Futuro incierto en Afganistán

El anuncio hecho por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos completará la retirada total de Afganistán el próximo 31 de agosto se produce en una atmósfera de creciente pesimismo acerca de la capacidad del Gobierno de Kabul de hacer frente en solitario al desafío de los talibanes, que controlan un tercio del territorio y mantienen sitiadas o en situación precaria varias capitales de provincia. Han fracasado todos los intentos para llegar a un acuerdo con los líderes talibanes para garantizar la pervivencia de la república alumbrada con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, han fracasado asimismo los esfuerzos encaminados a cercenar la capacidad operativa de las milicias talibanes y no ha sido mayor el éxito para implicar a Pakistán en el desmantelamiento o, por lo menos, el control sistemático de los santuarios talibanes en su territorio.

El general Austin Scott Miller, al mando del contingente que aún se encuentra en la base de Bagram, manifestó hace un mes su temor de que Afganistán se sumerja en una guerra civil cuando sea su Ejército la única fuerza de choque que se enfrente a los talibanes, según recogió el periódico The Washingron Post. El mismo medio se hizo eco de los temores del senador republicano Lindsey O. Graham, que cree posible un renacimiento poco menos que inmediato de Al Qaeda y el ISIS en el corazón de Asia, algo que parece improbable a los analistas militares –los líderes talibanes no tienen mayor interés en reeditar viejas alianzas–, y que, en cambio, si admiten que es posible un rápido avance de los fundamentalistas islámicos en dirección a Kabul de aquí a final de año.

Después de una guerra de dos meses (octubre-diciembre de 2001), veinte años de presencia permanente en Afganistán y dos billones de dólares del contribuyente gastados en un conflicto imposible de coronar con la victoria nada es sustancialmente diferente en orden a hacer del régimen afgano un muro de contención fiable. Han fracasado todos los intentos para comprometer a los talibanes en un acuerdo de coexistencia pacífica con el Gobierno de Kabul. Hillary Clinton no encontró interlocutores fiables cuando los buscó desde la Secretaría de Estado; no corrió mejor suerte la pirotecnia diplomática de Donald Trump, que optó por fijar la retirada definitiva para el 11 de septiembre de 2021; no ha hecho otra cosa Biden que rendirse a la evidencia.

Visto retrospectivamente, nunca tuvo demasiado sentido la búsqueda en las filas de la resistencia talibán de una facción dispuesta a comprometerse con el statu quo. Habida cuenta su naturaleza de organización antisistema, retardataria y antioccidental, era poco menos que imposible dar con un ala pactista que, por lo demás, nunca había dado señales de vida. Fue más una forma de justificar que, agotados todos los trámites para una evacuación sin riesgos futuros para Afganistán, no quedaba otra que confiar en que su Ejército –300.000 soldados razonablemente pertrechados e instruidos– sea capaz de contener al adversario. El recuerdo del desastre iraquí, cuando el ISIS avanzó hasta muy cerca de Bagdad después de tomar Mosul (junio de 2014), no deja de ser un precedente inquietante.

Al mismo tiempo, ha dejado de tener sentido para la opinión pública estadounidense seguir en el pedregal afgano y aplazar lo inevitable. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta hoy, el apoyo de las operaciones en Afganistán ha pasado del 90% a aproximadamente el 40%. Los vaticinios agoreros que remiten a una pronta escalada del terror y la restauración del régimen talibán en Kabul tienen menos fuerza que la sensación generalizada de que nada se logró de sustancial tan lejos de casa en términos de influencia y, en cambio, se perdió la posibilidad de presionar y en su caso desactivar a los talibanes. El presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haas, lo resumió así la pasada primavera: “Estados Unidos debilitó su influencia con los talibanes por su obvio deseo de poner fin a su presencia militar”. Con el daño añadido de que se ha reforzado la alianza de facto –siempre azarosa– entre la mayoría de líderes talibanes y jefes tribales o territoriales, muchos de ellos vinculados al cultivo y tráfico de la amapola de opio.

Es más que probable que la retirada ordenada por Biden se consume en contra del consejo de los generales, porque es evidente que poco han cambiado los datos esenciales de la situación en Afganistán: el Gobierno solo controla en la práctica la capital, algunas capitales de provincia especialmente importantes y una parte sustancial, pero ni mucho menos total de las vías de comunicación; la frontera con Pakistán sigue siendo extremadamente porosa y de cuanto se cuece al otro lado de la divisoria tiene Kabul noticias imprecisas y fragmentadas. Por decirlo con las mismas palabras empleadas hace unos años por un funcionario de la OTAN: el primer deber de los soldados afganos y de sus aliados es garantizar su seguridad; no es posible plantear objetivos más ambiciosos y resolutivos.

Ante esta realidad inobjetable, han prevalecido en la decisión de la Casa Blanca, además de las razones enumeradas por el presidente –“¿cuántos miles de hijas e hijos más han de seguir corriendo riesgos?”, dijo el jueves–,las relacionadas con la pugna por la hegemonía que mantienen Estados Unidos y China. El mapa y los intereses de Afganistán quedan muy lejos de la cuenta del Pacífico, de la complicidad con los aliados en Extremo Oriente y de la economía global. Si en algún momento, después de dar la orden de ataque, pasó por la cabeza del presidente George W. Bush la posibilidad de construir una nación, Biden deshizo el equívoco al anunciar la retirada: “No fuimos a Afganistán a construir un país. El pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí solo su futuro y cómo quiere gobernar su país”.

Puede que los neocon que rodeaban a Bush vieran la oportunidad, recién caído el régimen talibán, de acabar con la tradicional fragmentación de la sociedad afgana, que ni las potencias coloniales en el pasado ni las superpotencias de nuestro tiempo comprendieron nunca en toda su complejidad, pero la experiencia de veinte años in situ ha disipado cualquier duda. Quedará Afganistán a expensas de sus propias fuerzas antes de que acabe el verano, quizá para ser en muy poco tiempo un foco de inestabilidad. Pero Estados Unidos ha decidido una serie de retiradas estratégicas para concentrarse en la rivalidad con China y la regeneración de la política en Estados Unidos, tan degradada. Todo lo demás le parece al establishment un compendio de problemas accesorios.

 

El PCCh cumple cien años

Nadie hace un siglo se hubiese atrevido a vaticinar que el despertar de China tendría las dimensiones y el impacto que hoy todos conocemos. Los fastos para celebrar los 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino (PCCh) no han sido solo la ocasión para que el régimen hiciera ostentación de su buena salud y creciente poder en todas direcciones, sino para confirmar aquello por lo demás largamente intuido: los herederos del Imperio del Medio están en condiciones de disputar a Estados Unidos la doble hegemonía política y económica. La pregunta que figura en la portada del último número de la revista Foreign Affairs es poco más que retórica: ¿Puede China seguir ascendiendo?

