Los indultos encrespan la política

El dictamen del Tribunal Supremo absolutamente contrario a la concesión de indultos a los condenados del procés ha dado pie a la multiplicación de opiniones apasionadas, oportunistas, juiciosas y emocionales en todos los foros de opinión política. El texto de los magistrados excluye que se dé cualquiera de las circunstancias que justifican en principio la concesión de un indulto, incluida la “utilidad pública”, un concepto polisémico de posible aplicación, por ejemplo, a la atenuación de tensiones sociales o políticas de alcance y consecuencias perfectamente reconocibles. Desde la derecha exasperada por el propósito del Gobierno de dar curso a los indultos a sectores del PSOE y barones regionales, que ven en los indultos diferentes riesgos, entre ellos de naturaleza electoral –Castilla-La Mancha, Extremadura–, pasando por el alineamiento de los medios y la difusión de opinantes que conservan gran influencia –así Felipe González–, pareciera que el cielo puede desplomarse sobre la tierra si el Ejecutivo se mantiene dispuesto a seguir adelante con las medidas de gracia.

En todo ello hay una agudización del léxico populista –la crisis de Ceuta ha contribuido a ello–, apegado a un nacionalismo español ad hoc para sacar partido a una situación con inevitables costes y beneficios a ambos lados de la divisoria. En medio de esa atmósfera desgarrada, mientras en Murcia se aprueba a instancias de Vox que en las escuelas públicas suene todos los días el himno nacional y en la Asamblea ceutí un representante del mismo partido se desgañita con un discurso racista aborrecible, las voces que se remiten a la Constitución, a la necesidad objetiva de buscar una tercera vía en Catalunya para que baje el soufflé, encuentran enormes dificultades para dejarse oír. Como si todo lo que no sea apoyar el cumplimiento íntegro a las condenas suponga una afrenta a las esencias patrias.

Nunca el fundamentalismo ha estado menos justificado. Es políticamente estéril, aunque puede ser electoralmente rentable, perderse en razonamientos jurídicos, en un laberinto sin salida donde solo cuenta la opinión de los jueces –respetable, pero, por fortuna, discutible– y se soslayan los problemas políticos, la necesidad de dar a tales problemas una solución política. Son demasiadas las pruebas como para desconocer que nada mejorará en la llamada cuestión catalana si la cárcel no deja de ser uno de los escenarios en los que se desarrollan los acontecimientos. No hace falta ser independentista ni siquiera nacionalista para llegar a tal conclusión.

El profesor Javier Pérez Royo recuerda en Eldiario.es que la Constitución establece en el artículo 97 que “el Gobierno dirige la política”. “Ningún órgano que no sea el Gobierno tiene atribuida la función de ‘dirección política’ con carácter primordial y alcance general –escribe más adelante–. En esto consiste su especificidad. Todas las funciones concretas que la Constitución atribuye al Gobierno tienen que ser interpretadas a partir de esa tarea de alcance general con la que el constituyente abre su definición del Gobierno. En esto consiste la especificidad del órgano constitucional Gobierno”. Y finalmente, razona: “Tras la solicitud del indulto y la tramitación del correspondiente expediente administrativo, únicamente queda dar respuesta al siguiente interrogante: ¿cuál es la decisión más apropiada desde la perspectiva de la dirección política del país? A este interrogante únicamente puede dar respuesta el Gobierno. Tendrá que hacerlo de manera motivada, justificando de manera objetiva y razonable el porqué de su decisión”.

La respuesta que dé a cuál es la decisión más apropiada no anulará la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el juicio del procés, que es firme, ni tendrá otros efectos diferentes para los condenados que los propios del indulto. Su utilidad no será de naturaleza jurídica, sino política, porque cambiará sin duda el marco de referencia en la discusión de la concertación y el encaje de Catalunya en España. ¿Dejará de hablar el independentismo de amnistía, autodeterminación y referéndum? Seguramente, no. ¿Tendrá la misma trascendencia o influencia que tiene ahora el discurso militante? Seguramente, tampoco.

Decir, como ha hecho Felipe González, que en las “actuales condiciones” no daría los indultos equivale a pensar que tales condiciones pueden cambiar, mejorar, ser más favorables, sin mayor acercamiento o gestión que la mesa de diálogo que el mes próximo debe reunir a Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Lo cierto es que la mesa y de lo que de ella puede salir depende de que antes cambien las referencias externas –la salida de la cárcel de los condenados, quizá la más relevante– para que los fundamentalistas de la independencia, en Catalunya y en Waterloo, se acojan a la Realpolitik y renuncien o dosifiquen las ocurrencias y la propaganda de los spin doctor. Nada es seguro, pero es juicioso pensar que nada será igual después de los indultos en orden a modular las pasiones.

