Futuro incierto en Afganistán

El anuncio hecho por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos completará la retirada total de Afganistán el próximo 31 de agosto se produce en una atmósfera de creciente pesimismo acerca de la capacidad del Gobierno de Kabul de hacer frente en solitario al desafío de los talibanes, que controlan un tercio del territorio y mantienen sitiadas o en situación precaria varias capitales de provincia. Han fracasado todos los intentos para llegar a un acuerdo con los líderes talibanes para garantizar la pervivencia de la república alumbrada con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, han fracasado asimismo los esfuerzos encaminados a cercenar la capacidad operativa de las milicias talibanes y no ha sido mayor el éxito para implicar a Pakistán en el desmantelamiento o, por lo menos, el control sistemático de los santuarios talibanes en su territorio.

El general Austin Scott Miller, al mando del contingente que aún se encuentra en la base de Bagram, manifestó hace un mes su temor de que Afganistán se sumerja en una guerra civil cuando sea su Ejército la única fuerza de choque que se enfrente a los talibanes, según recogió el periódico The Washingron Post. El mismo medio se hizo eco de los temores del senador republicano Lindsey O. Graham, que cree posible un renacimiento poco menos que inmediato de Al Qaeda y el ISIS en el corazón de Asia, algo que parece improbable a los analistas militares –los líderes talibanes no tienen mayor interés en reeditar viejas alianzas–, y que, en cambio, si admiten que es posible un rápido avance de los fundamentalistas islámicos en dirección a Kabul de aquí a final de año.

Después de una guerra de dos meses (octubre-diciembre de 2001), veinte años de presencia permanente en Afganistán y dos billones de dólares del contribuyente gastados en un conflicto imposible de coronar con la victoria nada es sustancialmente diferente en orden a hacer del régimen afgano un muro de contención fiable. Han fracasado todos los intentos para comprometer a los talibanes en un acuerdo de coexistencia pacífica con el Gobierno de Kabul. Hillary Clinton no encontró interlocutores fiables cuando los buscó desde la Secretaría de Estado; no corrió mejor suerte la pirotecnia diplomática de Donald Trump, que optó por fijar la retirada definitiva para el 11 de septiembre de 2021; no ha hecho otra cosa Biden que rendirse a la evidencia.

Visto retrospectivamente, nunca tuvo demasiado sentido la búsqueda en las filas de la resistencia talibán de una facción dispuesta a comprometerse con el statu quo. Habida cuenta su naturaleza de organización antisistema, retardataria y antioccidental, era poco menos que imposible dar con un ala pactista que, por lo demás, nunca había dado señales de vida. Fue más una forma de justificar que, agotados todos los trámites para una evacuación sin riesgos futuros para Afganistán, no quedaba otra que confiar en que su Ejército –300.000 soldados razonablemente pertrechados e instruidos– sea capaz de contener al adversario. El recuerdo del desastre iraquí, cuando el ISIS avanzó hasta muy cerca de Bagdad después de tomar Mosul (junio de 2014), no deja de ser un precedente inquietante.

Al mismo tiempo, ha dejado de tener sentido para la opinión pública estadounidense seguir en el pedregal afgano y aplazar lo inevitable. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta hoy, el apoyo de las operaciones en Afganistán ha pasado del 90% a aproximadamente el 40%. Los vaticinios agoreros que remiten a una pronta escalada del terror y la restauración del régimen talibán en Kabul tienen menos fuerza que la sensación generalizada de que nada se logró de sustancial tan lejos de casa en términos de influencia y, en cambio, se perdió la posibilidad de presionar y en su caso desactivar a los talibanes. El presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haas, lo resumió así la pasada primavera: “Estados Unidos debilitó su influencia con los talibanes por su obvio deseo de poner fin a su presencia militar”. Con el daño añadido de que se ha reforzado la alianza de facto –siempre azarosa– entre la mayoría de líderes talibanes y jefes tribales o territoriales, muchos de ellos vinculados al cultivo y tráfico de la amapola de opio.

Es más que probable que la retirada ordenada por Biden se consume en contra del consejo de los generales, porque es evidente que poco han cambiado los datos esenciales de la situación en Afganistán: el Gobierno solo controla en la práctica la capital, algunas capitales de provincia especialmente importantes y una parte sustancial, pero ni mucho menos total de las vías de comunicación; la frontera con Pakistán sigue siendo extremadamente porosa y de cuanto se cuece al otro lado de la divisoria tiene Kabul noticias imprecisas y fragmentadas. Por decirlo con las mismas palabras empleadas hace unos años por un funcionario de la OTAN: el primer deber de los soldados afganos y de sus aliados es garantizar su seguridad; no es posible plantear objetivos más ambiciosos y resolutivos.

Ante esta realidad inobjetable, han prevalecido en la decisión de la Casa Blanca, además de las razones enumeradas por el presidente –“¿cuántos miles de hijas e hijos más han de seguir corriendo riesgos?”, dijo el jueves–,las relacionadas con la pugna por la hegemonía que mantienen Estados Unidos y China. El mapa y los intereses de Afganistán quedan muy lejos de la cuenta del Pacífico, de la complicidad con los aliados en Extremo Oriente y de la economía global. Si en algún momento, después de dar la orden de ataque, pasó por la cabeza del presidente George W. Bush la posibilidad de construir una nación, Biden deshizo el equívoco al anunciar la retirada: “No fuimos a Afganistán a construir un país. El pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí solo su futuro y cómo quiere gobernar su país”.

Puede que los neocon que rodeaban a Bush vieran la oportunidad, recién caído el régimen talibán, de acabar con la tradicional fragmentación de la sociedad afgana, que ni las potencias coloniales en el pasado ni las superpotencias de nuestro tiempo comprendieron nunca en toda su complejidad, pero la experiencia de veinte años in situ ha disipado cualquier duda. Quedará Afganistán a expensas de sus propias fuerzas antes de que acabe el verano, quizá para ser en muy poco tiempo un foco de inestabilidad. Pero Estados Unidos ha decidido una serie de retiradas estratégicas para concentrarse en la rivalidad con China y la regeneración de la política en Estados Unidos, tan degradada. Todo lo demás le parece al establishment un compendio de problemas accesorios.

 

Trump zarandea el sistema

El estupor y la desorientación que han seguido al asalto al Capitolio de Washington de una multitud de seguidores de Donald Trump tardará mucho tiempo en metabolizarlo una sociedad enfrentada a sus demonios familiares, a esa incompatibilidad poco menos que orgánica entre la tradición liberal y la conservadora, entre dos universos con visiones radicalmente diferentes de la nación, de la identidad colectiva, del papel de Estados Unidos en un mundo cambiante, cada vez más alejado de las grandes certidumbres de antaño, acaso del legado de los padres fundadores. Nada de cuanto ha destilado el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha atenuado el clima de confrontación extrema que empezó a gestarse en tiempos de Bill Clinton y que se agravó durante los dos mandatos de George W. Bush, con el auge de los neocon en la Administración y con la sensación creciente de que el Partido Republicano claudicó ante el éxito electoral de un conservadurismo extremo, todo ello en mitad del entusiasmo por la consagración de una hiperpotencia a escala global sin adversario posible que le pudiera discutir tal papel.

