Campaña tóxica en Madrid

La enrarecida campaña electoral de Madrid ha puesto por enésima vez sobre la mesa la conveniencia, oportunidad o necesidad de levantar un cordón sanitario en torno a la extrema derecha para preservar la democracia de sus arremetidas. Se trata de un debate abierto en muchos países, España entre ellos, y cerrado en muchos otros, Alemania entre ellos, donde han llegado a la conclusión de que el aislamiento de los ultras es un requisito ineludible para poner a salvo el sistema de injerencias tóxicas. El punto de partida es en todas partes el mismo; la pregunta es siempre la misma: ¿cabe aplicar el mismo trato a quienes se sirven de la democracia para degradarla o combatirla que al resto?

En general, la izquierda entiende que es improcedente por arriesgado buscar una forma de entendimiento o conllevancia con la extrema derecha que, por lo demás, la rechaza de plano (las proclamas de los líderes de Vox son una prueba). Los partidos que cubren el espectro político desde la derecha conservadora al liberalismo de centro oscilan entre la voluntad de pactar con los ultras, si ello les permite desalojar del poder a la izquierda, y la estrategia no exenta de peligros de neutralizarla mediante un proceso de asimilación de parte del programa de quienes acampan a su diestra (véase la campaña de Isabel Díaz Ayuso). Y aun hay partidos (la democracia cristiana alemana, una prueba) que solo estiman prudente y razonable renunciar a tales pactos.

A los que sin militar en ningún bando sostienen que la democracia no puede excluir a nadie, ni siquiera a sus acérrimos adversarios, se les acusa con frecuencia de pecar de ingenuos, de desconocer o soslayar los antecedentes históricos; se les reprocha cultivar un idealismo plagado de riesgos. A cuantos en nombre del realismo reclaman el aislamiento concertado de la extrema derecha se les reprocha una tendencia a la intolerancia. A los primeros, se les aplica poco menos que la sentencia de Friedrich von Schiller sobre la permanencia siempre joven de la fantasía, porque “lo que no ha sucedido jamás no envejece nunca”; a los segundos se les identifica con frecuencia como previsores depositarios de las reacciones preventivas: vence a tu enemigo antes de que se manifieste como tal.

Lo que sucede en Madrid desde hace semanas se asemeja a una oscura ceremonia de la confusión en la que la candidata del PP, precisada de unir a Vox a la causa para completar la mayoría absoluta en la Asamblea, da por hecho que el pacto es seguro, aunque insiste en que aspira alcanzar la mayoría absoluta en solitario (ninguna encuesta lo vaticina). Dentro de esa confusión está también la sorprendente petición al PSOE de la presidenta para que vote su investidura y la libere de la dependencia de Vox –¿para gobernar en minoría durante dos años?–, mientras Ciudadanos, a un paso de la extinción, se presenta como la bisagra –cabe decir que improbable– capaz de evitar que Vox sea en Madrid partido de gobierno.

El caso es que hay demasiadas pistas que inducen a concluir que las intemperancias de Vox han envenado la densidad de la campaña con su algarabía, con esa mueca mitad sonrisa mitad desafío de Rocío Monasterio, y que los sobres con balas de Cetme han completado la obra y han permitido a los líderes de los diferentes conservadurismos en liza ausentarse del debate programático. De tal manera que mientras las diferentes izquierdas han limado sus discrepancias por imperiosa necesidad y han orientado la campaña hacia una defensa sustancial de la democracia, sus adversarios han pasado del dilema comunismo o libertad –tan desmesurado y demagógico– a una equiparación de la libertad con el horario de cierre de la hostelería en plena emergencia sanitaria y cuando las estadísticas epidemiológicas no remiten.

Así se ha degradado la campaña más allá de cualquier precedente y así se ha convertido en el campo de minas donde todos los partidos han entendido que la elección del martes es solo nominalmente autonómica, pero de facto tendrá repercusión a escala nacional. Porque no está en juego solo el Gobierno de la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años, sino saber hasta qué punto una victoria de Díaz Ayuso debilitará a la facción centrista del PP y obligará a las izquierdas a encarar una renovación de los liderazgos madrileños, y asimismo hasta qué punto una derrota del PP erosionará el futuro de Pablo Casado. Siempre con el papel de Vox en discusión, complete la mayoría de la derecha o se instale en la oposición.

