Fractura electoral en Perú

El desenlace de la elección presidencial en Perú se ha sumergido en la lógica seguida en noviembre del año pasado por Donald Trump para poner en duda la legitimidad del triunfo de Joe Biden. Al mismo tiempo que los observadores internacionales sobre el terreno coinciden en que en el desarrollo de las elecciones del 6 de junio no hay la menor sombra de fraude y que la victoria de Pedro Castillo está libre de sospecha, Keiko Fujmori insiste en denunciar un fraude masivo e impugna la validez de miles de votos sin pruebas consistentes que respalden tal proceder. La diferencia mínima de 60.000 papeletas entre el maestro rural y la hija de Alberto Fujimori, incursa en varias causas judiciales, es el reflejo exacto de una sociedad profundamente dividida, de dos populismos irreconciliables y de un sistema político minado por la corrupción hasta cotas inimaginables.

El “deseo ardiente” de que la victoria fuese para Keiko Fujimori, expresado por Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en El País el mismo día de las elecciones describía lo que estaba en juego como un combate sin vuelta atrás entre democracia liberal y dictadura comunista. “Ceder a lo más inmediato, como las enormes distancias que separan a los ricos de los pobres en el país y que esta pandemia ha hecho más visibles y dramáticas, es precipitarse en un suicidio político que cerrará para siempre –o por muy largo tiempo– la posibilidad del país de recuperar su vieja historia, cuando fue, en el pasado prehispánico, cabeza de un imperio que daba de comer a todo el mundo, o en los trescientos años coloniales cuando el virreinato peruano era el más próspero de América”, escribió el nobel, con una larga historia de desencuentros y enemistad política con Keiko Fujimori, que él mismo reconoce en el artículo.

Vargas Llosa es una referencia nacional en Perú, pero su decantación política queda lejos de la transversalidad. Expresa, por el contrario, una opinión muy reconocible entre las élites limeñas que apoyan a la candidata conservadora, que están de acuerdo con él en que no hay que ceder “a lo más inmediato”, como si la fractura social peruana fuese cosa reciente y no un fenómeno histórico de largo recorrido que ha dejado al margen del progreso material a generaciones enteras. Dicho de otra manera: nadie ha salido nunca al rescate de los más vulnerables, salvo alguna honrosa y breve excepción, y siempre que ha sido preciso se ha invocado el recuerdo de José Carlos Mariátegui, pensador marxista peruano y fundador de Partido Socialista –luego comunista– para aventar toda clase de riesgos y fantasmas.

Lo cierto es que Perú Libre, el conglomerado que apoya a Pedro Castillo, se remite con frecuencia al marxismo-leninismo-mariateguismo –lo recuerda Vargas Llosa en su artículo–, pero los compromisos públicos del candidato, más cercanos a la socialdemocracia sin sobresaltos que a otros ámbitos ideológicos, suavizan enormemente las remisiones históricas. En todo caso, no son ni más ni menos creíbles que la conversión a la democracia de Keiko Fujimori, para quien un fiscal pide ahora que ingrese de nuevo en la cárcel por haber incumplido los requisitos que se le impusieron al levantarle la prisión provisional. Hay en ambos candidatos algo de transformismo apresurado, obligados los dos por una realidad social extremadamente dual en la que se ha consolidado el reparto de los votos en dos mitades casi iguales: Lima y el establishment, por un lado; el resto del país, especialmente las pequeñas ciudades, las zonas rurales y el mundo indígena, por el otro.

Han desaparecido los términos medios, favorecido el exterminio por una crisis irrefrenable. Como ha puesto de manifiesto en un editorial el diario limeño El Comercio, la foto fija de un electorado cansado y decepcionado con el desarrollo de los acontecimientos es la fragmentación del Parlamento elegido en abril, donde será de obligado cumplimiento buscar zonas de relativo confort para fuerzas antagónicas, más versadas en el choque de trenes que en la búsqueda de consensos. “La inmovilidad derivada de la fragmentación es por lo tanto un peligro que se cierne sobre la nueva conformación parlamentaria”, alerta el editorialista, como si de antemano quepa temer que el camino de los grandes consensos será una ruta sembrada de minas.

La actitud de Keiko Fujimori alimenta tales temores en igual o mayor medida que la radicalidad de algunos discursos de campaña. La pregunta formulada por Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral, “¿en qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”, sigue sin provocar respuestas convincentes, sino repentinos espasmos movilizadores, atisbos de progreso y remedio de males de corta vida que acaban abruptamente (con demasiada frecuencia, con políticos relevantes juzgados y condenados).

La efervescencia de la calle a finales de 2020 a partir de “la vacancia presidencial por incapacidad moral” de Martín Vizcarra, con una participación muy significativa de los jóvenes, fue un adelanto de las tensiones provocadas por el escrutinio. El magisterio de Donald Trump ha hecho el resto y el ejemplo puede extenderse a otros escenarios con una articulación social caracterizada por desigualdades lacerantes. Pareciera que las opciones conservadores han llegado a la conclusión de que solo aceptarán los resultados de escrutinios que les den la victoria y arremeterán contra los que la den a fuerzas progresistas. La gran prueba será el año próximo en Brasil, cuando Luiz Inácio Lula da Silva disputará la reelección a Jair Bolsonaro, en tantas cosas un clon político e ideológico de Trump.