Pareció que la América mesiánica, cuya presunta misión debe ser siempre difundir la democracia cueste lo que cueste, había llevado con éxito al puente de mando a los herederos de Leo Strauss, de cuantos asumieron el mensaje del profesor de la Universidad de Chicago: la impugnación de la modernidad como una ruptura con los fundamentos del pensamiento clásico. Lo que realmente sucedió fue que fraguó en el crisol del conservadurismo la impresión de que era posible una cierta vuelta al pasado, a un país blanco, condescendiente con las minorías y al servicio de un capitalismo sin cortapisas. De ahí que la victoria de Barack Obama en 2008 fuese interpretada por el grueso del mundo conservador como una derrota sufrida por la nación clásica frente a un conglomerado de minorías movilizadas por un presidente afroamericano, moderadamente reformista. Así las cosas, el grueso del establishment republicano aceptó el deslizamiento hacia la extrema derecha con la vista puesta en la reconquista de la Casa Blanca.

La llegada al poder de un populista megalómano como Donald Trump fue a partir de entonces solo una cuestión de tiempo y de los errores cometidos por el Partido Demócrata en la campaña de 2016. Hillary Clinton nunca consiguió arrastrar a las minorías que siguieron a Obama en los estados industrializados más dañados por el coste social que para las clases medias tuvo la salida de la crisis financiera de 2007-2008. Trump tomó prestados los votos de un electorado especialmente decepcionado y, al mismo tiempo, supo encarnar el arquetipo del estadounidense de la llamada América profunda, receloso del poder federal, de la libertad de costumbres, que nunca ha dudado de la excepcionalidad de la nación a la que pertenece.

Lo que ha propiciado el asalto al Capitolio es que una parte de la multitud de portavoces desinteresados con los que ha contado Trump han comprendido que los exaltados, alentados por el presidente, han puesto el sistema al borde del precipicio. Si en las filas republicanas del trumpismo se han multiplicado las deserciones –Mitch McConnell, uno de los casos más destacados por su apoyo al presidente hasta fecha reciente–, fuera de ellas, entre los electores que creyeron de verdad que se produjo un fraude electoral, han aumentado las dudas en cuanto a la idoneidad y limpieza del método escogido para protestar. Aunque, según las encuestas, el 75% de los votantes de Trump sigue pensando que se manipuló el escrutinio, seguramente un porcentaje significativamente menor está de acuerdo con arremeter contra las instituciones. Y hay quien incluso se arrepiente públicamente de haber seguido a Trump en su prédica apocalíptica en las redes sociales posterior al 3 de noviembre.

Es especialmente significativo de la fractura en las filas trumpistas la reacción de clérigos evangelistas blancos analizada por David Brooks en The New York Times a la luz de las últimas encuestas, que registran entre los seguidores de Trump una caída media de diez puntos en el índice de aceptación de su comportamiento. El predicador Jeremiah Johnson, muy conservador, escribió el día 7 en su cuenta de Facebook, que “Dios destituyó a Donald Trump de su cargo por su orgullo y arrogancia, para humillar a quienes lo habían apoyado fervientemente” (Johnson, uno de ellos). Otro pastor, Tim Remington, asimismo muy conservador, exige que “se acabe esta basura”, y Brooks concluye con una idea harto repetida: la sinrazón “es una bestia voraz” que puede devorar no solo a un partido (el republicano), sino a una nación.

Esa sin sinrazón a la que alude el analista da pie a diferentes supuestos –nacisistas secundado a un narcisista (Joshua Hart y Nathaniel Stekler), terrorismo interior o diferentes formas de nacionalismo extremo–, posibles todos ellos gracias a las redes sociales, herramientas ideales para la demagogia, la intoxicación política y el sectarismo. Lo que lleva directamente a preguntar por el papel desempeñado en la red por Twitter, Facebook, Instagram y otras aplicaciones de alcance universal, por la tolerancia extrema con Trump y sus disparates cotidianos, por cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión cuando un usuario de las redes tan relevante como el presidente de Estados Unidos defiende desde el inicio de su mandato la existencia de una “realidad alternativa”. La pregunta que formula Joyce White Vance, profesora se la Universidad de Alabama, en el semanario Time cabe hacerla extensiva a los gestores de las redes sociales: ¿puede haber una responsabilidad penal por la inducción de actos violentos limitada solo al autor de los mensajes o es extensible a los responsables de las plataformas que han consentido su difusión?

El mismo o parecido planteamiento tiene sentido cuando se trata de calibrar si la responsabilidad de Trump en el asalto obliga a incluir su nombre en la lista de los investigados por el FBI y que en su día pueden ser juzgados, acusados de un delito de terrorismo interior. La profesora White se remite a la definición de terrorismo consagrada por el FBI: actos de naturaleza violenta y criminal cometidos de forma individual o por grupos con diferentes objetivos ideológicos. Para Eugene Robinson, en The Washington Post, los republicanos “están fuera de tiempo para repudiar las mentiras electorales de Trump”, pero puede que no para contribuir a que se sustancien responsabilidades dentro y fuera de las redes sociales, para esclarecer quién apretó el botón del asalto a la democracia,

Esta es en última instancia la cuestión esencial para que el mandato de Joe Biden no empiece en una atmósfera viciada por el encubrimiento de responsabilidades. Porque es evidente que ni todo el conservadurismo es responsable del disparatado final de Trump ni nadie es responsable de nada; porque no hay duda que de que las redes sociales no pueden seguir siendo el refugio de difusores de todas las formas imaginables de odio y manipulación hasta que una insurrección como la del 6 de enero las obliga a actuar a toda prisa (Trump disfrutó en ellas de barra libre durante cuatro años). Si la democracia es un modelo pautado de derechos y libertades, es preciso dar con la tecla para que años de mensajes divisivos, de descalificaciones del sistema y del principio de legalidad, no vuelvan a zarandear las libertades y a inspirar a otros, en los cuatro puntos cardinales, dispuestos a imitar a Trump para asaltar el poder.

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EEUU, enfrentado consigo mismo

Aunque Joe Biden ocupe finalmente la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el daño infligido por Donald Trump al sistema, a las reglas esenciales de la democracia y al respeto a las instituciones seguramente permanecerá en el imaginario colectivo de Estados Unidos mucho más tiempo del deseable. La alocución del presidente la madrugada del viernes fue una sarta de disparates y falsedades manifiestas, una insólita ceremonia de intoxicación que reprobaron de inmediato los grandes medios –algunas televisiones cortaron la conexión a mitad del monólogo–, encaminada a desacreditar un recuento que no por farragoso e inacabable es menos legítimo y está menos sometido a toda clase de garantías. Al insistir en la división entre votos legales (los contados la noche electoral) e ilegales (los escrutados en los días siguientes) y pedir la suspensión de los recuentos allí donde iba perdiendo o se acortaba la ventaja que le sacaba a Biden, Trump llevó su desprecio por las normas más allá de toda medida.