“La ambición y la ejecución no son lo mismo”, escribe en el citado bimensual el sinólogo Jude Blanchette. La pretensión de ejercer un control o dominio sobre los asuntos mundiales no forma parte de la cultura política china, afirma Daniel Rosen, que se demora en subrayar los esfuerzos sin éxito para reformar el sistema y actualizar su relación con el resto del mundo. Ambos analistas comparten la impresión de que el presidente Xi Jinping, titular de un poder omnímodo y desconocido desde que el reformista Deng Xiaoping ocupó el puente de mando, ha colocado al país en una trayectoria arriesgada, si no de colisión, sí de confrontación con Estados Unidos, que pone en peligro los logros consolidados por sus predecesores a partir de la carnicería de Tiananmen (junio de 1989), que cercenó sin miramientos el proceso de apertura política que siguió a la mejora de la economía.

De la lectura del ensayo de John J. Mearsheimer The tragedy of great power politics el periodista Mateo Madridejos deduce en El siglo de Asia que el ascenso de China “no será pacífico”, y de la existencia de un cinturón de adversarios de China –Corea del Sur, Japón, Taiwan, Vietnam, India, puede incluso que Filipinas– diferentes think tanks se atreven a pronosticar la concreción por mucho tiempo de una amplia región, del Pacífico Occidental al centro del Índico, sometida a la estrategia de la tensión. Mearsheimer advierte, además, de la tendencia revisionista de todas las superpotencias para impugnar el statu quo en beneficio propio, lo que hace inevitable el disenso entre China y Estados Unidos y sus aliados. Ya advirtió Henry Kissinger en 2012 que los estrategas de Washington y de Beijing se habían abstenido de acordar “una idea conjunta del orden mundial”.

Hoy se antoja demasiado tarde para que tal conjunción se produzca. El régimen chino ha impedido la colonización tecnológica del país por Estados Unidos y ha logrado ser el gran competidor en cuatro ámbitos fundamentales: el desarrollo del 5G, la inteligencia artificial, el manejo del big data y la carrera espacial. El partido ha aprovechado con habilidad la percepción generalizada en la sociedad china de que la democracia pluripartidista es un modelo político ajeno a la tradición nacional. Y ha sofocado con un coste mínimo para la cohesión interna del Estado las crisis de Hong Kong, Xinjiang y el Tibet; ninguno de los tres conflictos ha contaminado, ni siquiera episódicamente, una sociedad en cuya memoria colectiva prevalece el recuerdo de las penalidades vividas y las compara con los logros materiales de los últimos decenios, y que, al mismo tiempo, reverencia a Mao Zedong como al más ilustre de sus hijos, a quien exalta como el liberador de China de la injerencia extranjera y fundador de la patria rehabilitada.

Es obvio que el PCCh ha vaciado el maoísmo de contenido porque el partido se ha convertido en una organización que cultiva un nacionalismo exacerbado, un centralismo sin concesiones y un control absoluto de las dinámicas sociales, sin sitio para la disidencia o la crítica. Pero el recuerdo de Mao es útil para sostener una estructura que tiene poco que ver con el revisionismo de Deng –un poder colegiado– y mucho con el modelo de presidencia vitalicia de facto promovida por Xi mediante una reforma constitucional. No es exagerado concluir que el partido ha vuelto la mirada al legado confuciano para garantizar la estabilidad, un cambio paradójico de estrategia porque el maoísmo fue decididamente anticonfuciano y denostó la idea de armonía social desarrollada por Confucio y sus discípulos. Es pronto para preguntarse cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de la intersección de maoísmo y confucianismo; solo es posible constatar que ha servido al PCCh para contrarrestar la influencia de Occidente, según sostiene Xulio Ríos entre otros autores.

A la luz de la sucesión de desencuentros durante la presidencia de Donald Trump y de la voluntad de Joe Biden de traducir en hechos el eslogan America is back, parecen muy lejanos los buenos augurios que hace solo siete años incluyó el exsecretario del Tesoro Henry M. Paulson en Deadling with China. Creía Paulson que era posible encauzar la competencia entre las superpotencias mediante un compromiso político y económico, a través de una forma ad hoc de soft power que serenara los espíritus y estableciera un código de conducta respetado a ambas orillas del Pacífico. Sigue habiendo, sobre todo en Europa, quienes estiman que desenterrar el modelo de la guerra fría y de la contención del adversario, de acuerdo con el análisis de George F. Kennan aplicado a la competencia con la URSS, es un error estratégico que envenenará la coexistencia entre contrincantes, y la opinión pública europea, en general, se muestra despreocupada con el ascenso chino. Pero son cada vez más las voces en la Unión Europea que manifiestan su desconfianza hacia el poder del gigante asiático, de su nueva ruta de la seda sin contrapartidas, sin garantías de seguridad específicas y otros requisitos que eviten la colonización china en el sector de las nuevas tecnologías.

De haber tenido noticia de ello, nadie se habría atrevido a otorgarle larga vida a la organización fundada en 1921 en Shangái por un grupo de doce jóvenes. Sin embargo, el PCCh ha sido el artífice absoluto de la transformación de una sociedad agraria en extremo atrasada en otra que opera a escala global. El secreto del éxito del maoísmo sin Mao es que el papel del Gran Timonel ha quedado reducido al de ser el padre de la nación renacida; el resto de cuanto procede del partido es resultado de la adaptación al medio, de hacer de la necesidad virtud y de utilizar una férrea disciplina social en una máquina sin parangón de producir e innovar, sometida al control estricto de una autoridad suprema que apenas nadie impugna. La esperanza de vida de tal modelo es desconocida.

Fractura electoral en Perú

El desenlace de la elección presidencial en Perú se ha sumergido en la lógica seguida en noviembre del año pasado por Donald Trump para poner en duda la legitimidad del triunfo de Joe Biden. Al mismo tiempo que los observadores internacionales sobre el terreno coinciden en que en el desarrollo de las elecciones del 6 de junio no hay la menor sombra de fraude y que la victoria de Pedro Castillo está libre de sospecha, Keiko Fujmori insiste en denunciar un fraude masivo e impugna la validez de miles de votos sin pruebas consistentes que respalden tal proceder. La diferencia mínima de 60.000 papeletas entre el maestro rural y la hija de Alberto Fujimori, incursa en varias causas judiciales, es el reflejo exacto de una sociedad profundamente dividida, de dos populismos irreconciliables y de un sistema político minado por la corrupción hasta cotas inimaginables.

El “deseo ardiente” de que la victoria fuese para Keiko Fujimori, expresado por Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en El País el mismo día de las elecciones describía lo que estaba en juego como un combate sin vuelta atrás entre democracia liberal y dictadura comunista. “Ceder a lo más inmediato, como las enormes distancias que separan a los ricos de los pobres en el país y que esta pandemia ha hecho más visibles y dramáticas, es precipitarse en un suicidio político que cerrará para siempre –o por muy largo tiempo– la posibilidad del país de recuperar su vieja historia, cuando fue, en el pasado prehispánico, cabeza de un imperio que daba de comer a todo el mundo, o en los trescientos años coloniales cuando el virreinato peruano era el más próspero de América”, escribió el nobel, con una larga historia de desencuentros y enemistad política con Keiko Fujimori, que él mismo reconoce en el artículo.