No hay en el disenso peruano demasiados ingredientes para esperar que Keiko Fujimori acate finalmente el resultado electoral. Quizá porque ponerlo en duda, combatirlo con sospechas de fraude, es la única herramienta que tiene a mano para que Pedro Castillo se radicalice o quede prisionero de irregularidades no demostradas en el escrutinio, pero muy difundidas, y de un Parlamento dividido en facciones enfrentadas y poco propicias al pacto. Una forma de erosionar al adversario, según el manual del mal perdedor, que bastantes veces ha rendido beneficios a los instigadores de tales maniobras, aunque eso signifique, en el caso de Perú, joderlo un poco más.

Brasil, a merced del duelo Lula-Bolsonaro

La repentina conversión de Jair Bolsonaro al uso de mascarilla y a la administración de la vacuna para combatir la pandemia ha sido la respuesta inmediata del presidente de Brasil a la rehabilitación de Luiz Inácio Lula da Silva, el presumible gran rival en las elecciones del próximo año. Que un negacionista irreductible deje de serlo en horas veinticuatro reúne todos los ingredientes de un sainete, pero las desoladoras estadísticas de muertos a causa del coronavirus –el miércoles y el jueves pasados los muertos superaron cada día los 2.000– en plena movilización de la izquierda han obrado la transformación milagrosa. Otra cosa es aquilatar qué efecto tendrá en las tendencias de voto a partir de ahora y hasta qué punto el cambio de orientación presidencial defraudará a la extrema derecha brasileña, empeñada en negar la evidencia.

Lo cierto es que la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo Federal ha devuelto los derechos políticos a Lula y, en la práctica, obliga a Bolsonaro a mantener un pulso de muchos meses con su peor adversario salvo sorpresas, por lo demás nada descartables. Pocas dudas quedan de que más allá del contagio de la corrupción sufrido por el Partido de los Trabajadores (PT), la organización liderada por Lula, él fue víctima de una operación de acoso que se tradujo en la politización extrema del juicio que lo condenó por corrupción y blanqueo de dinero. El solo hecho de que el Supremo investigue el comportamiento de Sergio Moro, el juez que lo condenó, es suficientemente expresiva de la anormalidad del proceso seguido, de las fundadas sospechas de que Moro lo fue todo menos imparcial.

Como ha escrito un comentarista en Folha de Sao Paulo, la rehabilitación de Lula no se deriva de la decisión del poder judicial de hacer política, sino de que renunció a ello. Se puso a salvo, puede decirse, de cualquier interpretación política de la decisión tomada habida cuenta la debilidad de las pruebas aportadas a la causa y el hecho de que el juez que lo sentenció no tenía competencia para juzgarlo. A lo que hay que añadir, fuera del ámbito judicial, la cercanía de Moro a Bolsonaro, que lo incorporó a su primer Gobierno en el puesto de ministro de Justicia.

Lo singular del momento es que Lula y Bolsonaro son dos personajes que concitan tantos amores como odios, que tienen un poder de convicción y de reacción enormes en entornos sociales completamente diferentes. Las encuestas posteriores a la rehabilitación de Lula, le otorgan un índice de aprobación del 50%, mientras que el de Bolsonaro se queda en el 38%, pero faltan 19 meses para la elección presidencial y puede que, para entonces, la pandemia sea el recuerdo de una pesadilla superada. Aunque también es cierto que, aun así, los efectos económicos de la enfermedad serán muy visibles en el incremento de las desigualdades y en la destrucción de bolsas de trabajo precario características de una sociedad extremadamente dual.

La creencia de los más escépticos de que nunca se cumplió el lema Orden y progreso que figura en la bandera de Brasil, sin que tal circunstancia tuviera mayores efectos en el comportamiento ni siquiera cuando ganó Lula la presidencia, se contrarresta con la opinión de quienes estiman que nunca se dio en el país un caso de corrupción generalizada, con extensión a otros países de América Latina, como el Lava Jato, compendio de todos los males de la economía oculta que se aloja en las alcantarillas del Estado. De tal manera que resulta aventurado prever el futuro, que se vislumbra como un misterio envuelto en un enigma. Y que puede ofrecer alguna sorpresa como, por ejemplo, la revisión completa de todas las causas sentenciadas relacionadas con el caso Lava Jato, con fallos condenatorios que llevaron a prisión a personalidades políticas, incluidas varias encuadradas en el PT.

Un cierto grado de confusión y de olvido del pasado inmediato conviene a Bolsonaro; un recuerdo permanente de qué fue preciso para que el presidente ganara en 2018, conviene a Lula. En el expresidente actúa a su favor como un factor de movilización los años de cárcel que no debió cumplir; en Bolsonaro funciona ante los suyos como un factor de legitimación el haber cortado las alas al reformismo socializante que promovió Lula y heredó Dilma Rouseff. En medio se encuentran la devastación de la pandemia, el legado de Donald Trump y la realidad incontestable de que una división social muy característica, así en los días de prosperidad como en los de crisis, ha configurado una comunidad propensa a las grandes fracturas.