Nada hay de nuevo o inesperado en el comportamiento de la Casa Blanca, que ha movilizado a un número enorme de abogados para impugnar el proceso; todo fue advertido y adelantado por el presidente durante la campaña, como si el único resultado aceptable fuese su victoria; nada puede sorprender hoy ante la amarga frustración de un candidato que aun obteniendo siete millones de votos más que en 2016 se ve superado por un adversario que ha conseguido ocho millones más que los sumados por Hillary Clinton. Un dato que, en otras circunstancias, debería interpretarse como un síntoma de buena salud de la democracia participativa, pero que para el caso se antoja más un signo inquietante de la división de una sociedad, de la rivalidad irreconciliable entre dos realidades excluyentes: puede decirse que medio país ha dejado de soportar al otro medio o eso parece. La tensión en la calle en cuanto se cerraron las urnas, las proclamas en apoyo de un recuento hasta el último voto o, en sentido contrario, para la suspensión del proceso nada bueno presagian porque el caudal de las dos riadas desborda los cauces cívicos.

La condición de hombre-pueblo que cabe atribuir a Trump –“yo soy vuestra voz”, dijo durante la campaña de 2016 a auditorios entregados–, transformada en culto a la personalidad durante su mandato a través de todos los instrumentos a su alcance, ha desembocado en algo parecido a una militancia política sobrevenida, como si los movilizados de cada bloque creyesen que el otro es la semilla a punto de germinar de una distopía. Y quien ha incitado esta confrontación insana desde el primer día ha sido sin duda el presidente, convertido en el culmen de un proceso que se inició con el conservadurismo del Tea Party, siguió con la llegada al poder de la prédica neocon con George W. Bush, continuó con la desfiguración del Partido Republicano y ha llegado hasta esta mezcla sin precedentes de populismo, egolatría y desprecio por las convenciones. Serenar los espíritus se vislumbra ahora mismo una empresa imposible.

“Una amplia proporción del electorado optó por el sociópata”, titula Tom Nichols su artículo en The Atlantic; “no debería ser necesaria la mayor participación de votantes en la historia de Estados Unidos para garantizar que un presidente rechazado por la mayoría del pueblo estadounidense deje de ser presidente”, escribe en la misma publicación David Frum, que fue redactor de discursos de Bush hijo. El diagnóstico de Nichols es visceral, en consonancia con el aire que se respira: “No importa cómo acabe esta elección, América es ahora un país diferente. Cerca de la mitad de los votantes han visto a Trump en todo su esplendor –sus diatribas infantiles, sus desastrosas y letales políticas, su desprecio por la democracia en todas sus formas– y decidieron que querían más de eso”. El de Frum tiene más profundidad porque atañe a la solvencia misma del sistema, a la fiabilidad de las instituciones y a la alternancia no traumática del poder. Entre ambos límites se concreta la reacción de una opinión pública que asiste atónita o crispada a un espectáculo que causa sonrojo incluso entre aquellos republicanos –Marco Rubio, Mitch McConnell y algunos otros– que entienden que la Casa Blanca ha traspasado todos los límites.

Decir que Trump ha decidido quemar sus naves es solo una aproximación inmediata al caso. Lo que realmente importa si funcionan los mecanismos de control del poder que establece la Constitución y hay relevo en la presidencia, es que el trumpismo se ha instalado en el andamiaje político de Estados Unidos para quedarse, aun perdiendo la presidencia, porque desborda energía, porque ha suplantado al Partido Republicano como gran adversario del Demócrata. La mutación genética es muy relevante: el partido –la institución– se ha visto ampliamente superado por la dinámica de un personaje ajeno a la historia y tradiciones de la formación, que ahora depende en todo de su poder de captación.

La repercusión mundial del proceso en curso será notable en términos de consolidación de diferentes modalidades de populismo de extrema derecha. Tiene mucho sentido la teoría de Peter Baker y Maggie Haberman expuesta en The New York Times según la cual Trump abre el camino para disputas legales sin futuro para presentarse luego como mártir de la causa, como alguien vencido por sus enemigos con malas artes, pero sobrado de seguidores en todo el país. Otra manera de reforzar su figura de hombre-pueblo y de dejar a un lado los requisitos inherentes a la democracia. A Trump le da igual el principio de checks and balances (controles y equilibrios) que se desprende de la Constitución, y muchos de sus seguidores en la calle consideran que las cosas han ido demasiado lejos en los campos cultural, social y político como para detenerse en enojosos detalles. A lo que debe añadirse que la presidencia de Barack Obama fue la gota que colmó el vaso para una gran parte de la llamada América profunda.

Si finalmente se da el relevo, la primera tarea de Joe Biden será una triple misión poco menos que imposible: recoser los costurones que seguramente dejará la larga disputa en los tribunales que se avecina, sanear el clima político para que deje de ser un combate sin reglas y restablecer los consensos sociales básicos. Porque el enconamiento presente, por muchas que sean las razones que lo expliquen, no hará más que agravar el enfrentamiento del país consigo mismo, debilitará la democracia y erosionará la influencia de Estados Unidos, la hiperpotencia de finales del pasado siglo y comienzos de este sumida hoy en una crisis de identidad sin parangón.

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Trump acumula malas noticias

Una sobrina del presidente de Estados Unidos vendió el jueves casi un millón de ejemplares de su libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). El título del trabajo de Mary Trump es poco menos que una declaración de principios o de propósitos, muy en la línea de otros libros que tratan de desentrañar, con más o menos rigor expositivo, el perfil psicológico y los impulsos que mueven al inquilino de la Casa Blanca. Es un libro más dentro de un subgénero, los ensayos de consumo –usar y tirar–, dedicados a Donald Trump, que seguramente dará más de qué hablar que otros por la proximidad siquiera genealógica de la autora con el personaje sujeto a escrutinio.

Un artículo del nobel Paul Krugman en The New York Times vaticina un cataclismo social inminente a causa de la errática gestión de la pandemia, la ligereza con la que la presidencia ha impuesto y levantado los confinamientos y la expansión de la enfermedad en todas direcciones. Teme con cifras el economista que la debilidad de los mecanismos de protección social y las ayudas a los desempleados sean insuficientes, y temen muchos de sus colegas de profesión que la lluvia de dólares decidida por Trump para evitar el colapso de la economía sea insuficiente o se malbarate a causa justamente de una expansión incontrolada de la enfermedad causante de la crisis económica. Krugman aporta, en este sentido, un dato perturbador: el estado de Florida suma una media diaria de muertos superior a la de toda Europa a pesar de tener una población equivalente a la vigésima parte de la europea.