Vargas Llosa es una referencia nacional en Perú, pero su decantación política queda lejos de la transversalidad. Expresa, por el contrario, una opinión muy reconocible entre las élites limeñas que apoyan a la candidata conservadora, que están de acuerdo con él en que no hay que ceder “a lo más inmediato”, como si la fractura social peruana fuese cosa reciente y no un fenómeno histórico de largo recorrido que ha dejado al margen del progreso material a generaciones enteras. Dicho de otra manera: nadie ha salido nunca al rescate de los más vulnerables, salvo alguna honrosa y breve excepción, y siempre que ha sido preciso se ha invocado el recuerdo de José Carlos Mariátegui, pensador marxista peruano y fundador de Partido Socialista –luego comunista– para aventar toda clase de riesgos y fantasmas.

Lo cierto es que Perú Libre, el conglomerado que apoya a Pedro Castillo, se remite con frecuencia al marxismo-leninismo-mariateguismo –lo recuerda Vargas Llosa en su artículo–, pero los compromisos públicos del candidato, más cercanos a la socialdemocracia sin sobresaltos que a otros ámbitos ideológicos, suavizan enormemente las remisiones históricas. En todo caso, no son ni más ni menos creíbles que la conversión a la democracia de Keiko Fujimori, para quien un fiscal pide ahora que ingrese de nuevo en la cárcel por haber incumplido los requisitos que se le impusieron al levantarle la prisión provisional. Hay en ambos candidatos algo de transformismo apresurado, obligados los dos por una realidad social extremadamente dual en la que se ha consolidado el reparto de los votos en dos mitades casi iguales: Lima y el establishment, por un lado; el resto del país, especialmente las pequeñas ciudades, las zonas rurales y el mundo indígena, por el otro.

Han desaparecido los términos medios, favorecido el exterminio por una crisis irrefrenable. Como ha puesto de manifiesto en un editorial el diario limeño El Comercio, la foto fija de un electorado cansado y decepcionado con el desarrollo de los acontecimientos es la fragmentación del Parlamento elegido en abril, donde será de obligado cumplimiento buscar zonas de relativo confort para fuerzas antagónicas, más versadas en el choque de trenes que en la búsqueda de consensos. “La inmovilidad derivada de la fragmentación es por lo tanto un peligro que se cierne sobre la nueva conformación parlamentaria”, alerta el editorialista, como si de antemano quepa temer que el camino de los grandes consensos será una ruta sembrada de minas.

La actitud de Keiko Fujimori alimenta tales temores en igual o mayor medida que la radicalidad de algunos discursos de campaña. La pregunta formulada por Mario Vargas Llosa en Conversación en la catedral, “¿en qué momento se jodió el Perú, Zavalita?”, sigue sin provocar respuestas convincentes, sino repentinos espasmos movilizadores, atisbos de progreso y remedio de males de corta vida que acaban abruptamente (con demasiada frecuencia, con políticos relevantes juzgados y condenados).

La efervescencia de la calle a finales de 2020 a partir de “la vacancia presidencial por incapacidad moral” de Martín Vizcarra, con una participación muy significativa de los jóvenes, fue un adelanto de las tensiones provocadas por el escrutinio. El magisterio de Donald Trump ha hecho el resto y el ejemplo puede extenderse a otros escenarios con una articulación social caracterizada por desigualdades lacerantes. Pareciera que las opciones conservadores han llegado a la conclusión de que solo aceptarán los resultados de escrutinios que les den la victoria y arremeterán contra los que la den a fuerzas progresistas. La gran prueba será el año próximo en Brasil, cuando Luiz Inácio Lula da Silva disputará la reelección a Jair Bolsonaro, en tantas cosas un clon político e ideológico de Trump.

No hay en el disenso peruano demasiados ingredientes para esperar que Keiko Fujimori acate finalmente el resultado electoral. Quizá porque ponerlo en duda, combatirlo con sospechas de fraude, es la única herramienta que tiene a mano para que Pedro Castillo se radicalice o quede prisionero de irregularidades no demostradas en el escrutinio, pero muy difundidas, y de un Parlamento dividido en facciones enfrentadas y poco propicias al pacto. Una forma de erosionar al adversario, según el manual del mal perdedor, que bastantes veces ha rendido beneficios a los instigadores de tales maniobras, aunque eso signifique, en el caso de Perú, joderlo un poco más.

A Netanyahu le mueven la silla

La posibilidad de que mediante diferentes argucias parlamentarias el voto de confianza para la ratificación del nuevo Gobierno de Israel se demore hasta el 14 de junio confiere al primer ministro en funciones, Binyamin Netanyahu, un margen de maniobra suficiente para frustrar el intento de ocho partidos de descabalgarlo del poder. La composición heteróclita de la coalición de Gobierno ahormada en torno a las figuras de Naftali Bennett (Yamina, extrema derecha) y Yair Lapid (Yesh Atid, centro), con la novedad absoluta de incluir a la Lista Árabe Unida (palestinos de nacionalidad israelí), es lógicamente muy volátil, debe convivir con contradicciones internas irresolubles y es muy vulnerable a los cantos de sirena que se emiten a todas horas para quebrar voluntades y hacer imposible la configuración en el Knéset de una mayoría.

Nada es muy nuevo ni muy diferente a la probada habilidad histórica de Netanyahu para dividir a sus adversarios y mantenerse en el puente de mando. Sí es una novedad que la coalición arcoíris hecha pública pretende ensamblar propósitos tan dispares como irreconciliables, empezando por los que figuran en los programas de los dos líderes de la operación. Mientras Bennett es partidario de la anexión de Cisjordania, Lapid lo es de la solución de los dos estados; mientras la Lista Árabe Unida dice haber obtenido garantías de que cesarán el derribo de casas palestinas, Bennett niega la mayor y se remite a las decisiones de los tribunales; mientras Lapid… Y así sucesivamente: incluso los analistas más favorables a la fórmula para jubilar a Netanyahu ponen en duda la durabilidad de la coalición que es tanto como decir que no se podrá cumplir la previsión de que durante los dos primeros años encabece el Ejecutivo Bennett y los dos siguientes, Lapid.

Hay que contar, además, con la necesidad imperiosa de Netanyahu de seguir en el cargo para bloquear la progresión de varias acusaciones por corrupción que se siguen en los tribunales. Como ha escrito un editorialista, el primer ministro de Israel con más años en el cargo está habituado a manipular o condicionar a su gusto el funcionamiento ordinario de las instituciones y, cabe añadir, ha tenido la habilidad de asegurar para su causa la fidelidad de los colonos, para quienes Netanyahu es una garantía. El analista Amos Arel ha llegado a escribir en el periódico progresista israelí Haaretz que “cuando hay tanto en juego” para el primer ministro, “no se puede descartar un estallido de violencia”, sea por razones internas o externas.