Bolsonaro nunca creyó que debería vérselas con Lula en plena crisis, pero acaso descartó demasiado pronto tal posibilidad. Tal cosa explica en parte la necesidad imperiosa del presidente de cambiar de caballo a mitad de carrera y sumarse ahora a la mascarilla y a la vacuna. Como recuerda un editorial del diario Estado de Sao Paulo, hace solo una semana que el Bolsonaro mandó en público a “casa de su madre” a alguien que tildó de idiota por preguntarle dónde podía encontrar vacunas. Sin embargo, hoy se desvive por disponer de ellas y contener el parte diario de bajas, pero es difícil medir la efectividad de ese cambio de comportamiento, forzado por las circunstancias. De ahí que el editorialista se incline a pensar que el verdadero Bolsonaro es el populista desabrido que llama idiota a un conciudadano, y no lo es “el personaje contrito que ahora proclama la necesidad urgente de una vacunación nacional”.

Basta buscar en las redes los puntos de vista de Olavo de Carbalho, ideólogo de cabecera de Bolsonaro, para comprender que la transformación obedece a una corrección meramente accidental y necesaria. “La presente generación tiene una misión histórica: la de realizar, sin extinguir una sola institución democrática, lo que los militares de 1964, extinguiendo varias, no hicieron: extirpar el comunismo de la vida política nacional, integralmente y para siempre”, declaró en cierta ocasión De Carvalho, para quien es comunismo todo aquello que figura a la izquierda del corto espacio que media entre la derecha y la extrema derecha brasileña, tan a menudo hermanadas y entrelazadas.

El riesgo para los próximos meses es que el enconamiento entre dos bloques irreconciliables desemboque en una simplificación de los problemas, en planteamientos binarios y en un recurso permanente al culto a la personalidad. Justo lo contrario de lo que precisa  un país inmenso, con posibilidades poco menos que ilimitadas de prosperidad y reequilibrio social que precisa tanto como cualquier otro que sus dirigentes se acojan  al pensamiento complejo, un concepto desarrollado por el filósofo francés Edgar Morin que requiere enlazar diferentes dimensiones de la realidad, incluida la moral. El objetivo de Lula en 2003 de garantizar tres comidas al día a todos sus compatriotas sigue ahí, incumplida y desafiante.

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La democracia suma adversarios

Todo cuanto pueda pensarse y decirse del comportamiento de Donald Trump después de consumarse su derrota es inseparable del clima de impugnación de los procesos democráticos pautados. El enroque del presidente de Estados Unidos degrada el sistema en igual o parecida medida que la sucesión de presidentes en Perú entre el griterío y la represión en la calle, el sectarismo encubierto de los gobernantes en tantos lugares, el chantaje de Hungría y Polonia a la Unión Europea y un sinfín de focos infecciosos cuya pretensión es reducir el pluralismo político, el sufragio universal y la división de poderes a poco más que una formalidad o coartada para sus designios. Si Trump es el gran oficiante de esa nueva iglesia política –quizá no tan nueva–, la multiplicación de monaguillos le asegura un largo y a saber si próspero futuro, aunque sus efectos sean ruinosos.

El espectáculo ofrecido por las diferentes derechas representadas en el Congreso a raíz de la aprobación de la llamada ley Celaá –gritos de ¡libertad!, ¡libertad! a pleno pulmón– forma parte de ese oficio de tinieblas en el que la adulteración de los hechos corre parejo con el propósito de deslegitimar a voces el derecho a gobernar conquistado en las urnas. Entre la algarabía en el Parlamento y la última conferencia de prensa de Rudolph Giuliani para tachar de fraude y manipulación la victoria de Joe Biden no hay mayor diferencia en el objetivo perseguido de desacreditar al adversario, convertido en enemigo; las demás distancias son meramente físicas, idiomáticas y de paisaje. El punto de mira se fija en el mismo blanco: dejar sin efecto cuanto se deriva de un resultado electoral mediante la concreción de una versión sin fundamento de cuanto acontece.

“Incluso si Trump pierde, lo que parece probable, su marca distintiva de populismo divisivo conservará una potente fuerza en la política americana”, ha escrito un analista estadounidense. Como sucede con la emergencia climática, la contaminación no cesará aunque el agente contaminante se ponga en evidencia. Es improbable que las cajas destempladas de Alejandro Hernández en el Parlamento andaluz hagan mella en las convicciones de los votantes de Vox; es altamente improbable que el autoritarismo incontinente de Viktor Orbán lleve a recapacitar a una parte significativa de los electores de Fidesz; nadie espera que el populismo del Gobierno polaco afecte sustancialmente al integrismo nacionalista que ocupa el puente de mando. La praxis política de demasiados no hace más que recurrir a las instituciones democráticas para socavar los valores de la democracia.

El espectáculo representado en Perú, con una alocada sucesión de presidentes, más de la mitad de los 120 integrantes del Congreso sometidos a proceso judicial y la calle encendida es la última aportación al descabalgamiento de la democracia, transformada en una forma caricaturesca de regeneración del poder a causa del recurso abusivo a las previsiones constitucionales y a las funciones del Parlamento. “La frágil institucionalidad política del país” y la pérdida de un quinquenio por el sumidero de la corrupción han llevado al analista Gianfranco Castagnola a avizorar el riesgo de caer en la decadencia, pero de las declaraciones hechas en el entorno de Francisco Sagasti, el tercer presidente en muy pocos días, es fácil deducir que subsistirá la fragilidad de las instituciones, que es tanto como decir que se mantendrá el desprestigio del sistema y, quizá, la búsqueda de un atajo para dejar a salvo los desafueros del establishment.