Las encuestas se han desplomado desde que la enfermedad se manifestó en toda su crudeza. La media de todos los sondeos atribuye al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, entre 11 y 13 puntos de ventaja sobre Trump, que ha despedido a su jefe de campaña, soslayando el hecho de que ni el mejor y más experto de los estrategas tiene en sus manos neutralizar el impacto emocional diario del recuento de fallecidos y de nuevos contagios. Según varios estudios del Pew Center, cambia progresivamente la opinión de una parte importante del electorado republicano acerca de la gestión de la pandemia, algo que subrayan los análisis demoscópicos en todos los swing states (estados indecisos u oscilantes), en los Biden gana a Trump. Es solo una tendencia, pero muy relevante, porque en 2016 el candidato republicano ganó en todos ellos.

A estos datos que configuran la actualidad debe añadirse el ruido de fondo de una parte del Partido Republicano, que teme encarar la cita del 3 de noviembre en una situación de debilidad extrema, sobre todo si se da el caso de que un medio disponga de los documentos que acrediten el comportamiento fiscal de Trump. Aunque en principio este material solo puede ponerse a disposición del Congreso, pero no hacerlo público, y posiblemente su difusión desencadenaría una batalla legal, hay suficientes precedentes en la historia de Estados Unidos para pensar que incluso es posible su publicación con respaldo judicial. Algunos acreditados analistas sostienen que en nombre de la transparencia y del derecho del contribuyente a estar informado, acaso puedan revelarse las cuentas particulares del ciudadano y empresario Donald Trump.

Es decir que no solo el coronavirus puede costarle el puesto al presidente, sino que otros factores coincidentes con la pandemia –las opacas relaciones con Rusia siempre están ahí– son potenciales elementos desestabilizadores de una campaña que hasta ahora transita en el filo de la navaja. Pero de ahí a dar por políticamente amortizado a Trump media un mundo. Hace cuatro años era bastante habitual preguntarse si podía ganar Trump, como si el candidato elegido por los republicanos no pudiese derrotar a Hillary Clinton, representante del establishment político estadounidense, y no solo del Partido Demócrata. La derrota entonces de la favorita probó que todo es posible cuando vota una sociedad muy dividida, una clase media dañada por los costes sociales de la salida de la crisis financiera y un universo político muy conservador en las entrañas de la nación que vivió la presidencia de Barack Obama como una vulneración de su forma de vida.

¿Qué tiene Trump a su favor? La fidelidad de la llamada América profunda a su apostolado ultraconservador, la sensación para muchos de que uno de los suyos ha llegado a la Casa Blanca y no caerá en experimentos políticos importados –la sanidad universal, el control de armas y otros apartados– ni “se meterá en sus casas”, como dijo un joven ciudadano de Montana en un reportaje de la CNN. Trump tiene a su favor todo aquello que adopta el aspecto de una rectificación del reformismo moderado de Obama. Puede que no sea mucho, pero ninguno de los disparates cometidos por la Casa Blanca, de los errores encadenados y del desorden en el Gobierno empaña esta sensación entre los seguidores de la senda trumpiana. El alto grado de disciplina electoral que se atribuye a los votantes del presidente parte de este fundamento: él ha cumplido con la promesa de hacer exactamente lo contrario de cuanto guió los pasos de Obama.

El problema está en más allá de los adeptos, de aquellos que en 2016 vieron en Trump a alguien que les podía rescatar de la decadencia, del altísimo precio pagado por algunos estados a causa del auge de las nuevas tecnologías y del ocaso de las industrias tradicionales. El problema para el presidente reside en retener a sus votantes accidentales, a aquellos que no han visto mejorada sustancialmente su situación a pesar del auge económico y hoy forma parte de los sectores sociales golpeados por los efectos demoledores de la pandemia en la economía, a aquellos defraudados por la gesticulación de un presidente incapaz de afrontar con realismo y compromiso social el combate contra la enfermedad.

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Trump se radicaliza, pero pierde fuelle

A menos de cinco meses de la elección presidencial en Estados Unidos se multiplican los motivos de inquietud por lo que medios tan diferentes como los semanarios Time y The Nation y el diario The Washington Post llaman “errática política” de Donald Trump. También son cada vez más los analistas que advierten de que si se prolonga su mandato otros cuatro años, los efectos que tendrá en el plano interior e internacional pueden ser irreversibles y desastrosos (Richard Ford). La sensación de que la Casa Blanca multiplica sus esfuerzos para “controlar todas las palancas del poder” (Brian Bennett, en Time) y para saltarse todas las convenciones políticas, con grave daño para la solvencia institucional del Estado, no alarma solo a la oposición demócrata y a la movilización transversal desencadenada por la muerte de George Floyd, sino a muchos republicanos clásicos que se llevan las manos a la cabeza cada vez que Trump arremete contra el Tribunal Supremo, denigra las manifestaciones o difunde mensajes desaforados a través de Twitter.

El intento de impedir la distribución del libro La habitación donde ocurrió, Unas memorias de la Casa Blanca, que firma John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, es el último episodio con el que el presidente ha alimentado la controversia. Ni Bolton es un compendio de probidad y virtudes ni todo cuanto se dice en el libro es posible que se ajuste a la realidad, pero es desmesurado recurrir a la seguridad nacional para impedir que el texto llegue a los lectores. Bolton no es una voz imparcial, sino un político despechado que, llegado el caso, puede verse obligado a dar explicaciones a un juez si alguien que se siente perjudicado por el libro o que entiende que transgrede la ley, acude a los tribunales. Lo que no es tolerable es que alguien –el presidente, en este caso– pretenda neutralizar un libro a despecho de lo dispuesto en la primera enmienda de la Constitución, que data de 1791 y que consagra la libertad de expresión.

“Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer que reinen el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común”, escribió el pensador francés Maurice Duverger hace medio siglo en Introducción a la política. Tal descripción general, plenamente vigente, explica en nuestros días la tensión creciente y la polarización política en todas partes, cada vez más alejadas las posiciones de cada bando, singularmente en Estados Unidos, donde la atmósfera política ha adquirido la densidad del plomo.

El hundimiento de Trump en las encuestas, a 13 puntos del candidato demócrata, Joe Biden, ha contribuido decisivamente a radicalizar los mensajes que emite el Despacho Oval. Trump expande su guerra contra Washington, titula Time una crónica; Se prepara el escenario para el repudio de Donald Trump en noviembre, sostiene The Washington Post. Al mismo tiempo, Fox News redobla sus iniciativas para dar cobertura a la rentrée presidencial en campaña este fin de semana, al día siguiente de la celebración del Juneteenth, que recuerda la proclama del general Gordon Granger en Galveston, el 19 de junio de 1865, que otorgó la libertad a los esclavos en el estado de Texas. Y los demócratas se afanan en resaltar el revolcón presidencial en el Tribunal Supremo, que impide a Trump abolir la ley promovida por Barack Obama que protege a los dreemers.