El enrarecimiento de la atmósfera política en Israel es un hecho, estimulado durante los últimos días por la sensación de que la operación contra Gaza daba a Netanyahu la posibilidad de restaurar viejas alianzas y dejar sin efecto el conglomerado de partidos gestado por sus adversarios. Se diría que el alto el fuego en la Franja, forzado por Estados Unidos, no dio tiempo al primer ministro en funciones de consumar su labor de zapa en las filas de Bennett-Lapid y, en cambio, permitió reconducir complicidades en la coalición armada para desplazarle. Un juego de equilibrios y desequilibrios en cuyo seno no tienen acomodo los proyectos a largo plazo.

La única argamasa que mantiene unidas las piezas para formar una nueva mayoría es la voluntad de los ocho partidos de echar a Bibi –diminutivo de Binyamin–, de acabar con la inercia frustrante derivada de la celebración de cuatro elecciones legislativas en dos años, de pasar página y salir de la inoperancia. Thomas L. Friedman compara en The New York Times los acontecimientos que se desarrollan en Israel con la movilización que logró desalojar a Donald Trump de la Casa Blanca. “Para comprender el drama político que se representa en Israel y la tentativa de formar una coalición de unidad nacional para derrocar al primer ministro Benyamin Netanyahu, no es preciso hablar hebreo –escribe Friedman–. Es suficiente comprender una cosa: Netanyahu enfurece a sus enemigos más que Donald Trump a los suyos”. Y establece a siguiente comparación: Bibi es a Trump lo que la coalición en ciernes es a Joe Biden.

Pueden añadirse aquí otras similitudes tan arriesgadas como las anteriores: el Likud es al ala ultraderechista que controla el Partido Republicano lo que el reformismo laico de Lapid es al Partido Demócrata. Pero acaso la mayor y mejor de todas las comparaciones es que hace el propio Friedman: “Al igual que Trump, la principal estrategia política de Netanyahu para ganar las elecciones ha sido fomentar un intenso culto a la personalidad y tratar de ganar y mantener el poder con escasa mayoría, dividiendo a Israel en tantas líneas como le ha sido posible. En su caso, principalmente judíos contra árabes, izquierda contra derecha, religiosos versus seculares y patriotas versus traidores”.

Sin líneas rojas, con todas las opciones posibles abiertas para cambiar de caballo a mitad de cualquier carrera, Netanyahu domina el arte del regate característico de los políticos sin grandes y reseñables compromisos ideológicos; para Netanyahu, cada día se empieza de cero y los aliados de hoy son los adversarios de mañana y viceversa si tal cosa sirve para seguir en el poder. Durante la presidencia de Trump se encontró con un socio excepcional; con Biden todo resulta más engorroso, menos confortable, incluso con el margen de tolerancia otorgado por la Casa Blanca a la escabechina de Gaza.

“En un país normal, entenderíamos que tiene que haber un cambio, y que formar un Gobierno que incluya un partido árabe podría representar un verdadero esfuerzo conjunto para resolver el problema con los árabes israelís y para ellos”, escribió en El País Etgar Keret en mitad de la crisis gazatí. Pero la anormalidad israelí no se ajusta a ninguna de las convenciones políticas o, por lo menos, a bastante de ellas; en el universo político israelí prevalece una idea de la normalidad que Karen Armstrong aplica en su monumental Historia de Jerusalén a la conquista del este de la ciudad en 1967: “Como dirían los cabalistas, en este momento en que Israel estaba de nuevo en Sión, todo en el mundo y en el cosmos entero había vuelto a su lugar apropiado”.

¿Es apropiado para una sociedad radicalmente dividida y culturalmente militarizada confiar el poder a una coalición de profundos discrepantes entre sí? Esa es la gran baza de Netanyahu: la explotación de las discrepancias para desarmar la mayoría antes de la votación de confianza en el Knéset. La mayor arma en manos de la oposición es el hartazgo de una opinión pública convocada cuatro veces a las urnas sin mayores consecuencias efectivas, con el covid-19 casi controlado y la necesidad inaplazable de sacar al país de una crisis económica galopante. La única esperanza para la comunidad palestina de los territorios ocupados es que el apoyo a la solución de los dos estados, expresada por Joe Biden, se traduzca en hechos, tenga eco en el seno de la coalición y no caiga en el olvido por enésima vez sin mayores efectos. Casi nada nuevo luce bajo el sol.

Choque de intereses por las vacunas

La tibieza con la que hasta el jueves se abordó la falta de vacunas en las regiones más vulnerables de la tierra, es decir con menos recursos, pasó a ser una materia de discusión universal después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó su apoyo a la liberalización temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y a que, sin ninguna duda, el descontrol de la pandemia en la India y la nueva variante surgida allí contribuyera a disparar todas las alarmas. Lo que en principio fue una reclamación reducida al ámbito de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaciones cívicas y onegés ha cruzado los límites preestablecidos por los países más ricos para preservar la propiedad intelectual, convertida la Casa Blanca en el altavoz de una propuesta que hasta fecha reciente incomodó al establishment occidental. Otra cosa es que tal propuesta sea viable y útil habida cuenta de que se trata de un momentáneo cambio de paradigma lleno de aristas.

Hay en la posibilidad de decretar una exención temporal de la propiedad intelectual un cruce de consideraciones materiales y morales. Hay también cierto número de incógnitas no resueltas sobre hasta qué punto la transferencia momentánea de tecnología y composición de las vacunas es suficiente para garantizar su producción en condiciones seguras de fabricación, distribución, almacenamiento, conservación y administración en entornos con un déficit crónico de medios y de infraestructuras. En concreto, cuáles de las 140 instalaciones mencionadas en algunos informes están capacitadas para generar vacunas de acuerdo con los controles y estándares exigibles.

El apoyo inicial de la Unión Europea a discutir la propuesta de Biden, sin comprometerse a nada –no puede hacerlo– después de haberse opuesto varias veces a la liberación de patentes, y la negativa de la cancillera alemana, Angela Merkel, a apoyarla con el argumento de que el problema es de capacidad de producción y no de mantenimiento de las patentes, prefigura una discusión farragosa, con componentes ideológicos y meramente técnicos. De la misma manera que el apoyo de Rusia y China, unidas a la causa al frente de un centenar de países, responde a la oportunidad política de aparecer como las  valedoras de las necesidades acuciantes de los más vulnerables frente a las reticencias de los más poderosos, concretadas en los intereses de las multinacionales farmacéuticas.

Los grandes laboratorios que en menos de un año han desarrollado las vacunas, muchas veces con grandes desembolso de recursos públicos de los estados, se oponen a la liberalización como era de prever. Por, a sus ojos, razones de principio –quien invierte en investigación tiene derecho resarcirse y a obtener beneficios– y por el temor a que se siente un precedente dañino que debilite su seguridad jurídica a escala internacional –las patentes tienen una vida no inferior a los veinte años– y lesione el principio de propiedad intelectual, presentada por Berlín como fuente de innovación que “debe seguir así en el futuro”.