Las elecciones convocadas en Venezuela para el próximo mes, boicoteadas por la oposición, tienen el mismo perfil y propósito: recurrir a un instrumento democrático para violentar los requisitos mínimos de la democracia y liquidar la disidencia de quienes antes apoyaron el régimen y ahora claman contra él. “Después de haber desmantelado a los partidos políticos que se oponían a su versión del socialismo, Maduro ha apuntado a su aparato de seguridad hacia los aliados ideológicos desilusionados, repitiendo el camino recorrido por los autócratas de izquierda desde la Unión Soviética hasta Cuba”, se afirma en un largo reportaje publicado por The New York Times. Sea cual sea el resultado de unas elecciones en las que el único vencedor posible es el Partido Socialista Unido de Venezuela, la invocación de la democracia apenas será una coartada.

Las viejas convicciones democráticas carecen de la agresividad gestual de sus adversarios. Eso es al mismo tiempo una virtud y una debilidad: preservan el pluralismo, pero su capacidad de respuesta es a menudo insuficiente. La opinión expresada por François Mitterrand en 1989 de que no habrá “democracia sólida ni paz en el mundo sin el florecimiento de culturas seguras de sí mismas y capaces de enriquecerse mutuamente” tiene hoy un sentido renovado debido a la floración de sectarismos en el seno mismo de democracias consolidadas, ofertas políticas para las que las reglas de la democracia son un estorbo en cuanto llegan al poder. Recuérdese y véase la rudeza de personajes tan del momento como Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan y tantos otros que, con su comportamiento, han confirmado que el paso por las urnas fue para ellos un mero trámite sin ulteriores compromisos morales.

Los impugnadores de las pautas democráticas han encontrado en los sinsabores de la pandemia el terreno abonado para su populismo demagógico. Su falseamiento de la realidad cautiva a algunos auditorios ávidos de superar el momento y realizar un rápido viaje de retorno al pasado. Claro que tal viaje no es posible, pero la mistificación es suficiente para que la lógica populista ocupe audiencias y espacios de poder, sume adeptos y erosione la democracia con promesas ajenas a los datos del presente, sumida la aldea global en una crisis sin fronteras.

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Desafíos populistas a la democracia

Las democracias liberales afrontan por diferentes razones una impugnación cada vez más intensa y efectiva de su escala de valores, de su legado político y de su empeño histórico en garantizar el ejercicio de las libertades básicas. El auge de los populismos, el ascenso de la extrema derecha y la renuncia del establishment a contener la escalada de la desigualdad y a minimizar el coste social de la salida de la crisis económica del bienio 2007-2008 han dado alas a ofertas que parten de una burda simplificación de los problemas, pero atraen a una opinión pública desorientada por las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro. La remisión a los grandes mitos nacionales ha sido de mucha ayuda en esa arremetida contra la democracia, aunque tales mitos, por razones intrínsecas a su naturaleza imaginaria, carezcan de consistencia histórica y, con harta frecuencia, no sean más que fabulaciones o manipulaciones interesadas del pasado.

En The Return of Traditionalism and the Rise of the Populist Right (El regreso del tradicionalismo y el ascenso de la derecha populista), Benjamin R. Teitelbaum destaca, entre otras características del momento, la vinculación de los estrategas del populismo ultraconservador con movimientos espirituales tradicionalistas que rechazan la modernidad y sus ideales. “Al repudiar la Ilustración –escribe Teitelbaum– los tradicionalistas exaltan lo que consideran valores atemporales” y ponen en duda la cultura democrática: la autonomía del individuo, la existencia de verdades universales aplicables a cualquier sociedad y otros rasgos característicos del orden social y político al que se oponen porque lo consideran superado o fracasado. Lo que en ningún caso consideran trasnochado es un nacionalismo conceptualmente agresivo y, a veces, físicamente violento.

Probablemente, ni Steve Bannon ni Alexander Dugin ni Olavo de Carvalho, figuras destacadas de la prédica populista de extrema derecha, se tienen por adversarios de la modernidad, sino más bien por activistas de una modernidad puesta al día, adaptada al presente. A decir verdad, se trata de una falsa actualización que, justamente por su carácter falsario, justifica la opinión del escritor estadounidense Richard Ford en un ensayado publicado en El País: “En América se respira el peligro”. Se trata de un peligro concreto y difuso a un tiempo que se desprende de la utilización por la extrema derecha de las reglas de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa; se trata de un mecanismo de difusión en manos de personajes tan diversos como Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán y otros gobernantes menos citados, pero no menos militantes de la misma corriente.

El monográfico Gouverner (Gobernar), publicado por el periódico Le Monde, se refiere a la regla de las cuatro des, derivadas de “una dinámica de transformación a cuatro voces”, especialmente relevante a causa de la pandemia:

Primera d: descentramiento de lo político habida cuenta de que lo económico, lo religioso, lo cultural y lo social evolucionan más deprisa que la política.