A cada día que pasa se espesa la mezcla y empieza a cobrar vida la diferencia entre legalidad y legitimidad, la deslegitimación del gobernante a través de sus actos y otros aspectos relacionados con el ejercicio del poder en una democracia. En noviembre de 2018, el historiador argentino Federico Finchelstein publicó un artículo en The New York Times en el que describrió a Trump como “el líder populista de una democracia minoritaria”. Esto es, de una democracia en la que se hizo con el poder quien no obtuvo la mayoría de los votos populares. “Muchos observadores afirman que así funciona esta democracia y su sistema representativo. Pero lo contrario es lo cierto: la democracia estadounidense es ahora un Gobierno de minorías y no funciona bien”, escribió Finchelstein, y esa línea argumental reaparece ahora como una impugnación global a su forma de gobernar, a su comportamiento y objetivos.

El periodista Mateo Madridejos recoge en su blog una afirmación del diplomático mexicano Jorge G. Castañeda sobre la situación en Estados Unidos: “El sistema político ha dado pruebas de estar mal equipado para reestructurar su red de seguridad y ampliar su contrato social”. Los hechos dan la razón al analista: la pandemia ha cercenado la buena marcha de los negocios, han aflorado las flaquezas crónicas del sistema sanitario y los mejores presagios auguran de aquí a final de año la recuperación de solo el 20% de los 40 millones de empleos perdidos por la congelación de la economía. Nadie culpa a Trump de ser el causante de la enfermedad, sí son cada día más los que entienden que el presidente ha gobernado de forma nefasta la emergencia sanitaria, ha facilitado la extensión del mal y se ha apoyado en cuantos, en nombre de una aberrante idea de libertad, han exigido normalizar la vida cotidiana a pesar del virus.

Por primera vez en tres años se extiende la impresión de que el choque de la Casa Blanca con las instituciones, el parte de infectados y muertos a causa de la covid-19 y el espinoso asunto de la tensión racial han debilitado la figura de Trump, incluso entre los suyos, sobre todo en aquellos estados en los que Hillary Clinton perdió por escasísimo margen. El semanario The Atlantic lo resume con una frase: “Trump pierde crédito allí donde puede necesitarlo más”. Faltan muchas etapas hasta llegar a la meta del 3 de noviembre, pero el griterío del presidente lastra cada día más sus posibilidades.

Sanders altera al ‘establishment’

Según se acerca la cita del supermartes, el establishment demócrata ha activado todos sus resortes para contener a Bernie Sanders y cerrar filas en torno a Joe Biden, a quien el segundo puesto logrado en las primarias de Nevada y varias encuestas que le son bastante favorables parecen augurarle un futuro más prometedor que el de hace unas semanas. Al mismo tiempo, entienden los asesores del Partido Demócrata que la hostilidad de la mayoría de medios hacia Sanders y la movilización de muchos de los mayores donantes de fondos influirá en el comportamiento de una parte del electorado. Algo que cabe poner en duda habida cuenta del dinamismo demostrado por el equipo de voluntarios que trabaja para el senador por Vermont, de la buena salud de las cuentas de campaña –el dinero no deja de fluir– y de la impresión que dejó el debate del último martes, cuando las arremetidas contra el veteranísimo político no parece que inquietaran a sus potenciales votantes.

El temor de los grandes donantes demócratas de que Bernie Sanders gane las primarias es que sea un candidato muy débil frente a Donald Trump. Para evitarlo, han multiplicado las muestras de apoyo a Joe Biden, pero crece la inseguridad y se ha apoderado de una parte del partido la sensación de que quizá ya es demasiado tarde. El semanario Time ha recogido esta idea no solo en el staff demócrata, sino muy especialmente entre donantes que ven en la campaña de Sanders una capacidad de movilización militante de la que los otros aspirantes carecen, especialmente en segmentos de votantes cuyo comportamiento puede ser determinante en las elecciones de noviembre, empezando por los menores de 30 años y continuando con diferentes minorías que sienten la presidencia de Trump como una agresión a sus intereses.

Time recoge, entre otras, la opinión de Jon Cooper, un donante centrista que apoya a Biden y que cree haber detectado un sentimiento de frustración en el partido por dos razones: porque ve a Sanders como seguro perdedor frente a Trump y porque la proliferación de candidatos moderados hace muy difícil que “uno de ellos sobresalga de la manada”. Resulta un poco sorprendente que cunda el desaliento con un número pequeño y no significativo de primarias celebradas hasta ahora, pero no es menos cierto que el debate del martes y la atmósfera que rodea a Sanders transmiten una sensación de seguridad que están lejos de poder exhibir los otros candidatos. Una seguridad que se basa en gran medida en una idea expresada por un consultor político: el senador ha conseguido muy pronto ser el favorito de todos los decepcionados.

La remisión a los decepcionados resulta quizá demasiado genérica para saber cuál es el alcance real de los apoyos que puede tener Sanders. Es más explícita de los riesgos que puede arrostrar la candidatura del senador la controversia que mantiene dividida al ala progresista del universo demócrata. Dos economistas ejemplifican tal división, ganadores ambos del Premio Nobel: Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Mientras el primero niega en The New York Times que Sanders sea un socialista –“no quiere nacionalizar nuestras mayores industrias y reemplazar los mercados con una planificación centralizada”–, pero cree que autodefinirse socialista “será un regalo para la campaña de Trump”, el segundo se remite a algunas de las propuestas más llamativas del senador –sanidad universal gratuita, reforma radical de la enseñanza superior que acabe con el endeudamiento de los universitarios y sus familias– para concluir que su programa alarma a una parte significativa de los electores, que temen un aumento de la presión fiscal y una intromisión del Estado en su vida privada.

Lo cierto es que Sanders siempre ha dicho que es un socialista democrático, una etiqueta que a nadie desasosiega en Europa, pero en Estados Unidos altera el pulso la simple utilización de la palabra socialista y lleva el debate político a terrenos donde el recurso a la demagogia es una tentación permanente. Y no solo por parte de Donald Trump y su equipo, sino en el mundo liberal, equivalente a progresista, que entiende que la gestión y solución de problemas sociales no debe invadir la libre iniciativa de los individuos. Es este un sentimiento muy arraigado, que Sanders no violenta con su programa de la misma forma que el presidente Barack Obama no lo hizo con la reforma sanitaria, aunque lo atacaron justamente en esta dirección. Pero una cosa son los hechos y otra muy distinta, las emociones.

El comportamiento de los medios, incluso de tradición liberal como The Washington Post y la cadena MSNBC, está íntimamente relacionado con el calificativo socialista democrático que Sanders aplica a sus ideas y programa. Como si su dilatada carrera en el Congreso y su participación hasta la última curva en las primarias de 2016, que ganó Hillary Clinton, no fueran razones suficientes para considerarle un político integrado en el sistema cuyo éxito momentáneo en la convocatoria de 2020 se debe en parte al hartazgo de muchos ciudadanos, exhaustos con la presidencia de Trump y la vulgarización o degradación de la política que ha traído consigo. Más, claro está, la desinhibición de la ultraderecha y la inquietud de diferentes minorías que se sienten agredidas u olvidadas.

