaparición entre los vivos. A sus herederos no se les mide con la misma vara. El vínculo personal entre líderes y ciudadanía se quiebra, las generaciones que no vivieron la gran epopeya mantienen con los gobernantes una relación sin anclajes sentimentales y lo que realmente importa son los resultados. Por esa misma razón, ningún dirigente cubano puede ni remotamente sincerarse en los términos que lo hizo Fidel Castro el 18 de julio de 1991: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”.

Al mismo tiempo, hay quien intuye que la situación cubana es un caso excepcional. “Cuba es el único caso regional [latinoamericano] de un régimen autocrático cerrado con alta capacidad estatal y bajos niveles de movilización social”, sostiene el politólogo Armando Chaguaceda en la revista Letras Libres. Claro que el régimen castrista es el mejor pertrechado para la antiinsurgencia preventiva desde el episodio de Playa Girón (15 de abril de 1961). Es decir, que hay una maquinaria estatal de control con un grado de efectividad muy por encima del que caracteriza a la mayoría de sectores. Pero tal realidad no devalúa la apreciación de Chaguaceda, y entonces cabe preguntarse: ¿cuál es el grado de adhesión o de conformismo de la población, desaparecida casi la totalidad de líderes históricos de la revolución y los integrantes de la generación de cubanos marcados por la liberación?

El hecho de que 80 congresistas demócratas mandaran en marzo una carta al presidente Joe Biden pidiéndole una aproximación más constructiva a la situación en Cuba quizá se explica en parte por esa aceptación sin tensiones en la isla de un momento tan difícil como muchos otros vividos desde 1959. Y así, de la misma forma que Raúl Castro pone límites a la transformación del sistema, es improbable que el Gobierno ponga obstáculos a una relación puesta al día con Estados Unidos de la forma que lo hizo Barack Obama, porque no correrá ningún riesgo. Las directrices del congreso del PCC pueden ser una determinación de objetivos para consumo interno, pero su utilidad es más que dudosa en el ámbito de la Realpolitik.

El régimen cubano presenta todos los síntomas de la senectud, de una larga y azarosa vida. “Cuba está más arrinconada que nunca. Los cubanos están como en una balsa que está a flote, pero tienen menos salvavidas que antes”, opina el periodista Jon Lee Anderson. Descartan sus líderes copiar el modelo chino o el vietnamita y siguen con la letanía de la herencia revolucionaria recibida, pero son demasiados los datos que inducen a pensar que, a pesar de todo, algo se mueve, siquiera sea sigilosamente, para salvar los muebles; siquiera sea para evitar que la colonia cubana de Miami imponga sus designios. Dijo Eduardo Galeano que la revolución cubana “fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser”, y la frase, impregnada de realismo, es hoy del todo vigente; quizá sea el destino reservado a un experimento social devaluado.

Racismo sistémico en Estados Unidos

Si en algún momento pudo confiar la sociedad estadounidense en una progresiva atenuación de las tensiones raciales, el agravamiento de los últimos años no hace más que sentar al país frente a un espejo que devuelve la imagen de una angustiosa realidad. Mientras se desarrolla en Minneápolis el juicio contra el policía Derek Gauvin, que causó la muerte por asfixia del ciudadano afroamericano George Floyd, en un suburbio de la misma ciudad la policía Kim Potter ha dado muerte (11 de abril) a un joven de 20 años, Daunte Wright, y el policía de Chicago Eric Stillman ha acabado con la vida del niño Adam Toledo, de 13 años y ascendencia hispana, que estaba desarmado y con las manos en alto (las autoridades tardaron más de dos semanas en dar cuenta del suceso, ocurrido el 29 de marzo). Nada contrarresta la tradición propia de una sociedad tan a menudo dividida por el racismo, tan a menudo alentada por el discurso supremacista, tan irresponsablemente excitada durante el mandato de Donald Trump.

La multiplicación de cargos públicos en las diferentes administraciones apenas ha sido capaz de construir un escenario de normalidad. “He vivido lo suficiente para saber que las relaciones raciales están mejor de lo que estaban 10, 20 o 30 años atrás, no importa lo que digan algunos”, proclamó Barack Obama en su discurso de despedida de la presidencia, pero poco después matizó sus palabras: “La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisiva en nuestra sociedad”. La frialdad de las estadísticas le dan la razón: el 45% de los pobres pertenecen a las comunidades negra e hispana; la renta media de las familias negras equivale al 59% de la de las blancas; los afroamericanos constituyen el 13% de la población estadounidense, pero aportan alrededor del 35% de los reclusos y el 40% de los condenados a muerte.