Segunda d: demografía o cómo hacer posible una gobernanza mundial para más de 7.000 millones de seres humanos.

Tercera d: democracia en crisis o cómo reinventar el vínculo de confianza y legitimidad entre gobernantes y gobernados.

Cuarta d: dirigentes, percibidos estos como gestores incapaces de ver el mundo tal cual es.

En cada uno de esos campos cabe detectar la brega de un populismo entregado en presentar la respuesta a tales desafíos como algo al alcance de la mano mediante una oferta política que jamás entra en detalles, que funciona en las redes sociales como un resorte de convicción irrefutable mientras sus adversarios ideológicos, desde la derecha civilizada a la izquierda democrática, se manifiestan incapaces de contrarrestar el desafío, de defender programas atractivos y realistas a un tiempo, capaces de traducirse en resultados tangibles. Se diría que se trata de un marco de referencia ideal para que progrese la democradura, palabra mestiza surgida del cruce de democracia y dictadura, un deslizamiento hacia el autoritarismo y la resistencia de la extrema derecha que llega al poder a desprenderse de él si así lo deciden los electores (Trump no oculta sus intenciones). Dicho de otra forma: una democradura es una democracia adulterada, viciada, un sucedáneo, el primer paso hacia la extinción de la democracia.

Los atributos del hombre-pueblo que menciona Pierre Rosanvallon en El siglo populista son perfectamente detectables en líderes tributarios de diferentes culturas políticas, personajes más o menos carismáticos que se presentan como intérpretes esclarecidos de las necesidades más apremiantes de sus conciudadanos, una forma de culto a la personalidad que Donald Trump resumió en una frase durante la campaña electoral de 2016: “Yo soy vuestra voz”. A partir de una frase de este tenor no es arriesgado concluir que si las necesidades de los electores –de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes– se sintetizan en las inquietudes de un solo hombres, los programas detallados, el debate de ideas  y el criterio de los expertos corren el riesgo de quedar fuera de juego, siquiera sea de forma aparente.

“No sé mucho de autoritarismo protofascista –escribe Richard Ford–, solo lo que leo en los libros, pero las palabras me asustan un poco. A diferencia del excepcionalismo estadounidense, sé que el autoritarismo no es un mito, y que una de sus características iniciales más siniestras y destructivas es que no se anuncia como lo que es, sino como una solución directa, rápida, racional e inevitable para todo lo que aqueja a la gente y a su país”. Hay, en efecto, palabras que asustan un poco, voces atronadoras que ocupan el vacío dejado por cuantos han decepcionado a sus conciudadanos en muchos lugares, hipnotizados los decepcionantes por análisis macroeconómicos que dinamitaron en demasiados lugares el contrato social bastante antes de declararse la pandemia. Acallar tales voces no es solo políticamente necesario, sino socialmente indispensable para que prevalezca la decencia, que es tanto como decir para poner a salvo la democracia.

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La pandemia siembra la división

Los rebrotes de la pandemia en Europa amenazan con descoyuntar la recuperación económica y con desmoralizar a franjas amplísimas de una opinión pública en la que cunden las dudas, los agravios comparativos, la sensación de ineficacia y, al mismo tiempo, la tendencia a relativizar los riesgos asociados a un cumplimiento laxo de las medidas orientadas a limitar las redes de contagio. La segunda ola se ha convertido en un actor político invisible que lo mismo sirve agravar la división política –España, uno de los casos más reseñables– que para reforzar a un gobernante (Giuseppe Conte), que tanto vale para que alguien se vea obligado a sentarse ante el espejo de sus errores (Boris Johnson) como para que abunde en un sectarismo desbocado (Viktor Orbán). El covid-19 es una amenaza multifuncional que los gobernantes europeos creyeron tener bajo un relativo control a finales de la primavera, pero que se reactivó en verano con fuerza inusitada y amenaza con un otoño tóxico.

Las trifulcas políticas contribuyen de forma decisiva a la relajación de la disciplina social. El comportamiento errático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es tan perjudicial para que los ciudadanos se atengan al cumplimiento de medidas restrictivas de diversa índole como lo son los profesionales del alarmismo, los negacionistas, los difusores de extravagantes teorías pseudicientíficas y personajes nefastos para afrontar la enfermedad como Donald Trump y Jair Bolsonaro. De tal manera que cada vez es mayor la desorientación ante la falta de resultados y el cruce de puntos de vista contradictorios, cuando muchas veces obedecen simplemente a un cálculo electoral, mientras se disparan las estadísticas, cada día se da un paso más hacia la tensión hospitalaria y toda esperanza se reduce al alumbramiento de una vacuna a la mayor brevedad.

El analista Alexander Friedman, cofundador de la Jackson Hole Economics, va más allá y sospecha que en Estados Unidos “la disparatada cifra de muertos de la pandemia”, por encima de los 200.000, puede contribuir a insensibilizar a una opinión pública capaz de asumir la observación de Stalin: “Un muerto es una tragedia; un millón de muertos es una estadística”. Lo que lleva a Friedman a temer que la insensibilización arraigue en amplias capas de población y que el Gobierno se sienta liberado de su obligación de actuar. Un peligro del que las sociedades europeas no están vacunadas; de hecho cada día son más frecuentes los opinantes que achacan la aparición de los rebrotes en todas partes a la indisciplina social, al comportamiento de los jóvenes y a otras causas ajenas a la actuación de los poderes públicos.