Desde una perspectiva estrictamente moral, la obligación de asistencia y socorro parece fuera de toda duda, así a escala individual, local y universal. Los obstáculos crecen exponencialmente cuando se trata de llevar a la práctica tal obligación, cuando hay que movilizar recursos financieros y humanos de una cuantía y dimensiones gigantescas. Pero no cabe ninguna duda que en el trance de la pandemia no tienen cabida las soluciones regionales –Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, los llamados tigres asiáticos– y el final de la pesadilla solo será un hecho cuando toda la población esté vacunada (hace falta disponer de unos 10.000 millones de dosis más de los producidos hasta ahora). Y tampoco es aceptable que se prolonguen los plazos, porque crecerán los riesgos.

Los nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo han resumido en The New York Times los peligros que entraña gestionar brotes como el de la India y otros que puedan aparecer en el futuro sin la determinación necesaria para evitar que se acreciente el desastre. “Estados Unidos y Europa deben prepararse para actuar rápidamente cuando sea necesario –escriben–. Eso significa enviar y fabricar vacunas lo más rápido posible, y quizás incluso con mayor urgencia; eso significa invertir en vigilancia y pruebas globales, y estar preparados para enviar oxígeno y equipos y brindar apoyo financiero a las personas confinadas”.

Si se propaga la idea de que la inmunidad de grupo en Estados Unidos y en Europa cancelará los efectos más destructivos de la pandemia, se pondrán los cimientos de estragos imprevisibles, simplemente porque todo en la aldea global, incluido el virus, circula a gran velocidad. Afirman Banerjee y Duflo: “Las naciones no deben dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad por el progreso de las campañas de vacunación en Estados Unidos y Europa”. La OMS dice lo mismo con otras palabras; el consenso científico se expresa en parecidos términos: los efectos de la vacunación allí donde progresa serán menores si en grandes áreas del resto del mundo los contagios siguen descontrolados.

Resulta significativo que la Organización Mundial de Comercio (OMC) haya apoyado de inmediato la iniciativa de Biden, porque en última instancia una medida tan excepcional como la liberalización temporal de las patentes deberá discutirla y en su caso aprobarla. Y ahí surgen muchas dudas en cuanto a la diligencia y progresión del debate dado que, de momento, se oponen a la medida Alemania, el Reino Unido, Suiza y Japón. Es tan improbable que estos estados den una batalla sin tregua frente a Estados Unidos como que la Unión Europea tome una decisión que disguste o incomode a Alemania. En cuyo caso crecerán los obstáculos para llegar a una posición de consenso, lo habitual en la OMC, algo que dilatará las decisiones en una situación de máxima urgencia.

Es más que probable que una eventual suspensión de las patentes en poder de las farmacéuticas no sea la solución milagrosa que lleve las vacunas a todas partes, pero es ineludible encontrar la forma de que las dosis lleguen cuanto antes adonde ahora no llegan o lo hacen con cuentagotas. Porque lo que sí es seguro es que, al ritmo actual, los plazos de inmunización en todas direcciones se prolongarán mucho más allá de las fechas que se barajan para dar por acabada la pandemia. Y no se olvide que garantizar la protección de la propiedad intelectual es del todo factible si, limitada la medida en el tiempo y en el espacio, se llega a la conclusión de que es preciso y eficaz suspenderla hasta vencer al virus. Como han dicho Biden y tantos otros, ante situaciones excepcionales no caben más que medidas de excepción.

Cuba, una revolución devaluada

El desarrollo del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue la ocasión esperada para desentrañar qué futuro aguarda a la isla y también la ocasión presentida de que ninguna aclaración sería efectiva, negro sobre blanco. Emparedados los congresistas entre el mensaje de Raúl Castro, 89 años, guardián de las esencias, y una pretendida renovación generacional, encarnada por Miguel Díaz-Canel, 61 años, presidente del país y nuevo secretario general del PCC, los discursos dejaron para momentos más propicios el esclarecimiento del futuro que aguarda a una sociedad exhausta a la que le falta de todo, a una economía agonizante y a un establishment acomodado a los estados carenciales de un régimen en un ocaso inacabable.

Sin quitar importancia a los efectos de las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, la imagen de insimismamiento revolucionario prevalece sobre cualquier otra. La “ciudad detenida” –La Habana–, descrita en 2019 por el escritor Andrés Caparrós, se antoja una síntesis corpórea de las flaquezas de un sistema progresivamente deteriorado e ineficaz. La “ciudad de las columna”, homenajeada en su día por Alejo Carpentier, sobrevive al paso del tiempo como una referencia del pasado, pero las bellas columnas están desconchadas y no hay recursos para repararlas. La incapacidad para renovar el régimen parece una enfermedad congénita sin curación posible.

Aunque “una generación, hija de los mambises con barba que bajaron de la Sierra Maestra, se pondrá al frente del partido que vela por los sueños de los humildes de esta isla”, como escribió un analista en Granma antes de empezar el congreso, las líneas rojas las fijó con trazo grueso y bien visible el secretario general saliente, Raúl Castro: el control estratégico de la propiedad estatal y el partido único no admiten discusión. El temor a que la pequeña y la mediana empresa se muestren más rentables y eficaces que la anquilosada gestión estatal impregnó el mensaje de Castro en igual o mayor medida que el temor a que una liberalización excesiva de la economía agrave las desigualdades, muy visibles hoy entre las familias que reciben regularmente remesas en dólares y las que no cuentan con tal ayuda.

La remisión de un comentarista de Juventud Rebelde a un discurso pronunciado por  Raúl Castro en el último congreso de los jóvenes del partido presagia un horizonte borrascoso: el líder de la revolución pronóstico a las nuevas generaciones “muchos años más de lucha y sacrificios”. Un mensaje que en cualquier otro lugar habría resultado sombrío y desesperanzador, pero que un auditorio de futuros apparatchiks lo acogió sin sobresalto. Como si el sacrificio ilimitado formara parte de la mitología castrista, los padecimientos hace tiempo que dejaron de tener fecha de caducidad.

Lo cierto es que, como sucede en todos los procesos emancipadores, la legitimación de que disfrutan sus líderes sí tiene fecha de caducidad: la de su desaparición entre los vivos. A sus herederos no se les mide con la misma vara. El vínculo personal entre líderes y ciudadanía se quiebra, las generaciones que no vivieron la gran epopeya mantienen con los gobernantes una relación sin anclajes sentimentales y lo que realmente importa son los resultados. Por esa misma razón, ningún dirigente cubano puede ni remotamente sincerarse en los términos que lo hizo Fidel Castro el 18 de julio de 1991: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”.