¿Se pondrá con ello en duda la división de poderes? Esa será la línea argumental de quienes han puesto el grito en el cielo, de quienes anuncian que recurrirán la concesión de los indultos. Pero, una vez más, conviene recordar que la judicialización de la política nunca ha sido útil para abordar problemas políticos. Y en la posible concesión de los indultos no hay una impugnación de la sentencia o desautorización del tribunal, sino más bien el reconocimiento de una realidad que, de una u otra forma, afecta a la política española en su totalidad. Que para una parte sustancial de la opinión pública de Catalunya la imputación del delito de sedición fuese un disparate y la sentencia, un acto de injusticia manifiesta tiene poco que ver con la disposición del Gobierno a dotarse de un instrumento para resolver el crucigrama, heredado del Gobierno anterior y, aun antes, de la decisión del Partido Popular de recurrir ante el Tribunal Supremo el Estatut aprobado por las Cortes y mediante referéndum en Catalunya.

De aquellos polvos y otros muchos –la mutación genética del nacionalismo catalán durante la presidencia de Artur Mas, uno fundamental– se llegó a estos lodos. A esa situación imposible solo se puede hacer frente desde la competencia constitucional, exclusiva del Gobierno, de “dirigir la política”. Sin duda, hay otras opiniones y caminos posibles al que elija el Ejecutivo, pero deben desecharse por improductivos todos aquellos que tienden a hacer crónica una crisis, que es tanto como apostar por su empeoramiento, por el ahondamiento en una situación que en Catalunya y en el resto de España tiene una evidente fuerza divisiva.

Una abdicación llena de urgencias

El botafumeiro accionado por el cosmos monárquico en cuanto se anunció la abdicación del Rey tiene poco que ver con la gravedad del momento y las razones que presumiblemente han llevado a Juan Carlos I a dar el paso. Puesto que el proceso abierto obedece a una necesidad acuciante, inaplazable, de renovación para ventilar un andamiaje institucional que emite desde hace años señales de debilidad, cuando no de agotamiento, los solos de violín están de más y, en cambio, se echa de menos la contención afectiva como norma de conducta. Es poco saludable encubrir los sentimientos, incluidos los políticos, pero aún es peor multiplicar los gestos de cercanía y apoyo cuando, como en el caso de la Corona, lo adecuado es que prevalezcan el sentido de Estado y la oportunidad política.

Basta salirse del relato de los telediarios y de los articulistas con blasón para comprobar que dentro y fuera de España se percibe la abdicación como un momento crítico desde la restauración de la monarquía en noviembre de 1975. Es imposible concretar en unos pocos enlaces con textos de autores de muy variada orientación la atmósfera de urgencia cierta que acompañará, mediado el mes, la llegada de Felipe VI. Cuando alguien tan poco sospechoso de radicalidades políticas como Paul Preston, biógrafo del Rey, expresa su deseo de que la renuncia del monarca no sea “demasiado tardía”, es que cabe la posibilidad de que sí lo sea o de que, aun no siéndolo, entrañe unos costes políticos e institucionales impensables cuando bastaba con que Juan Carlos I fuera un personaje simpático –campechano, se decía– para alimentar el juancarlismo, que no el monarquismo.

El Rey y el Príncipe de Asturias, el día 3, en un acto militar en El Escorial, la primera ocasión en la que aparecieron juntos después de que Juan Carlos I anunciara que abdicaba.

Hoy no basta con la simpatía personal, con la empatía y con otras armas propias de los relaciones públicas y los capitanes de empresa. Hoy el anacronismo monárquico solo se sostiene mediante una compleja mezcla de sentimientos y complicidades colectivas de origen remoto –el Reino Unido– o a través del principio de ejemplaridad. En el primero caso, los datos objetivos, cuantificables –a la reina Isabel le han regalado una carroza que vale tres millones de euros–, poco importan por más duro que sea el presente; en el segundo, la institución debe ceñirse a las reglas del momento: si la austeridad acogota a los ciudadanos, el Rey debe ser el primero de los austeros; si la corrupción degrada la política, el Rey y su entorno deben ser la viva imagen de la probidad más estricta; si la opinión pública da muestras de cansancio y desapego, debe la Corona sacar a relucir habilidad y artes nuevas para reconstruir los puentes. A juzgar por los índices de popularidad en circulación, nada de eso se ha producido.

Al mismo tiempo, los cambios en la estructura social de España desde los albores de la transición hasta el presente han dejado en los huesos el pacto que alumbró la Constitución de 1978 y el sistema de partidos sobre el que se asentó el puzzle institucional, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy no se da por enterado de esa realidad constatable a pie de calle. Puesto que entonces no fue ni posible ni conveniente alargar en exceso el debate sobre la forma de Estado, este se cerró en falso, aunque proporcionó estabilidad y continuidad a la monarquía parlamentaria. Pero, 39 años después, la abdicación ha devuelto la discusión a primer plano, y aunque los fervores republicanos de estos días no están exentos de oportunismo político, responden a una corriente de fondo y a una memoria histórica ahogada por la transición que se remite a aquello que España pudo ser y nunca fue a causa de la guerra civil. El realismo de la transición fue suficiente para que la izquierda parlamentaria aceptara la monarquía sin mayores aspavientos, con Santiago Carrillo en primer lugar, y el Rey legitimó su compromiso con la democracia el 23-F, pero ahora el terreno de juego no es el mismo.