Lo cierto es que una simple aproximación a cifras comparativas, tal como hace Friedman en su análisis, es suficiente. Basta un solo ejemplo: el Ejército de Estados Unidos contabilizó en Europa 104.812 muertos entre el 6 de junio de 1944 (desembarco de Normandía) y el 8 de mayo de 1945 (rendición de Alemania). Las víctimas del coronavirus no son una mera estadística, son una tragedia que desautoriza a quienes la minimizan, a quienes rehúyen pechar con el coste social y político de tomar medidas radicalmente limitativas de la movilidad y creen que es posible salvar la situación con restricciones parciales o simples recomendaciones. Cuantos así encaran el problema dan por supuesto que ser más contundente dañará su futuro político, pero lo sucedido en Italia en las elecciones del domingo y el lunes pasado desarma esa presunción: los votantes de muchos lugares han entendido que el Gobierno ha actuado de forma útil y razonable en una situación endiablada.

La gestión de la pandemia ni admite medias tintas ni posponer medidas que ya son aconsejables hoy. Tampoco admite la descoordinación entre unidades territoriales y entidades políticas como sucede a escala española entre comunidades autónomas y a escala europea, entre estados. Hay bastante unanimidad entre los científicos acerca de qué hay que hacer y en que los trabajos para lograr la ansiada vacuna obligan a observar plazos y cautelas por razones evidentes de seguridad. El resto es una mezcla de ineficacia, propaganda política e incapacidad para fajarse con la realidad. El llamamiento a la coordinación entre gobiernos hecho por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es perfectamente extensible a la realidad española, donde la descentralización sanitaria exige un altísimo grado de responsabilidad a los gobiernos de las autonomías para perseverar en la humildad y no dar lecciones a nadie.

Tampoco deben los gestores de la pandemia dejar de neutralizar la intoxicación informativa y los efectos de lo que la OMS llama infodemia, que define así: “Una sobreabundancia de informaciones –algunas ciertas, otras que no lo son– que complica la tarea de quienes tratan de dar con las fuentes y los consejos fiables que precisan”. Las redes sociales han hecho posible el crecimiento de un conglomerado de informaciones falsas, inexactas, imprecisas, a menudo descabelladas, que requieren de la respuesta autorizada y permanente de los expertos. No se trata de ejercer la censura o de silenciar, sino que es un deber cívico desautorizar aquello que nada tiene que ver con los datos que manejan los científicos. De no cumplirse con esa tarea, se contribuye a que se agrave la desorientación de la opinión pública, sometida a un bombardeo de datos y teorías sin mayor fundamento.

Las investigadoras Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel de Medicina en 2008, y Adeeba Kamarulzaman, especialista del sida, alertan de los riesgos asociados a las falsas informaciones referidas a la pandemia, de determinados tratamientos sin el aval de los epidemiólogos y de la utilización que de este material hacen líderes populistas, narcisistas sin escrúpulos y desaprensivos sin conocimientos. Y al llamar la atención sobre este fenómeno, que con frecuencia adquiere una naturaleza viral en las redes sociales, reclaman alguna forma de combate contra la confusión mientras no deja de crecer el parte de bajas.

Este desafío global no es un juego de estrategia que ganarán los más astutos, los más críticos o los más desacomplejados. La pandemia es un reto a escala universal que requiere un altísimo grado de complicidad entre administradores y administrados, y que no debe buscar en el tratamiento de la pandemia aplicado en otros lugares –China, Corea del Sur– la solución idónea para las sociedades europeas. Dicho de otra forma: el precio de vencer la enfermedad no debe ser que la cultura política europea salte por los aires, no únicamente por razones de estricta higiene democrática, sino porque no hay un solo especialista que defienda tal cosa. Tampoco debe ser el precio a pagar para frenar los contagios un agravamiento de la fractura social que, esta sí, ha erosionado el pacto social en las sociedades europeas y tiende a empeorar. La situación en Madrid es un ejemplo clamoroso.

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Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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Conurbaciones vulnerables

Un artículo publicado en Politico.com induce a multiplicar los temores sobre las disparatadas políticas de personajes como Donald Trump y Jair Bolsonaro frente al desafío de la pandemia del covid-19, pero también desnuda el comportamiento reprobable de minorías que, como sucede en Madrid (calle Núñez de Balboa) creen llegado el momento de hacer realidad un estúpido retorno al pasado. Los autores del trabajo subrayan la vulnerabilidad demostrada de las conurbaciones con una densidad de población muy elevada, estructuras sociales y económicas especialmente adecuadas para la propagación de la enfermedad al extremo, aventuran, de que la pandemia puede ser un factor importante en el comportamiento futuro de los flujos migratorios desde regiones rojas-muy densas (alta incidencia del coronavirus) a regiones verdes-menos densas (baja incidencia del mal).