Al mismo tiempo, hay quien intuye que la situación cubana es un caso excepcional. “Cuba es el único caso regional [latinoamericano] de un régimen autocrático cerrado con alta capacidad estatal y bajos niveles de movilización social”, sostiene el politólogo Armando Chaguaceda en la revista Letras Libres. Claro que el régimen castrista es el mejor pertrechado para la antiinsurgencia preventiva desde el episodio de Playa Girón (15 de abril de 1961). Es decir, que hay una maquinaria estatal de control con un grado de efectividad muy por encima del que caracteriza a la mayoría de sectores. Pero tal realidad no devalúa la apreciación de Chaguaceda, y entonces cabe preguntarse: ¿cuál es el grado de adhesión o de conformismo de la población, desaparecida casi la totalidad de líderes históricos de la revolución y los integrantes de la generación de cubanos marcados por la liberación?

El hecho de que 80 congresistas demócratas mandaran en marzo una carta al presidente Joe Biden pidiéndole una aproximación más constructiva a la situación en Cuba quizá se explica en parte por esa aceptación sin tensiones en la isla de un momento tan difícil como muchos otros vividos desde 1959. Y así, de la misma forma que Raúl Castro pone límites a la transformación del sistema, es improbable que el Gobierno ponga obstáculos a una relación puesta al día con Estados Unidos de la forma que lo hizo Barack Obama, porque no correrá ningún riesgo. Las directrices del congreso del PCC pueden ser una determinación de objetivos para consumo interno, pero su utilidad es más que dudosa en el ámbito de la Realpolitik.

El régimen cubano presenta todos los síntomas de la senectud, de una larga y azarosa vida. “Cuba está más arrinconada que nunca. Los cubanos están como en una balsa que está a flote, pero tienen menos salvavidas que antes”, opina el periodista Jon Lee Anderson. Descartan sus líderes copiar el modelo chino o el vietnamita y siguen con la letanía de la herencia revolucionaria recibida, pero son demasiados los datos que inducen a pensar que, a pesar de todo, algo se mueve, siquiera sea sigilosamente, para salvar los muebles; siquiera sea para evitar que la colonia cubana de Miami imponga sus designios. Dijo Eduardo Galeano que la revolución cubana “fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser”, y la frase, impregnada de realismo, es hoy del todo vigente; quizá sea el destino reservado a un experimento social devaluado.

Racismo sistémico en Estados Unidos

Si en algún momento pudo confiar la sociedad estadounidense en una progresiva atenuación de las tensiones raciales, el agravamiento de los últimos años no hace más que sentar al país frente a un espejo que devuelve la imagen de una angustiosa realidad. Mientras se desarrolla en Minneápolis el juicio contra el policía Derek Gauvin, que causó la muerte por asfixia del ciudadano afroamericano George Floyd, en un suburbio de la misma ciudad la policía Kim Potter ha dado muerte (11 de abril) a un joven de 20 años, Daunte Wright, y el policía de Chicago Eric Stillman ha acabado con la vida del niño Adam Toledo, de 13 años y ascendencia hispana, que estaba desarmado y con las manos en alto (las autoridades tardaron más de dos semanas en dar cuenta del suceso, ocurrido el 29 de marzo). Nada contrarresta la tradición propia de una sociedad tan a menudo dividida por el racismo, tan a menudo alentada por el discurso supremacista, tan irresponsablemente excitada durante el mandato de Donald Trump.

La multiplicación de cargos públicos en las diferentes administraciones apenas ha sido capaz de construir un escenario de normalidad. “He vivido lo suficiente para saber que las relaciones raciales están mejor de lo que estaban 10, 20 o 30 años atrás, no importa lo que digan algunos”, proclamó Barack Obama en su discurso de despedida de la presidencia, pero poco después matizó sus palabras: “La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisiva en nuestra sociedad”. La frialdad de las estadísticas le dan la razón: el 45% de los pobres pertenecen a las comunidades negra e hispana; la renta media de las familias negras equivale al 59% de la de las blancas; los afroamericanos constituyen el 13% de la población estadounidense, pero aportan alrededor del 35% de los reclusos y el 40% de los condenados a muerte.

Michael Dayson, profesor de la Universidad de Georgetown, coincide con muchos estudiosos en considerar la presidencia de Obama un acontecimiento de gran relevancia social y política, pero también un suceso que alarmó a una parte significativa de la comunidad blanca e hizo resurgir “el feroz antirracismo negro”. De lo que es fácil deducir que Trump encontró el terreno abonado para dar en la comunidad blanca con un caladero de votos que ni siquiera los neocons lograron captar en la misma proporción para George W. Bush. Seguramente, durante la presidencia del antecesor de Obama se daban en potencia las condiciones para un renacimiento o activación del racismo blanco, pero nada en el horizonte presagiaba un cambio tan radical en la atmósfera política como la llegada a la Casa Blanca de un ciudadano negro.

Ni siquiera la colonización del Partido Republicano por el pensamiento ultraconservador, que se remonta a los mejores días del Tea Party, vaticinó en toda su gravedad y profundidad la activación de los resortes racistas. Por el contrario, mediante un cambio progresivo en las industrias culturales, las universidades y la orientación multirracial de la producción audiovisual, sobre todo para la televisión, se transmitió la ilusión de una sociedad en lenta, pero progresiva armonía. Se desdibujó así a ojos de muchos el hecho cierto de que el racismo es una enfermedad sigilosa, enmascarada con frecuencia por formalismos sociales que alimentan la idea de una relativa normalidad.

La recopilación de factores constitutivos de la identidad de la nación hecha por la nobel Toni Morrison sigue siendo válida en toda su extensión. La gran escritora identificó, entre otros, la raza, la esclavitud, la memoria, la discriminación y la integración de la cultura afroamericana. De ahí el choque con la cultura hegemónica, transmitida generación tras generación por la población blanca de ascendencia europea. Aquello que aparece en los libros de Morrison es el nítido reflejo de esa confrontación, de la asimetría en la correlación de fuerzas y de los brotes de tensión casi sesenta años después del sueño de Martin Luther King.

No es una exageración decir que la asimetría racial es consustancial al ADN de muchos estados, donde se ha puesto en marcha la maquinaria legislativa para dificultar al máximo la votación a las minorías raciales e impedir una movilización como la vivida en noviembre del año pasado. Mientras el eslogan Black lives matter guía los pasos de los manifestantes contra la violencia policial y Joe Biden dicta órdenes ejecutivas para mejorar la equidad racial, hay una corriente de fondo dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el predominio de la sociedad blanca. Al mismo tiempo, una minoría afroamericana cada día más radicalizada por la sucesión de episodios luctuosos ha llegado a la conclusión de que la convivencia no es posible, de que sus acometidas en la calle son para defender derechos mínimos por los que nadie está dispuesto a jugarse de verdad su futuro político.

“Me postulé para la presidencia porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y la simple verdad es que nuestra alma estará atribulada mientras se permita que persista el racismo sistémico”, dijo Biden el 23 de marzo. La declaración presidencial choca con el conservadurismo blanco extremo, que cree exactamente lo contrario: el alma de la nación no sobrevivirá al multiculturalismo, al mestizaje y a la igualdad racial. Y este sentimiento de pertenencia a una raza más que a una comunidad multicolor, Estados Unidos, se percibe tanto en estados con una presencia importante de afroamericanos como en los que no hay más color o casi que el blanco.