Hay en el insoportable tono de la campaña de Madrid los peores presagios de futuro. La ponzoña ha contaminado la política a una velocidad inusitada hasta dar la razón a Claudio Vercelli: “La historia no se repite, pero algunos de sus elementos se proponen de nuevo con el paso del tiempo. La crisis de la democracia es la incubadora de tal proceso”. En esa crisis del sistema democrático en la que coincide un progresivo alejamiento del debate político de lo que en mayor medida importa a los ciudadanos con una crisis de resultados, de eficacia, de vulnerabilidades desatendidas, resuena el juicio de Maurice Merleau-Ponty: “El mal no se crea a través de nosotros o de los otros, sino que nace en la tela que hemos tejido y que nos ahoga”.

La sustitución del bipartidismo imperfecto de antaño por la configuración de la política de bloques del presente complica de tal manera la concreción de mayorías que es determinante en ese encrespamiento del léxico, en esa tendencia acrecentada a descalificar al adversario, a llegar al insulto si es preciso para desgastar al rival. Ha renunciado la derecha a admitir la legitimidad democrática de la alianza para gobernar de Unidas Podemos y del PSOE, y se han adueñado de la tribuna los productores de eslóganes hirientes, alumnos o imitadores de los agitprop de los que se rodeó Donald Trump. Ha caído la izquierda en la trampa para osos de las frases altisonantes y fuera de lugar –Ángel Gabilondo, Mónica García y Yolanda Díaz, tres excepciones– que llevan sistemática y estérilmente la política al terreno de las emociones. Y en esa laguna enfangada ha nadado Vox como pez en el agua hasta dar la impresión de que la partida se ha jugado según las reglas que más le convenían.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

El ‘caso Hasél’, otro síntoma de crisis

Los disturbios que han seguido al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ponen sobre la mesa por enésima vez la libertad de expresión como un ingrediente esencial de la democracia, pero también qué instrumentos son legítimos para defender tal derecho y, asimismo, cuáles son los límites reconocibles y aceptables de la libertad de expresión. Las imágenes de calles con barricadas en llamas, manifestantes enardecidos y cargas policiales que se suceden en diferentes ciudades españolas no hacen más que alimentar el debate con la pasión propia de cualquier crisis social, induce a los partidos o al menos a algunos de ellos a manejar versiones bastante alejadas de los consensos académicos básicos y causan estupor a una opinión pública alarmada por comportamientos iracundos cuando cae la noche.

Como ha escrito Rafael Jorba en las redes a propósito de la arremetida del jueves contra la sede de EL PERIÓDICO, es un oxímoron defender la libertad la libertad de expresión y apedrear  y pintarrajear un medio que, por definición, es un ingrediente esencial en la concreción práctica de la libertad de expresión. Está igualmente fundamentada la apreciación hecha por Ernesto Ekaizer en el programa Aquí amb Josep Cuní según la cual, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no cabe aplicar sanciones penales a los delitos de opinión (“en España se está aplicando muy mal el derecho penal”, dice Ekaizer). Y tiene muy pocos adversarios el convencimiento generalizado de que la violencia deslegitima a quienes recurren a ella para defender o reivindicar un derecho.

Tales opiniones configuran un acuerdo básico, compartido por capas sociales e ideologías de muy variada procedencia, tradición y signo. Son instrumentos de cohesión social que tienen que ver con uno de los muchos principios enunciados por el politólogo Maurice Duverger en su libro Los partidos políticos (1951). Duverger se pregunta qué define la democracia; la libertad, responde sin dudarlo. Pero añade la siguiente precisión: “No solo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación, sino la libertad real de todos, lo que supone cierto nivel de vida, cierta instrucción general, cierta igualdad social, cierto equilibrio político. La distinción marxista de libertades formales y libertades reales no es más que parcialmente exacta”.

¿Hay riesgo de que se rompa un “cierto equilibrio político”? Con tuits tan desafortunados, estridentes e inadecuados como el de Pablo Echenique, ideal para avivar las llamas en las barricadas, seguramente se suma un ingrediente más a los desequilibrios que zarandean una parte no menor de la sociedad, baqueteada por una vulnerabilidad cada vez mayor y cuyo horizonte de futuro no es otro que el de una borrasca permanente. El hecho de que los inductores de los disturbios de Barcelona, Madrid y otras ciudades sean una minoría exigua para la que cualquier pretexto vale para ponerse en acción no reduce los riesgos, porque son demasiados los elementos, reales o intuidos, que permitan allegar voluntades a su propósito de arremeter contra todo. De ahí la impresión de que el episodio en curso no será el último, que habrá en lo venidero nuevos escenarios de violencia en la vía pública, como los ha habido en el pasado con dramática intensidad.