La carroza de tres millones de euros regalada por Australia a Isabel II con la que la soberana del Reino Unido se dirigió el jueves al Parlamento.

Se puede sostener, y con bastante razón, que no puede plantearse la discusión sobre la forma de Estado a cada ocasión en que, por la razón que sea, el sistema da señales de fatiga. Pero tan cierto como esto es que ese es un asunto pendiente que siempre se ha abordado de forma apresurada, como si fuese necesario no ahondar en él para no abrir la caja de los truenos. Dicho todo lo cual, no deja de resultar sorprendente que se quiera promover el debate mediante un atajo –la celebración de un referendo– y no a través de una reforma constitucional que, una vez aprobada, se sometería a consulta. Y si mueve a sorpresa, es porque tanto los partidarios como los detractores del sistema se han atenido hasta la fecha a lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella se derivan, y practicar en democracia el relativismo jurídico no es el mejor de todos los caminos posibles.

Tan sorprendente resulta esta pauta política como la repetición ad nauseam de que el 90% del Congreso, punto arriba, punto abajo, aprobará la ley que sancionará la abdicación del Rey y la proclamación de Felipe VI. Si en vez de este porcentaje se diese otro menos determinante, entonces habría que concluir que, más que ante un sistema en crisis, estaríamos ante un sistema en descomposición. Tan tranquilizador resulta el pacto PP-PSOE para salir del atolladero sin graves quebrantos como preocupante se antoja la ceguera de quienes soslayan el hecho de que quienes se opondrán o se abstendrán en el Parlamento reflejan la doble fractura social y política que lastra el futuro del país. En la decisión de IU-ICV de votar no en nombre de su republicanismo militante, en la abstención de CiU en nombre del soberanismo sin descanso, en la agitación de Podemos en nombre de realidades emergentes y en las declaraciones de los líderes sindicales es posible dar con la foto fija del descontento, de ese voto de castigo permanente contra un entramado institucional que ha acabado decepcionando a los ciudadanos.

Concentración republicana en la Puerta del Sol de Madrid al atardecer del lunes.

Ninguno de los tres factores principales que han llevado a Juan Carlos I hasta la abdicación –la incesante pérdida de popularidad de la Corona, el caso Nóos y la brega soberanista en Catalunya– justificaría por sí solo el relevo en la Jefatura del Estado, pero la suma de los tres la ha hecho inevitable porque de esa suma emerge la decepción. Y de la decepción, si se sigue el hilo del análisis publicado en estas páginas por Javier Pérez Royo, se llega con presteza a la deslegitimación. “El sistema político español ha dejado de ser legítimo. La sociedad española no se reconoce en él. Se avergüenza de él y, como consecuencia de ello, se avergüenza de sí misma”, sostiene el profesor Pérez Royo al realizar un diagnóstico del momento y del ambiente en que llegará al trono Felipe VI.

En ese clima enrarecido, ¿es posible dar con un punto de encuentro para concertar una regeneración del sistema que no dependa solo de los estados mayores de los partidos que constituyen el establishment parlamentario? Es de temer que no, y razones objetivas no faltan a los gabinetes de asesores que contemplan con estupor el coste político que seguramente pagará el PSOE por apoyar sin reservas el relevo en el trono. Las voces fuera del control de la dirección que se han levantado en el campo socialista para que se someta a discusión la forma de Estado incuban la simiente de la división y proporcionan munición pesada a la izquierda que se opone a la operación sucesoria. Esa es la realidad: no hay forma de predecir el precio que pagará el partido a cuenta de lo que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo han entendido que es tener sentido de Estado.

Por el contrario, en el sostenella y no enmendalla ha depositado la mayoría de partidos grandes esperanzas de que cunda en las urnas. Los partidos más manifiestamente enfrentados al sistema tal cual está suman mejores resultados a cada elección que se convoca, el PP sabe que un colchón muy importante de sus votos depende de que no ceje su oposición a cualquier modificación que se entienda como una concesión al soberanismo catalán, a CiU la atenaza la presión asfixiante de disputar todos los partidos en el campo de ERC… Y así se puede seguir hasta el último rincón del Grupo Mixto para entender que, a pesar de la crisis institucional, la desafección y todas sus secuelas, nada da más y mejor rendimiento que no rectificar. Eso también afecta a la solvencia de la monarquía, porque el sistema es uno y al final todos los ingredientes forman parte del mismo caldo.

El título de una brillante crónica publicada por The New York Times el 28 de septiembre del 2012 contiene, quizá, la palabra más acertada para referirse a la necesidad más acuciante de la política española en la Zarzuela, en la Moncloa, en el Parlamento, en las autonomías y en cuantos lugares de la res publica acuden a la mente: esa palabra es redención. En aquella información publicada por el gran periódico liberal se afirmaba que el Rey buscaba “la redención para España y su monarquía”, y aunque en esta frase solemne alienta cierto dramatismo shakespeariano, quizá sea esto lo que espera la opinión pública: que los gestores del sistema lo rediman mediante una renovación en la cumbre. Pero si esta no es suficiente, entonces, ¡ay!, se avecinarán tiempos aún más borrascosos que los actuales.