El punto de partida de su análisis es que la pandemia y la anunciada “nueva normalidad”, sin que se sepa muy bien en qué consistirá, no introducirá solo cambios en cómo vivir, sino en dónde vivir. El planteamiento induce a la reflexión frente a la realidad de cifras como esta: el 60% de la población mundial vive en áreas urbanas densamente pobladas, que Parag Khanna y Kailash K. Prasad, del Centre for Policy Research, describen como verdaderas “placas de Petri para la propagación de enfermedades contagiosas” (las placas de Petri son dispositivos circulares de cristal para realizar cultivos en laboratorio). O como esta otra: el índice de expansión de la covid-19 en la ciudad de Nueva York fue cinco veces mayor que la media en Estados Unidos.

El gran problema que se planea es que la futura ciudad sostenible, aquella en la que ningún ciudadano tenga nada esencial a más de quince minutos a pie desde su casa, está bastante lejos de la aldea global, entendida esta como un sistema de ciudades densamente pobladas, que concentran el grueso de los recursos –capacidad de invertir, inteligencia, diversidad y sistemas de comunicación–, inseparablemente asociados al modelo social y al crecimiento económico de los intercambios globales. Basta contemplar las imágenes nocturnas del hemisferio norte que envían los satélites para concluir que efectivamente el mundo desarrollado, las economías emergentes y las que aspiran a serlo descansan sobre un sistema de ciudades: cada punto brillante es el centro de un área de influencia articulada a partir de las convenciones, las necesidades, las servidumbres y los costes de la cultura urbana.

Cada vez que los profetas del desconfinamiento para salvar la economía apoyan desde el púlpito el restablecimiento ilimitado de la actividad provocan un aumento de los costes de la cultura urbana o, por lo menos, corren el riesgo de aumentarlos en forma de más personas contagiadas y más vidas en peligro. La opinión expresada por el escritor estadounidense Richard Ford acerca de la personalidad del presidente de su país –“Donald Trump es un analfabeto funcional”– es o no posible que se corresponda con la realidad y sea aplicable a otros mandatarios, pero lo que sí es seguro es que su comportamiento es el propio de un irresponsable al que guía la sola idea de complacer a sus seguidores o, al menos, a una parte de ellos para llegar al 8 de noviembre con posibilidades ciertas de seguir en la Casa Blanca, algo que tiene poco ver con el combate contra la enfermedad.

¿Son previsibles grandes cambios demográficos en el próximo decenio? ¿Puede la escuela trumpiana contaminar las decisiones de instituciones y políticos guiados hasta ahora por la prudencia? ¿Hay riesgo de que el imperativo moral de salvar vidas se tambalee en algunos entornos? Tales preguntas forman parte del presente en igual o mayor medida que los informes de los epidemiólogos, la intranquilidad de los ciudadanos y la improvisación de los gobernantes, obligados con harta frecuencia a acogerse al método del ensayo y el error y a tomar decisiones no exentas de incertidumbre. Y no ajenas en muchos momentos a los equilibrios políticos y al reparto de cuotas de poder que todo lo enturbian.

La población mundial en 1950 sumaba 2.500 millones de habitantes, de los que solo el 30% vivían en ciudades; hoy supera los 7.700 millones de habitantes, de los que el 60% viven en ciudades. Es decir, en 70 años, los residentes en ciudades han pasado de 750 millones a más de 4.600 millones. El salto en el orden de magnitud es espectacular, el poder de atracción de las grandes conurbaciones no deja de crecer y la fijación de estándares de progreso material y confort relacionados con las sociedades urbanas ha pasado a formar parte de la cultura popular, al mismo tiempo que estas mismas conurbaciones son con frecuencia cobijo de desigualdades lacerantes, un dato por demás relevante porque tales desigualdades acrecientan la vulnerabilidad urbana en cuanto se da una situación como la pandemia en curso y, allí donde lo hay, colocan el pacto social al borde del abismo.

El artículo de Khanna y Prasad llega a una conclusión inquietante: “La humanidad ha pasado los últimos siglos estableciéndose en ciudades densas en las latitudes templadas y tropicales. La pandemia actual es solo una razón más por la que quizá la humanidad ha alcanzado un punto de inflexión”. Las implicaciones asociadas a este hipotético punto de inflexión interesan todos los aspectos del modelo social hegemónico y parecen indisolublemente relacionadas con la mayor de las crisis de presente y de futuro: la emergencia climática. Porque si el riesgo de contraer el virus es mayor en una gran ciudad que en ningún otro lugar, el cambio climático subraya la necesidad de realizar cambios sustanciales en el modelo urbano. Dar con la vacuna contra la covid-19 es tan importante como revisar la viabilidad futura de las grandes ciudades.

 

 

El coronavirus marca la pauta

Todo depende del coronavirus y nada escapa a su influjo. Varios gobernantes quedan en evidencia a causa de su gestión de la enfermedad antes de que la realidad del alcance del contagio los descabalgara de su suficiencia injustificada; otros, como Jair Bolsonaro, siguen en sus trece mientras no deja de crecer el censo de enfermos y muertos. Israel y Hamas parecen más cerca que nunca de un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Las cotas de popularidad de Donald Trump y Boris Johnson, convaleciente del mal, repuntan a pesar de su desconcertante reacción inicial, casi despreciativa con quienes, mucho antes que ellos, tomaron la decisión de restringir al máximo la movilidad y de hibernar la economía. La Unión Europea se debate entre la cohesión interna, la cicatería de los más ricos y las exigencias de los que no lo son tanto, al tiempo que decaen o se replantean en todas direcciones los fundamentos de la globalización. Y así hasta el infinito, la atmósfera de final de ciclo compite con la idea de una restauración a la mayor brevedad posible del modelo conocido hasta ahora con leves retoques.