Indagar el origen de la movilización de jóvenes exaltados –“estamos muy enfadados”, declaró una menor a una emisora de radio–, analizar el mar de contradicciones en el que se mueven y su potencial poder de atracción, no es sinónimo de justificar los destrozos, sino la única forma de poder explicar con solvencia qué está pasando y por qué. Es claramente insuficiente darse por satisfecho con explicaciones tan someras y caricaturescas como las de Isabel Díaz Ayuso –“unos niñatos” o algo así–, o reducirlo todo a jóvenes profesionales de la gresca, una versión actualizada de la kale borroka. Con toda seguridad, hay entre los agitadores algunos que se suman a las manifestaciones pacíficas para, antes o después, desencadenar la violencia por el simple gusto de desafiar a los antidisturbios y entregarse a toda clase desmanes, pero hay también desesperanza, amargura y desorientación en algunos otros que creen que el sistema, sea cual sea este, los ha abandonado a su suerte.

Walter Lippmann escribió en su libro La opinión pública (1922): “Todas las personas viven en el mismo mundo, pero piensan y sienten de forma diferente”. El gran ensayista adelantó hace un siglo que el comportamiento humano obedece a “un falso entorno que le induce a actuar en el mundo real” de una determinada manera. De lo que cabe deducir que un mismo entorno es percibido y sentido de diferente forma por diferentes personas que construyen una realidad a la medida de sus anhelos, necesidades y objetivos. Hoy esa construcción de la realidad está más diversificada que nunca y nada se entiende si no se admite tal variedad de versiones.

Una de estas versiones, llamadas ahora relatos, se presenta como una movilización en defensa de la libertad de expresión a propósito del caso Hasél, pero hay demasiadas contradicciones, demasiado ruido, demasiadas inconsistencias para que sea solo eso. La mera impugnación del statu quo por los manifestantes violentos transmite la imagen confusa de un colectivo tan harto del presente como desorientado. Es la imagen de un segmento muy minoritario, pero también muy activo, de una generación que ha pasado de las promesas del Estado del bienestar que conocieron sus padres y abuelos a los daños no reparados causados por varias crisis encadenadas.

Si del asalto al Capitolio de Washington, instigado por Donald Trump, se dijo que había dañado uno de los consensos sociales básicos –la inviolabilidad de los representantes electos de los ciudadanos–, lo menos que puede decirse de los sucesos de estos días en España es que la defensa de la libertad de expresión mediante la acción directa es solo un pretexto que remite a problemas sociales que la pandemia no ha hecho más que agudizar. Hay demasiadas señales de desapego con el entorno –aunque se trate del falso entorno del que habla Walter Lippmann o entorno irreal–, como para quedarse en lo obvio, la violencia es inaceptable y no merece otra reacción que la condena, y no buscar otras pistas explicativas de cuanto sucede. La salud de la democracia requiere realizar este ejercicio de introspección colectiva.

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La pandemia desgasta la democracia

Las cifras de la pandemia después de fiestas transmiten en Europa y en Estados Unidos una sensación de desbordamiento, de descontrol, de ineficacia e insuficiencia objetivas en la mayoría de las medidas adoptadas por los gobiernos para alcanzar dos metas: doblegar la curva de contagios y no dañar en exceso la economía. Lo cierto es que la marcha de los negocios sigue dejando damnificados todos los días y los datos de contagiados y muertos no menguan en medio de una atmósfera de cansancio y pesimismo que apenas palían las esperanzas depositadas en la vacunación masiva. Que el nuevo presidente de Estados Unidos haya hecho de la lucha contra el mal el primero de sus grandes objetivos no deja de ser significativo habida cuenta de los despropósitos heredados de su antecesor.

Al mismo tiempo, la opinión pública asiste aquí y allá a la utilización política y la pelea de gallos entre adversarios desencadenada por la pandemia –España, uno de los ejemplos más resonantes–, mientras los llamamientos a la unidad caen en saco roto, los países tienden a combatir la covid-19 en orden disperso y la opinión pública se siente a menudo defraudada por la falta de coordinación de esfuerzos. Nadie sabe a ciencia cierta  dónde se ha acertado con las medidas adoptadas, cuándo darán un resultado tangible y qué hace falta para que cesen la política de balcón, las declaraciones destempladas y la estela de oportunismo que dejan a su paso tantos gobernantes, agravado de vez en cuando por quienes se benefician de una situación de privilegio (cuantos se vacunan sin que les corresponda por el simple hecho de manejar los resortes administrativos que les permiten cometer tal tropelía).