¿Cabe esperar una evolución tranquilizadora a medio plazo? Seguramente, no; seguramente la tendencia a que se agrien las relaciones condicionará el futuro. Los hechos han confirmado la sospecha de que el color de la piel del presidente, de la vicepresidenta, de tal o cual integrante del Gobierno no es un dato determinante para serenar los ánimos porque el racismo es un factor constitutivo de la nación, por más que la guerra civil (1861-1865) acabara con la derrota de los secesionistas del sur. Hay en la herencia dejada por la esclavitud el veneno inaprensible de la superioridad blanca, del convencimiento aún para muchos de que los descendientes de esclavos son una amenaza para la preservación del legado fundacional blanco, anglosajón y protestante. Ese es el gran lastre.

La pandemia se reactiva

A las puertas de la cuarta hola de la pandemia, si no es que ya estamos en ella, los europeos se preguntan por qué la exuberante campaña de vacunación en Estados Unidos no ha sido  posible hasta la fecha en la Unión Europea, donde cunde una mezcla de inseguridad, pesimismo y la sensación de que algo se ha hecho considerablemente mal para que el progreso para alcanzar la inmunidad de grupo se demore tanto. Mientras crecen una vez más las estadísticas de infectados y se cumplen con pasmosa puntualidad los vaticinios de los epidemiólogos, se asiste a un combate contra el mal no siempre coordinado –a veces, por desgracia, en orden disperso– en el que coinciden crisis políticas asociadas a la batalla contra el covid-19, el aumento de casos, la conversión de Madrid en capital europea del ocio etílico, discusiones bizantinas sobre dónde es y no es imprescindible usar la mascarilla y la certidumbre de que para que el 70% de la población quede inmunizada durante el próximo verano es preciso que cambien bastante las cosas.

Cuando todo haya pasado, quizá deban pedirse responsabilidades políticas a quienes negociaron los contratos de suministro con las farmacéuticas visto el grado de cumplimiento muy laxo de los mismos sin que, por lo demás, haya forma de esclarecer a cuánto obligan y a qué se debe de verdad que no se cumplan las previsiones. Pero, de momento, sería suficiente con que todo el mundo supiese en Europa, con un margen de error lo más pequeño posible, cuándo será citado para que le administren la vacuna. Y lo sería porque al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia que el próximo 4 de julio –fiesta nacional– será el día de la independencia de Estados Unidos frente al coronavirus, en Europa todo son aproximaciones inconcretas, poco tranquilizadoras, sobre el ansiado día en el que la población se encontrará a salvo y se acabará la pesadilla. Es decir, es posible hacer previsiones verosímiles si se tiene la seguridad de que las vacunas fluirán sin pausa, según lo anunciado por las autoridades y esperado por la población.

El diario Le Monde atribuye el retraso de Europa en neutralizar la enfermedad a la falta de audacia y de riesgo puestos de manifiesto en Estados Unidos –Donald Trump, en la Casa Blanca– al financiar el año pasado con 14.000 millones de dólares la operación Warp Speed, que llevó a los laboratorios a trabajar a toda máquina para desarrollar vacunas en el menor plazo de tiempo posible. La consecuencia es obvia: en un país con un más que desigual grado de cumplimiento de las medidas establecidas para frenar los contagios, la vacunación sin descanso ha desbordado muchas previsiones sobre la contención de la enfermedad. Por el contrario, un editorialista del periódico La Repubblica ha llegado a escribir que la compra masiva de vacunas decidida en Bruselas ha sido ineficaz porque “nunca fue posible un control efectivo de la producción y de la distribución”.

Si a todo ello se añaden las dudas suscitadas por la vacuna de AstraZeneca, la única conclusión posible es que el bloqueo emocional de una parte no pequeña de la opinión pública europea es por lo menos comprensible. Seguramente, los expertos están en lo cierto cuando declaran la idoneidad del fármaco, pero en la memoria de muchos potenciales receptores prevalece la impresión de que los riesgos son demasiados. Que sea infinitamente pequeño el porcentaje de los vacunados que han padecido efectos secundarios o han perdido la vida no evita que las dudas en la calle sean las que son. Lo realmente sorprendente en sociedades habituadas a una más que razonable seguridad sanitaria sería que el estado de ánimo fuese otro. Es evidente que estar vacunado es una liberación –desaparece el peligro de resultar contagiado–, pero si surge la sombra de un riesgo sobrevenido por el hecho de vacunarse, es posible que afloren la desconfianza y la zozobra.

Daniel Cohen, de la Escuela Normal Superior de París, afirma en el semanario L’Obs que el Gobierno de Francia, “al rehusar el confinamiento para ocultar su vergüenza al no haber podido vacunar rápidamente, ha perdido el rumbo en la gestión de la pandemia”. El profesor Cohen cree que las autoridades antepusieron a las advertencias del consejo científico su convicción de que los ciudadanos “estaban al borde de la crisis nerviosa y no soportarían la carga mental de un nuevo confinamiento”. El caso es que, finalmente, la fuerza de los hechos ha obligado al presidente Emmanuel Macron a confinar Francia durante un mes y a cerrar las escuelas un mínimo de tres semanas, un síntoma inquietante de que, como sostiene Cohen, el desarrollo de los acontecimientos marcha muy por delante de las decisiones del Gobierno a un año de que Macron opte a la reelección.

Son demasiados los países en los que la impresión es la misma. Cuando la OMS califica de inaceptable la lentitud de la vacunación en Europa lo hace atendiendo a criterios a salvo de la necesidad inmediata de fomentar corrientes de opinión favorables, pero también recogiendo la queja de cuantos creen que el ritmo actual es inadmisible. A nadie escapa la complejidad de la adquisición de las vacunas, la distribución y administración de las mismas, pero cabía esperar que, a la luz de los recursos humanos y materiales de que dispone la Unión Europea, todo fuera bastante menos premioso de lo que en realidad es. Si a ello se añaden juegos de manos políticos como los de Isabel Díaz Ayuso –los ambulatorios de Madrid cerrados durante cuatro días de la Semana Santa y las terrazas a rebosar–, solo puede añadirse que la queja de la OMS está más que justificada.

Cierto que nada escapa a la política, y la pandemia no es una excepción, pero como en este caso, al final de la discusión, lo único que importa es salvar vidas, la politización de la pandemia, de su gestión, debiera ser lo más atenuada, comedida y resolutiva posible. La pandemia ha hecho posibles pocas treguas, pero hay una que urge: la que contenga el parte diario de bajas y los estragos económicos imparables. En este desastre planetario no ha lugar para las medias tintas y el oportunismo político; lo único realmente decente es renunciar a los argumentos falaces y no escatimar recursos para vencer al mal cuanto antes.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

What do you want to do ?