Los términos en que el senador Bernie Sanders se ha retirado de las primarias del Partido Demócrata y ha manifestado su apoyo a Joe Biden para vencer en noviembre a Donald Trump discurren en una posición intermedia entre el final de ciclo y la restauración con retoques. Antes de la gran crisis, Sanders movilizó a una parte de la juventud de Estados Unidos para dar un vuelco a las políticas sociales, tuvo un éxito inicial y, con una profundidad difícil de precisar, modificó el perfil ideológico del partido a pesar de la inquietud del establishment, hasta el punto de arrastrar a Biden hacia una posición menos centrista. ¿Es sostenible un new deal para llegar a la Casa Blanca? Si el daño económico causado por el coronavirus es el que se vaticina, puede que sí; si reverdecen las cifras en otoño, el paro queda por debajo de las previsiones –ahora se teme que alcance cifras peores que las de la gran depresión– y se serena Wall Street, puede que no. Las prisas de Trump para activar la economía se atienen a esa lógica.

La decisión del presidente de congelar la contribución a la OMS también es tributaria de la pretensión presidencial de cargar los desastres de la crisis sanitaria a la incompetencia o falta de determinación de terceros para apercibir del avance de la pandemia en China. La evitación de responsabilidades es una manifestación del perfil narcisista que define a Trump, invocado en un artículo por la escritora Siri Hustvedt: “Durante más de tres años, el mundo ha visto a un presidente estadounidense atrapado en su propio presente espontáneo y volátil, con un narcisismo patológico y alimentado a diario por innumerables medios de comunicación, mientras millones de seguidores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, aprueban sus mensajes virales, xenófobos, racistas y misóginos, pero rotundos. Uno de los últimos: el virus es chino”.

Este narcisismo es un ingrediente esencial en la articulación de un mensaje nacionalista, excluyente, que impugna la multilateralidad y el statu quo. Se trata de un discurso reforzado por la vulnerabilidad puesta de manifiesto por la globalización, por la dependencia ciega de las grandes economías de la gran fábrica china, por el desconcierto que siguió a la interrupción de las líneas de suministro. Muy pocos se molestaron en diversificar el abastecimiento durante los mejores años del milagro chino, y ahora Trump explota la idea de que China es un proveedor poco fiable, un competidor imprevisible, sujeto a los designios de la élite política instalada en el partido. Lo dice con otras palabras, con la rudeza que lo caracteriza, pero este es su mensaje.

El programa en tres fases anunciado el jueves para hacer efectiva la reactivación económica, cuya viabilidad y aplicación final queda en manos de los gobernadores de los estados, supone un doble cambio radical en el proceder de Trump: el presidente se olvida de su “autoridad total” para gestionar la crisis, invocada con anterioridad, y antepone sin disimulo la salud de las finanzas a cualquier otro objetivo. “Un bloqueo prolongado, combinado con una depresión económica forzada, infligirá un coste inmenso y amplio en la salud pública”, sostiene Trump, como si la vulnerabilidad del sistema sanitario de Estados Unidos pudiese ser fruto del momento actual y no de la inexistencia de un sistema universal de salud, al que él se opone, sumado a la tardanza de su Administración en reaccionar.

Resulta retórico preguntarse por la influencia de los actores económicos en el gobierno de la crisis: es lógico concluir que sí influyen. Lo que realmente importa ahora es dilucidar qué capacidad de contagio tiene el propósito de Trump de poner en marcha la maquinaria a toda prisa. Y es importante la aclaración porque el riesgo de que empiecen a levantarse voces que pongan en duda la necesidad de la hibernación económica puede agravar la crisis social provocada por la pandemia, alimentar la desconfianza en las instituciones y multiplicar las demandas para suavizar cuanto antes las medidas de confinamiento y distancia social que los científicos estiman fundamentales para contener la propagación del virus.

A falta de grandes certidumbres acerca de cuánto tiempo se prolongará la presente situación de excepcionalidad, solo la confianza en los gestores puede apaciguar la intranquilidad, el cansancio y el desconcierto en sociedades habituadas a prever razonablemente el futuro inmediato. Siri Hustvedt observa que en el catálogo de percepciones de Donald Trump no existen el pasado y el futuro; solo importa el presente, puede decirse, la actuación inmediata, que vale para hoy, pero que quizá ayer se tuvo por inadecuada y acaso mañana no valga. Es esta una actitud que mina la seguridad de los ciudadanos encerrados en sus casas, y que deben evitar los estados europeos, demasiado a menudo enfrentados por el reparto de los costes para salir de la crisis. Nunca en los últimos 75 años fue la fragilidad una característica tan compartida, tan comprometedora de la aldea global.

 

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.