Juan Fernando López AguilarJUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo

La Unión Europea es un proyecto de integración supranacional; así fue definido en sus orígenes y bajo esa premisa sigue siendo deseable que se desarrolle en el futuro, cuando se cumplen 60 años desde su puesta en marcha. Sus capítulos más recientes, en cambio, apuntan lamentablemente, a lo largo de una crisis que es la peor de su historia, hacia una estampa muy distinta de la que se esperaba de un proyecto que nació para ser solidario e integrador.

La agenda europea ha resultado singularmente oscurecida por el drama humanitario de la todavía mal llamada “crisis de refugiados”, que ha acabado derivando en una aplicación restrictiva y a menudo arbitraria de la normativa de asilo. La avalancha de refugiados que ha llegado a las fronteras europeas, huyendo de la guerra civil Siria y de una vecindad torturada por los conflictos, ha desbordado las capacidades de la propia Unión, y ha puesto más que nunca en duda su vocación solidaria.

Esta crisis, unida a los episodios de terrorismo recientes (París, Berlín, Bruselas, Niza y esta semana en Londres), ha espoleado como nunca los discursos ultraderechistas y xenófobos del populismo eurófobo rampante en varios Estados Miembros (Marine Le Pen en Francia, Viktor Orbán en Hungría, Geert Wilders en Holanda, Nigel Farage en Reino Unido y van…), envalentonado además por la llegada a la Casa Blanca del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por este motivo, la crisis humanitaria nos desafía en dos vertientes: por un lado, la necesaria y urgente lucha contra el terrorismo; pero también, por otro lado, la lucha contra la discriminación y constante estigmatización del diferente, y muy particularmente de la población musulmana, señalándoles como culpables de los ataques, y de todos los males de la UE.

Sobre la preocupante amalgama de consecuencias sobrevenidas de la crisis humanitaria hemos trabajando ampliamente en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de la que soy miembro. Desde que en el verano de 2015 comenzaran a llamar a nuestras puertas cientos de miles de personas desesperadas -familias completas, menores no acompañados- no han cesado los debates sobre los actos normativos y medidas políticas que resultan necesarias para reforzar la tramitación de peticiones de asilo, la recepción de refugiados, su protección y asistencia y su reubicación entre los Estados Miembros, en cumplimiento de la cláusula de solidaridad (art. 80 TFUE).

La llegada masiva de refugiados ha dejado al descubierto las actuales inconsistencias, que han sido tratadas en sede parlamentaria para su gestión y reforma. Un ejemplo de ellas es el Reglamento de Dublín, incluido en el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que atribuye al Estado de primera entrada en el territorio de la UE la responsabilidad de examinar las demandas de asilo, lo que ha provocado no solamente una respuesta desigual de los socios europeos, sino profundamente insolidaria ante la recepción de demandantes de protección humanitaria.

Respondiendo a este problema, y para evitar los largos y peligrosos viajes que realizan los refugiados hasta llegar a Europa, desde mi oficina en el Parlamento Europeo hemos liderado la negociación de un informe legislativo sobre visados humanitarios en el que soy ponente -actualmente en fase de trílogo con el Consejo, como parte de su tramitación legislativa-, mediante el cual su titular podría acceder legalmente al territorio de la Unión Europea para presentar su demanda de asilo. Estos visados podrían ser obtenidos en las embajadas y consulados de los Estados Miembros, lo que garantizaría la protección de los inmigrantes en sus trayectos hacia el continente, pero sobre todo abriría al menos una vía legal (legal path, legal avenue) de acceso a la UE para quienes huyen de la persecución o de un riesgo cierto contra su seguridad en integridad personal.

En cualquier caso, y pese a los esfuerzos del Parlamento Europeo -como representación democráticamente elegida por todos los ciudadanos europeos-, está siendo muy complicado luchar contra esta atroz crisis humanitaria con la urgencia que supone el riesgo de miles de vidas, y a la vez contra el discurso del odio de una extrema derecha fascitizada y reaccionaria que trata de desacreditar la entera construcción europea. Porque, con el discurso del odio y el populismo como arma, intentan desmantelar el entero proyecto de integración multicultural y supranacional con vocación de relevancia en la globalización como es el de la Unión Europea.

El discurso xenófobo se ha instalado en el propio Parlamento Europeo -ahí están para esgrimirlo los grupos de la extrema derecha y eurófobos– y en otras instituciones que acaparan fácilmente portadas y titulares, además de twits virales e imágenes en internet, heraldos de un mensaje cruel, cuando no simplemente inhumano, que arroja a miles de personas hacia el abismo del Mediterráneo desde el infierno libio o de sus países de origen, de donde huyen de una condena al sufrimiento o la muerte. Como contraste a esta deteriorada imagen europea, sobresale el ejemplo edificante de Canadá, cuyo Primer Ministro, el liberal-progresista, Justin Trudeau, puso en marcha en 2016, como una de sus primeras medidas, un programa avanzado de recepción de refugiados sirios, y fortaleció sus compromisos en materia de derechos fundamentales.

Quede pues para una seria reflexión el tipo de mundo que queremos construir y en el que esperamos que vivan nuestros hijos/as y nuestros nietos/as: un mundo dividido por fronteras y mordazas, o un mundo inclusivo, abierto, integrador y solidario. No se trata solo de gestionar una crisis humanitaria con las necesarias medidas políticas e institucionales, lo que es por supuesto vital para los refugiados, sino también de combatir un enemigo nunca del todo olvidado en el viejo continente: el odio a nuestra diversidad. Si dejamos que el odio contra nuestras diferencias se instale -si adoptamos el “pero” que sigue a la frase “yo no soy racista”-, será el principio del fin de un capítulo de historia en pos de la convivencia en la Unión Europea que dura sesenta años, pero que afronta hoy amenazas existenciales tan serias como temibles.