Cuando el digital Politico.com titula una de sus informaciones La campaña de Joe Biden aún no está muerta refleja al mismo tiempo una realidad y una esperanza. Porque detrás del exvicepresidente se cobija una poderosa maquinaria política y porque el deseo más extendido entre los forjadores de opinión es que la batalla por la presidencia la libre un representante acreditado del centro. Incluso el fichaje de Hillary Clinton por una red de emisoras de radio para que comente la campaña cabe interpretarlo en este sentido, porque todo el establishment, y no solo el demócrata, quiere ahuyentar cuanto antes las incógnitas de futuro que plantea Sanders.

Hasta ahora nadie se remite a precedentes históricos en los que un candidato no deseado, pero finalmente vencedor en la convención, fue dejado poco menos que a su suerte por el partido, pero el disgusto de la dirección demócrata con la candidatura del senador George McGovern en 1972 dio como resultado la mayor derrota de un aspirante a presidente: solo ganó en el estado de Massachusetts y en Washington DC. A casi medio siglo de distancia de aquellos hechos todo ha cambiado, pero quizá nunca más desde entonces el Partido Demócrata se ha sentido tan incómodo con un aspirante a participar en la carrera por la presidencia. El eco de la debacle de McGovern aún resuena hoy en el oído de los más veteranos: el eslogan del candidato America vuelva a casa –la guerra de Vietnam todo lo contaminaba– dio pie a que unos grafiteros llenaran algunas paredes con la frase George vete a casa. Salvo que el supermartes aclare el panorama, es muy aventurado predecir adónde puede llevar ahora al Partido Demócrata la intranquilidad de su núcleo duro.

 

El ‘impeachment’ entra en campaña

El procedimiento de impeachment en el Senado de Estados Unidos se ha puesto en marcha con la seguridad para Donald Trump de que la mayoría republicana de la Cámara evitará la destitución y con la incógnita del desgaste político que puede llevar aparejado el trámite en año electoral. Instalado en una montaña rusa en la que se alternan para la presidencia las buenas y las malas noticias, la batalla del Senado entraña el riesgo de que desnude las artes de la Administración y, en tal caso, proyecte una imagen poco defendible de la Casa Blanca, aunque en las redes sociales porfíe el presidente en los ataques a sus enemigos. Si la sucesión de acontecimientos en Irán durante un par de semanas se vinculó con frecuencia a la necesidad de Trump de desviar la atención del impeachment, las decisiones que a partir del próximo martes tome el Gobierno serán difícilmente separables del desarrollo de las sesiones en el Senado.

Para la analista de The New York Times Michelle Goldberg, activar la confrontación con Irán fue “un movimiento natural para un presidente con problemas”, y la reacción iraní de “restablecer la disuasión frente a Estados Unidos” también lo fue. Detrás de esta escalada se movió la necesidad de contrarrestar los efectos del pliego de cargos contra Trump concretado por la Cámara de Representantes y el deseo del régimen de los ayatolás de dar satisfacción a los duros y reforzar la figura de Alí Jamenei, el líder espiritual de la república islámica. Y con estos precedentes, es bastante intranquilizadora la posibilidad de que la Casa Blanca opte por una estrategia agresiva en todas direcciones ante nuevas informaciones potencialmente inculpatorias con origen en la Oficina de Control del Gobierno, en unas declaraciones del abogado Lev Parnas, exsocio de Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, y en la posible declaración en el Senado de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump que dejó el puesto enfrentado con el Despacho Oval.

En los tres casos, la solvencia probatoria va mucho más allá de los dos cargos que la Cámara de Representantes ha llevado al Senado: abuso de poder y obstrucción de la investigación abierta. El informe de la Oficina de Control del Gobierno sostiene lisa y llanamente que el presidente actuó de forma ilegal al bloquear por motivos políticos, que no técnicos, 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania aprobados por el Congreso. Lev Parnas afirma que Trump estaba al corriente –quizá fue el inductor– de las presiones de Giuliani a las autoridades ucranianas. John Bolton puede dar detalles de los manejos políticos de la presidencia que muy pocos pueden aportar a la causa.

En ningún caso, salvo gigantesca sorpresa, cuanto se sustancie en el Senado cambiará el voto republicano, pero acaso lleve a Trump a dejar pelos en la gatera, a defraudar a electores del segmento menos ultramontano del republicanismo que, como hacía el fallecido John McCain, anteponen una idea básica de la decencia al blindaje de la figura del presidente. Todos los medios informativos solventes dan por descontado que el desarrollo de la causa en el Senado influirá en la campaña electoral, y específicamente en las primarias demócratas que empezarán en Iowa el próximo mes. Los tres principales aspirantes a ser el contrincante de Trump el 3 de noviembre –Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden– no dejarán pasar la ocasión de degradar la figura del presidente ni renunciarán a resaltar su disposición a transgredir todas las convenciones políticas.

Resulta más difícil de vislumbrar cuál puede ser la estrategia defensiva del presidente, más allá del consabido recurso a las redes sociales. ¿Un endurecimiento en la segunda fase de la negociación con China? ¿Una vuelta de tuerca más en la crisis con Irán? ¿La imposición de aranceles a las importaciones procedentes de los países europeos que subvencionan Airbus? ¿Alguna medida no incluida en el catálogo de objetivos conocidos de Trump? Son ilimitadas las posibilidades a su alcance para endurecer la campaña, arremeter contra la acusación tramitada por los demócratas y desviar la atención del impeachment. Pero algunos estrategas políticos advierten de que una excesiva desmesura puede volverse contra Trump y tener un efecto no deseado por él en algunos de los estados en los que en 2016 ganó por un puñado de votos, que fueron finalmente los que le dieron la presidencia a pesar de perder en votos populares.

El hilo argumental seguido por la Casa Blanca –se trata de una caza de brujas, el impeachment es una farsa y otros por el estilo– está agotado, en especial si las nuevas pruebas de las que habla Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, tienen la consistencia que se presume. Salir victorioso de la votación final del impeachment no significa salir sin rasguños ante una opinión pública extremadamente dividida y enfrentada, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia que neutralice los daños que eventualmente puede sufrir la presidencia a partir del próximo martes. Y esta estrategia de nuevo cuño será seguramente más eficaz para garantizar la reelección si se vincula a asuntos de política interior y no a aventuras exteriores, que por lo general tienen poco peso en las campañas electorales.