Michael Dayson, profesor de la Universidad de Georgetown, coincide con muchos estudiosos en considerar la presidencia de Obama un acontecimiento de gran relevancia social y política, pero también un suceso que alarmó a una parte significativa de la comunidad blanca e hizo resurgir “el feroz antirracismo negro”. De lo que es fácil deducir que Trump encontró el terreno abonado para dar en la comunidad blanca con un caladero de votos que ni siquiera los neocons lograron captar en la misma proporción para George W. Bush. Seguramente, durante la presidencia del antecesor de Obama se daban en potencia las condiciones para un renacimiento o activación del racismo blanco, pero nada en el horizonte presagiaba un cambio tan radical en la atmósfera política como la llegada a la Casa Blanca de un ciudadano negro.

Ni siquiera la colonización del Partido Republicano por el pensamiento ultraconservador, que se remonta a los mejores días del Tea Party, vaticinó en toda su gravedad y profundidad la activación de los resortes racistas. Por el contrario, mediante un cambio progresivo en las industrias culturales, las universidades y la orientación multirracial de la producción audiovisual, sobre todo para la televisión, se transmitió la ilusión de una sociedad en lenta, pero progresiva armonía. Se desdibujó así a ojos de muchos el hecho cierto de que el racismo es una enfermedad sigilosa, enmascarada con frecuencia por formalismos sociales que alimentan la idea de una relativa normalidad.

La recopilación de factores constitutivos de la identidad de la nación hecha por la nobel Toni Morrison sigue siendo válida en toda su extensión. La gran escritora identificó, entre otros, la raza, la esclavitud, la memoria, la discriminación y la integración de la cultura afroamericana. De ahí el choque con la cultura hegemónica, transmitida generación tras generación por la población blanca de ascendencia europea. Aquello que aparece en los libros de Morrison es el nítido reflejo de esa confrontación, de la asimetría en la correlación de fuerzas y de los brotes de tensión casi sesenta años después del sueño de Martin Luther King.

No es una exageración decir que la asimetría racial es consustancial al ADN de muchos estados, donde se ha puesto en marcha la maquinaria legislativa para dificultar al máximo la votación a las minorías raciales e impedir una movilización como la vivida en noviembre del año pasado. Mientras el eslogan Black lives matter guía los pasos de los manifestantes contra la violencia policial y Joe Biden dicta órdenes ejecutivas para mejorar la equidad racial, hay una corriente de fondo dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el predominio de la sociedad blanca. Al mismo tiempo, una minoría afroamericana cada día más radicalizada por la sucesión de episodios luctuosos ha llegado a la conclusión de que la convivencia no es posible, de que sus acometidas en la calle son para defender derechos mínimos por los que nadie está dispuesto a jugarse de verdad su futuro político.

“Me postulé para la presidencia porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y la simple verdad es que nuestra alma estará atribulada mientras se permita que persista el racismo sistémico”, dijo Biden el 23 de marzo. La declaración presidencial choca con el conservadurismo blanco extremo, que cree exactamente lo contrario: el alma de la nación no sobrevivirá al multiculturalismo, al mestizaje y a la igualdad racial. Y este sentimiento de pertenencia a una raza más que a una comunidad multicolor, Estados Unidos, se percibe tanto en estados con una presencia importante de afroamericanos como en los que no hay más color o casi que el blanco.

¿Cabe esperar una evolución tranquilizadora a medio plazo? Seguramente, no; seguramente la tendencia a que se agrien las relaciones condicionará el futuro. Los hechos han confirmado la sospecha de que el color de la piel del presidente, de la vicepresidenta, de tal o cual integrante del Gobierno no es un dato determinante para serenar los ánimos porque el racismo es un factor constitutivo de la nación, por más que la guerra civil (1861-1865) acabara con la derrota de los secesionistas del sur. Hay en la herencia dejada por la esclavitud el veneno inaprensible de la superioridad blanca, del convencimiento aún para muchos de que los descendientes de esclavos son una amenaza para la preservación del legado fundacional blanco, anglosajón y protestante. Ese es el gran lastre.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.