New mail

Trump zarandea el sistema

El estupor y la desorientación que han seguido al asalto al Capitolio de Washington de una multitud de seguidores de Donald Trump tardará mucho tiempo en metabolizarlo una sociedad enfrentada a sus demonios familiares, a esa incompatibilidad poco menos que orgánica entre la tradición liberal y la conservadora, entre dos universos con visiones radicalmente diferentes de la nación, de la identidad colectiva, del papel de Estados Unidos en un mundo cambiante, cada vez más alejado de las grandes certidumbres de antaño, acaso del legado de los padres fundadores. Nada de cuanto ha destilado el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha atenuado el clima de confrontación extrema que empezó a gestarse en tiempos de Bill Clinton y que se agravó durante los dos mandatos de George W. Bush, con el auge de los neocon en la Administración y con la sensación creciente de que el Partido Republicano claudicó ante el éxito electoral de un conservadurismo extremo, todo ello en mitad del entusiasmo por la consagración de una hiperpotencia a escala global sin adversario posible que le pudiera discutir tal papel.

Pareció que la América mesiánica, cuya presunta misión debe ser siempre difundir la democracia cueste lo que cueste, había llevado con éxito al puente de mando a los herederos de Leo Strauss, de cuantos asumieron el mensaje del profesor de la Universidad de Chicago: la impugnación de la modernidad como una ruptura con los fundamentos del pensamiento clásico. Lo que realmente sucedió fue que fraguó en el crisol del conservadurismo la impresión de que era posible una cierta vuelta al pasado, a un país blanco, condescendiente con las minorías y al servicio de un capitalismo sin cortapisas. De ahí que la victoria de Barack Obama en 2008 fuese interpretada por el grueso del mundo conservador como una derrota sufrida por la nación clásica frente a un conglomerado de minorías movilizadas por un presidente afroamericano, moderadamente reformista. Así las cosas, el grueso del establishment republicano aceptó el deslizamiento hacia la extrema derecha con la vista puesta en la reconquista de la Casa Blanca.

La llegada al poder de un populista megalómano como Donald Trump fue a partir de entonces solo una cuestión de tiempo y de los errores cometidos por el Partido Demócrata en la campaña de 2016. Hillary Clinton nunca consiguió arrastrar a las minorías que siguieron a Obama en los estados industrializados más dañados por el coste social que para las clases medias tuvo la salida de la crisis financiera de 2007-2008. Trump tomó prestados los votos de un electorado especialmente decepcionado y, al mismo tiempo, supo encarnar el arquetipo del estadounidense de la llamada América profunda, receloso del poder federal, de la libertad de costumbres, que nunca ha dudado de la excepcionalidad de la nación a la que pertenece.

Lo que ha propiciado el asalto al Capitolio es que una parte de la multitud de portavoces desinteresados con los que ha contado Trump han comprendido que los exaltados, alentados por el presidente, han puesto el sistema al borde del precipicio. Si en las filas republicanas del trumpismo se han multiplicado las deserciones –Mitch McConnell, uno de los casos más destacados por su apoyo al presidente hasta fecha reciente–, fuera de ellas, entre los electores que creyeron de verdad que se produjo un fraude electoral, han aumentado las dudas en cuanto a la idoneidad y limpieza del método escogido para protestar. Aunque, según las encuestas, el 75% de los votantes de Trump sigue pensando que se manipuló el escrutinio, seguramente un porcentaje significativamente menor está de acuerdo con arremeter contra las instituciones. Y hay quien incluso se arrepiente públicamente de haber seguido a Trump en su prédica apocalíptica en las redes sociales posterior al 3 de noviembre.

Es especialmente significativo de la fractura en las filas trumpistas la reacción de clérigos evangelistas blancos analizada por David Brooks en The New York Times a la luz de las últimas encuestas, que registran entre los seguidores de Trump una caída media de diez puntos en el índice de aceptación de su comportamiento. El predicador Jeremiah Johnson, muy conservador, escribió el día 7 en su cuenta de Facebook, que “Dios destituyó a Donald Trump de su cargo por su orgullo y arrogancia, para humillar a quienes lo habían apoyado fervientemente” (Johnson, uno de ellos). Otro pastor, Tim Remington, asimismo muy conservador, exige que “se acabe esta basura”, y Brooks concluye con una idea harto repetida: la sinrazón “es una bestia voraz” que puede devorar no solo a un partido (el republicano), sino a una nación.

Esa sin sinrazón a la que alude el analista da pie a diferentes supuestos –nacisistas secundado a un narcisista (Joshua Hart y Nathaniel Stekler), terrorismo interior o diferentes formas de nacionalismo extremo–, posibles todos ellos gracias a las redes sociales, herramientas ideales para la demagogia, la intoxicación política y el sectarismo. Lo que lleva directamente a preguntar por el papel desempeñado en la red por Twitter, Facebook, Instagram y otras aplicaciones de alcance universal, por la tolerancia extrema con Trump y sus disparates cotidianos, por cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión cuando un usuario de las redes tan relevante como el presidente de Estados Unidos defiende desde el inicio de su mandato la existencia de una “realidad alternativa”. La pregunta que formula Joyce White Vance, profesora se la Universidad de Alabama, en el semanario Time cabe hacerla extensiva a los gestores de las redes sociales: ¿puede haber una responsabilidad penal por la inducción de actos violentos limitada solo al autor de los mensajes o es extensible a los responsables de las plataformas que han consentido su difusión?

El mismo o parecido planteamiento tiene sentido cuando se trata de calibrar si la responsabilidad de Trump en el asalto obliga a incluir su nombre en la lista de los investigados por el FBI y que en su día pueden ser juzgados, acusados de un delito de terrorismo interior. La profesora White se remite a la definición de terrorismo consagrada por el FBI: actos de naturaleza violenta y criminal cometidos de forma individual o por grupos con diferentes objetivos ideológicos. Para Eugene Robinson, en The Washington Post, los republicanos “están fuera de tiempo para repudiar las mentiras electorales de Trump”, pero puede que no para contribuir a que se sustancien responsabilidades dentro y fuera de las redes sociales, para esclarecer quién apretó el botón del asalto a la democracia,

Esta es en última instancia la cuestión esencial para que el mandato de Joe Biden no empiece en una atmósfera viciada por el encubrimiento de responsabilidades. Porque es evidente que ni todo el conservadurismo es responsable del disparatado final de Trump ni nadie es responsable de nada; porque no hay duda que de que las redes sociales no pueden seguir siendo el refugio de difusores de todas las formas imaginables de odio y manipulación hasta que una insurrección como la del 6 de enero las obliga a actuar a toda prisa (Trump disfrutó en ellas de barra libre durante cuatro años). Si la democracia es un modelo pautado de derechos y libertades, es preciso dar con la tecla para que años de mensajes divisivos, de descalificaciones del sistema y del principio de legalidad, no vuelvan a zarandear las libertades y a inspirar a otros, en los cuatro puntos cardinales, dispuestos a imitar a Trump para asaltar el poder.

What do you want to do ?

New mail