Donald Trump tiene garantizado el voto ultraconservador sea cual sea el desempeño de la presidencia de aquí a noviembre, pero debe asegurarse la victoria en los llamados swing states (estados oscilantes), de comportamiento imprevisible y muy sensibles a los cambios de humor político. Para varios analistas, depende de detalles menores la fidelidad de los votantes en algunos de estos estados –los que tienen un sector primario importante, los que el cambio de modelo de producción industrial ha dañado, los menos inclinados a apoyar aventuras exteriores–, apegados a problemas locales, pero insensibles a los datos macroeconómicos, por buenos que estos sean, y a cuanto va más allá de la estabilidad en la vida cotidiana. La derrota de Hillary Clinton en 2016 se debió en parte a la dificultad de la candidata demócrata para conectar con este tipo de sociedades en las que la simplificación de la política, una técnica que Trump domina, es el primer requisito para lograr la victoria.

Todo lo dicho no debe inducir a pensar que el impeachment será la tumba de Trump aunque los senadores republicanos le salven de la destitución. En primer lugar, porque todos los presidentes que aspira a la reelección disponen de un abanico de recursos que, aunque no garantizan la victoria –muchas son las excepciones–, suelen facilitarla. En segundo lugar, porque la capacidad de movilización política de Trump a través de las redes sociales y de golpes de efecto calculados está fuera de toda duda. En última instancia, porque mientras el Partido Demócrata carezca de un aspirante indiscutible, y faltan meses que tal cosa suceda, la competencia entre candidatos diluirá en parte la efectividad de la oposición al presidente y, en cambio, él podrá concentrar su campaña en explotar las contradicciones que aflorarán en el bando demócrata… Pero siempre es posible que surja la sorpresa.

 

Los demócratas empiezan la carrera

Al Partido Demócrata de Estados Unidos le urge aligerar cuanto antes la lista de aspirantes a participar en la carrera por la nominación para disputar la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump en noviembre del próximo año. Mucho antes de que se inicie la ronda de elecciones primarias en Iowa (febrero de 2020) precisa reducir en mucho el elenco de posibles contendientes y desbrozar el camino para que los debates no tengan el carácter extremadamente fragmentado de los dos celebrados esta semana y para que, al mismo tiempo, se consoliden dos o tres perfiles que lleguen a mediados de la próxima primavera con posibilidades ciertas de ganar la Casa Blanca.

Con 23 nombres en liza como sucede ahora, muy conocidos algunos, bastante desconocidos otros a escala federal, Trump contrarresta fácilmente las arremetidas de los precandidatos demócratas y estos, a su vez, se enzarzan en ataques cruzados de consecuencias inciertas. En especial, como es el caso, cuando hay una gran coincidencia en partes esenciales de los diferentes programas: acciones contra el cambio climático, protección sanitaria, humanización del control de los flujos migratorios, lucha contra la pobreza, saneamiento de las relaciones con los aliados y corrección de algunos de los descalabros promovidos por el populismo nacionalista de Trump y sus halcones. Es imposible llegar a las matizaciones a partir de estas ideas genéricas y compartidas cuando los rivales son poco menos que multitud.

Aun así, una analista del diario The Washington Post ha identificado una primera víctima del primer asalto, sin que tal cosa sea un factor decisivo y concluyente para excluirlo de la carrera: Joe Biden. El vicepresidente de Barack Obama estuvo siempre a la defensiva el jueves frente a la determinación y las acusaciones que le dirigió la senadora Kamala Harris. “¿Fue esto fatal para las posibilidades de Biden? –se pregunta Jennifer Rubin– No, pero sugirió que es un favorito muy, muy vulnerable. Al mismo tiempo, [Harris] tuvo suerte: [Bernie] Sanders también tuvo una mala noche”. La diferencia es que Biden representa al establishment demócrata, que engloba a las grandes familias del partido desde la victoria de Bill Clinton en 1992, y Sanders es una rara avis que vuela a la izquierda de Harris, atrae y moviliza el voto joven, pero es la extrema izquierda “al borde de la alarma” para el liberalismo clásico estadounidense que se cobija en The New York Times. Es decir, Biden sale tocado del primer asalto, pero puede ganar el combate, mientras Sanders empieza en el mismo lugar en el que acabó en 2016: arropado por el electorado que se sitúa en la nueva izquierda demócrata y que comparte con Kamala Harris muchos admiradores.

Salvo cambios de gran calado en la configuración de la precampaña, el triángulo Biden-Sanders-Harris más la senadora Elizabeth Warren y Pete Buttigieg, el alcalde de una pequeña ciudad de Indiana, veterano de guerra y gay, reúnen el grueso de las simpatías al empezar la competición. La pregunta que deberán responder las primarias es si pesa más en la configuración del electorado demócrata la herencia de Obama –léase Biden–, la socialdemocracia con acento estadounidense –Sanders y compañía– o el conservadurismo con rostro humano –entiéndase Buttigieg–, poco menos que expulsado del Partido Republicano por la extrema derecha de Trump. A juzgar por la relevancia ganada por figuras muy jóvenes como Alexandria Ocasio-Cortez, enaltecidas por un segmento de votantes muy dinámico, se diría que el reformismo parte en mejor situación que hace cuatro años; a tenor del universo electoral que en 2016 dio la victoria en votos a Hillary Clinton, cabe considerar el centrismo de Biden como la corriente mejor preparada para luchar con posibilidades por el Despacho Oval.

Para completar el acercamiento a los prolegómenos de la batalla debe añadirse la observación del semanario Time y otros medios: la victoria de las mujeres en los dos debates. Lo que es tanto como concluir que, más que nunca, el voto femenino será determinante en la decantación de las primarias. Más que nunca y sin que sea evidente hasta qué punto el voto de las mujeres demócratas se identifica mayoritariamente con el mainstream del partido o con opciones relativamente heterodoxas. El precedente de hace cuatro años es poco útil porque Hillary Clinton tuvo dificultades para sumar complicidades en el bando femenino y feminista, tan encuadrada y percibida como representante de un continuismo poco atento a los daños sufridos por la clase media a raíz de la crisis económica. “Ella es Wall Street”, gritaron en un mitin los jóvenes voluntarios que seguían a Bernie Sanders.

Las primarias se han convertido en un gran espectáculo político, con muchos ingredientes y ritos propios y una movilización desbocada de recursos económicos. Pero son, al mismo tiempo, un mecanismo de filtraje de las luchas en el seno de los partidos y de adecuación de los programas a una sociedad muy dividida, sometida hoy a los requerimientos de una Administración imprevisible. Y son, en última instancia, un acercamiento a la realidad que, en el caso del Partido Demócrata, debe subsanar su incapacidad manifiesta de hace cuatro años para ganar en alguno de los llamados swing states –estados oscilantes–, aquellos en los que ninguno de los dos grandes partidos tiene asegurada la victoria y todo depende de un puñado de papeletas para lograr el triunfo (hacerse con los votos electorales). De nada le valió a Hillary Clinton obtener grandes mayorías en las dos costas: en los swing states siempre ganó Donald Trump. Fue aquella una gran lección, una confirmación de la creencia muy extendida entre los estrategas electorales de que los candidatos a presidente deben disponer de un mínimo de tres discursos: para los estados con la victoria segura, para los estados con la derrota muy probable y para los estados con la victoria posible o en disputa.