Han pasado demasiados meses desde que se tuvo noticia de la aparición del virus como para que, con harta frecuencia, se improvise, se tomen decisiones sobre la marcha, infructuosas las más de las veces, mientras sus promotores las presentan como el resultado acabado y preciso de un plan meditado. De tal manera que la disposición de los ciudadanos en muchos lugares a sentirse requeridos en el combate contra la enfermedad deja paso al escepticismo; de tal forma que la unidad europea reclamada por los expertos nunca llega a concretarse y la española resulta del todo imposible. Y sin embargo, el grado de disciplina, paciencia y disposición al sacrificio de la mayoría no decae a pesar de personajes divisivos y aguijoneadores como Isabel Díaz Ayuso, una émula castiza del trumpismo con mascarilla, o la Administración catalana, atrapada en la tela de araña de un decreto para el aplazamiento o suspensión de las elecciones –la confusión es grande– que no ha pasado de momento la prueba del nueve del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Con esa propensión en todas partes a no salir del atasco, sino de agravarlo, los gobiernos occidentales dañan el aprecio por algunas de las conquistas de la democracia y alientan el discurso admirativo de la fructífera gestión china de la pandemia, como si las diferencias culturales no contasen y fuese preferible la disciplinada militarización de los espíritus, como si el éxito chino no tuviese nada que ver con el perfil de un régimen de partido único con un poder omnímodo y no sometido a control. “La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”, dejó dicho Charles Bukowski, y tal circunstancia conlleva un cierto número de debilidades y vulnerabilidades reconocibles, pero quienes gestionan la crisis bajo el paraguas de la democracia, deberían reducirlas al mínimo para evitar daños mayores a los de la pandemia. Lograr una eficacia razonable a cuanto se hace es una necesidad acuciante porque las democracias ineficaces vulneran la idea misma de democracia.

Hay esparcidos por Europa, y no digamos en Estados Unidos, demasiados profetas del Apocalipsis como para creer que el universo democrático podrá salir sin mácula de la prueba. Mientras los medios se sigan viendo obligados a suministrar el parte diario de muertos envuelto en el número creciente de contagios, la discusión entre adversarios políticos sobre las medidas a adoptar y las proclamas de demagogos de diferentes estirpes, la desconfianza irá en aumento. Si tal desconfianza no se ha impuesto por completo, es a causa de lo que Jean-Philippe Vincent llama en Le Figaro “la lógica del miedo”, el sentimiento muy extendido de que la muerte ronda por la calle oculta en un enemigo invisible, pero aniquilador.

Esa lógica del miedo no es especialmente deseable en las sociedades democráticas. Es preferible el imperio de la razón, afrontar la enfermedad con datos precisos y medidas realistas, admitiendo que hay un margen de error, que no hay certidumbres absolutas en ese desigual combate para domeñar un adversario sigiloso y adaptativo. La lógica del miedo da pie, en cambio, a una paulatina renuncia de la razón en los comportamientos colectivos. Como dijo Franklin D. Roosevelt, solo hay que tener miedo al miedo; el resto debe fiarse al análisis de los hechos y las conclusiones correspondientes. Sin dar por supuesto que, de tal ejercicio, surgirán decisiones y medidas infalibles.

Hace un siglo, durante la llamada gripe española, llevar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social fueron las medidas dispuestas por los especialistas para evitar el contagio. Aquella pandemia dejó 50 millones de muertos en un mundo que salía muy herido de la primera guerra mundial. Para los agoreros recalcitrantes, hoy estamos donde estuvieron entonces las sociedades atacadas por la enfermedad y apenas hemos avanzado; para las mentes despiertas, un siglo de ciencia ha hecho posible que dispongamos de vacunas a la vuelta de menos de un año de que se declarara en España el estado de alarma. Pero para que esa realidad incontrovertible prevalezca sobre cualquier otra y el mal deje de dañar la calidad de la democracia es preciso que la sanidad de emergencia quede fuera de la pugna política cotidiana, porque la plaga ha descoyuntado la cotidianidad y todo lo condicionará hasta que acabe la pesadilla.

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La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.