¿Cuál puede ser el candidato de síntesis entre los cinco que parten más destacados? ¿Está preparado el partido para afrontar una campaña con un outsider frente a Trump? ¿La victoria demócrata requiere que el establishment controle el proceso? Desde Herbert Hoover (1929-1933), solo tres presidentes no han logrado la reelección: Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y George H. W. Bush (1989-1993). Quizá esta sea la primera variable que deba tener en cuenta el nominado demócrata que gane la carrera de fondo de las primarias con más de 20 corredores en la línea de salida.

 

Irán entra en la campaña de Trump

El incremento de la tensión entre Estados Unidos e Irán es una escalada de libro con riesgos ciertos para la estabilidad de la región, el alza del precio del petróleo y el enrarecimiento de las relaciones entre la Casa Blanca y sus aliados tradicionales. El primero de los riesgos implica de forma más o menos directa a Rusia y Chima, que se han manifestado como puntos de apoyo internacional del régimen de los ayatolás, la cotización del oro negro depende de la seguridad y libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la buena salud del vínculo atlántico está a expensas de que Donald Trump se atenga a la tradición y al legado histórico, que se remonta al final de la segunda guerra mundial.

Desde que Estados Unidos se desentendió del acuerdo nuclear concretado por su antecesor, Barack Obama, y por el presidente de Irán, Hasán Rohaní, hasta el derribo de un dron estadounidense por un misil disparado por la Guardia Revolucionaria la estrategia de la tensión ha sido el camino elegido por Trump para deteriorar la atmósfera política en el golfo Pérsico. Si el presidente George W. Bush y los neocon de principios del milenio creyeron que la seguridad en Oriente Próximo, en general, y en Israel, en particular, pasaba por liquidar el régimen de Sadam Husein, los halcones del presidente en ejercicio no dudan en creer que los mismos objetivos requieren un debilitamiento o claudicación de la república islámica. Los daños colaterales de la operación, incluida la pugna de iranís y saudís para asegurarse la hegemonía en la región, importan menos que el diagnóstico final hecho por la Administración de Trump: es preciso cambiar la relación de fuerzas en la zona.

Mientras el analista Fareed Zakaria escribe en Foreign Affairs que Estados Unidos “despilfarró el momento unipolar” entre 1989 (caída del muro de Berlín) y 2003 (inicio de la guerra de Irak) y parece haber perdido interés, acaso la fe, en preservar su papel en el escenario internacional durante los últimos tres cuartos de siglo, los “duros de Washington” –expresión de un editorialista– actúan como si al saltar por los aires el statu quo fuera posible recuperar cotas de poder perdido. Frente al realismo de la diplomacia de Obama –entendimiento con China, multilateralismo y coordinación con los aliados–, la de Trump aspira a zancadillear la consolidación de China como la otra gran potencia del siglo XXI, a desoír a las organizaciones internacionales y a desafiar el proyecto europeo mediante la estimulación de cuanto le es más adverso y hostil, empezando por el brexit.

No deja de estar exenta de cinismo o de soberbia la primera reacción del presidente después del derribo del dron: “Es un gran error”, ha dicho Trump. No por breve el mansaje es menos amenazante, lleno de malos presagios y ominosos sobrentendidos. Cabe incluso admitir, fuese cual fuese el punto del espacio aéreo en el que se encontraba el dron en el momento del impacto, que la decisión de destruirlo aumenta la temperatura de la crisis y otorga la iniciativa al sector radical del Gobierno iraní que no es, por cierto, el de Rohani. Pero si se repasa la secuencia de acontecimientos del último mes, se llega a la conclusión de que era más que previsible que en cualquier momento una de las partes diese un paso más hacia el abismo: misterioso incendio de cuatro petroleros en el área del Golfo, desplazamiento al teatro de operaciones del grupo de combate del portaviones Abraham Lincoln, incendio de dos buques-tanque a la salida del estrecho de Ormuz, anuncio por Irán de que en las dos próximas semanas superará la producción de uranio enriquecido acorada en 2015, envío de un millar de soldados estadounidenses a la región y, finalmente, el dron abatido.

Debe añadirse a la relación el inicio de la campaña de Trump para lograr la reelección en noviembre del próximo año, algo que no por esperado deja de ser significativo habida cuenta del momento elegido para hacer el anuncio. Es posible que a partir de ahora nada de lo que haga, diga o prometa el presidente pueda deslindarse de una estrategia electoral que precisa no solo retener a los fieles que le auparon a la presidencia en noviembre de 2016, sino corregir el deterioro de su índice de aceptación –alrededor del 30%– y evitar que la derrota sufrida el año pasado en la renovación de la Cámara de Representantes se convierta en el mapa electoral de referencia para noviembre de 2020. Los asesores de Trump juegan de momento con la ventaja que les otorga los prolegómenos de las primarias del Partido Demócrata, sin un líder claro a priori, pero son conscientes de que la elección del presidente fue posible gracias a un sistema que le fue extremadamente favorable –perdió claramente en votos populares frente a Hillary Clinton–, pero es improbable que la concatenación de factores se repita cuatro años después.

En el universo ultraconservador, arropado por un nacionalismo rotundo, pesa mucho el recuerdo de la invasión de Irak en 2003 y el efecto que tuvo en la reelección de George W. Bush en 2004, aunque la derrota de Sadam Husein no hizo más que abrir un periodo no cerrado de desajustes y crisis encadenadas. La diferencia en el ambiente entre hoy y hace 15 años es que la división ha ido en aumento en la sociedad estadounidense y la oposición de los aliados a seguir apretando las clavijas a Irán es poco menos que unánime. No se dan ahora las discrepancias que fracturaron profundamente a la Unión Europea, sino que la idea dominante es que hace falta atenuar las tensiones, alejarse del ambiente desquiciado provocado por la campaña electoral en Israel, donde Binyamin Netanyahu y sus potenciales aliados han hecho de la amenaza iraní, real o supuesta, uno de sus eslóganes predilectos.

Cas Mudde, un profesor de la Universidad de Georgia, recuerda en The Guardian que la elección presidencial de 2016 demostra que la victoria no se gana “con mayorías pasivas, sino con minorías movilizadas”, y ciertamente la causa de Irán, el tratamiento del caso como una ocasión ideal para una exhibición de poder militar y determinación patriótica, alimenta la política de las emociones, tan alejada de los análisis desapasionados. En ese campo, Trump tiene una gran experiencia; no tiene rival en el griterío, la amenaza y la frase corta. De ahí lo peligroso que se ha vuelto el acoso a Irán y lo imprevisible del desenlace a cada vuelta de tuerca que se decide en la Casa Blanca.

 

Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.